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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Expresiones injuriosas volcadas en un programa televisivo. Falta de responsabilidad del conductor
Se resuelve que el conductor de un programa televisivo no es responsable por las expresiones injuriosas vertidas por un invitado a dicho programa.
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 08 días del mes de Mayo de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “VAZQUEZ, Luis Alberto c/RIAL, Jorge Ricardo y ots. s/daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 474/486, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: OMAR DIAZ SOLIMINE – MAURICIO LUIS MIZRAHI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-
A la cuestión planteada el Dr. Díaz Solimine, dijo:
I.- La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 474/486, acogió -parcialmente- la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Luis Alberto Vázquez contra Jorge Ricardo Rial y Diego Martín Suárez, condenando a dichos demandados al pago de la suma de pesos … ($…) con más los intereses y las costas del proceso. Asimismo, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación planteada por el codemandado Diego Gvirtz, imponiéndole las costas a la parte actora.
Contra el referido pronunciamiento se alzaron las partes, expresando agravios el codemandado Rial a fs. 562/568, y la parte actora a fs. 571/580. Tales piezas merecieron su respectiva réplica a fs. 581/586 y 590/595.
II.- La presente litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 48/62. En esa oportunidad, el actor relató que durante el mes de mayo del 2000 se emitieron seis programas dedicados a las supuestas irregularidades de los premios “Martín Fierro” que -según sus dichos- contenían términos injuriosos sobre su persona en el “canal América 2” programa “Paf!”, con el único propósito de desprestigiarlo frente a la opinión pública y obtener indebidamente un rating mayor. Endilga la responsabilidad del hecho a Jorge Ricardo Rial, Diego Martín Suárez y a Diego Gvirtz, y reclama la suma de $… o lo que en más o menos resulte de la prueba, con más sus intereses y costas del proceso.
III.- El actor, divide su queja en tres aspectos. En primer lugar, se agravia que el a quo haya resuelto hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Gvirtz, con costas a su cargo. En segundo, se agravia de los montos indemnizatorios concedidos en concepto “daño moral” y “pérdida de tiempo”, los que considera exiguos y por el rechazo del rubro “tratamiento psicológico”. Por último, centra su queja en razón de la tasa de interés aplicada en la sentencia de grado, es decir la tasa pasiva promedio aplicable desde la fecha de mora hasta la sentencia dictada en autos, y de ahí en más la tasa activa hasta la fecha de pago.
Por otra parte, el codemandado Rial dirige su agravio -en primer término- a la atribución de responsabilidad otorgada por el Juez de grado. Sostiene que resulta evidente que ha sido el codemandado Suárez quien señaló al actor como responsable de pedir dinero a cambio de un premio, y que su única función fue la de espectador y comentarista posterior de tal afirmación. Así, solicita se revoque el pronunciamiento de grado, con costas.
En segundo término, atribuye la responsabilidad exclusiva al codemandado Suárez y al canal de televisión afirmando que él (Rial) procedió conforme a derecho, entrevistando correctamente a un tercero ajeno -el Sr. Suárez- (la fuente), sin censurar ni editar sus declaraciones. Respecto de esto último, aduce que si bien no se demostró que esa noticia fuera exacta -tarea que en todo caso correspondía a Suárez-, expresa que tampoco se demostró que esta parte hubiera conocido de su inexactitud o falsedad, y que hubiera tenido intención de injuriar o calumniar al actor. Por último, en relación a la supuesta campaña periodística, alega que no sólo no ha sido probada, sino que en caso de haber existido es un perjuicio que debe reparar quien tiene la posibilidad de lanzar una campaña (el canal de TV), por lo que solicita la modificación del fallo recurrido en este sentido.
En tercero, -para el hipotético caso que la responsabilidad sea confirmada- se queja de la suma otorgada en concepto de “daño moral”, la que considera elevada.
IV.- Procederé seguidamente a analizar las quejas de los recurrentes, aclarando que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver Fassi-Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, Tº I, pág. 825; Fenocchieto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, Tº 1, pág. 620; CSJN, Fallos:258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.).
Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611). Por lo tanto, no seguiré a los recurrentes en todas y cada una de sus argumentaciones sino tan sólo en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto. Ello sentado, abordaré las cuestiones que considero sustanciales.
V.- El relato pormenorizado de los hechos fue adecuadamente expuesto por el Sr. Magistrado que me precedió, por lo que -brevitatis causae- me remitiré a los considerandos del fallo en revisión; sin perjuicio de señalar aspectos necesarios para el examen de los agravios que se traen a esta instancia a la luz del art. 265 del CPCCN.
VI.- Excepción de falta de legitimación pasiva
En razón de encontrarse cuestionada la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Gvirtz, la cual -como ya mencione- se le hizo lugar en la sentencia de grado, es menester tratar en primer término esta queja.
El actor atribuye la responsabilidad del codemandado Gvirtz en su calidad -entre otras- de productor general del citado programa, al no haber adoptado los recaudos necesarios ni vacilado en publicar y reproducir reiteradamente las injurias proferidas por los codemandados Suárez y Rial, realizando una propia versión de los dichos a través de impresos, informes y ediciones de grabaciones, etc.
En la contestación del memorial que luce a fs. 581/586 el Sr. Gvirtz manifiesta que: “…El titular de la obra es absolutamente ajeno a la responsabilidad que pudiera caber a quien efectivamente la explota, pues ello dependerá en definitiva del modo en que éste último la explote…” (f. 584). A su vez, aduce que “siendo en el caso de PAF! la productora del programa o su canal de emisión quienes, como autorizados al uso de la obra, eligen los temas a tratar de cada emisión, son éstos los únicos responsables ante terceros por el contenido específico de la emisiones del programa…” (f. 584 vta.).
Aquí, de los propios dichos del codemandado se observa que el/la productor/a son los encargados de decidir sobre los temas a tratar en cada programa y por ende, de decidir quiénes serán los invitados, etc. En igual sentido, la ley 26.522 (LEY DE MEDIOS …..) define a la PRODUCTORA como la persona de existencia visible o ideal responsable y titular realizadora del proceso de operaciones por las que se gestionan y organizan secuencialmente diversos contenidos sonoros o audiovisuales, para configurar una señal o programa, o productos audiovisuales.
En virtud de lo expuesto, no cabe lugar a dudas la responsabilidad que debe endilgarse al productor/a respecto de los contenidos de un producto audiovisual.
Ahora bien, sigue sosteniendo el codemandado su falta de legitimación al manifestar lo siguiente: “Es innegable que la actora demandó al Sr. Gvirtz en la mera y errónea creencia que éste sería quien decide absolutamente todo cuanto resulta incluido en cada emisión de los programas producidos por la productora (PPT), demostrando ignorar como trabajan las productoras de televisión en general, y la nombrada en particular”. Aquí he de detenerme.
No se le puede endilgar a la parte actora el haber demandado erróneamente al Sr. Gvirtz cuando de los propios créditos del mencionado programa surge su participación en la producción general.
Del contrato acompañado a fs. 81/89 surge que “Pensado para Televisión” (PPT) -representada por Fernando Gvirtz- es la productora del programa (v. f. 81 segundo párr.) y que Diego Gvirtz cedió y transfirió todos los derechos a la productora, en virtud de los ingresos sin generar ello derecho a compensación y/o indemnización alguna (v. f. 82 cl. 7°).
Ahora bien, la regla de la distribución de las cargas probatorias dinámicas (también denominada de solidaridad y colaboración) considera que tiene el deber de llevar adelante la actividad probatoria quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. Peyrano explica que esta construcción teórica plantea que el Derecho no debe basarse en rigideces y estructuras pétreas, sino que debe ajustarse a las circunstancias del caso y señala que las reglas de la carga de la prueba sólo cobran importancia ante la ausencia de prueba eficaz para suscitar la certeza del juez, supuesto en que el tribunal debe fallar en contra de quien debía probar y no probó, siendo de aplicación la regla de la distribución de las cargas probatorias según la cual la prueba debe colocarse en cabeza de la parte que está en mejores condiciones de producirla (Peyrano, Doctrina de las cargas probatorias dinámicas, LL, 1991-B-1034). Es decir, era el codemandado Gvirtz quien tenía la carga de demostrar su función en el programa. Máxime cuando – como se mencionara- surge de los créditos del programa televisivo (v. video tapes acompañados como documental) que la producción general es del Sr. Diego Gvirtz.
