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JURISPRUDENCIAAlimentos. Hijos menores. Responsabilidad parental. Obligación alimentaria. Cambio de empleo
Se confirma la sentencia que fijó en un 22% de sus haberes la cuota alimentaria que debía abonar el progenitor a favor de su hijo menor, y se estableció que esta se determinaría sobre el actual empleo del demandado y/o respecto de quien resulte empleador en lo futuro. Es que, en ejercicio de la responsabilidad parental, corresponde prever el eventual cambio de empleador del alimentante, si dicha circunstancia ocurre con frecuencia.
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los siete días del mes de marzo de 2017, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Doctores Guillermo E. Ribichini, Abelardo Angel Pilotti y Leopoldo L. Peralta Mariscal, para dictar sentencia en los autos caratulados: «M. S. A. c/ C. J. E. s/ ALIMENTOS» (Expediente Nro. 147.938), y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Pilotti, Peralta Mariscal y Ribichini, resolviéndose plantear y votar las siguientes
CUESTIONES
1ra.)¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada de fs.167/170?
2da.)¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
VOTACION
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. PILOTTI DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo de alimentos formulado por S. A. M. en representación de su hijo menor B. C.. Fijó la cuota alimentaria que deberá abonar en su favor su padre, J. E. C., en el 22% de los haberes que por todo concepto perciba como dependiente de la empresa Hilson S.R.L., con un piso mínimo de $3.500 para el caso de que el cálculo de dicho porcentaje resulte inferior a ese monto, desde la solicitud de etapa previa. Ordenó que la cuota se integre con las asignaciones familiares y ayuda escolar anual que el accionado efectivamente perciba y que continúe solventando a favor del menor el costo de la obra social OSDE. Dispuso que la cuota establecida sea depositada entre el 1 y el 10 de cada mes en la cuenta judicial perteneciente a los presentes autos.
Difirió la fijación de las cuotas complementarias destinadas al pago de los alimentos atrasados para el momento en que se practique la liquidación pertinente. Finalmente, impuso las costas del juicio al demandado y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
Contra este pronunciamiento se alzan ambas partes fundando la actora su recurso a fs. 182/185 y la demandada a fs. 195/196, obrando sus réplicas a fs.191/193 y 198/199 respectivamente.
Se agravia la actora de que el porcentaje establecido como cuota se haya determinado sobre «los haberes que por todo concepto percibe como dependiente de la empresa Hilson S.R.L.», pues alega que el demandado cambia de empleo a menudo y que deberá iniciar frecuentemente incidentes de modificación que obstaculizarán la oportuna percepción de la cuota. Por ello, solicita que se ordene que el porcentaje decretado lo sea sobre «el empleador actual y/o quien resulte empleador en lo futuro».
Critica también su cuantía por considerar que los viajes al exterior, el valor de la vivienda que alquila con su actual pareja en un costoso barrio de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires y los movimientos de la cuenta bancaria acreditados en el expediente sugieren una mayor capacidad patrimonial del alimentante. Asimismo justifica el agravio referido al quantum de la cuota en los mayores costos de jardín y niñera que le insume asumir con exclusividad el cuidado personal del niño, dado que el padre del niño vive en otra localidad y no colabora en este aspecto. Por último se agravia de que el a quo haya omitido establecer la retención directa como modalidad de pago.
En su réplica, el demandado arguye su innecesariedad en atención a su puntual cumplimiento, que los viajes al exterior los hizo hace tiempo y que fueron costeados por sus progenitores, y que los movimientos bancarios que la actora señala pertenencen a la cuenta de su padre, quién es médico de profesión, y que corresponden a pagos de honorarios efectuados por las obras sociales.
Por su parte, el alimentante se agravia de que el magistrado de primera instancia tomara como base para el cálculo de la cuota el importe de un sueldo que incluía el SAC, lo que arroja como resultado un piso mínimo mayor al porcentaje establecido. Asimismo, critica el porcentual fijado por considerarlo excesivo dado que no cuenta con vivienda propia, bienes de valor, ni otro ingreso más que su salario. Finalmente, apela los honorarios regulados por altos.
