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JURISPRUDENCIAEmanaciones de monóxido de carbono. Responsabilidad del locador. Defectuosa ventilación. Responsabilidad del consorcio
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda incoada a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por los accionantes con motivo de las emanaciones de monóxido de carbono en el inmueble que habitaban, provenientes de la unidad ubicada en el piso superior.
Buenos Aires, a los 24 días del mes de febrero de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Santucho Juan Federico y otro c/ Canzani Alicia Angélica y otros s/ daños y perjuicos”
La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:
I.- La sentencia obrante a fs. 1057/1067 hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a los accionados Alicia Angélica Canzani, Santiago Martín Ossoinak, Pablo Luis Ossoinak, Norberto E. Avena y al Consorcio de Propietarios del edificio de la calle Honorio Pueyrredón …/…, a pagar a cada uno de los actores, la suma de $… en forma concurrente, debiendo responder los obligados en el porcentaje y forma establecido en el considerando IV, con más intereses y costas del proceso.-
Contra dicho pronunciamiento se alzan los accionados Canzani y Ossoinak y la parte actora luciendo sus quejas a fs. 1122/1123 y fs. 1124/1139 respectivamente, asimismo el consorcio afectado expresa agravios en el escrito obrante a fs.1141/1143. Corridos los pertinentes traslados de ley obran a fs. 1145/1146; 1148/1152; 1153/1157 los respondes de las contrarias.-
A fs. 1165/1166 obra el dictamen del Defensor Oficial en respuesta a los agravios vertidos y solicitando la confirmación de la sentencia de grado.-
A fs. 1168 se dicta el llamado de autos a sentencia, providencia que se encuentra firme quedando los presentes en estado de dictar sentencia.-
II.- Agravios
La presente acción de daños tiene su origen en el reclamo incoado por los accionantes de los daños y perjuicios sufridos – según sus dichos- con motivo de las emanaciones de monóxido de carbono en el inmueble que habitaban en la calle Honorio Pueyrredón … piso …° … de esta ciudad y de propiedad de los accionados.-
Los codemandados Canziani y Ossoinak en cuanto locadores y propietarios de la unidad, consideran suficientemente acreditado en autos, que el problema se centró específicamente en el trabajo efectuado en la unidad del piso superior, por lo que resulta irrelevante a los fines de su responsabilidad, los fundamentos esgrimidos por el sentenciante de grado, relativos a las rejillas de ventilación de su unidad.-
La parte actora por su parte señala que la causa determinante de la intoxicación padecida, fueron tanto las omisiones de las propietarios de la unidad que habitaban como del Consorcio accionado, pues la pericia da cuenta de la mala colocación de las rejillas de ventilación en la unidad locada, su falta de funcionamiento, haciendo caso omiso a la normativa del Energas NAG-200C circunstancia determinante en la intoxicación padecida, como las deficiencias existentes en el edificio e informadas por la inspección efectuada por Metrogas, desprendiéndose así la palmaria responsabilidad de ambos en el evento dañoso.-
Cuestionan asimismo que no se haya dispuesto la responsabilidad solidaria del consorcio como guardián de las cosas comunes y de los propietarios del inmueble, frente al resarcimiento del daño padecido.-
De la misma forma se agravian del rechazo del daño psicológico como por el monto por el cual prosperara el daño moral. –
A su turno el Consorcio accionado, cuestiona la responsabilidad endilgada y solicita la revocación de la sentencia, entendiendo que la conducta omisiva de los accionantes en la denuncia del hecho sumado a la inexistencia de conductas o acciones objetivamente imputables a su parte- a titulo de culpa omisiva-transforman la condena en un acto meramente voluntarista.-
III.- Responsabilidad