Por otro lado, tengo a la vista el expte. acompañado ad effectum videndi et probandi por el codemandado en cuestión, autos: “Rey Juan Carlos c/Gvirtz Diego s/daños y perjuicios” -J. 107- en el cual se le hizo lugar a la excepción opuesta sobre un hecho sucedido el 13 de Marzo del 2000, pero sobre un programa diferente (TVR). Esta prueba no hace más que dar cuenta de la habitualidad con la que se maneja la designación del Sr. Diego Gvirtz como “productor”. Confirma esto lo que surge de la contestación en su memorial, al decir que: “son los artículos periodísticos (o impresiones de Internet) que refiere la actora, los que no guardan vinculación con el caso, toda vez que éstos versan sobra la relación de Gvirtz con el programa TVR¸ sin mencionar al programa PAF!”; cuando al ofrecer esta causa como prueba manifestó que esta “mismísima cuestión fue sustanciada y resuelta” en dichos autos (v. f. 91 vta.).
Tal habitualidad es la que hace que dicho productor haya sido nuevamente demandado, toda vez que -reitero- obra en los créditos de los video tapes que la producción general del programa se encuentra a cargo del Sr. Diego Gvirtz.
A mayor abundamiento, a fs. 358/360 y 362 obran las declaraciones testimoniales de Loreley Daniela Brum Sea y de Orlando Antonio Pérez Pintos, respectivamente; de las que se desprende que ambos declarantes identifican al codemandado Gvirtz como el productor de PAF!.
En virtud de lo precedentemente expuesto, no me cabe duda que la pretensora fue inducida a cometer -el citado “error”- en virtud de la apariencia con la que se maneja el Sr. Gvirtz. Por tanto, soy de la opinión que las costas generadas por esta excepción sean soportadas en el orden causado, por considerar la parte actora con derecho a demandar de la manera en que lo hizo (conf. art. 68 2° párrafo del CPCCN).
VII.- Responsabilidad del codemandado Jorge Ricardo Rial
Al promover demanda contra el mencionado codemandado, el actor atribuyó la responsabilidad de esta persona en su carácter de conductor del programa televisivo Paf! por repetir y reproducir en reiterados programas televisivos los dichos injuriosos del Sr. Diego Martín Suárez -cuando podía no hacerlo- y sin contar con las propias versiones de los hechos (v. f. 56 vta.).
No puede soslayarse que para poder apreciar si los dichos resultan injuriosos hay que estudiar los antecedentes del hecho, lugar, ocasión, calidad y cultura, relaciones entre ofensor y ofendido, etcétera (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, en su comentario al art. 1089, en «Código Civil y leyes complementarias…», dir. Belluscio, coord. Zanoni, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, T. V, p. 247, y sus citas).
En el caso de autos se aplica el fallo Campillay, en donde la Corte se pronunció acerca del conflicto entre el ejercicio de crónica y los derechos personalísimos. Estableció un estándar para fijar los límites del derecho a dar información, sobre la base de que aquel no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los cuales se encuentran la integridad moral y el honor de las personas y por otro lado, con el fin de solucionar los inconvenientes de índole práctica que se podrían ocasionar a la prensa en la hipótesis de tener que constatar la veracidad de cada información antes de darla a conocer, lo que virtualmente imposibilitaría el correcto cumplimiento de la tarea periodística.
