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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Publicaciones injuriosas en Facebook. Ausencia de pericia informática. Orfandad probatoria. Rechazo de la demanda
Se mantiene el rechazo de la demanda de daños y perjuicios por publicaciones injuriosas, pues los actores debieron de haber requerido una pericia informática a los fines de constatar efectivamente que el demandado era el titular de la cuenta de Facebook de donde se difundieron las injurias denunciadas y, al no hacerlo, deben soportar las consecuencias de la orfandad probatoria.
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 27 días del mes de junio de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “KAZELIAN RUBÉN Y OTRO C/ LÓPEZ KAZELIAN RICARDO PABLO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez y Patricia Barbieri. La señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia.
A la cuestión propuesta el doctor Osvaldo Onofre Álvarez, dijo:
I.- Contra la sentencia obrante a fs. 148/153, se alza la parte actora, quien esboza sus quejas a fs. 169/174. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo fue contestado por la demandada a fs. 178/179. Con el consentimiento del auto de fs. 181 quedaron los presentes en estado de resolver.-
El decisorio de la anterior instancia rechazó la acción entablada por el Sr. Rubén Kazelian y la Sra. Estela Maris Diez contra Ricardo Pablo López Kazelian, con costas a cargo de los accionantes vencidos.-
Por último, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.-
II- Preliminarmente es dable destacar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis. (C.S.J.N. Fallos 258: 304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291: 390 y otros más).-
Asimismo, corresponde recordar que en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.-
III.-AGRAVIOS:
El Sr. Rubén Kazelian esboza sus quejas a fs. 169/174 por encontrarse disconforme con que se haya rechazado la presente acción.-
Aduce que las injurias proferidas por el demandado fueron probadas en la presente causa, circunstancia que no fue tenida en cuenta por el Sr. Juzgador de grado.-
Ello así, sostiene, toda vez que si bien fue desconocida por la parte demandada la escritura pública acompañada en autos, no fue redargüida de falsedad.-
Asegura que si bien no se acompañó el documento impreso ni el archivo digital de la publicación como indica la resolución atacada, ello hubiera tenido virtualidad para el supuesto de desconocimiento por parte del demandado quien a la postre no lo desconoció, por lo tanto, al dar fe pública el escribano de lo que él vio a pedido de su parte, corresponde revocar la sentencia que por el presente se pone en crisis, toda vez que el hecho se encuentra probado como cometido por el aquí demandado.-
IV.- SOLUCIÓN:
a) Es materia doctrinariamente aceptada considerar al honor (extensivo o comprensivo a sus voquibles derivados y nominados honra, dignidad, fama o reputación) como un valor social, moral o jurídico que corresponde a un determinado sujeto, en virtud de su comportamiento ante los demás y que se integra por una serie armónica de características -tanto negativas o positivas- que hacen al pundonor de una persona; protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la consideración ajena -conf. Valencia Zea, A. – Ortiz Monsalve, A. Derecho Civil. Obligaciones, Tº III, p. 191. Ed. Temis – Bogotá – 2004- y determinado, no solo por los usos y costumbres sociales, sino -incluso- por el propio concepto que cada individuo elabore sobre sí mismo -conf. CNCiv., Sala E, 28.09.1998, JA 2000-II, 376-; de donde los órganos judiciales disponen de un cierto margen de albedrío a la hora de concretar -en cada caso- lo que deba tenerse por lesivo del derecho fundamental que se protege; tanto en su esfera patrimonial como en el ámbito moral -conf. Bustamante Alsina, J. El daño moral por lesiones al honor, LL 1996-E, 522. Idem, Llambías, J. y otros. Ob. cit. Tº II-B, p. 643-
Ensamblado con lo predicho el concepto injuria -etimológicamente derivado del latín “înjurîa”; injusticia, ofensa, conf. Corominas, J. – Pascual, J. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Tº III, p. 541. Ed. Gredos – Madrid – 1980- conlleva diversas acepciones de las cuales, la más usual o general, nos indica la idea de todo lo que es contrario al derecho; que causa a otro un perjuicio, ultraje o afrenta y que se vincula con el sentido o alcance que -en nuestro ordenamiento jurídico- es dispensado o asociado al instituto del daño moral; entendido el mismo como sinónimo de contumelia, desprecio u ofensa -conf. Zerdán, I. La reparación del daño moral. Influencias recíprocas entre el Código de Luisiana y el Código Civil argentino, LL 1999-F, 971, entre otros autores-. Lo ofendible o lesionable -como se vislumbra- es el honor subjetivo, sustentado en la propia estimación y en el juicio que los terceros tienen o pueden tener sobre la personalidad ajena -conf. Nuñez, R. Calumnia y falsa denuncia, LL 67, 477-.
