Danos y perjuicios mala praxis juridica letrado patrocinante caducidad de instancia

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JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Mala praxis jurídica. Letrado patrocinante. Caducidad de instancia

 

Se mantiene la sentencia en cuanto consideró acreditada la responsabilidad del patrocinante demandado por haber desplegado una conducta que permitió que se declarara la caducidad de la instancia, a lo que se sumó su omisión de fundar el recurso que había sido deducido contra esa decisión.

 

 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de noviembre de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “M., R. C. Q., G. G. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs. 663/673 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara Dres. Racimo, Dupuis y Calatayud:

A la cuestión planteada, el Dr. Racimo dijo:

I.- Antecedentes de la causa.

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por R. M. contra su exletrado patrocinante Dr. G. G. Q. por los daños y perjuicios que le causó su incorrecta conducta profesional en el trámite del juicio “M. de R., R. c. G., J. y otro s/revocación de acto jurídico” (en adelante, “M. c. G.”) que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 93 que concluyó al haberse declarado la caducidad de la instancia en una resolución que quedó firme por la falta de presentación del memorial de agravios después de la apelación interpuesta por la demandante. La pretensión prosperó por la suma de $ … que corresponde a los montos que dijo haber abonado la actora a los letrados de los demandados y a otros profesionales que habían intervenido en aquel proceso con más los intereses a la tasa pasiva desde la fecha en que fueron realizados los pagos a fin de no alterar el significado económico del capital de condena de acuerdo con la facultad autorizada por el plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta s/daños y perjuicios”.

Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación el demandado a fs. 682 que fundó con la expresión de agravios de fs. 711/718 que fue contestada a fs. 720/724 por la actora quien a su vez apeló a fs. 678 y presentó su memorial con el escrito de fs. 704/707 que fue respondido por el vencido a fs. 725/727.

Toda vez que el demandado cuestiona la responsabilidad que le ha sido endilgada por mala praxis profesional corresponde, por obvias razones de orden metodológico, examinar en primer lugar sus agravios.

Sostiene el Dr. Q. que no ha existido daño acreditado en el curso del presente proceso en tanto su parte había negado la autenticidad y la veracidad de la totalidad de la documentación acompañada por la actora entre la cual se encontraban acuerdos suscriptos con los profesionales, los pagos efectuados y los instrumentos con los mutuos que M. dijo haber necesitado contratar a fin de satisfacer los gastos originados en el mencionado expediente en el que resultó vencida.

A continuación se agravia de la inexistencia de relación causal adecuada entre la conducta que se le ha imputado y el monto de condena toda vez que se ha basado en la suma que la actora debe pagar a raíz de la caducidad de la instancia dictada en aquel proceso, sin haber siquiera el juez entrado a analizar que de haber continuado su curso normal hasta la sentencia definitiva y de haberse producido la prueba restante, de cualquier forma indefectiblemente hubiera sido perdido por M. con costas. Fundamenta esta crítica en que no se advirtió en el fallo que la actora no había efectuado cálculo alguno en relación a la escasa probabilidad que tenía de ganar en la litis perimida. Finalmente aduce que intervenía como letrado de M. en la mencionada causa, que su obligación es de medios y no de resultado y que después de haber presentado el recurso de apelación contra la resolución que declaró la caducidad de la instancia fue la actora quien no concurrió a suscribir el memorial de agravios de modo que no corresponde imputarle responsabilidad alguna en el hecho de haber quedado firme la decisión de primera instancia que concluyó con aquel proceso.

II.- Responsabilidad profesional.

La actora reclamó al Dr. Q. por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones que le correspondían como letrado patrocinante en la causa “M. c. G.” y solicitó una indemnización de orden material y moral por el menoscabo que dijo haber sufrido como consecuencia de su mal desempeño.

El recurrente dedicó al tema de su responsabilidad en la declaración de la caducidad de la instancia un breve segmento de su memorial de agravios (ver fs. 717/vta.) sin hacerse cargo de las sólidas consideraciones formuladas en la sentencia recurrida en cuanto al incumplimiento de las obligaciones que le correspondían en su carácter de letrado patrocinante de M., razón por la cual debería estimarse que su planteo se encuentra desierto en los términos del art. 265 del Código Procesal para pasar al estudio de sus restantes agravios. Considero, sin embargo, que el detalle de la conducta desplegada en el curso del expediente será de utilidad a la hora de ponderar -en el caso de admitirse su existencia- la magnitud de los daños causados y la relación de causalidad entre ellos y el incumplimiento contractual atribuido al Dr. Q..

Los hechos no se encuentran discutidos en la causa y resultan de la lectura del expediente “M. c. G.” donde la actora promovió demanda el 28 de mayo de 2001 por revocación de acto jurídico, escrituración, daños y perjuicios y eventualmente por simulación entre los demandados contra J. G. y L. G. de R. La demandante fue patrocinada en ese momento por la Dra. S. M. G. S. (ver fs. 47/54).

El juez de primera instancia rechazó in limine esta demanda donde M. se había presentado como cesionaria de los derechos emanados del boleto de compraventa correspondiente al inmueble sito en la calle Juncal …, piso … …, celebrado entre G. E. O. y la constructora S. y Cía. S.A. pretendiendo la revocación de la escritura traslativa de dominio que de dicha unidad efectuara la mencionada sociedad a favor de los demandados J. G. y L. G. de R. Se justificó tal decisión en que la demanda fue dirigida sólo contra estos últimos lo que resultaba objetivamente improponible pues no habría de permitir arribar a ninguna solución válida (ver resolución de fs. 59 del 10 de agosto de 2001). La decisión fue revocada por la Sala G de esta Cámara ante el recurso de apelación de la actora con sustento en que el a quo no había juzgado si el fondo de la pretensión era o no improponible, sino que lisa y llanamente la rechazó por haber sido enderezada exclusivamente contra algunos de los partícipes del acto. Y agregó que si el actor no demandó a todos los que están llamados a intervenir en la controversia, dicha circunstancia por sí misma no es suficiente para desestimar in limine la acción, toda vez que el art. 89 del Código Procesal acuerda al juzgador la facultad de integrar la litis aun de oficio (ver resolución de fs. 75 del 10 de octubre de 2001).

La demanda de M. fue contestada el 3 de diciembre de 2001 por los demandados G. representados por el Dr. C. J. L. con el patrocinio del Dr. J. W. T. (ver cargo de fs. 501). La actora siguió con el patrocinio de la Dra. G. S. hasta la renuncia de esta profesional el 1º de junio de 2004 (ver escrito y cargo de fs. 540/vta.) ocurrida cuando el expediente se encontraba abierto a prueba. Dicha abogada fue reemplazada por el Dr. Q. quien se presentó como letrado patrocinante con el escrito de fs. 542 del 7 de julio de 2004.

Los demandados pidieron la caducidad de la instancia el 27 de octubre de 2008 con la presentación de fs. 651/652 que fue respondida por la actora a fs. 657. El juez declaró la perención de la instancia mediante resolución en la que hizo notar que desde el último acto impulsorio del 26 de diciembre de 2007 hasta el acuse de los demandados del 27 de octubre del 2008 había transcurrido el plazo previsto por el art. 310 del Código Procesal (ver decisión de fs. 663 del 29 de diciembre de 2008).

R. M. interpuso recurso de apelación respecto de la resolución que declaró la caducidad de la instancia con la pieza de fs. 664 del 4 de febrero de 2009 que fue concedido el día 6 de ese mes. El letrado apoderado de los demandados presentó un escrito el 19 de febrero solicitando que se declarara desierto ese recurso lo cual fue admitido por el juez de grado mediante providencia del 24 de febrero de 2009 (ver fs. 668).

La actora en este proceso imputó a Q. la falta de presentación del memorial necesario para fundar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que había declarado la caducidad de la instancia en los autos mencionados. El juez de grado consideró, en primer lugar, el carácter de la relación que une a la parte con su letrado patrocinante y posteriormente tuvo por acreditado que Q. no realizó ninguna actividad impulsoria lo que generó la resolución que decretó la caducidad de la instancia sumado a que no presentó el memorial respectivo ni aportó elemento probatorio alguno que demuestre la falta de colaboración de su patrocinada quien, según dice, no habría concurrido a suscribirlo.

El apelante sostiene que cuando el abogado actúa como letrado patrocinante su obligación es de medios y no de resultado y que es cuando menos extraño que olvidara confeccionar y presentar el memorial de agravios. Aduce que cobra en este caso virtualidad lo que refiriera en torno a que fue M., quien a pesar de su pedido, no concurrió a suscribir el correspondiente escrito agregando que el defecto que se le enrostra de no haber aportado que la actora no concurriera a suscribir el escrito pertinente configura “la prueba de un hecho de un negativo” (ver fs. 717vta.).

En la sentencia apelada se anuncia que la responsabilidad que se atribuye en el caso deriva de no haber presentado el memorial que habría permitido eventualmente la revocación o no de la perención de la instancia (ver fs. 667, segundo párrafo), mientras que posteriormente el magistrado dice que lo que evalúa es la negligente conducta observada por el abogado que durante el término de un año no realizó ninguna actividad impulsoria generando la resolución que decretó la caducidad de la instancia. Se añade, a continuación, la conducta omisiva consistente en la falta de presentación de la expresión de agravios (ver fs. 669/vta.). La cuestión exige ser esclarecida a fin de determinar el alcance del incumplimiento realmente atribuido al Dr. Q. y eventualmente el menoscabo originado a su patrocinada en materia de responsabilidad profesional.