A fs. 198/199 luce la réplica de la actora que no trae elementos novedosos que merezcan ser particularmente reseñados, sin perjuicio de ponderarlos a la hora de decidir.
II. En virtud del cambio legislativo operado en nuestro país a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial (aprobado por ley 26.994) la cuestión traída en apelación se resolverá teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 7 de dicho cuerpo normativo.
Ello así, considerando la fecha en que fue iniciado este proceso, se aplicará para las cuotas devengadas hasta el 31 de julio de 2015 lo previsto por los arts. 265, 267 y cc. del C.C. y para las posteriores los arts. 658, 659, 660, 666 y cc. del C.C.C.N. (en igual sentido, expte. nro. 145.372, L.S. 36, N.O. 154 del 25/8/2015, entre otros).
III. El agravio de la actora referido a la omisión de contemplar eventuales cambios de empleador por parte del alimentante debe prosperar, pues surge del expediente que ello ha sucedido con frecuencia y puede preverse que suceda en lo futuro. En consecuencia, el porcentaje correspondiente a la cuota alimentaria ha de determinarse sobre los haberes que por todo concepto perciba el demandado -deducidos los descuentos de ley- como dependiente de la firma Hilson S.R.L. y/o quien resulte empleador en lo futuro.
En relación a la medida del porcentaje fijado, no pueden prosperar los agravios de la actora ni los de la demandada. La prestación alimentaria a favor de los hijos menores es uno de los deberes que impone a sus padres la responsabilidad parental, sin que se requiera prueba sobre sus necesidades, las que se presumen, sin perjuicio de que la cuota deba ajustarse a las posibilidades económicas del obligado y a la contribución del otro progenitor.
Quedó probado en autos que la actora se ocupa en forma exclusiva del cuidado personal del niño en atención a que su padre reside en otra ciudad, que habitan una vivienda simple equipada con lo elemental y que los recursos económicos con los que cuentan son escasos -v. informe socio ambiental a fs. 130/131-, circunstancias que fueron debidamente merituadas por la magistrada de la instancia anterior junto con la capacidad económica del alimentante, a efectos de establecer la cuota, y no logró probar la accionante los mayores ingresos del alimentante que alega, consecuentemente, sus argumentos no tienen la entidad suficiente para modificar lo resuelto.
Los del demandado tampoco consiguen conmover lo decidido por la a quo, pues de las actuaciones surge que ostenta un modo de vida bastante más holgado que el de la actora y el hijo de ambos, pues estudia en una universidad privada por la que abonaba -al año 2014- $2.110 de cuota mensual y se desempeña como empleado en relación de dependencia. Como contraprestación percibe una remuneración que la Afip informó en $15.530,82 -v. fs.146- y que pretende desvirtuar con simples manifestaciones que no merecen ser acogidas, pues encontrándose en mejores condiciones de probar sus ingresos ha omitido hacerlo, lo que de ningún modo puede derivar en una presunción en su favor.
En definitiva, teniendo en cuenta la edad del niño, sus necesidades, los recursos económicos de su madre y el aporte que realiza con su cuidado personal, las posibilidades económicas del alimentante y las consideraciones ut-supra efectuadas, concluyo en que la cuota alimentaria establecida en primera instancia en el 22% de los haberes del accionado con un piso mínimo de $3.500 se ajusta a derecho y debe confirmarse (arts. 658, 659, 660 y cctes. Código Civil y Comercial).
El agravio de la actora relativo a la omisión de ordenar la retención directa no puede ser tratado en esta instancia, atento a que en su memorial introduce una cuestión que no fue sometida al conocimiento de la jueza de grado anterior (art. 266 y 272 Código Procesal Civil y Comercial).
Por todo lo expuesto, a la primera cuestión
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Por iguales fundamentos el Sr. Juez Dr. Ribichini votó en el mismo sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DR. PERALTA MARISCAL DIJO:
Discrepo en dos cuestiones con el voto del distinguido colega que abre el acuerdo, que ya hizo sentencia.