De ahí que un medio periodístico no responderá por la difusión de información que pudiera resultar difamatoria para un tercero, si cumple con alguna de las siguientes pautas: 1) cuando se propale la información atribuyendo su contenido directamente a la fuente y de ser posible, transcribiéndola; 2) cuando se omita la identidad de los presuntamente implicados; o 3) cuando se utilice un tiempo de verbo potencial. (Flores Oscar, Libertad de Prensa y Derechos personalísimos: Criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario T 2, “Honor, imagen e intimidad”, págs. 306 a 309, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006).
Al respecto, el doctor Bustamante Alsina en comentario al fallo mencionado (publicado en La ley, 1989D 885/896), señala “…que la información inexacta es aquella que no concuerda con la verdad por ser falsa o errónea. La información es falsa cuando ella es engañosa, fingida o simulada para dar al hecho una apariencia distinta de la realidad. La información es errónea cuando ella es el resultado de un concepto equivocado que en la mente del informante difiere de la realidad. En uno u otro caso la información no es verdadera, pero cuando ella se da falsamente consiste en un acto consciente y deliberado con el fin de engañar. El informador obra con dolo o mala fe. Cuando la información se da por error consiste en un acto no consciente que no se quiere, no se siente, ni se piensa. El informador obra de buena fe (…) El autor no sería responsable civilmente del perjuicio causado si el error fuese excusable, esto es si hubiese empleado los debidos cuidados, atención y diligencia para evitarlo…”.
Ahora bien, especial ponderación merecen los videos tapes remitidos, en los cuales se encuentran las grabaciones de los seis programas en cuestión. De su reproducción surge que la información presuntamente injuriosa provino directamente del propio entrevistado (fuente) -el codemandado Suárez- quien fue previamente identificado por el conductor. Dice por ejemplo, “¿alguna vez a vos como productor de Much Music, alguien de A.P.T.R.A. te pidió dinero por un premio?”, u “o sea que te dijo que una de las maneras, que no había que tener la bola mágica, con diez lucas nos quedamos con el Martín Fierro”.
En síntesis, de la prueba acompañada se observa que el Sr. Rial en ningún momento hizo suyos los dichos del invitado. Es que, -en este caso- no puede condenarse a un medio de prensa por la falsedad o inexactitud de la información suministrada por la fuente cuando ella es fielmente citada en la información, ya que en tal supuesto la falsedad o inexactitud de la noticia proviene de la fuente y no del medio.
Queda claro entonces que nos encontramos frente al supuesto de eximición de responsabilidad de los medios por el decir ajeno de acuerdo a las pautas antes referenciadas. Máxime cuando no se encuentra acreditado fehacientemente, que el Sr. Rial tenía conocimiento de la falsedad de lo testimoniado; o en su caso, que dicho codemandado hubiera obrado con el exclusivo propósito de injuriarlo.
Nada de ello se comprobó.
En consecuencia, a tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia de grado en este punto, eximiendo de responsabilidad al codemandado Jorge Ricardo Rial, con costas al actor vencido.
VIII. La indemnización.
Procederé a examinar ahora los agravios vertidos por las partes en torno al monto de condena. Mientras que el actor considera exiguas las sumas otorgadas en concepto de “daño moral” y “pérdida de tiempo”, el codemandado Rial se queja por la suma otorgada por “daño moral”, la que considera elevada. Por otra parte, el actor se agravia en razón del rechazo del “tratamiento psicológico”. Veamos.
VIII. a.- En lo que al “daño moral” y a la “pérdida de tiempo” respecta, he de aclarar que el primero comprende la reparación de la pérdida del tiempo. Así se ha establecido que «la guerra de las etiquetas» o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como «la guerra de las autonomías» o sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por el contrario, si tienen autonomía o forma de una categoría propia, distinta, es un quehacer que no afecta al fondo de la cuestión (Mosset Iturraspe, Jorge El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad, publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario T 1, Daños a la Persona, págs. 9 a 39, Ed.Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1992; en similar sentido, Borda, Guillermo A. Acerca del llamado daño biológico en E.D., viernes 18 de Julio de 1993, pág.1).