Una lectura integral de la demanda permite advertir que se ha imputado dos inacciones injustificadas al Dr. Q. La primera de ellas fue la falta de cumplimiento de las diligencias correspondientes al período de prueba que llevaron a que se tuviera por decretada la caducidad de la instancia. La segunda imputación -al persistir el Dr. Q. en esa injustificada inacción- consistió en la falta de presentación del memorial contra la resolución que decretó la conclusión del juicio por esa vía anormal de terminación de los procesos (ver fs. 17). El doble reproche había sido expuesto en la carta documento remitida al Dr. Q. el 17 de diciembre de 2009 donde se lo responsabilizaba por su negligente gestión profesional como letrado patrocinante “al provocar la caducidad de instancia y la pérdida del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que la decretó por no presentar el memorial en tiempo y forma” (ver fs. 18).

Delimitado así el doble incumplimiento, resulta claro que la expresión de agravios presentada en este proceso omite toda consideración respecto a la falta de ejecución de las diligencias necesarias para llevar adelante el expediente que fueron examinadas detalladamente en el pronunciamiento recurrido (ver fs. 664 vta./669 vta.). Asume tácitamente el demandado su falta en este aspecto por lo que la queja se limita solamente a la responsabilidad imputada por la falta de presentación del memorial en dicha causa.

Sobre este punto resulta útil examinar las defensas esbozadas por el Dr. Q. en su contestación de la demanda. Señaló allí el profesional que después de enterado de la resolución que decretó la caducidad de la instancia se comunicó a un teléfono celular que le había sido suministrado por M. y su cónyuge R. -quienes nunca le dieron un teléfono de línea- para avisarles que tenía que suscribir la primera el recurso de apelación lo que hizo al concurrir a su estudio. El Dr. Q. afirmó haberse comunicado posteriormente al teléfono celular para solicitarle a M. que fuera a firmar el escrito que ya tenía confeccionado por aquel entonces. Dijo que la actora y R. le solicitaron -presumo que por vía telefónica- que estimara a cuanto habrían de ascender los emolumentos de los profesionales intervinientes en caso de que el pleito se perdiera por caducidad y les informara si estos honorarios habrían de ser mayores o menores en caso de que el proceso judicial se perdiera luego de finalizada la prueba y dictada la sentencia. Dijo el Dr. Q. que les respondió que en este caso serían sensiblemente superiores a partir de lo cual la actora “a pesar de los múltiples requerimientos” del demandado, nunca concurrió a firmar el escrito y por ello el mismo nunca fue presentado.

He transcripto la parte sustancial del escrito de contestación de la demanda en tanto pone de manifiesto que supuestamente habrían existido varias comunicaciones entre M. y el Dr. Q. en torno al procedimiento de interposición y de fundamentación del recurso de apelación contra la resolución que decretó la caducidad de la instancia. Si se lee con atención podrá verse que existen dos tipos de hechos que podrían haberse demostrado en orden a evidenciar la diligencia del Dr. Q. en el caso.

El primero de ellos está constituido por la serie de llamadas telefónicas que habrían existido entre el demandado y M. respecto a estos temas, algunas de las cuales deben haber sido relativamente extensas si se debatieron, como sostiene el profesional, los honorarios que deberían abonarse en distintos supuestos de eventual terminación del juicio por revocación de acto jurídico. No existe prueba que acredite la existencia de este hecho positivo de las llamadas realizadas entre las partes que habría servido, quizás, para sugerir algún tipo de diligencia por parte del profesional interviniente.

El segundo hecho aludido en la contestación de la demanda es la confección del memorial mismo cuya presentación se habría visto frustrada por la omisión de M. de concurrir al estudio del Dr. Q.. El proyecto de escrito en cuestión no fue acompañado a este proceso ni se ofreció prueba que eventualmente pudo haber permitido inferir que se había realizado al momento en que ocurrieron los hechos en debate (febrero de 2009).

A esta falta de prueba de hechos positivos -cuya carga correspondía al demandado (conf. art. 377 del Código Procesal)- se suma un elemento que surge del mismo relato de los hechos efectuado por el Dr. Q.. Después de esta conversación en torno a los honorarios que habría eventualmente que pagar en casos de caducidad de la instancia o de terminación del proceso y ante la falta de concurrencia de la interesada al estudio, el profesional no explicó la conducta que siguió a continuación frente a esa supuesta actitud de su patrocinada. Su omisión evidencia la falta total de interés en el pleito. Podría haber reclamado una instrucción por escrito al respecto frente al no haber ido M. a firmar escritos a su estudio jurídico o eventualmente presentarse en los términos del art. 48 del Código Procesal -como sugiere la actora a fs. 721 vta.- a fin de que su patrocinada no perdiera un proceso que estaba en etapa de prueba y que se había iniciado varios años atrás (ver CSJN, “D. B., D. F. c. C., F.” del 27-6-

02, Fallos: 325:1498). Las supuestas incomparecencias de M. a firmar escritos en el proceso no han sido acreditadas. Pero si el demandado -que dejó caducar la instancia- cree su propio relato, lo que debió hacer es protegerse respecto de una patrocinada con una actitud que podría afectar su ejercicio profesional. Estimo, por supuesto, que toda esta parte de la expresión de agravios no es más que un alegato inverosímil sin sustento en los elementos de la causa utilizado como recurso extremo para proyectar sobre M. su propia incuria -admitida tácitamente en la perención de la instancia- en la conducción del mencionado proceso.

Sobre el tema, esta Sala ha señalado en c. 566.518, “A., D. A. c. M., F” del 17-2-11, con remisión al pensamiento de la prestigiosa jurista Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci (Daños causados por abogados y procuradores, en J.A. 1993-III-704), que hay supuestos en que la culpa surge de los propios hechos -como sería, por ejemplo, en los casos de caducidad de la instancia-, produciéndose, en consecuencia, una inversión de la carga probatoria, puesto que en esas hipótesis el profesional está obligado a un verdadero resultado respecto a la realización de los actos procesales de su específica incumbencia, tales como, presentar los escritos correspondientes, concurrir a secretaría por lo menos los denominados días “de nota”, asistir a las audiencias que se celebren, interponer los recursos contra toda resolución adversa a su parte y, en general, activar el procedimiento en la forma prescripta por la ley (ver ap. III, letra e en pág. 715). La caducidad de la instancia, en sí misma, demuestra que se resignaron los deberes de vigilancia, atención, cuidado, conocimiento de la marcha del proceso y, como la parte es en general una persona lega, sin conocimientos jurídicos, es el abogado quien debe demostrar que la labor no pudo ser realizada por obstáculos imputables a su cliente (ver ap. IV, letra b, n° 1, en pág. 721).

Si bien existen distinciones entre las obligaciones del apoderado y las del letrado patrocinante resulta claro que en el caso la diligencia del Dr. Q. debió haberse extremado al máximo después de haberse declarado la caducidad de la instancia por su exclusiva responsabilidad como bien se analizó en la sentencia y como resulta de su falta de queja concreta sobre este aspecto del análisis de su comportamiento en el proceso indicado. Lo que revela la falta de presentación de dicho memorial es una continuidad del patrón de comportamiento y del desinterés del Dr. Q. por el asesoramiento jurídico de su patrocinada al haber permitido que el decreto de caducidad de la instancia quedara firme.

No hay un solo elemento que autorice a inferir siquiera que el Dr. Q. hubiera formulado este tipo de observaciones o que hubieran surgido desinteligencias entre patrocinante y patrocinada. Y si existieron, como sugiere el demandado, resulta obvio que frente a una persona de tales características que deliberadamente no demanda a quien debió ser demandado según se aseveró en la contestación a la demanda, no se le podía pasar al Dr. Q. tomar las medidas tendientes a evitar una eventual demanda por responsabilidad profesional. El demandado no ha intentado siquiera probar los hechos positivos sobre los que sustentó su defensa ni las comunicaciones telefónicas que se habrían producido en el lapso que transcurrió entre el dictado de la resolución que declaró la caducidad de la instancia y la providencia que tuvo por desierto el recurso de apelación interpuesto por M. (ver sobre este tipo de pruebas lo dicho en el voto del Dr. Calatayud en decisión de esta Sala en autos “K., L. J. c. S., V.A.” 20-09-10, La Ley Online AR/JUR/60033/2010 e id., Sala F, “M, C. A. c. O., R. M.” del 18-4-06, La Ley Online AR/JUR/1937/2006).

Sobre el tema ha señalado con precisión la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados que si bien el Dr. Q. al presentarse en esas actuaciones disciplinarias expuso sobre la supuesta desidia de su cliente en firmar los escritos, no puede dejar de tenerse en cuenta que de todos modos, y a la luz de las constancias de autos, se desprende que el denunciado no arbitró medio alguno para notificar fehacientemente a la Sra. M. ante la incomparecencia de ésta a su Estudio Jurídico para suscribirlos, ni tampoco a los fines de salvaguardar su propia responsabilidad, independientemente de que su intervención en el proceso haya sido en el carácter de letrado patrocinante y no como apoderado (ver decisión obrante a fs. 211/213 del expediente n°41.220/2012). La resolución fue mantenida en similares términos por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos “Q., G. G. CPACF (expte. 25.286/10)” al desestimar en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por el profesional a quien se le había impuesto por el órgano disciplinario la sanción de multa por la suma de $ … prevista por el art. 45, inc. c de la ley 23.187 por su actitud negligente al desatender sus obligaciones profesionales provocando que el juicio terminara con una declaración de caducidad de la instancia.

El Dr. Q. admitió su responsabilidad en el abandono del proceso que llevó a la resolución que declaró la caducidad de la instancia por el juez de grado al no haber cuestionado la sentencia en este aspecto. Y sabedor de su propio desinterés debió haber adoptado las medidas tendientes a revertir esa declaración con la confección y la firma por su patrocinada del memorial de agravios exigido por el art. 265 del Código Procesal o, en su caso, haber abandonado el asesoramiento jurídico asumido en tiempo pertinente para que M., con el debido patrocinio, pudiera fundar, de creerlo conveniente, el recurso interpuesto y concedido en aquel proceso.

