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JURISPRUDENCIAAlimentos. Aumento de cuota alimentaria. Prueba. Responsabilidad parental. Hijos menores. Adolescente. Tasa activa de interés
Se modifica el pronunciamiento apelado en cuanto al monto de la nueva cuota alimentaria a favor de la hija menor adolescente del alimentante, y se establece la tasa activa de interés desde la mora y hasta su efectivo pago. En ese sentido, la variación en los gastos que hacen al sostenimiento de la menor -los que caben presumirse, en atención a la mayor edad y el aumento del costo de vida que son de público y notorio conocimiento- justificó un razonable incremento de la cuota oportunamente acordada. Sin embargo, a los efectos de valorar el aumento de la cuota alimentaria, no se puede dejar de señalar que la progenitora también se encuentra obligada a contribuir con los gastos, ya que es una obligación legal que recae sobre ambos progenitores (artículo 658 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Buenos Aires, 20 de octubre de 2017.- NR fs. 126
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
Vienen estos autos a la Alzada a efectos de resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, el demandado y la Sra. Defensora de Menores, contra el pronunciamiento de fs. 318/324 y la regulación de honorarios allí contenida (ver fs. 332, fs. 342 y fs. 364). Los respectivos memoriales se encuentran agregados a fs. 345/348, 350/355 y 371 y fueron contestados a fs. 358/360 y fs. 374/375 por el demandado y a fs. 371 por la Sra. Defensora de Menores de Cámara.
I.- Se agravia la parte actora del decisorio aludido, en tanto rechazó la petición de alimentos extraordinarios y fijó la tasa activa únicamente para los períodos a devengarse con posterioridad al pronunciamiento, fijando la de un 8% anual para los anteriores. Por su parte, la Sra. Defensora de Menores sostiene que la cuota fijada en el pronunciamiento apelado resulta insuficiente en comparación al nivel de vida del demandado.
El demandado, en tanto, alega que la decisión cuestionada resulta arbitraria; que la nueva cuota fijada en la suma mensual de Pesos Veinte Mil ($20.000) más los rubros asumidos en el convenio homologado, supone un gasto mensual del orden de los $70.000 u $80.000; que el aumento de cuota se solicitó a cinco meses del convenio por el que las partes decidieron acordarla; que los motivos en que se ha fundado el aumento de cuota pretendido resultan ajenos a su parte; que los rubros asumidos en el convenio poseen rasgo dinámico y se actualizan por sí mismos; que según lo prevé el art. 658 del Código Civil y Comercial de la Nación la obligación alimentaria hacia los hijos recae en ambos progenitores y que la cuota fijada representa un 40% de los ingresos que -pese a no encontrarse acreditados- la propia actora invocó como pertenecientes al demandado.
Por razones de estricto orden metodológico, se analizarán en primer término los agravios vertidos por el alimentante.
II.- Tiene dicho este Tribunal que los presupuestos de admisibilidad del incidente de aumento de cuota alimentaria están dados por la variación de las circunstancias de hecho consideradas al establecerla, ya sea por el incremento de la fortuna o de las posibilidades económicas del deudor, o por el aumento de las necesidades del acreedor a cuya satisfacción integral debe tender la cuota. En este último caso, la factibilidad del aumento pretendido y sus concretos alcances deben guardar relación con la disponibilidad potencial de recursos por parte del obligado.
La obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental es amplia pues surge de los decrechos-deberes de crianza y educación de los hijos, más allá de reconocer el origen primario en la filiación. Su cuantía debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del desarrollo de los hijos y como regla general se determina por la condición y fortuna de ambos progenitores pues sobre ellos recae, aun cuando el cuidado personal esté a cargo de uno -arts. 658 y 659 del Código Civil y Comercial-. Las tareas que demanda el cuidado personal del hijo por parte de uno de los progenitores tienen un valor económico y su ponderación monetaria debe ser considerada un aporte para su manutención (CNCiv, Sala F, Recurso Nº: F040853 Fecha: 10-09-15, “M., M. V. c/ B., P. A. s/ aumento de cuota alimentaria”, sumario Nro. 24989 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil).