Finalmente la noción o idea de calumnia -del latín “calûmnia”, acusación falsa y maliciosa, conf. Corominas, J. – Pascual, J. Ob. cit. Tº I, p. 49- implica una concreta e inequívoca imputación subjetivamente inveraz; ya sea porque se hubo llevado a cabo a sabiendas de su inexactitud, o bien porque se actuó con absoluto despecho o indiferencia hacia la verdad.
Al decir de clásicos autores consiste en atribuir falsamente a otro la comisión de un delito doloso -tentado o consumado- o la imputación de una conducta criminal intencional mediante el empleo o artilugio de ficticias incriminaciones o la narrativa de hechos inexistentes -conf. Fontán Balestra, C. El delito de falsa denuncia, p. 102. Ed. Abeledo-Perrot – Bs. As. – 1952-
Precisado lo expuesto deviene esencial, para la existencia o configuración de ambas figuras, la concurrencia de un elemento subjetivo esencial -“animus injuriandi” en la primera citada y “animus difamandi” en la última de las nombradas- inferido, consumado o propalado por cualquier tipo de hecho, modalidad o de versátiles circunstancias.
b) Por su parte lo sustancial en la conducta característica de la calumnia es que su autor conozca el carácter ofensivo de su imputación; aceptando la lesión al honor como resultado de su actuación y sin perjuicio que conjuntamente con el mentado obrar florezcan otros móviles inspiradores de ese inapropiado proceder. Es decir, no basta con inculpar genéricamente a otra persona sobre hechos constitutivos de infracción penal, sino que es menester que esa incriminación lo sea en modo específico, inequívoco y determinado.
Asimismo y en nuestra cotidianeidad social el precitado instituto de la injuria se ha ido transformando o desdibujando -si se quiere- en una suerte de delito subsidiario, cuya punibilidad se focaliza en un descrédito desairante, generalmente genérico y que -la más de las veces- no necesariamente imputa un hecho delictivo determinante. O mejor dicho y explicitado en otros términos: mientras la injuria es el género, la calumnia constituye la especie -conf. Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, Tº II-B, p. 237. Ed. Ediar – Bs. As. – 1987-.
No es ocioso, incluso, recrear que destacada doctrina propugna -desde hace años- la sustitución de estos presupuestos por el de justificación de la conducta dañosa, procurando distribuir en forma inversa las cargas probatorias sobrevinientes -conf. Alterini, A. Contornos actuales de la Responsabilidad Civil. Ed. Abeledo-Perrot – Bs. As. – 1987 y concurrentes o sobrevinientes proyectos de reformas propiciados al Código Civil de los años 1993 y 1998, respectivamente-.
c) Deviene igualmente procedente recordar que, si bien nuestro Código Civil (art. 1090º) no contornea o modela una adecuada definición de lo que debe entenderse por acusación calumniosa, describe o enuncia -empero y con las deficiencias metodológicas apuntadas- las consecuencias nocibles o damnificantes que el titular del acto debería reparar; cuya fuente está literalmente tomada o copiada de los arts. 3647º y 3648º del Esboço de Freitas, con la supresión que el propio Vélez Sársfield consumara del segundo párrafo del primero de los artículos utilizados y con una oblicua remisión a los demás rubros indemnizatorios sobrevinientes y carga de la prueba del daño efectivamente expiado (art. 1089º del citado Código).