Estimo, pues, que corresponde mantener el fallo del juez de primera instancia en cuanto consideró acreditada la responsabilidad del Dr. Q. por haber desplegado una conducta que permitió que se declarara la caducidad de la instancia a lo que se sumó su omisión de fundar el recurso que había sido deducido contra esa decisión con manifiesto incumplimiento de las obligaciones que se encontraban a su cargo como letrado patrocinante de R. M.

III.- El alcance de la responsabilidad del Dr. Q.

El juez de primera instancia, después de examinar el comportamiento del Dr. Q. en el juicio “M. c. G.”, concluyó que debía indemnizar los daños y perjuicios por el daño emergente que quedaba determinado por los montos pagados por la allí demandante a los abogados que habían representado y patrocinado a los G. (Dres. L. y T.) y a los peritos que habían desarrollado sus tareas en ese proceso (arquitecta K.).

Ese procedimiento es cuestionado por el Dr. Q. en la expresión de agravios donde afirma que la condena en casos de indemnización por mala praxis profesional en la conducción de un pleito se debe basar en el cálculo de las chances que tenía la persona patrocinada por el letrado en el pleito concreto. Aduce que el juez mandó pagar las sumas debidas a los letrados en su totalidad como si debiera entenderse que M. habría de resultar vencedora en aquel pleito a lo cual agrega que desconoce la autenticidad y la sinceridad de la documentación acompañada en el escrito en que se invocó el hecho nuevo donde se denunciaron esos pagos.

La actora no reclamó una indemnización por la chance que habría perdido por la declaración de caducidad de la instancia. Solicitó, en cambio, el cobro de una indemnización derivada de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la mala praxis profesional por la suma de $ … “en concepto de daño emergente” con más la de $ … por daño moral y los intereses y eventuales honorarios de ejecución. Se especificó a continuación que se reclamaba del Dr. Q. que se lo condenara a cancelar todas las regulaciones de honorarios que como consecuencia de la caducidad de la instancia fueran regulados a los diferentes profesionales en la causa “M. de R., R. c. G., J. y otro s/revocación de acto jurídico” (ver fs. 14 /vta.).

El demandado ha señalado en su contestación a la demanda los defectos que dijo haber encontrado en la causa “M. c. G.” cuando comenzó su asesoramiento jurídico de la actora respecto de un proceso que, según aseveró, se encontraba truncado ab initio. El Dr. Q. sugiere, con el uso de algunos giros retóricos, que hizo notar estos problemas en su oportunidad a la Sra. M.

Como se imputa al juez de grado haber omitido un examen de los elementos obrantes en el expediente “M. c. G.”, estimo pertinente efectuar una descripción detallada de los planteos de las partes. Es así que M. demandó por “Revocación de Acto Jurídico, Escrituración, Daños y Perjuicios y eventualmente por Simulación entre los demandados” (ver fs. 47 “Objeto”). El acto jurídico aludido era el contrato de compraventa de inmueble instrumentado mediante la escritura n ° … del 29 de diciembre de 1997 por la cual Serafini y Cía. S.A. vendió a los demandados G. 19 unidades funcionales entre las cuales se encontraba la nº … cuyo boleto de compraventa le fue cedido en el año 2000 por O. que lo había adquirido el 20 de julio de 1993. Según el petitorio de fs. 53 vta. se reclamaba que se dejara sin efecto respecto a dicha unidad la mencionada escritura y se condenara “a los codemandados G., a escriturar… el departamento y sus unidades funcionales” a lo que se agregaba un reclamo indemnizatorio por los daños y perjuicios que dicha actitud le había causado.

El juez de primera instancia le solicitó a la parte que indicara respecto de cuáles actos jurídicos se pretendía su revocación y a qué simulación entre los demandados se aludía a fs. 47. La actora reiteró que el acto jurídico era el instrumentado mediante la escritura n° … y señaló en párrafo que transcribiré textualmente que “la simulación fue invocada para el eventual supuesto que de la prueba a producirse surja que el acto ilícito sujeto a revocación haya sido aparentado con la finalidad de perjudicar a los verdaderos compradores, considerando la relevancia de la adquisición, mediante dicho acto, de 19 departamentos, que los demandados pretendieron vender (sic) ocultando que los mismas habían sido construidos por Serafini y Cía. S. A.” (ver fs. 58, pto. II). Ante este escrito el magistrado de primera instancia señaló que al pretenderse la revocación de la escritura de dominio mencionada y al haber sido dirigida la demanda contra los G. exclusivamente resultaba objetivamente improponible en los términos del art. 337 ya que ello no habría de permitir arribar a ninguna decisión válida.

M. apeló dicha decisión y fundó su pretensión en el memorial de fs. 62/72 donde dijo que el boleto de compraventa fue celebrado el 20 de julio de 1993 por O. de modo que era oponible al concurso de fecha posterior otorgando la facultad al juez de disponer el otorgamiento de la escritura pública habiendo sido declarado admisible el crédito ante el síndico del concurso y que de la transferencia del inmueble a los G. “en fecha 29 de diciembre de 1997, resultó la irremediable imposibilidad de escriturar ordenada por el Juez Concursal, como se explicó en la demanda”. Precisó que la demanda fue dirigida contra los aprovechadores del fallido quienes maliciosamente obtuvieron importantes bienes a precios irreales aceptando bienes que no pertenecían a la vendedora y que la revocación del acto “deviene derivada de la imposibilidad de materializar la escrituración ordenada en el concurso de la vendedora.” Aseveró, para finalizar, que legalmente no se puede demandar al deudor vendedor concursado, que su parte inició la demanda contra los responsables del acto que desbarató sus derechos y que si bien la vendedora intervino con su voluntad a la venta, la expresa disposición del art. 21 inciso 3º de la ley de concursos 24.522 le impedía demandar a Serafini y Cía. S.A. A ello agregó que la eficacia probatoria de la realidad fáctica producida por la condición de fallida de la vendedora apareja su insolvencia quedando acreditado, en consecuencia, “su ánimo defraudatorio, podría desvirtuarse mediante un eventual descargo, resultando irrelevante su participación como parte en el proceso”.

La Sala G de esta Cámara señaló que en el caso el a quo no había juzgado si el fondo de la pretensión era o no jurídicamente improponible, sino que lisa y llanamente la rechazó por haber sido enderezada sólo contra algunos de los partícipes en el acto. Agregó que “es sabido que si -como ocurre en el caso- en virtud de la naturaleza inescindible de la relación jurídica controvertida, la eficacia de la sentencia a dictarse se encuentra subordinada a que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas o frente a varias personas … y el actor no demandó a todos los que están llamados a intervenir en la controversia, dicha circunstancia por sí misma no es suficiente para desestimar “ in limine” la acción, toda vez que el art. 89 del Código Procesal acuerda al juzgador la facultad de integrar la litis aun de oficio”. Y concluyó que las atribuciones conferidas al juez no autorizan, en principio, a acudir al remedio excepcional del art. 337 del ordenamiento procesal, sin perjuicio de lo que eventualmente corresponda decidir en caso de acreditarse fehacientemente la existencia de algún impedimento legal para demandar a alguno de los sujetos que intervino en el negocio jurídico impugnado.

Devuelto el expediente a primera instancia, la actora solicitó a fs. 79 que conforme ordena la resolución de la cámara se diera traslado de la demanda lo cual fue dispuesto por el juez a fs. 80. Después de la renuncia de la letrada patrocinante que asesoraba a la actora se presentó el Dr. Q. quien lo hizo en igual carácter hasta que se declaró la perención de la instancia en ese proceso según ya se ha explicado anteriormente.

Además de señalar, de una forma u otra, que la acción no podría haber prosperado, el Dr. Q. hizo explícita referencia en su contestación a la demanda a lo ocurrido en los autos “T., A. S. c. Serafini y Cía. S.A. y otros s/simulación, revocación de acto jurídico y escrituración” donde el allí actor promovió demanda también contra Serafini y Cía. S.A. obteniendo un resultado útil mediante sentencia de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la cual se desestimó la acción de fraude y se admitió -revocando la decisión de primera instancia- una pretensión por daños y perjuicios contra la mencionada empresa al no haber escriturado una unidad prometida en venta al demandante de características similares a la vendida al cedente de M. por boleto de compraventa del año 1993. Es claro que el Dr. Q. expone esta acción como canon de lo que debió haber sido la conducta de M. y de su letrada patrocinante quienes optaron por seguir adelante con una demanda exclusivamente contra los G. que nunca podría haber tenido resultado favorable.

Las circunstancias que han rodeado las relaciones entre Serafini y Cía. S.A. y los G. incluyen también la existencia de un concurso de la primera que habría impedido, según señaló M., que esa empresa fuera demandada según lo dispuesto por la ley de concursos.

Dos son los elementos que indica concretamente el demandado para desacreditar la sentencia cuyo análisis realizaré a continuación. Por un lado, sostiene que debió haberse examinado el reclamo desde la perspectiva de la pérdida de chance y, por otra parte, estima que jamás pudo haber prosperado la pretensión al no haberse acreditado el pago de los honorarios indicados en los escritos de demanda y denuncia de hechos nuevos.

a.- La relación de causalidad.

Corresponde distinguir entre una acción deducida por la parte -como M.- contra su exabogado por reintegro de las costas en un juicio en el que aquel resultó derrotado de aquella que se promueve, lo que no ocurrió en el sub examine, con el objeto de obtener una indemnización por pérdida de la chance de obtener un resultado favorable en dicho proceso.