En efecto, según lo dispone la última parte del art. 659 del Código Civil y Comercial de la Nación, a los fines de la cuantificación de la cuota alimentaria deberá procurarse un adecuado equilibrio entre las necesidades de los hijos y la capacidad económica de los progenitores; a lo que cabe agregar la innovación introducida en el art. 660 del mismo cuerpo legal, por el que se reconoce expreso valor económico a las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo.
Bajo tales directrices, y a los fines de analizar la procedencia de los agravios vertidos, corresponde ponderar los distintos elementos probatorios incorporados al proceso, conforme a las reglas de la sana crítica que se derivan de lo normado por el art. 386 del CPCC. Ello, sin perjuicio de señalar que como es sabido, los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquellos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis.
III.- De los antecedentes de las causa, que se tienen a la vista, surge que el 13 de abril de 2015, cuando su hija contaba con trece años de edad, las partes acordaron como alimentos definitivos en su favor y a cargo del padre, el total de la cuota mensual y matrícula del establecimiento educativo al que concurre, así como el gasto del uniforme y útiles al inicio del ciclo lectivo y el gasto extraordinario de una de las actividades extraprogramáticas que realiza en el colegio durante el año. En dicho acuerdo se previó que cualquier incremento que se produzca en los rubros asumidas, serían absorbidos por el alimentante.
Al promover esta acción la actora relató que el 8 de julio de 2015 se divorció del padre de su primera hija (de quien se encontraba separada de hecho desde hace quince años), quien ya no contribuye a los gastos de su hogar. Alegó que por haber sido la única que se dedicó al cuidado de sus hijas no ha tenido disponibilidad para trabajar, que su primera hija sufre y sufrió afecciones en su salud y que lo mismo le ocurrió a su parte y a su ex cónyuge, todo lo cual -a su juicio- resulta imputable a la conducta del demandado. Señala que por haberse decretado el divorcio, su hija ya no cuenta con la obra social de su ex cónyuge, e invoca que en la actualidad el costo de dicha cobertura médica asciende a la suma de $4.863.
Ahora bien, tal como sostiene el demandado, las afecciones de salud invocadas, en tanto no se refieren a la hija de las partes, resultan ajenas a la obligación alimentaria que el demandado mantiene con esta última y que motiva estas actuaciones. Lo mismo cabe señalar respecto de la alegada falta de contribución del progenitor de su otra hija. Por su parte, el cese de la cobertura médica de la joven, ha pretendido acreditarse con la copia simple de fs. 5 sin que se haya ofrecido medio de prueba para corroborarlo.
Sin perjuicio de ello, no debe soslayarse que según reiteradamente se sostiene, con la mayor edad se presume el incremento de los gastos de educación, vestimenta, salud y esparcimiento de los hijos, lo que se deriva entre muchas otras cosas del incremento de actividades que hacen a la vida de relación.
De ahí que la variación en los gastos que hacen al sostenimiento de la menor -los que caben presumirse en atención a la mayor edad y el aumento del costo de vida que son de público y notorio conocimiento- justifican un razonable incremento de la cuota oportunamente acordada.
Y si bien las presentes actuaciones han sido iniciados a solo unos meses de celebrado el acuerdo, lo cierto es que el tiempo que insumió su tramitación, permiten suponer que las necesidades de la hija de las partes -que hoy cuenta con quince años de edad- se han incrementado.
A ello cabe agregar que según ha quedado demostrado en autos, el demandado es de profesión escribano, detenta la titularidad de varios rodados y varios inmuebles (ver fs. 124/139 y fs. 275/309), posee cuentas bancarias, bonos, acciones y tarjetas de crédito y desde el año 2015 ha viajado al exterior en ocho ocasiones (ver fs. 223/224).