1. Es verdad que las necesidades de un hijo menor se presumen y que por lo tanto no necesitan ser probadas. Pero debe aclararse que ello es así para la procedencia de la fijación de la cuota y, si se quiere, para determinar un mínimo; pero para que la prestación cubra las necesidades reales -y no solo las básicas y presumibles- del menor es necesario abonar la prueba respecto de las reales necesidades y gastos que hacen al nivel de vida del alimentado (art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial).
2. No comparto que el porcentaje de la cuota alimentaria, determinado en un veintidós por ciento, deba establecerse sobre los haberes que por todo concepto perciba el demandado como dependiente de la firma Hilson S.R.L. “y/o quien resulte empleador en lo futuro”. Si bien es presumible que cambie de trabajo, no tenemos la menor idea sobre el eventual nivel de ingresos, siendo evidente que si estos fueran mucho menores, el porcentaje de la cuota debería aumentar, pues con el 22% no se cubrirían las necesidades básicas del alimentado. Esto quedaría superado, es verdad, por el mínimo de $3.500 fijado, en tanto no sea deteriorado por la inflación. Pero si en su nuevo trabajo el demandado percibiera ingresos sustancialmente mayores, quizá un 22% de cuota sería demasiado. No es algo que podamos saber hoy, pero justamente por eso no es razonable fijar el mismo porcentaje independientemente de cuál sea el trabajo y el empleador del demandado. La determinación de la cuota es una cuestión de hecho que debe determinarse caso por caso.
De compartirse la postura que hizo sentencia se podrían establecer de antemano porcentajes de cuota alimentaria estandarizados de acuerdo a la cantidad y edad de los hijos a alimentar, lo que no solo no es procedente, sino que día tras día, en nuestra función, analizamos las vicisitudes de cada caso en particular, fijando cuotas alimentarias en porcentajes distintos según las circunstancias del caso, entre las que cuenta -sin duda alguna- el nivel de ingresos del alimentante.
Con ese alcance, voto por la negativa.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ DR. PILOTTI DIJO: De acuerdo con el resultado arribado al votar la cuestión anterior corresponde confirmar en lo principal la sentencia apelada, modificarla en cuanto a que el cálculo del 22% correspondiente a la cuota alimentaria ha de determinarse sobre los haberes que por todo concepto perciba el demandado -deducidos los descuentos de ley- como dependiente de la firma Hilson S.R.L. y/o quien resulte empleador en lo futuro (arts. 658, 659, 660 y cctes. Código Civil y Comercial).
Confirmar la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes (arts. 13, 14, 15, 16, 21 y 39 del decreto-ley 8.904).
Propongo que las costas de Alzada sean soportadas por el alimentante vencido (arts. 68 y 69 C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
Los señores jueces doctores Peralta Mariscal y Ribichini votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó este Acuerdo dictándose la siguiente
SENTENCIA
Y VISTOS: CONSIDERANDO: que en el Acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la sentencia apelada se ajusta a derecho.
POR ELLO Se resuelve: 1) Confirmar en lo principal la sentencia de fs. 167/170, modificándosela en lo atinente al cálculo del 22% correspondiente a la cuota alimentaria, el que se determinará sobre los haberes que por todo concepto perciba el demandado -deducidos los descuentos de ley- como dependiente de la firma Hilson S.R.L. y/o quien resulte empleador en lo futuro (arts. 658, 659, 660 y cctes. Código Civil y Comercial). Las costas en esta instancia se imponen al alimentante vencido. II. Confirmar la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes (arts. 13, 14, 15, 16, 21 y 39 del decreto-ley 8.904).
III. Teniendo en cuenta la importancia del asunto y el mérito de la labor desarrollada ante esta Alzada, fíjanse los honorarios del Dr. W. G. d. F. en tres mil pesos y de la Dra. M. M. P. en dos mil pesos (arts. 16, 21, 31, 39 y cc. dec. ley 8904). Oportunamente deposítese el adicional de ley.
Hágase saber y devuélvase sin más trámite.
(Fdo.: Ribichini. Pilotti. Peralta Mariscal. Ante mí: Vera)
P., A. M. c/ F., C. J. s/alimentos – Sup. Trib. Just. Jujuy – 01/12/2016
014297E