Sobre el punto se ha sostenido que como consecuencia de la derrota en un juicio corresponde la imposición de las costas al profesional cuando se acredita su mala praxis en el caso (ver, entre otros, CNCiv., Sala C, 14-4-81, voto del Dr. Cifuentes, ED 97-787; id., Sala B, 11-10-06, AR/JUR/9303/2006; id., Sala H, M. R.A., 9-8-05, LL 2006-B, 580 e íd., íd., “D.C.S.A. c. Estudio Almeida Peláez” del 17-10-12), aunque también se ha fundamentado en sentido contrario al señalar que cuando en el caso no se han arrimado elementos probatorios que permitan evaluar el mayor o menor éxito del juicio perimido por la inactividad procesal del letrado demandado, siendo éste responsable por la caducidad de instancia decretada, resulta justificado que responda por los honorarios del abogado como consecuencia de las costas impuestas a la actora exclusivamente por la incidencia de caducidad y no por la totalidad del juicio (CNCiv. sala F, “Pauletig, Dionisio c. Suárez, Laura”, 29/08/2005, La Ley Online, AR/JUR/3457/2005 y también Morea, Adrián “La responsabilidad del profesional del derecho frente a un caso paradigmático”, RCyS, 2013-V, 206). La imposición de las costas ha sido también examinada a partir de una perspectiva ética según la cual los abogados no se encontrarían habilitados para invocar este tipo de planteos en tanto no corresponde que asuman causas que entienden perdidas (ver CNCiv., Sala J, “D., G. c. G. M.” del 17-3-11 con fundado voto de la Dra. Verón).

Creo que el tema puede ser resuelto desde un criterio que se centre en la relación de causalidad sin examinar el espinoso ámbito de los deberes éticos de los abogados respecto al patrocinio de clientes en causas que entienden perdidas y eventualmente en torno a las medidas que tendrían que adoptar en resguardo de su integridad profesional en caso de encontrarse en dilemas éticos de ese tenor (ver el fundado voto del Dr. Calatayud sobre este tipo de cuestiones en la c. “A., D. A. c. M., F. “ del 17-2-11, LL 2011-C, 66; CNCiv., Sala H, “M. , R. A. c. A., D. L.” del 9-8-05 JA 2005-IV, 7; Trigo Represas, Félix A., “La exigencia de un nexo adecuado de causalidad entre el obrar profesional y el daño, como recaudo de la responsabilidad civil del abogado”, RCyS 2006, 562 y Pettis, Christian R., “El presupuesto del daño en la mala praxis de abogados y procuradores. Cuestiones relacionadas con su determinación y cuantificación”, LL 2001-D-938 y «La caducidad de la instancia y la responsabilidad civil consecuente de los profesionales intervinientes», LL 2006-B, 580).

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico la parte derrotada en un proceso se encuentra obligada como regla, al pago de las costas originadas por la tramitación de ese juicio, salvo que el juez estime que pueda imponerlas al abogado mediante el mecanismo del art. 52 del Código Procesal al encontrarlo responsable en un examen de la causalidad y de la culpabilidad por ese daño emergente (ver, con distintos criterios, Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Daños causados por abogados y procuradores”, JA 1993-III, 723 y Martínez Crespo, Mario, “Responsabilidad del abogado en relación a las costas causadas por su culpa o negligencia”, LL 1983-B, 575).

La parte procura demostrar que la responsabilidad por el fracaso corresponde, en realidad, al profesional que lo asesoró en el proceso que con su conducta, por acción u omisión, provocó que el juez desestimara la demanda mediante una sentencia definitiva que debe encontrarse -por disposición legal- debidamente fundada (art. 163 del Código Procesal).

Esta sentencia tiene una causalidad jurídica determinada en concreto en tanto el magistrado consideró que el efecto (la derrota) se produjo por una causa imputable al actor (falta de integración de la litis, negligencia en la producción de la prueba, defectuosa elaboración de la demanda, etc.). Y el efecto objetivo de la derrota le hace imponer las costas según lo prescripto por el art. 68 del Código Procesal salvo que encuentre causas fundamentadas para una exención total o parcial. Frente a esta causalidad jurídicamente determinada -esta derrota se produjo por esta causa- la parte procura demostrar en un nuevo proceso que existió un factor consistente en la conducta del abogado que habitualmente queda oculto -salvo el caso del art. 52 del Código Procesal- en el análisis realizado en el primer proceso. La acreditación de este factor causal queda a cargo del excliente quien debe aportar la prueba de que el daño devino de la conducta culpable o dolosa del profesional en acción antijurídica analizable en el marco de una relación contractual de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 520 y 521 del Código Civil (Parellada, Carlos A., Daños en la actividad judicial e informática desde la responsabilidad profesional, Buenos Aires, Astrea, 1990, pág. 94 y Wierzba, Sandra, Responsabilidad civil del abogado, Buenos Aires, Hammurabi, 2006, pág. 57).

Enfrentado a esta pretensión, el abogado se encuentra facultado para proponer defensas dirigidas a demostrar que su conducta no fue el factor relevante que incidió en que el juez dictara la sentencia que desestimó la demanda de su contrario. Si la acción original se rechazó porque el hecho no fue demostrado por su negligencia en citar a los testigos, podrá evidenciar, por ejemplo, que renunció antes de la apertura a prueba (ver CNCiv., Sala K, 24-9-04, “A. A., R. P. c. I. N. J.” e id., Sala L, 2-7-99 “C. c. T., M. C.”) con lo cual demostrará que la derrota obedeció a la omisión de otro profesional. Puede ocurrir, también que pruebe que esa inacción no resulta atribuible a su culpa sino a una decisión de la parte que lo instruyó para no citar a un testigo que podría ser inconveniente en esa etapa del juicio. Ahora bien, el profesional no puede plantear como defensa en el nuevo juicio una basada en una causalidad distinta a la examinada en la primera causa exponiendo cómo habría terminado ésta en contra de su excliente si hubiera cumplido incluso correctamente con su tarea en el juicio original. El abogado que intervino en todo el proceso por indemnización de daños y perjuicios en un accidente de tránsito no podría alegar que aunque se hubiera producido la prueba en debida forma de todos modos la demanda se habría desestimado porque el demandado tenía prioridad de paso en una encrucijada. El juez impuso las costas según una sentencia que señaló concretamente el fundamento que llevó a que la actora fuera derrotada en ese juicio y, obviamente, no las distribuyó teniendo en cuenta que la parte podría haber perdido igualmente si el abogado hubiera actuado de acuerdo con las obligaciones que estaban a su cargo como letrado patrocinante.

Véase, por otro lado, que si el abogado cuestiona que se le reclamen las costas acudiendo a este argumento hipotético pretendería, en realidad, que se altere la causalidad determinada por el juez del primer proceso reemplazando el fundamento de la sentencia definitiva con otro basado en una causalidad hipotética que no fue la que sirvió para sostener el pronunciamiento que desestimó la demanda y que originó el daño emergente a la actora en el caso concreto. Quizás en algunos supuestos no se trate de una cuestión de todo o nada en el examen del reintegro de las costas en el segundo proceso ya que eventualmente una parte podrá demostrar que se la tuvo por desistida de un testigo por la negligencia de su abogado y éste evidenciar, por su lado, que otra persona citada no compareció porque el actor no le suministró los datos para ubicarla demostrando así su ausencia de culpa a este respecto. Cualquiera sea el caso, la cuestión gira en torno a una especificación o determinación de la incidencia de factores causales sobre una causalidad previamente examinada y razonablemente fundada por el primer juez en una sentencia definitiva.

La situación que se produce cuando se dicta una resolución que decreta la caducidad de la instancia tiene ciertos rasgos que merece explicitar en el caso. Este tipo de decisión se encuentra también fundada por el juez, aunque no del mismo modo que la sentencia definitiva. El magistrado que decreta la perención atribuye la derrota a la actora por un único fundamento que no tiene relación con los escritos constitutivos del proceso ni con el mérito de la prueba. El sustento de esta decisión no es otro que la verificación del transcurso del lapso previsto por el art. 310 del Código Procesal. Se trata de una especie de causalidad interna dentro del proceso que lleva a que este concluya por una vía anormal cuyo examen es distinto del realizado cuando se dicta la sentencia definitiva en la cual se examinan los planteos y las pruebas producidas por las partes.

Sobre el fundamento usado para decretar la perención las partes podrán discutir los factores que incidieron para llegar a este tipo de resolución; la actora dirá que la causa de la derrota es la conducta del abogado que abandonó el proceso abdicando de sus obligaciones profesionales y este contestará que lo es de la interesada que no concurrió a firmar los escritos respectivos a su estudio jurídico. Pero es claro que -del mismo modo que en la sentencia definitiva- ninguno de ellos podrá discutir la causalidad determinada por el juez que llevó a tener por abandonado el proceso y derrotada a la actora con la consiguiente imposición de costas. A pesar de lo afirmado por el Dr. Q., el abogado no podría aseverar que de no haberse dictado esa resolución -incluso admitiendo su responsabilidad en este punto- de todas formas la demanda original no habría prosperado por la debilidad del derecho sustancial y por la falta de integración de la litis con lo cual resulta injusto que asuma el pago de las costas que debe afrontar su excliente.

Tal posición conduce a resultados ilógicos.

Cuando se alude a la inexistente posibilidad que tenía la actora en lograr una victoria, lo que hace el abogado es salir del régimen de causalidad interna propia de la caducidad para crear un nuevo tipo de decisión judicial (sentencia) que no fue la dictada en el proceso concreto. La resolución que decreta la caducidad de la instancia no analiza -por naturaleza- el mérito de la causa. El planteo del abogado supone concluir que las costas que le fueron efectivamente impuestas a M. por la declaración de caducidad de la instancia deberían haber sido asumidas por esta a raíz de la interposición de una acción que habría de terminar con un fallo definitivo que rechazaría la demanda por falta de integración de la litis. Se reemplaza el cálculo del daño emergente que surge de la derrota en una causalidad determinada jurídicamente de forma inalterable por la referencia a un menoscabo en relación a una causalidad hipotética propia de la pérdida de chance.