En torno a los agravios vertidos por las partes en relación a la responsabilidad endilgada en la instancia de grado, cabe en principio señalar que toda pretensión indemnizatoria supone acreditar una vinculación fáctica entre la situación dañosa invocada y el sindicado como responsable. La relación causal constituye un elemento del acto ilícito y del incumplimiento contractual, que vincula el daño directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva. «Es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar» (Bustamante Alsina, «Teoría General de la Responsabilidad Civil», p. 170 y 267) es decir que la existencia del daño y su vinculación con el ilícito o incumplimiento contractual por una relación de causalidad adecuada es de ineludible justificación, de modo que no puede otorgarse indemnización si falta tal comprobación, estando a cargo de quien lo reclama el acreditar dicha certeza.-
Es sabido que en casos como el de autos, la prueba pericial resulta determinante a fin de acreditar el daño padecido y que aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el informe comporta -como en el caso- la apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento éste ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado.-
La circunstancia de que el dictamen no obligue al juez -salvo en los casos en que así lo exige la ley-, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, en tanto la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada, y ningún elemento se ha aportado que permita un apartamiento del dictamen, que es lo que ha sellado la suerte del pleito y, por ende, del recurso incoado.-
A efectos de analizar situaciones con importante contenido técnico, resulta esencial contar con dictámenes de profesionales especialistas en la materia de que se trate, que informan sobre las particularidades que hacen a las cuestiones debatidas. Los valores que atribuyen y acerca de los cuales dictaminan constituyen parámetros cuyo seguimiento o apartamiento depende del grado de convicción que tal elemento acreditatorio produzca en el ánimo del juez. (CNCiv, esta sala, 18/5/2010, Expte 58972/2005 “Djenderedjian Julio Cesar c/ Brion Folgar Ángel Juan y otro s/daños y perjuicios”).-
En este tipo de cuestiones he señalado que el informe pericial constituye uno de los elementos de juicio a apreciar en la ardua tarea de lograr un detalle cierto de los daños ocasionados al inmueble, en tanto emana de un científico especializado en la materia y que, como perito único designado de oficio, rinde asesoramiento sólo inspirado en su mejor saber y entender (Conf CNCiv, esta sala, 25/4/2007,“Fundación Madre de la Esperanza c/ Consorcio de Propietarios de la calle F.D. Roosevelt … s/ daños y perjuicios” Cita: MJ-JU-M-12696-AR | MJJ12696 | MJJ12696 ).- En el caso de autos, no se advierte ninguna razón para apartarse de las pautas sólidamente fundadas, brindadas por el experto.-
Se encuentra pericialmente comprobado que en la unidad de piso …° UF …, se han realizado trabajos de remodelación y demolición, compatibles con los daños en la cañería de evacuación de humos de combustión, del calefón del piso inmediato inferior, aclarando el experto que aún encontrándose el conducto de humos obturado en forma parcial, ello es causa suficiente, para una fallida evacuación de los gases hacia el interior de la unidad.-
En relación al conducto de humos se observa (ver fs. 909) bajo el mueble bajomesada, una pieza cerámica de 15 cm colocada en desnivel ocultando la curva de la cañería de evacuación de humos, del calefón perteneciente a la unidad inmediatamente inferior.-
De lo observado por el experto en la unidad del piso …° se encuentran perfectamente determinadas las reformas efectuadas en la cocina, de las cuales la mayor influencia pueden tener en la controversia de autos, la demolición de tabiques, retiro de mosaico y demolición de banquina dentro de la cual se encontraría oculto el conducto de humos (ver fs 909 vta).-
A su vez señala en su dictamen que dicho conducto se encuentra atravesando la losa de hormigón, por sobre la unidad …° y una vez traspuesta ésta, gira hacia el muro y vuelve a girar para tomar la vertical de la columna, y que pueden haberse dañado durante la demolición de la banquina original, pudiendo haber quedado obturado con escombros o con algún otro elemento, que se omitió retirar, al promediar la finalización del trabajo de albañilería.-
Ahora bien y en relación al rol activo en el hecho, de las rejillas de ventilación en el inmueble locado, las mismas no se encuentran colocadas según las reglas del arte, (ver fs. 910 vta) que por el contrario se encuentran simulando estar correctamente colocadas, sin haber podido el perito verificar su correcta conexión al exterior. –
