Se revoca lo decidido en cuanto a la tasa de justicia, pues las consideraciones que efectuó el a quo relacionadas con los beneficios económicos que se generaron para la sociedad como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución del directorio y los gastos informados por el perito en su dictamen no pueden asumir una función de envergadura, ya que esos guarismos no constituyeron el objeto de la pretensión.
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