Esta traslación de conceptos no nos debe llevar a identificar, necesariamente, al delito civil con el tipificado por el Código Penal; toda vez que existen notables diferencias o distancias de entidad, entre las que destacamos -a guisa de acotado o ilustrativo ejemplo- la resarcitoria del ámbito civil y la represiva del espectro penal; la existencia del daño en la configuración del ilícito civil e inexigible en el restante; la transmisibilidad de la “actio civile”, que no se admite en la órbita punitiva; el indiciario requisito del dolo en los delitos civiles (art. 1072º del Código Civil), ausente en los delitos culposos tipificados en el encuadre penal -conf. Loustaunau, R. El delito civil de acusación calumniosa, Rev. Derecho Privado y Comunitario, 2006-II, p. 206. Ed. Rubinzal-Culzoni – Santa Fe – 2006-.
d) Ahora bien, la acusación calumniosa o falsa imputación de un delito delatado por querella o denuncia (art. 1090º y conc. del Cód. Civil) requiere de la presencia del dolo o -cuanto menos- de una culpa grave o grosera caracterizada del agente dañador -conf. CNCiv., Sala I, 26.09.2000, LL 2001-C, 744. Idem, Sala B, 28.02.2003, LL 2003-D, 962. Idem, Colombo, L. Responsabilidad civil derivada de querella o denuncia calumniosa, LL 58, 987-; sin que cuadre exigir una diligencia mayor de la que normalmente corresponde articular en estos tipos de aconteceres -conf. CNCiv., Sala D, 29.03.1968, LL 133-370. Idem, Sala I, 18.04.2002, LL 2002-F, 378. Idem, Sala B, 25.05.2002, DJ 2002-II, 1137- o en una situación semejante -conf. Parellada, C. Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente, JA 1979-III, 688-; razón por la cual debe demostrarse concretamente que el promulgador obró a sabiendas de la inocencia del denunciado -conf. CNCiv., Sala I, 18.05.2000, DJ 2001-II, 484. Idem, Fontán Balestra, C. – Millán, A. Las reformas al Código Penal, p. 397. Ed. Abeledo-Perrot – Bs. As. -1968-; con pleno conocimiento de la falsedad de su imputación -conf. CNCiv., Sala C, 17.04.1984, LL 1984-C, 607. Idem Vázquez Ferreyra, R. (nota al art. 1090º del Cód. Civil) en Bueres, A. – Higthon, E. Código Civil y normas complementarias. Tº III-A, p, 282. Ed. Hammburabi – Bs. As. – 1999-; plasmada sin razón, ni fundamento alguno -conf. CNCiv., Sala G, 10.10.2000, LL 2001-D, 104-; con malicia o temeridad -conf. SCBA, 21.11.1989, Ac. 41.227. Idem, 08.09.2004, Ac. 87.059-; sin tener un razonable basamento objetivo de sus dichos -conf. Salvat, R. Tratado de Derecho Civil Argentino, Tº IV, p. 24. Ed. Tea – Bs. As. – 1958. Idem, Zavala de González, M. Resarcimiento de daños. Tº II, p. 402. Ed. Hammurabi – Bs. As. – 1994-; con absoluta conciencia que esa persona no ha cometido delito -conf. CNCiv., Sala A, 14.02.1991, LL 1991-E, 196-; con una acción inexcusable, lindante con el dolo -conf. SCBA, 16.08.1988, Ac. 39.273- y cuando ésta ha sido deliberadamente perpetrada -conf. Pizarro, R. Daño Moral. Ed. Hammurabi – Bs. As., entre otros juristas-
Con lo apontocado se tiene por entendido, entonces, que la interpretación de las situaciones de falsa denuncia o de acusación calumniosa debe hacerse estrictamente o valorarse “cautissimo modo” -conf. López Mesa, M. – Trigo Represas, F. Tratado de la Responsabilidad Civil, Tº V, p. 323. Ed. La Ley – Bs. As. – 2006, entre otros autores- a poco que se observe, además, que cualquier acción penal instrumentada en la que recayera absolución o sobreseimiento (como en el presente) podría tornarse en una fuente inagotable de demandas por daños y perjuicios, con la consiguiente reticencia o temor de los particulares en el cumplimiento de sus deberes sociales -conf. CNCiv., Sala F, 09.12.2002, DJ 2003-I, 315-. De ahí, pues, que se tenga por suficientemente acrisolado que la mera existencia de una decisión judicial que desestime la denuncia o sobresea al imputado no es suficiente como para que éste pueda reclamar al acusador o sindicador al pago de una indemnización por daños y perjuicios, sino que incumbe al actor que la denuncia en cuestión haya obedecido a una conducta configurante de dolo o culpa -conf. CNCiv., Sala B, 30.03.2004, DJ 2004-II, 822-.