Que las mismas no cumplen las especificaciones de la norma NAG200, encontrándose una ventilando hacia el ambiente único del inmueble, por lo que es totalmente factible, que los gases de combustión, que no han podido se evacuados por el conducto ad-hoc, pudieran pasar desde la cocina hasta el ambiente único por esta rejilla, dando lugar a la intoxicación denunciada.-
Conforme surge de las pruebas rendidas en los presentes, con entidad suficente como para acreditar la incidencia causal en el hecho, y tal como lo señalara el sentenciante de grado, la emanación de monóxido de carbono hacia el interior del inmueble, provino de la obstrucción del conducto de escape de gases proveniente el departamento superior ( …° …), de propiedad del co -demandado en autos Sr. Avena, por lo que no cabe duda de su responsabilidad por las refacciones irregulares efectuadas en la cocina de su propiedad.-
Sin embargo no puede soslayarse las deficitarias condiciones en que se encontraban instaladas las rejillas de ventilación en el departamento locado y de las que da cuenta en forma detallada el dictamen pericial, las que sin lugar a dudas actuaron como concausa en el suceso, permitiendo la concentración de monóxido de carbono en el ambiente.-
Reiteradamente se ha sostenido que la obligación de mantener y entregar la cosa en buen estado, pesa sobre la titular del inmueble dado en locación, constreñido por el exigente deber impuesto por el art. 1.515 y 1.516 del Código Civil (conf. CNCiv, sala B, 20/2/2004 “ Vasallo, Ana Teresa c/ Cons. De Prop. Av. San Martin 1414 s/ daños y perjuicios y Díaz, Graciela Liliana c/ Cons. Prop. Av. San Martin 1414 s/ daños y perjuicios” ídem, sala k, 13/4/2007 “ G. N. y otros c/ C. A. C. s/ daños y perjuicios” Cita: MJ-JU-M-11203-AR | MJJ11203 | MJJ11203 idem id,18/7/2003,sala I “S.B.A. y otro c/ A.E. y otro s/ daños y perjuicios” entre muchos otros).-
Poco puede agregarse a las categóricas conclusiones periciales como al informe de la empresa Metrogas que luce a fs. 769/770, en relación a las deficiencias existentes en el edificio, relativas a los conductos de evacuación de gases, no advirtiendo en los agravios vertidos circunstancia alguna que permita exonerar de la responsabilidad endilgada al Consorcio de preservar el inmueble y las personas de cualquier amenaza o peligro, por lo que deberá responder conforme el factor objetivo de atribución de responsabilidad, por la omisión en el adecuado mantenimiento de la cosa común en los términos del art. 1113 del Código Civil, (conf. Highton, Elena I. «Propiedad horizontal y prehorizontalidad», «Derechos reales», vol 4, 2º edición renovada y ampliada, ed. Hammurabi, pág. 552).-
Para eximirse de responsabilidad frente a un factor objetivo de atribución es el consorcio que debe acreditar la concurrencia de un elemento ajeno a su actuación -el hecho de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder- y probar que esa participación ha tenido la entidad suficiente para erigirse en causa o concausa del hecho ilícito, con aptitud para interrumpir total o parcialmente el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, pues cabe la exclusión parcial de la responsabilidad del dueño o guardián, en la medida que la conducta de la víctima o de un tercero ha generado causal o concausalmente el hecho dañoso ( Kelmemajer de Carlucci en » Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado» A.C Belluscio, E.A Zannoni, T.5, pág. 581) tal como en definitiva sucedió en la especie.-
En virtud de las consideraciones vertidas y no encontrando en los agravios vertidos, fundamentación suficiente como para modificar lo resuelto en el fallo apelado en torno a la responsabilidad en el evento, propiciaré al acuerdo su confirmación.-
IV.- Alcance de la condena
En relación a la queja en torno al alcance de la responsablidad establecida en la instancia de grado, cabe señalar que atento a la naturaleza de la obligación, las diferentes culpas de los obligados concurrentes son suficientes, indistintamente, para darle derecho al damnificado, a la obtención del resarcimiento total del daño contra cualquiera de los responsables in solidum. Sin perjuicio que, después de ser desinteresado aquél, queda en pie una eventual responsabilidad compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de la indemnización sea cubierto, en definitiva, por todos los deudores concurrentes, en la medida en que cada cual contribuyó a causar el daño. (Félix Trigo Represas, «Régimen de las obligaciones concurrentes en nuestro derecho privado positivo», T. 11, D-7, Ed. Zeus, pág. 1595).-