Por su parte, el colegio al que asiste la niña ha informado los aranceles abonados desde abril de 2015, y que a noviembre del año 2016 la cuota ascendía a la suma de $14.153,66 (ver fs. 165/208).
IV.- A la luz de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que a los efectos de valorar el aumento de la cuota alimentaria no se puede dejar de señalar que la progenitora también se encuentra obligada a contribuir con los alimentos de la menor ya que es una obligación legal que recae en ambos progenitores (conf. art. 658 del Código Civil y Comercial de la Nación), entiende el Tribunal que en función de los términos del acuerdo oportunamente homologado y a la luz de los elementos arrimados al proceso, la nueva cuota fijada en el pronunciamiento recurrido resulta elevada, por lo que habrá de quedar establecida en la suma de Pesos Diez Mil ($10.000), con más los rubros asumidos en el convenio aludido.
V.- Como lógica consecuencia de lo expuesto, cabe desestimar los agravios vertidos por la Sra. Defensora, sin perjuicio de señalar que por haberse limitado a manifestar una mera disconformidad con la cuota fijada, no introdujo una crítica concreta y razonada a los fines previstos en el art. 265 del ordenamiento de forma.
A idéntica solución cabe arribar respecto de los agravios vertidos por la parte actora, contra la decisión que desestimó la fijación de alimentos extraordinarios.
En efecto, a criterio de este Tribunal, el memorial no cumple la carga que el art. 265 del rito le impone pues no ha reprochado con adecuada eficiencia las razones fundantes de la decisión del juez de grado, habiendo omitido el interesado exponer eficazmente su crítica respecto de los términos de la decisión recurrida.
Es que el citado artículo 265 del Código Procesal impone, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la resolución sea concreta, lo cual significa que el recurrente debe seleccionar del discurso del magistrado aquellos argumentos que constituyan estrictamente las ideas dirimentes y que formen la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego al interesado la tarea de señalar cuál es el punto del desarrollo argumental que resulta equivocado en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por la falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la sentencia (CNCiv, esta sala, R. 448.801 del 8/5/07, “Olmedo de Medina, A. Avelina y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”; íd. R. 480.721 del 22/5/07, “Rodas, Elisa Benedicta c/ Cons. Prop. Tacuarí 796 s/ daños y perjuicios”; entre muchos otros).
Al ser así, toda vez que la recurrente se ha limitado a reproducir los mismos argumentos oportunamente introducidos al promover esta acción pero sin hacerse cargo de los sólidos argumentos vertidos por la a quo cuando señaló que los rubros invocados para fundar la petición ya se encontraban incluidos en la cuota ordinaria; cabe concluir que frente a la inexistencia de agravios que atender en la Alzada, el recurso deducido se encuentra desierto.
VI.- Por último, y en lo que respecta a la tasa de interés aplicable, merece señalarse que la discusión acerca de ella, como consecuencia de la mora, ha quedado resuelta en el fuero por lo establecido en el plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes doscientos setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, (LL 22/04/2009, p. 19). En tal sentido, conviene recordar que en virtud de lo dispuesto en el plenario “D.B. de Q., L. del V. c/ Q., C.E.” del 28/02/1995 (LL 1995-B, 487) que excluyó la posibilidad de indexación que emanaba del art. 4º del decreto 529/91, quedó fuera de discusión -desde entonces- la aplicabilidad para las deudas por alimentos de los intereses fijados por la doctrina del plenario “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios”, del 2/08/1993, reeditada luego de la sanción de la ley 25.561 por “Alaniz, Ramona Evelia y otros c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/04/2004. Siguiendo con ello, si se tiene en consideración que “Samudio” ha venido a reinterpretar las doctrinas de tales plenarios anteriores, no cabe duda que también resulta de plena vigencia en materia de alimentos.