Asimismo y según se tiene pacíficamente considerado en nuestro ordenamiento jurídico positivo el dolo no se presume, siendo menester -a “contrario sensu”- la prueba de quien lo invoca; toda vez que, de opinarse lo contrario, se conculcaría o violaría la cardinal regla de la presunción de inocencia -conf. Carranza, J. El dolo en el derecho civil y comercial, p. 91. Ed. Astrea – Bs. As. – 1973. Idem SCBA, 16.12.1985 (P 33.389), entre otros-.
e) Es por ello, entonces, que para descartar la culpa en la formulación de una determinada denuncia penal basta la concurrencia de algunos antecedentes que justifiquen moralmente el ejercicio de la facultad de soplonear; esto es, que el accionante hubiera tenido motivos para pensar que los hechos podían constituir delitos -conf. CNCiv., Sala G, 31.08.1995, LL 1995-E, 423- y que en el supuesto bajo análisis fuera -da tal modo y originariamente- merituado o plasmado por los mismísimos Tribunales actuantes y anteriormente señalizados, habilitando trasuntar un cierto estado de incertidumbre que “ab initio” descartaría la maliciosidad del actuar de los accionados en orden a lo que establece el art. 1090º del Cód. Civil -conf. CNCiv., Sala F, 01.03.1983, ED: 104-169. Idem Cifuentes, S. Código Civil comentado, Tº I, p. 837. Ed. La Ley – Bs. As. – 2003-; máxime cuando, en los casos de responsabilidad civil por denuncia sobreviniente, la relación de causalidad suele aparecer -la más de las veces- ensombrecida, fusionada o entrecruzada por la ulterior y concomitante intervención jurisdiccional.
Lo precedentemente barruntado se justifica, incluso, por la circunstancia que el chivato pone el hecho que se trata en conocimiento de las autoridades públicas y donde la decisión de su postrer investigación depende, fundamentalmente, del actuar foral de éstas últimas. Cuadra parafrasear -además- que nuestro Máximo Tribunal de Justicia sostuvo que cuando una víctima se constituye en particular damnificado, puede formular en el debate una acusación habilitante de sentencia de condena y ser merecedora del amparo constitucional del debido proceso legal -conf. Fallos 286:266, entre otros-; constituyéndose en parte contingente y de carácter autónomo, tanto en la investigación como en la causa que se trate -conf. Falcone, R. – Madina, M. El nuevo proceso penal en la Prov. de Bs. As., p. 156. Ed. Ad-Hoc – Bs. As. – 2000-.