La distribución de responsabilidades entre los copartícipes del hecho ilícito no resulta oponible a los demandantes, puesto que aquéllos responden in solidum frente a los damnificados, pudiendo éstos reclamar la totalidad de la indemnización a cualquiera de los responsables sin que influya el grado de atribución de responsabilidad asignada y sin perjuicio del eventual derecho a repetir.-
Ello es así porque, en razón de la solidaridad prevista en el artículo 1.109 del Código Civil para los supuestos de concurrencia de culpas, quien fuere demandado a elección de la víctima, responde frente a ésta por la totalidad de los menoscabos ocasionados, sin que exista razón para no extender tal solución a los supuestos en los que pueda imputarse a los partícipes la creación de un riesgo u otra responsabilidad de tipo objetivo. Es decir, la prueba de la responsabilidad de algunos no permite a los restantes exonerarse frente a la víctima, porque esa prueba sólo tiene trascendencia para la acción de reintegro, es decir, en la relación interna entre los responsables (cfr. Zavala de Gonzaléz, Matilde, Personas, casos y cosas en el derecho de daños, Ed. Hammurabi, 1991, p.160 y ss.; Kemelmajer de Carlucci, Aída, Caso fortuito y fuerza mayor, en Temas de Derecho Civil, Ed. Universidad, 1980, p.106).-
Se trata en el supuesto de obligaciones que la doctrina denomina conexas, en las que el acreedor de ambas puede reclamar de cada deudor el todo de cada uno de los objetos, lo que habilita a exigir de cada uno de los deudores el total de lo que debe en virtud de su propia causa fuente (Conf CNCiv, sala M, 28/6//2007, “Montero Juan Horacio c/ Expreso General Sarmiento SA. s/ daños y perjuicios, Bentacor Burgueño Wilfredo Ramón c/ Expreso General Sarmiento SA. Línea 176 s/ daños y perjuicios y Urquiza Susana Beatriz c/ Expreso General Sarmiento SA. Línea 176 s/ daños y perjuicios»).-
Cuando la causación de un daño es imputable a diversos sujetos, la obligación de reparar tiene, en principio, carácter solidario (arts. 1081 y 1109, Cód. Civil), o bien, según los casos, pueden surgir obligaciones concurrentes o in solidum.-
Así hemos sostenido que mediando diversidad de título contra cada deudor, ha de estar en libertad el acreedor para dirigirse contra uno u otro obligado, o contra ambos, con el único límite de no poder cobrar doblemente, ya que el primer pago que se hiciera dejaría al otro sin causa.- (CNCiv esta sala, 22/5/2012, Expte. Nº 95.402/2001 “Castillo, Rosa Beatriz y otros c/ Emprendimientos Maccarone S. A. s/ daños y perjuicios”).-
En virtud de ello en el presente los sindicados como responsables están obligados a resarcir el total del daño, habilitando a la víctima a reclamar in totum la indemnización, ya que la proporción de responsabilidad de ambos coautores rige en cuanto a la acción de reintegro que entre ellos podrán ejercer, luego de desinteresado el damnificado.-
Asimismo cabe reiterar que la responsabilidad del dueño y la del guardián de la cosa (art. 1113 del Código Civil) son dos obligaciones independientes, por cuanto cada uno responde por un título distinto frente al damnificado, quien puede demandar a cualquiera o a ambos conjuntamente por el todo, con abstracción de la responsabilidad que corresponde atribuir a cada uno de ellos.-
Los supuestos de responsabilidad indistinta, concurrente o in solidum, han sido instituidos a los fines de brindar mayores posibilidades de resarcimiento al damnificado.-
Es pues éste el alcance con que hay que entender el fallo de la anterior instancia, respecto de cada uno de los condenados al pago.-
V.- Incapacidad sobreviniente-
La incapacidad sobreviniente es la consecuencia de un ataque a un bien jurídico extrapatrimonial, como lo es la integridad corporal. La protección de la vida y la integridad psicofísica de la persona humana ha sido desplazada de la órbita de los derechos estrictamente individuales, para quedar enmarcada en el marco de los derechos sociales y colectivos, de forma más contundente a partir de la reforma constitucional de 1994, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, afianzando la primacía de la persona (arts. 42 y 75 inc. 22. Constitución Nacional).-