En idéntico sentido lo determina el artículo 552 del CCC, y su comentario cuando se dice que: “…En este supuesto, el Código determina la aplicación de la tasa de interés activa, por cuanto una tasa pasiva, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, no solo no repara al acreedor alimentario. Sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda…”. (Herrera, Marisa Código civil y comercial de la Nación comentado, Dir. Ricardo L. Lorenzzeti, 1ra. Ed., Sant Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, TIII, p. 454).
En razón de lo anterior y toda vez que en casos análogos al presente, esta Sala ha tenido oportunidad de establecer la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la mora y hasta su efectivo pago (in re “ A., S. R. Y otros c/ S., H. G. s/ alimentos, del 28/09/2016), habrán de admitirse los agravios vertidos en este punto.
VII.- Las costas de la Alzada se imponen al alimentante, toda vez que esta Sala participa del criterio que sostiene que en los procesos en los que se debaten la fijación, aumento, disminución o ejecución de alimentos, las costas deben ser afrontadas por el alimentante para no disminuir la pensión que percibe la alimentista (“M.C., C.A. c/ F., J.A. s/ aumento de cuota alimentaria”, Recurso Nº: H509394, 17-09-08, sumario n° 18189 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil; íd. Sala D, Expte. N°48597/2012 «S., V.V. y otro c/ H., O.A. s/ alimetnos», del 25/03/2014).
VIII.- Por todo lo anterior, normativa legal citada y demás constancias de autos, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto al monto de la nueva cuota fijada, la que queda establecida en la suma mensual de Pesos Diez Mil ($10.000) con más los rubros asumidos en el convenio obrante a fs. 95 de los autos conexos (Expte. n°: 61.751/2014). II.- Modificarlo asimismo, respecto de la tasa de interés fijada y establecer que los intereses habrán de calcularse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la mora y hasta su efectivo pago. III.- Con costas al alimentante, conforme lo expuesto en el considerando VII.-
En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto los honorarios fijados en la anterior instancia y proceder a una nueva regulación, adecuándolos al presente pronunciamiento.-
A esos fines, se tomará como base regulatoria la diferencia entre la cuota alimentaria primigenia y la cuota vigente -con las pautas establecidas por el art. 25 del Arancel-, naturaleza del proceso, etapas cumplidas, y el mérito de la labor desarrollada, apreciada por su calidad, eficacia, extensión del trabajo realizado y las disposiciones legales contenidas en los arts.1, 6, 7, 19, 37 de la ley 21.839 y su modificatoria 24.432.-
Sobre dicha base, se regula el honorario del letrado patrocinante de la actora, Dr. Jon Franco C. Sanzi Tarasiuk en la suma de dieciocho mil ($ 18.000) y los del Dr.Guillermo C. Alonso Sainz, patrocinante del demandado, en la de trece mil ($ 13.000).-
Por las tareas realizadas ante esta Alzada, se fija la retribución del Dr. Jon Franco C. Sanzi Tarasiuk en la suma de cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5.400) y los de los Dres. Nestor Luis Lloveras y Guillermo C. Alonso Sainez, en conjunto, en la de cuatro mil pesos (art. 14 del Arancel).-
Respecto del mediador, Dr. Gustavo Adolfo Etchegaray, el Tribunal entiende que corresponde aplicar la escala vigente al momento en que se efectúa la regulación de los honorarios conforme lo resuelto por esta Sala en autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.” (del 25/10/2013 exp. 6618/2007) y en autos “Olivera Sabrina Victoria c/Suarez Matías Daniel y otros s/daños y perjuicios” (del 01/03/2016, expte. 9288/2015).-
En razón de ello, base regulatoria señalada y escala vigente conforme dec. 1467/11, modificado por Dec. 2536/201, y valor vigente del UHOM, se fija su retribución en la cantidad de seis mil doscientos cuarenta pesos ($ 6.240).-
Regístrese y notifíquese a las partes y a la Sra. Defensora de Cámara. Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN) y devuélvase.
Fecha de firma: 20/10/2017
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARA
022217E