En lo que respecta al quantum de esta indemnización, el Juez de grado valorando las características del caso, fijó la suma de $… en concepto de daño moral y pérdida del tiempo.
Ahora bien, esta Sala viene sosteniendo -en casos como el de autos- que el agravio moral es consecuencia necesaria de la violación de uno de los derechos inherentes a la personalidad del sujeto, como lo es el relativo a la propia imagen. Por lo tanto, la sola demostración de dicha transgresión será en sí misma prueba de la existencia del daño, que consiste en el disgusto propio de sentir agredida dicha personalidad. La demostración de la inexistencia del daño (inversión del onus probandi), corresponderá en el supuesto al responsable del hecho (ver Gregorini Clusellas, op. cit.).
No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.
Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Cfe. Orgaz Alfredo “El daño resarcible” pág. 187; Brebbia, Roberto “El daño moral” n°116; Mosset Iturraspe, Jorge “Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad”, LL 1978-D-648).
Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Cfe. Fischer Hans A. “Los daños civiles y su reparación” pág. 228).
En fin, ponderando las características objetivas del menoscabo y sin descuidar el carácter predominantemente resarcitorio de la partida, considero acorde la suma establecida en la sentencia recurrida, por ello estimo prudente que se rechacen los agravios en tal sentido y se confirme el monto indemnizatorio fijado en concepto de daño moral y pérdida de tiempo (arts. 163 incs. 5 y 6, 265, 386 del CPCC y 1078 del Código Civil).
VIII. b.- Respecto al rechazo del rubro “tratamiento psicológico”, es dable destacar que más allá que el experto haya recomendado un tratamiento psicoterapéutico en razón de 15 sesiones con una frecuencia semanal (v. pericia que obra a fs. 376/377 vta.), esta queja no tendrá favorable acogida toda vez que no surge de autos ninguna constancia que determine incapacidad psicológica alguna. Más aún, es la propia experticia la que establece que “se determina la inexistencia de incapacidad psicológica reactiva al hecho de litis” (v. 377 vta.).
Así, peritos y jueces tienen que desempeñar papeles diferentes y bien definidos: uno esencialmente técnico y limitado; el otro, superlativamente variado, porque el juez tiene un dominio propio, el de la aplicación del Derecho y está profesionalmente preparado para ello (GORPHE, Francois, De la apreciación de las pruebas, trad. de Alcalá Zamora y Castillo, Bosch, Barcelona, p. 110).
Los dictámenes periciales no son obligatorios para los jueces cuando las circunstancias objetivas de la causa aconsejan no aceptar totalmente sus conclusiones (CSJN, 20/12/94, “Kila SA c. Administración Nacional de Aduanas”). Lo contrario implicaría tanto como desvirtuar las funciones del judicante, constituyendo a los peritos en jueces de la causa. Es que, cuando como ocurre en el caso, el dictamen del perito no tiene fundamento en puntos accidentológicos técnicos o científicos, lo dictaminado por éste pasa a constituirse en una interpretación que menos aún podría ser vinculante para el magistrado. Si la función del experto se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle el conocimiento sobre hechos, como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones (en igual sentido, DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de la Prueba Judicial, t II, p. 112, ed. Rubinzal-Culzoni).
En conclusión, valorando la prueba rendida en autos de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCCN), propongo al Acuerdo se confirme el rechazo de este rubro.
IX. INTERESES
Como fuera manifestado, la parte actora critica la tasa de interés fijada en la instancia de grado.
Cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios”, LL, Online, AR/JUR/55224/2013). A la luz de la mencionada norma, entonces, se establece para todo el fuero la obligatoriedad de los fallos plenarios. Así las cosas, en la sentencia de esta Cámara, en pleno, en los autos “Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transporte Doscientos setenta S.A. s/ Daños y Perjucios”, dictada el 20 de abril de 2009, se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vazquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y Otros” (del 2-8-1993) y “Alaniz, Ramona Evelia c/ Transporte 123 S.A.” (del 23-3-2004), disponiéndose aplicar desde la mora (en el caso, desde el día del hecho) la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
Sin embargo, la convocatoria incluyó un cuarto punto referido al tiempo en que dicha tasa debía aplicarse, lo que deja al descubierto que, a pesar de la amplia mayoría con que contara la mentada tasa activa, luego de fracasar la moción en el sentido de dejar libertad a los jueces para establecerla en cada caso particular, había una opinión generalizada de adecuar la aplicación de dicho rédito atendiendo a diversas circunstancias como pueden serlo la forma de establecer el monto de la condena, las indemnizaciones u otras obligaciones a las que pudiera aplicársele, la necesidad de acortar el tiempo de los procesos, etc., considerando diversas tasas según el período en que debía enjugarse el daño moratorio.
Sin alterar, acertadamente, la doctrina plenaria sentada en el fallo “Gómez” antes identificado respecto al tiempo en que se produce la mora de la obligación de indemnizar con relación a cada perjuicio. Ello no implica, per se, que hasta el efectivo cumplimiento deba aplicarse la votada tasa activa, sino que será así, siempre que no se altere el contenido económico de la sentencia, importando un desplazamiento injustificado de bienes del patrimonio del deudor al del acreedor.
Si bien, conforme lo vine sosteniendo, la tasa pasiva era la que debía aplicarse sobre aquellas partidas fijadas a valores actuales desde que cada perjuicio se originó hasta la fecha de la sentencia definitiva, debiendo a partir de este pronunciamiento y hasta el efectivo pago que hagan los deudores aplicarse la tasa activa que resulta obligatoria en los términos del artículo 303 del CPCCN; un nuevo estudio del tema en cuestión, y el cambio de las circunstancias de hecho existentes al momento del dictado del citado plenario, me inducen a seguir la postura de mis distinguidos colegas de Sala. En este entendimiento, deberá aplicarse la tasa activa al capital de condena desde el momento del hecho, toda vez que la misma no genera o configura un “enriquecimiento indebido”. Si así fuera e importara una situación excepcional que se apartara de la regla general establecida en el mencionado plenario debe ser probada en forma clara y contundente por el deudor en el ámbito del proceso (cf. art. 377 del CPCCN), circunstancia que no se verifica en el presente.
En atención a lo delineado, he de proponer al Acuerdo que se modifique lo decidido por el juez de grado y, en consecuencia, que se le adicionen a los capitales de condena de autos los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde el momento del hecho y hasta la oportunidad del efectivo pago.
Por tanto, soy de la opinión que las críticas sean acogidas favorablemente, lo que así voto y propongo al Acuerdo.
X. Por las consideraciones antes expuestas, propongo al Acuerdo: a) modificar la sentencia de grado en lo que hace a la responsabilidad del codemandado Jorge Ricardo Rial, revocándola en este punto, con costas; b) modificarla también en relación a las costas generadas por la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado Diego Gvirtz, de conformidad con lo dispuesto en el Cons. VI; c) modificarla en cuanto a los intereses conforme lo dispuesto en el considerando IX. d) confirmarla en todo lo demás que decide. Las costas de Alzada serán impuestas al vencido. Así lo voto.
Los Dres. Mizrahi y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Díaz Solimine, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto: OMAR DIAZ SOLIMINE – MAURICIO LUIS MIZRAHI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO –
Es fiel del Acuerdo.-
Buenos Aires, Mayo 08 de 2.015.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: a) modificar la sentencia de grado en lo que hace a la responsabilidad del codemandado Jorge Ricardo Rial, revocándola en este punto, con costas; b) modificarla también en relación a las costas generadas por la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado Diego Gvirtz, de conformidad con lo dispuesto en el Cons. VI; c) modificarla en cuanto a los intereses conforme lo dispuesto en el considerando IX. d) confirmarla en todo lo demás que decide. Las costas de Alzada serán impuestas al vencido.
Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, se difiere la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 486 y fs. 519, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada.
Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría. Fecho, publíquese (c. Acordada 24/2013 CSJN).
Cumplido, devuélvanse las actuaciones a primera instancia.-
002214E