La Corte Suprema ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (C.S.J.N. Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 318:1715; 326:1673; Ídem., 08/04/2008, “Arostegui, Pablo Martín c/. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía”, L. L. 2008-C, 247).-
Esta partida se refiere esencialmente a una merma de aptitudes, secuelas o disminución física o psíquica luego de completado el período de recuperación, que sufre el individuo que incide en la obtención de lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suelen desempeñar o en otras; es una chance frustrada de percepción de ganancias.-
En relación al daño psíquico y como lo viene sosteniendo en forma reiterada de esta Sala, el daño psíquico no constituye un daño autónomo, sino un aspecto a considerar dentro del rubro incapacidad sobreviniente, pues configura una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de relación del damnificado (conf. C.N.Civ. esta sala, 17/11/09 expte 95.419/05 “Abeigón, Carlos Alberto c/ Amarilla, Jorge Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios”, Idem., id., 11/3/2010, Expte. 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto daños y perjuicios”; Id., id., 06/07/2010, Expte. 93261/2007 “Godoy Muñoz, Pedro c/ Villegas, Víctor Hugo y otros s/ daños y perjuicios”, entre muchas otras).-
Es un síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica novedoso en la biografía, relacionado causal o concausalmente con el evento de autos (accidente, enfermedad, delito), que ha ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (dos años). La enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe dañar de manera perdurable una o varias de las siguientes funciones del sujeto: 1) incapacidad para desempeñar sus tareas habituales; 2) incapacidad para acceder al trabajo; 3) incapacidad para ganar dinero y 4) incapacidad para relacionarse.-
Los sufrimientos psíquicos normales, detectados e informados por el perito, que no han dejado incapacidad psíquica residual, pero que verosímilmente han sido padecidos, también pueden resarcirse, aunque no sea a título de «daño psíquico». Por eso, cuando el perito los detecta debe señalarlos al juez para que los tenga en cuenta como uno de los elementos a valorar en el momento de regular el daño moral.-
Sostiene el mismo autor que en medicina legal, la incapacidad indemnizable es tributaria de la cronicidad, en tanto que el sufrimiento psíquico normal (no incapacitante), que no ha ocasionado un desmedro de las aptitudes mentales previas, si es detectado e informado por el perito, es uno de los elementos que el juez podrá incluir en el daño moral.-
Sentado ello, cabe reiterar, que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial resulta de particular trascendencia en lo que se refiere a la existencia y entidad de las lesiones por las que se reclama, el informe del experto, no es una mera apreciación sobre la materia del litigio sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos.-
En similar orden de ideas, la función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que, fundando debidamente su informe, tiene mayor peso y envergadura. La mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre sus conclusiones, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que éstas fueron irrazonables (esta misma sala, expte. nº 32.650/2005, “Sánchez, Romina Mabel c/ La Mediterránea S.A. y otro s/ Daños y perjuicios” del 10/09/2009; expte. nº 115.605, “Elefteriu Zonca, Eduardo y otro c/ Consorcio de Propietarios Bolivar 1867/69/75/87 s/ Daños y perjuicios” del 24/08/2009; expte. nº 114.916/2003, “Ghiorso, Elsa Noemí c/ Pérez, Héctor Oscar y otros s/ Daños y perjuicios”, del 17/02/2010; expte. nº 29.511/2005, “Galarza, Diego Nicolás c/ Figueroa, Marta s/daños y perjuicios”, del 25/05/2010; expte. nº 37.541/2007, “García, José Luis c/ Transportes Automotores Riachuelo S. A. s/ Daños y perjuicios”, del 29/3/2011, entre otros).-
La pericia psicológica efectuada en autos dictamina tanto en relación a Juan Federico Santucho como a Sabrina Castaño, que no presentan indicadores compatibles con la figura de daño psíquico, por no hallarse secuelas incapacitantes derivado del hecho de autos (ver fs. 625 y fs. 634).-