f) Se ha dicho, en ese orden de miras, que si bien es cierto que toda acusación calumniosa causa un deshonor o genera un desdoro al inculpado; no lo es menos, que la repercusión o extensión del mentado acontecer depende de diversas circunstancias de hecho. De ahí, entonces, que para deslindar la culpa en la formulación de una denuncia penal se acuda a plausibles aconteceres que tornen verosímil esa prerrogativa; esto es, que el insinuador tenía motivos o razones para actuar de ese modo -conf. CNCiv., Sala B, 24.05.2002, DJ 2002-II, 1137. Idem, Sala F, 01.09.2003, Diario “La Ley” del 02.12.2203, p. 6; máxime cuando, ni la absolución del imputado otorga indeleble garantía para la procedencia de la acción resarcitoria encuadrada en el citado art. 1090º del Cód. Civil -conf. Salvat, R. – Acuña Anzorena, A. Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuente de las Obligaciones. Tº IV, nº 2770. Ed. Tea – Bs. As. – 1958. Idem, Belluscio, A. – Zannoni, E. Código Civil Comentado, Anotado y Concordado. Tº V, p. 257. Ed. Astrea – Bs. As. – 1992. Idem, Cazeaux, P. – Trigo Represas, F. Derecho de las Obligaciones, Tº III, p. 138. Ed. Platense – La Plata – 1969- ; ni, tampoco, cualquier acto jurisdiccional de exoneración de responsabilidad penal actúa como automático antecedente que la aludida norma positiva habilita para la admisibilidad de la acción -conf. CNCiv., Sala B, in re, ”Emanuele c/TBA”, 28.04.2004, entre otros-, a poco que se avizore -incluso- que ese decisorio del ámbito penal pudo obedecer (como en el supuesto que nos ocupa) a una infinidad o variedad de causas -conf. CNCiv., Sala F, 18.08.2005, RCyS 2006-III, 87- y no, necesariamente, a la falsedad de la denuncia -conf. López Mesa, M. – Trigo Represas, F. Ob. cit. Tº V, p. 322, entre otros autores-; máxime cuando (aplicable al caso de marras) se hubo dictado auto de prisión preventiva y concretado subsecuente acusación fiscal -conf. Salas, A. Código Civil anotado, Tº I, p. 557 y jurisprudencia allí citada. Ed. Depalma – Bs. As. – 1975, entre otros juristas-.
g) Ahora bien, en el caso de marras los accionantes atribuyen al demandado el daño moral sufrido a raíz del descrédito sufrido y la lesión a su honor como consecuencia de la publicación en la página de “Facebook” del accionado de una serie de injurias. Denunciaron, asimismo, que el encartado imprimió la publicación efectuada y las remitió vía correo argentino a sus familiares y amigos.-
Siendo así las cosas, cabe rememorar que en materia de atribución de responsabilidad, el damnificado tiene la carga de probar el daño y que ese daño -cuya reparación se pretende- se encuentra en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción, ya que de otra forma se estaría imputando a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro.
En este sentido también se ha sostenido que «la noción de daño resarcible se vincula con un hecho lesivo que sea su causa adecuada e imputable a otra persona (…) Ningún perjuicio se indemniza en el vacío, sino en vista de un concreto antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad (…) Así pues el hecho lesivo constituye uno de los extremos esenciales de prueba en el juicio de daños» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Tomo 3, Ed. Hammurabi, pág. 155).
Es decir, que ante la negativa general y expresa del demandado recae sobre la parte actora la carga de probar la existencia del hecho dañoso y su relación causal, prueba que resulta esencial para la procedencia de una indemnización resarcitoria de daños y perjuicios.
Por otra parte, para que una persona sea condenada al pago de una indemnización por daños y perjuicios no sólo es necesario que estén presentes los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil (daño, relación causal, antijuricidad y factor de atribución), sino que resulta fundamental que la presencia de esos elementos esté probada en la causa judicial (Roberto Vázquez Ferreyra, «Prueba del Daño al Interés Negativo, en La prueba del Daño», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 101).
Asimismo se ha expresado que en los procesos de daños la necesidad de prueba se subordina a los requisitos de la responsabilidad resarcitoria, cuyo eje está constituido por la producción de un demérito injusto, que lesiona un interés del actor y que ha sido causado adecuadamente por un hecho; el daño debe ser jurídicamente atribuible al demandado, en virtud de un motivo que torne justa su responsabilidad (Matilde Zavala de González, «La prueba en los procesos de daños y perjuicios», en Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina», Vol. II, pág. 331).
La prueba del menoscabo y de la relación causal, cuando menos en su fase primaria, puramente material, incumbe al pretensor. Es una simple aplicación del principio que fluye del artículo 377 del CPCC (Roberto H. Brebbia, «Hechos y Actos Jurídicos», Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, P. 141; Roberto A. Vázquez Ferreira, » Responsabilidad por daños -elementos» Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, ps. 226 a 230; Jorge Bustamante Alsina, «Teoría General de la responsabilidad civil», Ed. Abeledo Perrot Bs. As., 1993 , N 606 y 607 , p. 269).