En el caso de la caducidad de la instancia se trata de una doble -y errónea- búsqueda de causalidad hipotética. Por un lado se altera la causalidad jurídicamente determinada por el primer juez (la actora fue derrotada por caducidad de la instancia) por una hipotética (la actora habría sido derrotada igualmente en caso de haberse seguido el juicio) que es común con el supuesto de la sentencia definitiva que rechaza una demanda con pronunciamiento fundado. Por otra parte, el abogado crea aquí una causalidad externa a la propia del régimen del incidente de caducidad de la instancia de los arts. 310 a 318 del Código Procesal donde no se examinan -a diferencia de lo que ocurre con el fallo definitivo- los escritos constitutivos de la litis o la prueba producida. El juez debe estudiar solamente si transcurrió el término previsto y este fundamento es el que podrán discutir la actora y su exabogado como ocurrió precisamente en el presente expediente. Los factores causales que llevaron a desestimar una sentencia definitiva que pueden ser analizados para determinar causas concurrentes no son los mismos que se estudian en la causalidad interna del incidente de caducidad donde se examina prioritariamente el transcurso del plazo del art. 310 del Código Procesal.

Y en el caso de este proceso por supuesto que en el examen de esa causalidad interna podrán discutirse algunos aspectos que han sido sugeridos por el Dr. Q.. Me refiero concretamente a su alusión a una conversación telefónica ocurrida después de haber presentado el escrito de apelación en la cual M. habría sido informada por el Dr. Q. que de continuar el proceso se incrementarían las costas y que a partir de ese momento perdió contacto con su entonces clienta. Queda claro para cualquier lector que el Dr. Q. sugiere que M. no concurrió a firmar ese escrito para evitar mayores costos en una decisión que no podía ser modificada en relación a un proceso que resultaba imposible ganar en cuanto a la acción principal. Y si se hila más fino es posible señalar que M. habría decidido omitir esta conducta para que la resolución que declaró la caducidad de la instancia quedara firme con el objeto de poder reclamarle, injustamente según invoca el Dr. Q., el reintegro de unas costas que deberían haber estado a su cargo ante un proceso trunco ab initio.

Ambas partes admiten que ha existido una conducta omitida -falta de presentación del memorial- que fue causalmente relevante para que quedara firme la declaración de caducidad de la instancia. No se han formulado hipótesis sobre las posibilidades eventuales que habrían existido de haberse fundado el recurso en debida forma. Y si se mira de este modo la cuestión se verá que la discusión gira no ya en torno a la causa de la derrota -los dos entienden que se perdió definitivamente por una omisión- sino en relación a cuál de las dos personas era atribuible esa conducta. En suma, M. dice que quién omitió el acto de fundamentación fue Q. por negligencia y este que fue su exclienta por decisión propia a fin de no generar mayores costas en un juicio que entendía ya perdido.

En ocasiones es necesario un examen concienzudo de cuál fue el factor decisivo relevante que causó la derrota y la imposición de costas. Y en estos casos corresponde determinar, dentro de lo posible, si habrían existido posibilidades de revertir esa declaración, circunstancias estas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que deben considerarse como un punto medular para la solución de este tipo de litigios (ver “Di Benedetto, Diego F. c. C., F.” del 27-6-02, Fallos: 325:1498, consid. 7º). Como se ha señalado en un precedente de esta Sala puede ocurrir que el profesional pruebe que la caducidad decretada se debió a la exclusiva negligencia del patrocinado que dificultó la labor del profesional al no cumplir con los deberes de colaboración retaceando la suscripción de escritos o el cumplimiento de diligencias procesales (voto del Dr. Dupuis, c. 320.763, “C., L. A. c. S., N. L.” del 26-3-02). Eventualmente se encontraría facultado también a demostrar que era innecesario apelar para evitar mayores erogaciones en la presentación de un fundamento que hubiera sido infértil para conmover el decisorio de grado (esta Sala, c. 198.097, voto del Dr. Calatayud, “N., H. J. c. G., E. F” del 14-10-96 e id., Sala D, “B., J. R. c. P., A. F.” del 5-8-02).

Las dos partes nada dicen en torno a las posibilidades de haberse revertido la declaración de perención. El punto decisivo es, sin embargo, que toda esta consideración -que podría merecer mayor análisis en un caso distinto- resulta en definitiva innecesaria porque los dos elementos analíticamente distinguibles que llevaron a la imposición de costas en el proceso “M. c. G.” -la declaración de caducidad de la instancia y el carácter de firme adquirido por falta de presentación del memorial- son causalmente atribuibles al Dr. Q. quien actuó, además, culpablemente sin haber demostrado negligencia o dolo por parte de su exclienta al respecto.

El Dr. Q. reiteradamente alude en la contestación a la demanda y en la expresión de agravios a las inexistentes posibilidades que tenía la acción de prosperar contra los G. Ahora bien, la situación que se produce en el caso de pérdida de la chance es distinta. Ha señalado el Dr. Calatayud en un reconocido fallo como integrante de esta Sala que en los casos de pérdida de «chance» en los que se trata de una mera posibilidad, el contenido resarcitorio habrá de fijarse atendiéndose a las expectativas o posibilidades de éxito, es decir si bien la pérdida del juicio por omisión imputable al abogado representa un daño cierto, la indemnización no puede consistir en la suma reclamada en la demanda, toda vez que al depender en alguna medida, de circunstancias ajenas al abogado, no puede saberse a ciencia cierta si la sentencia hubiera reconocido la totalidad de lo reclamado, por tanto el resarcimiento debe consistir en la pérdida de una «chance» (conf. CNCiv, Sala E, diciembre 26-991 «Pinheiro de Malerba c. Nostro A», LL 1993-A, 64). El excliente tenía una posibilidad (vencer en un juicio) de la cual ha sido privada irremediablemente por la inapropiada conducta de su exabogado (cita de Trigo Represas).

Y también el Dr. Calatayud ha señalado con precisión en otro precedente (ver c. 566.518 del 17-2-11) que lo reparable no es el beneficio esperado sino la probabilidad perdida, probabilidad que es tal en cuanto se basa en otro conocimiento cierto. Si lo que se indemniza es la pérdida de una “chance”, en cuanto daño actual resarcible, su valoración se hace en sí misma y no en relación al eventual beneficio frustrado (ver Mayo, La pérdida de la ‘chance’ como daño resarcible, en Responsabilidad Civil -Doctrinas esenciales – Parte General, ed. La Ley S.A.E., t. II págs. 1413 y ss., ap. III, con cita de Llambías, Tratado de las obligaciones, t. I pág. 268, nota 20, 1ª ed.). Agregaba que, por otra parte, parece claro que la cuestión de la pérdida de la chance pone en juego la evaluación del perjuicio y no lo atinente a la relación de causalidad. No se trata de una suerte de responsabilidad parcial; el agente es plenamente responsable de aquélla en cuanto ha sido ocasionada por él y lo único opinable es el monto de la reparación, pero no su procedencia (ver Mayo, op. y loc. cits.).

Se prueba en este tipo de controversias que se ha quitado una chance de obtener una ventaja o de evitar una pérdida. A partir de ese hecho constatado puede ocurrir en ocasiones que esta posibilidad es tan remota que no quepa indemnización alguna y, en otras, que se acredite una probabilidad cercana a la certeza -aunque nunca identificada con ella- que autorice a fijar un resarcimiento a favor de la persona que se ha visto privada de esa oportunidad por el acto causalmente atribuible al demandado. Y es en este caso del cálculo de evaluación del monto de la reparación que desde antiguo se ha precisado que el cómputo de los perjuicios sufridos debe hacerse sobre la base del hecho imputable al abogado, siguiendo los mismos principios que hubiera debido aplicar el juez de la instancia perimida. Lo que este probablemente hubiera acordado en ella es lo que por su culpa los demandados hicieron perder a la actora y que a esto debe sumarse el perjuicio sufrido a causa de la perención, por costas procesales (CNCiv., Sala A, “S. de K., F. c. S., M. R.” del 31-8-56, LL 84-171).

Cuando la parte reclama un resarcimiento por pérdida de chance no pide que se considere la causalidad jurídicamente verificada en el primer proceso para mostrar que fue la conducta de su exabogado el factor que incidió de modo decisivo en la derrota. Lo que se pretende en esta hipótesis es que una vez demostrada la pérdida de chance -por ejemplo, por la declaración de perención- se evidencie mediante un segundo juicio que de haber cumplido el abogado con las obligaciones a su cargo se habría logrado vencer en el primer proceso y que esta inconducta es la que lo privó de llegar a ese resultado positivo que además de ser un daño cierto merece una indemnización por la cuantificación de esa chance (ver esta Sala, c. 198.097, voto del Dr. Calatayud, “N., H. J. c. G., E. F” del 14-10-96). La determinación de la indemnización por pérdida de la chance en un juicio frustrado requiere efectuar un cálculo de las probabilidades que se tenían de ganar esa litis teniendo en cuenta las variables correspondientes con la pauta dada por el art. 901 del Código Civil (Trigo Represas, Pérdida de chance, Buenos Aires, Astrea, 2008, nº 69, pág. 238; Trigo Represas y López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil. Cuantificación del daño, Buenos Aires, La Ley, 2006, pág. 102 y Vergara, Leandro “Pérdida de chance. (Noción conceptual. Algunas precisiones)”, LL 1995-D, 80). Y es por ello que en cuanto a la chance sería injusto que el abogado negligente deba hacerse cargo del pago de una indemnización que su excliente nunca habría recibido porque ello importaría hacer cargar sobre él una consecuencia ajena a su actuar profesional (esta Sala, voto del Dr. Dupuis, c. 320.763, “C., L. A. c. S., N. L.” del 26-3-02).