En su respuesta a las impugnaciónes efectuadas por la parte actora a fs. 674/687 y fs. 681/687 respectivamente, la experta reitera la inexistencia de daño psíquico en los accionantes, ratificando en un todo su dictamen-
Por su parte el perito médico toxicológico concluyó a fs. 766, que no se evidencian lesiones seculares de la intoxicación al momento de la evaluación, obrando las respuestas a los pedidos de explicaciones a fs. 792 y fs. 820/821.-
Señala el experto que los actores presentaron una intoxicación con monóxido de carbono clasificable como grave, y que ocasionaron incapacidades totales y temporarias, durante el periodo que requirió su atención, pero que no se lograron objetivar secuelas, salvo la referencia a la pérdida de memoria de la actora, pero que no existe manera de constatar o descartar el nexo causal con el accidente.-
Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la circunstancia de que el dictamen no tenga carácter de prueba legal no importa que el juez pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del idóneo, por lo que la desestimación de las conclusiones a las que arribara ha de ser razonable y motivada, siendo imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiera hecho de sus conocimientos científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. (Conf. C. N. Civ., esta sala, 10/12/09, expte. Nº 76.151/94 “Taboada, Carlos David c/ Lizarraga, Luis Martín”; Idem., id., 06/07/2010, Expte. 93261/2007, “Godoy Muñoz, Pedro c/ Villegas, Víctor Hugo y otros s/ daños y perjuicios”; Id. id.,23/6/2010, Expte. Nº 59.366/2004 “Berdier, Tristán Marcelo c/ Snitovsky, Luis y otro s/ daños y perjuicios”) entre otros.-
Por consiguiente, para que las observaciones que pudiesen formular las partes logren favorable acogida, es menester aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (conf. arts. 386 y 477 del Código Procesal; Palacio, Lino «Derecho Procesal Civil», t. IV, pág. 720; C. N. Civ., esta Sala, 10/12/2009, Expte. Nº 76.151/94 “Taboada, Carlos David c/ Lizarraga, Luis Martín s/ daños y perjuicios, idem, 23/6/2010 expte. Nº 59.366/2004 “Berdier, Tristán Marcelo c/ Snitovsky, Luis y otro s/ daños y perjuicios” ) entre otros.-
En virtud de lo dictaminado por los expertos, en los presentes obrados no se encuentra acreditada la incapacidad sobreviniente de los accionantes, parcial y permanente, con características de daño cierto y perdurable, que amerite resarcimiento en este sentido, sin perjuicio que deberá merituarse la incidencia de la incapacidad transitoria sufrida, al ponderarse el daño moral.-
Ha sido criterio reiterado de este Tribunal que toda ineptitud transitoria o lesión física o psíquica sin secuelas permanentes, no puede ser objeto de resarcimiento, en sí misma considerada, sino en sus efectos. Estos pueden recaer en la esfera afectiva de la víctima y, así, incidirán en la cuantía del daño moral, o en la órbita patrimonial, como, por ejemplo, si ella ha debido o deberá efectuar gastos médicos, de tratamiento, de farmacia, o lucro cesante, etc. (Conf CNCiv. esta sala 7/10/2010, expte N° 16.769/08 “Tucci, Norma Haydee c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”; Ídem 15/2/2011, Expte. N° 15.069/06 “Andrade, María Inés c/ Mammarella, Isabel Delia y otros s/ daños y perjuicios” ídem id 31/7/2012, Expte Nº 12333/2008 “Ferragud Juan Manuel c/ Lagomarsino Walter Javier y otros s/ daños y perjuicios” id. id; 1/10/2013 Expte N° 111.612/2003 “Giuliano Antonio y otros c/ Trasumed SRL y otros s/daños y perjuicios” íd. Id; 7/10/2014, Expte. Nº 68.180/2009 “ Rodrigue Rene Gastón c/ Nannini Pittorino Roberto y otros s/ daños y perjuicios” entre muchos otros).-
En virtud de las consideraciones vertidas ninguna duda cabe en cuanto a que habrá de confirmarse la sentencia en crisis, desestimando los agravios de la parte actora en cuanto al rubro en estudio.-
VI.- Daño Moral
La presente partida prosperó por la suma de $ … para cada uno de los accionantes, cifra considerada insuficiente en razón de los perjuicios sufridos por los apelantes.-
El daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, “Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, p. 287; C.N.Civ., Sala C, 22-12-2005, “Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL”, LL, online; id., Sala E, 26-5-2006, “Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros”).-