Más allá de que la tendencia en materia de derecho de la responsabilidad civil sea aligerar la carga de la prueba en beneficio de las víctimas de daños, lo cierto es que ello no autoriza -sin más-a desnaturalizar dicho sistema. Lo que ha de probarse es la afirmación del hecho por lo que si el “onus probandi” pesa sobre la actora, ante la falta de pruebas del hecho contradicho, debe rechazarse la pretensión. La aludida munera señala a quien corresponde evitar que falte la prueba de determinado suceso o circunstancia, a fin de no sufrir los efectos perjudiciales que de ello puedan resultar a sus pretensiones. La mentada actividad no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés del afectado y la generación de una infraestructura idónea para sostener el reclamo (cfr. CNCiv., Sala B, «Sulkowski, Bárbara c/ Empresa de Transportes Aut. Plaza s/ Daños y Perjuicios», del 8-05-02; íd., ídem, «Rodríguez, Luis c/ Valentín Guitelman S.A. s/ Ds. y Ps.», del 22-03-02, L. n 328.001, elDial – AAF15)”.
h) Teniendo presente lo expuesto, resulta claro que los actores no han aquilatado debidamente la autoría de la publicación injuriosa que sí se encuentra recreada con el acta notarial obrante a fs. 137/139 de estas actuaciones.-
Adviértase que el demandado negó ser titular de la cuenta de la red social “Facebook” atribuida por la parte actora.-
Tal como lo estableciera el anterior magistrado, los actores debieron de haber requerido una pericia informática a los fines de constatar efectivamente que el demandado era el titular de la cuenta de donde se difundieron las injurias denunciadas, sin embargo no lo hicieron, por lo que deberán soportar las consecuencias de la orfandad probatoria desplegada en el presente.-
Debe agregarse, a mayor abundamiento, que tampoco acompañaron las notas que aludieron haber recibido familiares y amigos mediante el correo argentino, siendo insuficientes a los fines probatorios los simples testimonios brindados a fs. 115/115 y 118/ 118 vta
Hasta aquí, y como lo adelanté, a los actores -a quienes correspondía acreditar la existencia del hecho y su respectiva relación causal- no lo hicieron, por lo que concierne, en mi opinión, refutar los agravios y confirmar la sentencia recurrida en cuanto repele la acción intentada.-
Por lo expuesto voto por desestimar los denuestos vertidos por la parte actora, y en consecuencia, confirmar el rechazo de la presente acción, con costas de alzada al demandante vencido (art. 68 del C.P.C.C.N.).-
Por todo lo expuesto, voto para que:
1) Se confirme la sentencia de grado en todo lo que fuera materia de apelación y agravio.-
2) Se impongan las costas de alzada a la parte actora vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).-
3) Se conozca sobre los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes y determinen los correspondientes a esta instancia.-
4) Se deje constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y articulo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.-
Así lo voto.
La señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto. OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ- PATRICIA BARBIERI. La señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia.
Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Buenos Aires, de junio de 2017.
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fuera materia de apelación y agravio; 2) imponer las costas de alzada a la parte actora vencida.
Conociendo el recurso interpuesto a fs. 155 contra los honorarios regulados a fs. 153 a los Dres. Marcelo Adolfo Hamra y Andrea Herminia Hairabedian, letrados apoderado y patrocinante, respectivamente, del demandado; teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados; las tres etapas cumplidas; el interés económico comprometido en la demanda, y lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432, se los confirma, por ser ajustados a derecho.
Por su actuación ante esta alzada, se fija la retribución de los Dres. Ángel Mariano González y Héctor Enrique Ventos, letrados patrocinantes de la parte actora, en pesos seis mil ochocientos ($ 6.800), en conjunto, y la de los Dres. Marcelo Adolfo Hamra y Andrea Herminia Hairabedian, en pesos doce mil quinientos ($ 12.500), en conjunto (art. 14, ley de arancel 21.839).
Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. La señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia.
Osvaldo Onofre Álvarez
Patricia Barbieri
B., C. c/Facebook Argentina SA s/medida autosatisfactiva – Juzg. Civ. y Com. – Nº 6 – 15/10/2012 – Cita digital IUSJU201937D
021006E