No es lo mismo probar que la conducta de su exabogado ha sido causalmente relevante en una derrota (como hizo M. en este caso) que demostrar que ese hecho que ha sido verificado como ocurrido por su responsabilidad como parte (la perención) recortó -con ciertas probabilidades- la oportunidad de vencer en el mismo proceso de haber cumplido el Dr. Q. con los actos profesionalmente exigibles en una pretensión no introducida en este expediente.

Una cosa es investigar las causas de la derrota y otra examinar las posibilidades de la victoria después de haberse acreditado la derrota misma.

Supóngase un juicio en el cual el abogado no integra la litis con todos los participantes de un negocio jurídico cuya nulidad se busca en el primer proceso. El juez rechazará usualmente la demanda en sentencia definitiva con este fundamento e impondrá las costas al actor vencido quien puede reclamarle el reintegro de ellas a su exabogado si demuestra su responsabilidad en el caso en un segundo juicio por no haber elaborado su demanda de modo correcto y por no haber citado a todas las partes del negocio. Ahora bien, la acción por resarcimiento por pérdida de chance exige del segundo juez una tarea adicional. Lo que el actor busca demostrar en este tipo de planteos no es ya que el abogado fue culpable de su derrota sino que lo sustraído por la conducta del abogado tenía tales o cuales probabilidades de vencer que hagan admisible una indemnización que casi nunca será equivalente a la que podría haber obtenido de haber resultado vencedor en el primer proceso (ver Kemelmajer de Carlucci, “Daños causados…”, JA 1993-III, 723). Y en este caso el segundo magistrado deberá realizar un doble trabajo para cuantificar el daño por la pérdida de chance creando una causalidad hipotética -reemplazando la conducta profesional desplegada por la que debió desarrollarse- y concluir la elaboración de una conclusión también hipotética donde deberá analizar la fundamentación del reclamo del actor originario. En este trabajo examinará, por ejemplo, el derecho sustancial que había esgrimido la parte u otros elementos que podrían convencerlo en el segundo proceso en cuanto a que la demanda habría prosperado de haberse integrado la litis tales como la existencia de un juicio en el cual una persona colocada en similar situación a la del excliente obtuvo en sentencia definitiva una victoria respecto del mismo demandado.

El reclamo por pérdida de la chance es análogo en el caso en que se declara la perención de la instancia donde, probablemente, existirán mayores dificultades en orden a la evaluación del monto del resarcimiento. La composición de esta cadena causal hipotética es más ardua, y ello se trasluce de la descripción efectuada en la contestación porque el actor no llega a concluir, en ocasiones, con la producción de la prueba ofrecida en el proceso. De todas formas la situación es la misma que en el ejemplo anterior; la resolución que decretó la caducidad de la instancia determinó un efecto (la derrota con la consiguiente imposición de costas) a partir de una causa (el transcurso del plazo) determinada en ese caso en decisión firme. En cambio, el segundo juez -cuando se le reclama la indemnización por pérdida de chance- se apartará necesariamente de la causalidad jurídicamente establecida en el primer proceso para crear una hipotética, a partir de sus conocimientos en el mundo del derecho con más los elementos aportados por el actor, para investigar si la acción caduca tenía chance de prosperar. Si verifica que existían estas posibilidades considerará como un daño cierto la privación de esa chance por la declaración de la caducidad de la instancia en hipótesis de que la acción no pueda promoverse nuevamente por encontrarse, por ejemplo, prescripta en el caso bajo análisis.

No dejo de advertir, por supuesto, que el Dr. Q. atribuye a M. haber iniciado un proceso que nunca podría haber prosperado de modo que podría haber cierto grado de injusticia al habérsele obligado al pago de unas costas que tendrían que seguramente haber sido abonadas por esa parte. Se impone aclarar previamente que -según expresó la Sala G a fs. 1365/1367 de la causa “M. c. G.”- la índole de la pretensión incoada por M. tenía un contenido patrimonial directamente ponderable y determinable sobre bases objetivas con lo cual cabe descartar algún grado de exceso en torno a un reclamo supuestamente abultado en lo cuantitativo por la actora derrotada en aquel proceso.

El problema que enfrenta el apelante en la elaboración de esta hipótesis es que las costas no fueron impuestas de ese modo y nada puede hacerse para cambiar una causalidad definida jurídicamente por el primer juez (el proceso terminó por caducidad de la instancia) por una causalidad hipotética (la acción contra los G. debería haber concluido por rechazo de la demanda en sentencia definitiva). Si se admite este pedido del Dr. Q. se reemplaza la forma en que ha terminado un proceso modificando el efecto de cosa juzgada del decreto de perención. Se crea, además, una paradoja en tanto se autorizaría a M., con ese criterio erróneo, a demandar el reintegro de costas por mala praxis a una abogada que habría hecho una demanda incorrecta que nunca podría haber prosperado, a pesar de que no fue desestimada por esa alegada inconducta sino por la labor del Dr. Q. que dejó perimir la instancia. En esta situación, M. no podría demandar por responsabilidad a nadie ya que la anterior letrada afirmaría que no hay relación causal entre su acto (la elaboración de la demanda) y la imposición de las costas (que obedecieron a la declaración de caducidad) establecidas por un pronunciamiento con efecto de cosa juzgada. Y el Dr. Q. diría -como hace ahora- que tampoco resulta responsable toda vez que la acción deducida por aquella jamás podría haber prosperado. La anterior letrada invocaría una falta de relación causal entre su labor y el daño emergente para M. y el Dr. Q. aduciría también que su tarea no es la que produjo la imposición de las costas a la actora. En suma, en un caso en que una parte perdió el proceso por caducidad de la instancia por negligencia profesional y tiene que cargar las costas del juicio -situación paradigmática de responsabilidad del abogado- ningún letrado resultaría responsable ya que cada uno invocaría distintos tipos de causalidades en defensa de su posición; la letrada que confeccionó la demanda una causalidad determinada jurídicamente (el proceso terminó por perención sin su participación) y el Dr. Q. una causalidad hipotética que sirve para la cuantificación de una pérdida de chance ya acreditada (el proceso debería haber terminado de otra forma) incorporando aquí un régimen que, como quedó señalado, se encuentra vinculado con demandas con reclamos específicos respecto a posibilidades de ganar.

Decía antes que el planteo del demandado conduce a resultados ilógicos. El Dr. Q. sostiene que en caso de demanda por reintegro de costas por perención de la instancia debe utilizarse el procedimiento de cuantificación de la chance y rechazarse el reclamo de M.. Cuando se adopta este criterio se prejuzga respecto a una cuestión que puede encontrase todavía abierta a la discusión entre los litigantes originales en caso de no haberse producido la prescripción de la acción. En este supuesto, la parte que demanda nuevamente al anterior demandado resultando victoriosa podrá alegar que el fundamento de la sentencia del segundo juicio -donde se le dijo que no tenía probabilidades de ganar- ha quedó desmentido por el fallo del tercer proceso que efectivamente hizo lugar a la pretensión contra el demandado original.

En suma, el Dr. Q. plantea una defensa respecto de un reclamo que no fue el realmente demandado por M. -pérdida de chance- y en este intento, bien fundado por cierto, no advierte que las costas fueron impuestas por su mala praxis profesional según una causalidad concreta y jurídicamente determinada en este proceso, sin que tengan relevancia alguna las probabilidades que tenía la actora de resultar vencedora en la causa “M. c. G.”.

b. El daño

El demandado sostiene que la actora no probó la autenticidad de los recibos correspondientes a los pagos efectuados a los profesionales que intervinieron en el proceso “M. c. G.” de manera que no se ha acreditado la existencia de daño en el presente juicio que haga admisible indemnización alguna. Concretamente adujo que el juez de grado determinó la procedencia de los rubros reclamados por la actora admitiendo lo solicitado por daño emergente por la suma de $ … por entender que estas han sido las sumas pagadas por aquella según se acreditó en estos autos al haber sido recibidas por los respectivos acreedores. Cuestiona que se haya admitido en la sentencia a tal fin un acuerdo celebrado con los Dres. T. y L. y la existencia de unas facturas que habrían permitido tener como efectivamente abonadas las sumas establecidas en concepto de honorarios. Sostiene el recurrente que se trata de instrumentos privados sin su intervención y respecto de los cuales en la oportunidad procesal correspondiente -apartado II de puntos 45 y 46 del escrito de fs. 174/180- expresa y concretamente había negado en forma categórica la veracidad y autenticidad de la totalidad de la documentación obrante a fs. 153/156 que había sido acompañada por la actora.

Sobre esta materia, la demandante afirma en la contestación a la expresión de agravios del vencido que si alguna duda tenía acerca de su autenticidad, “debió redargüir de falsedad por la vía que correspondía”, lo que no hizo tanto respecto de los pagos realizados a los Dres. C. J. L. y J. W. T. como en relación a la perito arquitecta A. L. K.. Alude la demandante a lo dicho por el perito contador D. E. T. quien afirmó que el 7-6-12 reunió a todos los mutuantes en el estudio del Dr. D. y en presencia de todas las partes con asistencia del Dr. C. E. S. M.