Para que surja el daño moral, es menester que, además de un eventual desmedro económico, concurra una “repercusión en los intereses existenciales” del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o inconvenientes de relativa entidad (Conf. Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 259). Lo que se repara es el resultado dañoso, el perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona, no la actividad del responsable, hecho ilícito o incumplimiento contractual, etcétera, que ha sido sólo la causa eficiente de aquél (Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, Astrea, 1982, pág. 1982, pág. 231).-
Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C. S. J. N., 06/10/2009, “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento”; Idem., 07/11/2006, “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios”, Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, “Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, ORI, “Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos 330: 563, entre muchos otros).-
En relación al monto acordado, es un aspecto que no se halla sujeto a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que la determinación de su cuantía queda librada al Juzgador más que en cualquier otro rubro.-
Hemos sostenido reiteradamente que para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, «El daño resarcible», pág. 187; C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, “Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/ daños y perjuicios”; Idem., id., 22/04/2010, Expte. Nº 100.782/2006, “Musumano, María Elena c/ Scheurman, Raúl Ernesto y otros”, entre otros).-
Teniendo en cuenta las circunstancias personales de las víctimas, edad al momento del hecho ( 27 Y 28 años respectivamente), entidad del daño padecido, como el tiempo de recuperación, ponderado asimismo la incapacidad de orden transitorio, que da cuenta el dictamen pericial, estimo adecuado a las constancias de la causas los importes fijados en la instancia de grado (Art 165 del CPCC).-
Por lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:
1) confirmar la sentencia apelada con costas de Alzada a las accionadas vencidas (art. 68 del Código Procesal).-
TAL ES MI VOTO
Las Dras. Zulema Wilde y Beatriz A.Verón adhieren al voto precedente.-
Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-
Buenos Aires, febrero de 2015.-
Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada con costas de Alzada a las accionadas vencidas (art. 68 del Código Procesal).-
Para conocer los honorarios regulados a fs 1067/1067 vta que fueran apelados por altos y bajos a fs.1081, 1083, 1087, 1090/1091, y 1095 respectivamente.-
En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9,10, 19,10, 37, 38 y conc. de la ley 21.839, y su modificatoria 24432 asimismo con lo dispuesto en el art. 13 de esta última norma, los jueces deberán efectuar las regulaciones, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes respectivos cuando la naturaleza, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder (CSJN 29/8/2002 “Laboratorios Ricar S.A. c/ Estado Nacional (M° de S.P. y M.A.) y otro s/ daños y perjuicios”) merituando los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales intervinientes en el proceso (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361) así como la incidencia que han tenido en el resultado del pleito y de conformidad con los arts 505 del Código Civil y 478 del Código Procesal, por considerarlos ajustados a derecho se confirman los honorarios regulados a los profesionales y peritos intervinientes en la instancia de grado.-
En atención al monto del proceso resultado obtenido complejidad y labor profesional respecto de la tarea desarrollado en la Alzada de conformidad con lo dispuesto en el art 14 de la ley de aranceles profesionales, según texto ley 24432 ,se regulan los honorarios de la Dra . N A. B en la suma de pesos … ($…) y los de los Dres D F en la suma de pesos … ($…) y los del Dr. R R Á en la suma de pesos … ($…) .-
Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N ° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-
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