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JURISPRUDENCIAObra social. Cobertura. Plan superador. Afiliación. Persona jubilada. Cuota
Se establece que el acceso a un plan de salud superador contratado con una obra social, por parte de una jubilada, no impide la modificación del monto a pagar por parte de la entidad, así como también el derecho a dejar sin efecto dicho plan.
Buenos Aires, 28 de junio de 2016.
VISTOS: los recursos de apelación interpuestos y fundados por: la actora a fs. 40/41 y la demandada a fs. 45/47 vta. contra la sentencia definitiva de fs. 34/37 vta., cuyo traslado fue contestado sólo por la actora a fs. 49/50 vta. y los recursos de apelación de honorarios interpuestos a fs. 43 y fs. 47 vta., y
CONSIDERANDO:
I. El Sr. Juez de primera instancia admitió la acción interpuesta y condenó a la Obra Social de la Unión Personal Civil de la Nación a mantener la afiliación de la Sra. P.N.A. y las prestaciones médico-asistenciales correspondientes al Plan 0202, debiendo la actora efectuar los aportes que correspondan al plan superador. Aplicó las costas a la vencida.
II. La parte actora se agravia sólo respecto de la obligación que se le impone de abonar la cuota diferencial correspondiente al Plan 0202, y sostiene que nunca había abonado diferencia económica alguna por el plan al que pertenecía cuando se encontraba en actividad, por lo que tampoco debería hacerlo en su condición de jubilada.
Por su lado, la demandada se agravia por la interpretación que el a quo efectuó respecto del art. 10 de la ley 23.660 y decretos 292/95 y 492/95, y finalmente, se queja por la regulación de honorarios y la imposición de costas.
III. En primer lugar y respecto del recurso de la Obra Social, cabe recordar, inicialmente, que el art. 267 del Código Procesal establece que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del decisorio que el apelante considere equivocadas, no bastando remitirse a presentaciones anteriores.
Así, pues, los agravios expuestos deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica en los términos de la norma citada, en tanto la finalidad de la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión del mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se hacen cargo del claro enfoque jurídico utilizado por el a quo para resolver la cuestión controvertida (conf. esta Sala, causa n° 5233/98 del 22.3.01, entre otras).
En este sentido, el memorial aludido no reúne mínimamente la condición apuntada, pues disentir con la solución judicial sin fundamentar debidamente su oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no constituye tal acto procesal (conf. esta Sala, causas n ° 39.397 del 17.7.97 y 1/00 del 27.3.02 y sus citas, entre otras).
En efecto, la demandada no se hace cargo de los fundamentos en los cuales el señor juez sustentó su sentencia sino que se limita a reiterar los mismos planteos efectuados con anterioridad y que ya han sido considerados en numerosas oportunidades por esta Cámara (cfr. esta Sala causas n ° 12.186/04 del 08-07-08; 956/08 del 27-08-09, entre muchas otras).
Obsérvese -como ya se ha dicho en reiterados casos- que la interpretación que la recurrente postula de los decretos 292/95 y 492/95 resulta inatendible, habida cuenta de que, tratándose de beneficiarios de la obra social en condición de trabajadores activos que pretenden mantener su afiliación al jubilarse, implicaría convertir en letra muerta la norma del art. 8 de la ley 23.660, que tiene jerarquía normativa superior (cfr. esta Sala, causas n° 162/02 del 12-03-02 y 2170/02 del 20-06-02; Sala I, causa n° 5931/98 del 18-11-99, entre otras).
Finalmente, en cuanto a la queja referida a la imposición de costas, y ante la circunstancia de que la actora se vio obligada a promover la presente acción ante la ineficacia del reclamo extrajudicial, justifica la aplicación del principio general en materia de costas (art. 68 del CPCCN), máxime en los supuestos en los que la prestación reclamada se vincula con la salud de las personas y su demora es susceptible de ocasionar perjuicios irreparables.
IV. Resta considerar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante.
Cabe señalar al respecto, que un nuevo estudio de la cuestión que aquí se plantea ha convencido a este Tribunal que no le asiste razón a la actora en el tema objeto de este agravio.
En efecto, el acceso a un plan superador presupone por parte de los afiliados la firma de un contrato y la reserva del derecho del Agente de Salud demandado a modificar el importe de la cuota correspondiente al plan superador determinada en función del nivel salarial, como así también el derecho de evaluar si las condiciones del nivel de ingresos del afiliado se mantienen con relación a la fecha de suscripción, pues en caso de producirse alteraciones, cabe la modificación del monto a pagar, como así también el derecho a dejar sin efecto dicho plan, en cuyo caso, el afiliado gozará de las prestaciones correspondientes al Plan Médico obligatorio. Por consiguiente, la determinación del plan, al igual que su costo, se deberá ajustar a las disposiciones reglamentarias de conformidad con las pautas expuestas (cfr. Sala I causa 8702/06 del 14-02-08; Sala II, causa 8103/11 del 4-6-14).
De lo contrario, implicaría colocar a la actora en una posición más ventajosa que la que tenía con anterioridad a su jubilación, pues se la eximiría del pago que realizaba a los efectos de contar con un plan denominado “superador” sin fundamentos suficientes, por lo que la Obra Social Unión Personal deberá mantener la afiliación de la actora en el Plan 0202 siempre que ésta continúe abonando la suma mensual que venía aportando con anterioridad al momento en que se acogió a la jubilación, importe que deberá acreditarse documentalmente en la instancia de origen.
En mérito de lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios, con costas a la demandada por resultar sustancialmente vencida (art. 70 del CPCCN).
Teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada por la letrada de la actora, Dra. Gabriela Faggioni y la naturaleza del derecho reclamado, se elevan sus honorarios en la suma de pesos DOCE MIL ($ 12.000) (apelados por altos y bajos) (cfr. ley arancelaria vigente).
Por las tareas profesionales efectuadas en Alzada, regúlanse los honorarios de la Dra. Gabriela Faggioni en la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) (art. 14 de la ley arancelaria vig.).
El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, notifíquese -oportunamente publíquese- y devuélvase.
Graciela Medina
Ricardo Gustavo Recondo
Gómez, Marciano c/Unión Personal s/amparo de salud – Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. – Sala I – 16/09/2014
010089E