La demanda tenía por objeto el cobro de la indemnización derivada de los daños y perjuicios ocasionados por la mala praxis profesional del Dr. Q. como opción principal y reclamando en subsidio que se lo condenara a cancelar todas los honorarios que habían sido fijados en la causa “M. c. G.”. La actora pretendía acreditar con la denuncia de hechos nuevos las deudas que debió asumir para afrontar los pagos a profesionales por el juicio “M. c. G.” y dar cuenta de los pagos efectuados a esa fecha -11-11-09- a los Dres. L., T. y de la I. y a la arquitecta K. según acuerdos y recibos que comprobarían esas erogaciones. La actora solicitó en el petitorio que se tuvieran por denunciados los hechos nuevos -consistente en la asunción de esas deudas- y se tuvieran presente los importes cancelados a los profesionales.

Las piezas agregadas con el escrito de denuncia de hechos nuevos consistían en algunos acuerdos y en un escrito titulado “Informan pago de honorarios con quita parcial. Formulan remisión de deuda por la diferencia” en el cual los Dres. T. y L. dan cuenta de haber recibido de M. las sumas de $ … más IVA y $ … más IVA. La pieza se refiere a los autos “M. de R., R. c/G., J. y otro s/revocación de acto jurídico” expediente n° 42.202/01 (sic) por los trabajos allí cumplidos y por los realizados en “M. de R., R. c/G., J. s/medidas precautorias” expte. 12.304/2009. El escrito se encuentra supuestamente suscripto por estos letrados y también por el Dr. C. D. (obrante en sobre de documentación reservada). El resto de la documentación acompañada son instrumentos privados con firmas cuya autenticidad ha sido acreditada mediante la intervención del escribano público y en los cuales se probaría que M. tomó varios préstamos para pagar, según el escrito en que se ejerció la facultad conferida por el art. 365 del Código Procesal, las deudas que se tenían por aquel entonces que habían sido originadas por la declaración de caducidad de la instancia y por la imposición de las costas a la actora vencida en ambos expedientes.

Como bien se afirma en la expresión de agravios, el demandado desconoció la autenticidad y la veracidad de la totalidad de la documentación aportada por la actora en el escrito de denuncia de hechos nuevos con el cual se acompañaban la aludida documentación de fs. 153/156. Negó que se hubieran asumido deudas con terceros y en particular desconoció la autenticidad y veracidad del instrumento que contiene el acuerdo con la arquitecta K., de la documentación adjuntada por la actora como la factura de la escribana M. E. D., mutuos contratados con P., H., B. y Subito S.R.L., factura de T. y de L., del escrito en el que informan pago de honorarios y de las firmas estampadas en los instrumentos.

La actora no ofreció ni produjo prueba alguna tendiente a demostrar la autenticidad de los recibos suscriptos por los Dres. L. y T. y por la arquitecta K. En este sentido cabe señalar, asimismo, que el escrito supuestamente suscripto por los Dres. L. y T. en el que daban carta de pago por los honorarios correspondientes a su intervención en la causa “M. c. G.” se encuentra en original acompañado a este proceso sin haberse agregado a aquellos autos. La situación es algo distinta respecto a la perito K. quien presentó un escrito el 30-12-11 donde supuestamente reconoce haber percibido el pago de M. de R. (ver fs. 1459/vta.).

Corresponde desestimar, entonces, que se tengan por cancelados los importes indicados en el escrito de fs. 159/162 con lo cual resulta irrelevante examinar si se tomaron préstamos para satisfacer pagos que no han sido acreditados en el presente expediente.

Advierto, sin embargo, que la demanda tiene por objeto la indemnización del daño emergente mientras que el alcance del escrito de fs. 159/162 era relativamente limitado en tanto lo único que se reclamaba era que se tuvieran presentes la deudas contraídas para “atender parte de los daños provocados por el demandado debido a su mala praxis profesional” (ver petitorio punto 3). El daño emergente se tenía por configurado por la imposición de costas y por las regulaciones de honorarios y en un acto de buena fe la actora señaló que limitaba su pretensión a raíz de acuerdos celebrados con los profesionales mediante los cuales había obtenido una quita a las respectivas acreencias.

El defecto imputado correctamente a M. en cuanto al ofrecimiento y producción de prueba respecto a esos documentos no obsta a la admisión de la demanda que se basó en el daño emergente causado sin que el escrito de fs. 156/162 haya tenido otro objeto más que el indicar que se habían pagado algunas de las sumas por honorarios y que se habían asumido deudas por ese concepto. El daño emergente denunciado en la demanda consistente en los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la responsabilidad por mala praxis profesional (ver fs. 14) es el mismo que fue determinado en el escrito de denuncia de hechos nuevos donde se requirió que se tuvieran presente las deudas contraídas “para atender parte de los daños provocados por el demandado debido a su mala praxis profesional” (ver fs. 162 vta.).

Y esto es así porque, como ha señalado esta Sala los honorarios y la tasa de justicia son un daño futuro pero no por ello menos cierto que debe ser reintegrado por el deudor a la obligada al pago (ver c. “C., G. R., c. K., C. A” del 23-11-06, La Ley Online AR/JUR/9698/2006). El daño ocasionado por dicho decisorio es cierto y una consecuencia de la actuación profesional negligente del abogado (CNCiv., Sala H, “H, H., G.A. c. C.S.” del 4-2-09, RCyS 2009-VI, 161).

La idea que sostiene el demandado es que al no haberse demostrado el pago de las costas no existiría daño en el patrimonio de la demandada. Ha señalado sobre este tema el Dr. Calatayud que el hecho de que no se hayan saldado aún los honorarios regulados y firmes no impide ejercer acción por vía judicial, puesto que el daño existe y es cierto habida cuenta de que la parte estaba condenada en costas por esos emolumentos. Por consiguiente, el demandado -continuaba mi distinguido colega- se halla obligado al pago y el hecho de que no lo hubiera hecho efectivo aún nada modifica la situación pues el perjuicio estaba ya configurado y concluía señalando que de estar a un argumentación como la del demandado, en un accidente de tránsito en que el automóvil siniestrado no hubiera podido ser reparado por falta de fondos de su propietario, no cabría la condena en hacer frente a este daño (“M., W. H. c. G., C.A.” del 27-9-99, La Ley Online AR/JUR/1470/1999 y también CNCiv., Sala I, voto del Dr. Ojea Quintana, “S., I. B. c. R., L. G.” del 18-10-05, La Ley On Line AR/JUR/3441/2005).

Las costas por la derrota constituyen un daño emergente en el patrimonio de la actora que tiene un pasivo anteriormente inexistente. En ese carácter fue reclamado su resarcimiento en el escrito de inicio y así fue concedido por el juez de grado con sustento en un pago que considero no probado pero que, según lo expresado, no altera el detrimento que por ese motivo se ha producido en el patrimonio de M.. Y toda vez que no se modifica ante esta alzada el reclamo originariamente formulado por la acreedora no encuentro motivos para concluir, como sostiene el demandado, que no exista daño que deba ser reparado en este proceso por el solo hecho de que se haya omitido probar el pago de las deudas a las cuales estaba inequívocamente obligada M. frente a los profesionales que iniciaron, algunos de ellos, sus respectivas ejecuciones de honorarios.

Sugiero, por consiguiente, que se desestime este agravio del demandado.

IV. Agravios de la actora.

a. Daño moral

Corresponde a continuación examinar los planteos formulados por la actora. El primero de ellos se relaciona con el daño moral que le habría causado la derrota sufrida en el juicio “M. c. G.”. La actora no demandó por pérdida de chance en este proceso de manera que resulta inadmisible considerar como relevante el agravio que le habría podido causar una demanda cuya eventual procedencia no puede ser aquí examinada para no afectar el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4º y º63 inc. 6º del Código Procesal). La cuestión se limita, pues, a estudiar si M. se ha visto realmente afectada en el ámbito de lo anímico por haber tenido que reintegrar las costas en un juicio que concluyó por mala praxis de su exletrado patrocinante.

Toda persona que inicia una causa sabe -o debería saber- que si resulta derrotada la consecuencia impuesta normativamente es la imposición de las costas originadas por el desarrollo del proceso judicial en virtud de lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal. Quizás en este aspecto podrían formularse algunas consideraciones en torno a las expectativas de la actora en base al análisis ya formulado. Podría distinguirse, por ejemplo, entre el agravio moral que causa el hecho de haber sido privada injustamente de la chance de resultar victoriosa en un proceso de otro distinto que consistiría en el menoscabo causado simplemente por ser derrotada en el primer juicio por haberse declarado la caducidad de la instancia. De seguirse esta distinción lo que debería examinarse no son las expectativas que tenía de ganar -frustradas definitivamente en la pérdida de chance- sino aquellas que tenía de no perder en un proceso en el cual había sido patrocinada por su letrado esperando de este profesional el debido asesoramiento respecto de la continuación del juicio que terminó, como queda dicho, por exclusiva responsabilidad del Dr. Q.

Esta Sala ha considerado en diversas oportunidades el agravio moral que causa la pérdida de chance teniendo en cuenta las posibilidades que tenía el actor frustrado de haber resultado victorioso o derrotado para conceder o denegar, según fuera el caso, este tipo de indemnización (ver c. “K., L. J. c. S., V. A.” del 20-9-10, DJ 26/01/2011, 53; N., H. J. c. G. E. F.” del 14-10-96, La Ley Online AR/JUR/2341/1996 y “C., G.R. c. c. K., C. A.” del 23-1-06, La Ley Online AR/JUR/9698/2006). Pero como este es un proceso en el que solamente se pidió el reintegro de las costas, la cuestión se refiere al posible agravio que puede tener una persona que acciona por el hecho de que se declare operada la caducidad de la instancia en un proceso que se desconoce si podría o no haber ganado atento a los límites impuestos en la demanda misma. Y eventualmente las molestias que puede causar que un juicio sea perdido por una declaración de caducidad de la instancia cuando la misma parte podría haber sido derrotada, como aduce el demandado, en un caso en el que claramente no integró la litis en los términos requeridos por la Sala G de esta Cámara, ni indicó con fundamento real que hubiera un impedimento legal para cumplir con ese recaudo procesal de admisibilidad de la acción de nulidad del acto jurídico.

Y en este tipo de examen no encuentro que quepa admitir el agravio moral en los términos reclamados en el escrito de inicio ante la falta de prueba concreta sobre las repercusiones que pudo haber causado una derrota a menudo esperable cuando se promueve un proceso judicial de complejas características como es el que ha sido anteriormente descripto.

Ocurre que, esta Sala ha decidido invariablemente que dentro de la órbita de la responsabilidad contractual -tal cual es la hipótesis del caso-, prima en doctrina y jurisprudencia un criterio restrictivo en materia de reparación del daño moral (conf., entre muchas otras, causas 185.911 del 29-2-96, 2799 del 28-12-83 y 68.364 del 13-6-90 y sus citas: Llambías, Obligaciones., t. I, p. 353; Cazeaux y Trigo Represas, «Derecho de las Obligaciones», 2ª ed., t. I, p. 382; Cichero, «La reparación del daño moral en la reforma de 1968», en ED, 66-157; Borda, op. cit., t. I, p. 195, N° 175; Mayo en Belluscio, «Código Civil Comentado, Anotado y Concordado», t. 2, p. 733, N° 4; sala «F» en LA LEY, 1978-B, 521; íd., en ED, 88-628; sala «G» causas 264.600 del 21-11-80 y 283.173 del 25-10-82).

Ello es así, por cuanto la interpretación que se ha dado al verbo «podrá» empleado por el legislador de 1968 en la redacción del nuevo art. 522 del Cód. Civil, permitió entenderlo en el sentido de que la imposición de un resarcimiento por el concepto indicado producido por el incumplimiento de una obligación contractual ha quedado librada al prudente arbitrio judicial, a cuyo fin el juzgador se encuentra facultado para apreciar libremente el hecho generador y sus circunstancias, a efectos de imponer o liberar al deudor de una reparación y sin que pueda inferirse de cualquier molestia que ocasione el aludido incumplimiento (conf. sala «C» en ED, 60-226; esta sala, causas 19.986 del 2-4-86, 25.033 del 17-11-86 y 25.465 del 24-2-87, también entre muchas otras).

Por ello, propongo que se desestime la queja de M. y se mantenga lo decidido en el fallo de primera instancia en cuanto a este rubro indemnizatorio.

b. Tasa de interés.

Asimismo, la actora solicita que se modifique la sentencia de primera instancia en cuanto aplicó la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina sobre los montos de cada pago efectuados por la actora en concepto de honorarios acordados con los profesionales contrarios y peritos en el juicio caducado hasta la sentencia recurrida, y la tasa activa a partir de ella. Aduce que esa solución resulta injusta en tanto corresponde que se emplee la tasa activa del Banco Nación desde cada pago efectuado porque ha debido recurrir a préstamos a terceros sumado a la inocultable pérdida del valor adquisitivo de la moneda y al efectivo daño patrimonial causado por el demandado que provocó la pérdida de chance de reclamar por el derecho al haberse producido la prescripción de la acción.

La condena en costas es un daño cierto consistente en un derecho personal que tienen los acreedores a cobrarse sobre el patrimonio de la parte vencida los honorarios regulados en el proceso. Los Dres. L. y T. y la arquitecta K. iniciaron el cobro de sus honorarios en el proceso “M. c. G.” donde obtuvieron la transformación en ejecutorios de los embargos preventivos anotados sobre bienes de la deudora (ver providencias de fs. 1389 del 31-8-10 y fs. 1430 del 25-2-11 y el resumen efectuado por el juez de grado a fs. 670 vta. de estas actuaciones). De la lectura de la demanda resulta que se reclamó la indemnización por una suma en concepto de capital “con más los intereses y eventuales honorarios de ejecución” (ver fs. 14 vta.). La sentencia dispuso calcular la tasa pasiva desde el momento en que los pagos fueron realizados (ver fs. 672). Lo que podría haberse considerado como un daño cierto futuro -que hacía admisible el reclamo original- quedó adicionalmente consolidado como un daño actual respecto a M. al verse afectado su patrimonio mediante las ejecuciones de honorarios iniciadas por los profesionales trabadas con embargos sobre sus bienes.

Sobre este punto entiendo que corresponde la aplicación de la tasa activa respecto de obligaciones de dar sumas de dinero establecidas en las regulaciones de honorarios sin necesidad de acreditar, como intentó la actora, la toma de préstamos para los pagos porque se presume que tal es el interés que debe emplearse en este tipo de cuestiones (ver mi voto en el plenario “Samudio”, resp. a la tercera cuestión).

Por ello propongo que respecto de estas sumas se tengan como fechas a partir de las cuales M. reclamó el cobro de intereses las correspondientes a aquellas como denunciadas en que se habrían satisfecho los honorarios de los mencionados profesionales ante la falta de proposición de otro hecho alternativo por parte de la actora y desde aquellas datas en adelante a la tasa activa indicada según criterio no obligatorio del fallo “Samudio” hasta el 1° de agosto de 2015 y desde la entrada en vigencia del nuevo sistema legal según la facultad conferida a los jueces en el art. 768 inc. c del Código Civil y Comercial de la Nación (ver mi voto en c. 72.779/06 de esta Sala del 14-9-15).

c. Condena eventual.

Señala la recurrente en la expresión de agravios que en la sentencia se omite “una circunstancia de futuro” que puede preverse para evitar un dispendio mayor refiriéndose a los emolumentos regulados a profesionales y peritos con lo cual solicita que se modifique el fallo disponiendo “que, en caso de que alguno de esos honorarios deban ser cancelados por la actora más adelante, su importe formará parte de esta condena para su pago” con los accesorios según tasa activa (ver fs. 707).

M. había pedido en su demanda el cobro de la indemnización derivada de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la responsabilidad por mala praxis profesional del Dr. Q. que se promovió por la suma de $ … que correspondía al cálculo de los honorarios fijados en la causa “M. c. G.” descontando el de una profesional que tenía un “pacto a resultado” (ver fs. 14 y 16/vta.). Posteriormente en su escrito de denuncia de hechos nuevos del pago de honorarios a profesionales y de toma de préstamos precisó que había quedado sin pagar la deuda reclamada por la AFIP indicando que para el caso de que M. “pueda afrontarlas en el futuro” formulaba expresa reserva de denunciar cada uno de esos pagos a medida que se fueran efectivizando (ver fs. 159 vta.).

El juez de primera instancia dijo que la actora no había acreditado haber afrontado otros de los pagos enumerados en ese listado ni existir en el proceso “M. c. G.” ninguna ejecución de honorarios iniciada por esos profesionales. Agregó a continuación que con estos elementos se podía concluir que no existía a la fecha del fallo de primera instancia un daño patrimonial que pudiera reclamar M. proveniente de su condena en costas originado en el proceso caducado aseverando, además, que no cabía afirmar la existencia de un daño actual por lo cual estimó procedente el rechazo del reclamo con relación a todos los honorarios que no habían sido abonados.

La actora ha consentido la sentencia en lo referente a la deuda de la AFIP en tanto no ha mediado pronunciamiento sobre ese punto ni se ha reclamado en esta instancia condena en relación a la deuda impositiva con lo cual solo cabe examinar la cuestión vinculada con los honorarios de peritos y abogados.

Y sobre este aspecto entiendo que la propia actora ha limitado la posibilidad de llegar a una condena en los términos reclamados. El daño emergente futuro y cierto originado por la imposición de costas se subordina ahora a la posibilidad de que eventualmente sea reclamado por los distintos acreedores de la actora. Con esta aclaración resulta imposible dictar un pronunciamiento análogo -aunque no idéntico- a las denominadas sentencias de condena en tanto estas requieren que exista una indiscutida obligación de efectuar una prestación en fecha determinada con certeza acerca del contenido de la ejecución (Molina Portela, Carlos, Condena de futuro, Buenos Aires, Ghersi, 1984, págs. 34 y 35). M. somete el reclamo a una eventualidad -que le sean reclamadas las deudas- sin que pueda, en el estado actual de esta causa, mandarse a pagar un monto cuyos accesorios resultan actualmente indeterminados. De admitirse una condena en estos términos se incurriría en una suerte de decisión extra petita en tanto se concedería algo a lo que la propia actora ha renunciado hasta el momento en que se le reclame eventualmente por los restantes profesionales que intervinieron en la causa “M. c. G.” en violación al principio procesal de congruencia (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del Código Procesal).

Por las razones expuestas propongo que se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y que se la modifique respecto al cómputo del interés mandando que se aplique la tasa activa en los términos explicados en los párrafos precedentes con expresa imposición de costas al demandado vencido (art. 68 del Código Procesal).

Los señores jueces de Cámara Dres. Dupuis y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

 

MARIO P. CALATAYUD. JUAN CARLOS G. DUPUIS. FERNANDO M. RACIMO

 

Este Acuerdo obra en las páginas N a N del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

 

Buenos Aires, … noviembre de 2015.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 663/673 y se la modifica respecto al cómputo del interés para lo cual se aplicará la tasa activa en los términos explicados en los considerandos. Costas al demandado vencido (art. 68 del Código Procesal). Se difiere la consideración de los recursos contra los honorarios de los profesionales intervinientes y la fijación de los correspondientes a esta instancia para cuando obre liquidación aprobada. Notifíquese y devuélvase.

 

007924E

       
Cita digital del documento: ID_INFOJU106905

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