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JURISPRUDENCIAAlimentos. Hijos menores. Abuelos. Subsidiariedad. Personas en situación de vulnerabilidad. Persona discapacitada. Nuevo Código Civil y Comercial
Se hace lugar a la demanda por alimentos del hijo menor de la actora únicamente contra el progenitor del niño, al concluirse que no procedía la acción entablada simultáneamente contra la abuela paterna porque ella también -además de ser una persona discapacitada- presentaba una situación de vulnerabilidad. Es que al sostenerse que son los padres los principales obligados de cubrir las necesidades de los hijos que engendran, no se está desconociendo el valor económico del cuidado personal que ejerza uno de ellos, ni tampoco las necesidades del menor.
Tigre, .29. de mayo de 2018.
AUTOS Y VISTOS: Los presentes actuados venidos a dictar sentencia de los que
RESULTA:
A fs. 16/21 se presenta F. I. O. en representación de su hijo menor de edad y reclama la fijación de una cuota alimentaria al Sr. G. J. E.
A fs. 5 acredita el vínculo invocado con el certificado de nacimiento que da cuenta que el 4 de junio de 2007 nació S. G. E. hijo de G. J. E. y de F. I. O.
Relata que de su relación de concubinato con el accionado nació su único hijo S. G. E., el 4 de junio de 2007 y que estuvieron juntos hasta el año 2010. Que comparte una vivienda con su familia y describe las comodidades y la cantidad de personas que en ella viven. Solicita que la cuota alimentaria que se fije contemple el rubro habitación.
Da cuenta de los gastos totales los que ascienden a $ 1350. Relata que el niño concurre a la Escuela M. T. de C., en la localidad de Tigre, que es pública, pero que tienen que afrontar gastos como guardapolvos, libros y excursiones entre otros.
Hace saber que se encuentra abocada al cuidado y crianza de su hijo y que aporta el 100% de su sostén.
Solicita la asignación por hijo mensual, la ayuda escolar anual y la fijación de alimentos provisorios.
Ofrece la prueba que estima pertinente y funda en derecho la petición.
A fs. 23/24 se fijan las audiencias previstas por el art. 636 y 637 del CPCC y se ordena la producción de la prueba ofrecida.
A fs. 26/27 se libra cédula al demandado la que arroja resultado positivo.
A fs. 28 y 29 lucen las actas que dan cuenta de la incomparecencia de ambas partes a la primera de ellas y de la comparecencia de la actora junto a su letrada a la segunda.
A fs. 30/35 contesta la AFIP que informa que el Sr. G. J. E. no consta ante esa administración en carácter de contribuyente de ese organismo, no hallándose denunciada como trabajadora dependiente por empleador alguno solo informan que es titular del Cuil xxx.
A fs. 36 se expide el Ministerio Pupilar.
A fs. 37/38 se fijan alimentos provisorios que el demandado debe abonar a la actora en favor de su hijo menor de edad la suma de $ 1500.
A fs. 46 la actora desiste de la prueba testimonial y la informativa dirigida al Hospital de Niños.
A fs. 52 se expide el Ministerio Pupilar y solicita la producción de la prueba testimonial que fuera desistida por la actora así como también la prueba informativa que fue ofrecida en el escrito de inicio.
Por separado, la actora inicia un relamo alimentario contra la Sra. H. S. P., en su carácter de abuela paterna del niño S. G. E., y por ser madre del Sr. G. J. E. Relata que el padre del niño no se encuentra trabajando y no es titular de ninguna cuenta bancaria, no existe ni posee medios económicos necesarios para asumir la obligación alimentaria respecto del menor objeto de autos.
Adjunta a fs. 57 certificado de nacimiento del Sr. G. J. nacido el 12-11-1981 hijo de J. M. E. D. y de H. S. P. con lo que acredita el vínculo de abuelazgo de la demandada respecto de su hijo.
Hace saber que en la actualidad se desempeña como empleada doméstica con magros ingresos mensuales $ 2000, llegando con gran dificultad a cubrir las necesidades básicas del niño.
Indica que su hijo padece de asma bronquial y rinitis alérgica y que se encuentra a consecuencia de ello en continuo tratamiento, y que es ella quien debe comprar mensualmente la medicación correspondiente. Adjunta certificado a fs. 60.
Reitera lo expresado en el proceso de alimentos iniciado contra el padre respecto de la escolaridad de su hijo, y relata que vive con su niño y el grupo familiar compuesto por su madre tres hermanas y una sobrina en la casa que es de su madre. Que tiene tres dormitorios cocina comedor baño y patio.
Que si bien a su hijo nunca le ha faltado un plato de comida se ve privado de ciertos beneficios como educación privada, vacaciones, sistema privado de salud, entre otros beneficios que, según sostiene, no pueden considerarse superfluos. Y que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar, alimentar y educar a sus hijos, pero que en este caso toda la obligación recae sobre la peticionante.
Que respecto a la colaboración y ayuda prestada por la familia materna, abuelos, y tíos es absoluta e incondicionada y que la familia paterna no le brinda nada. Ni siquiera, relata, lo llaman por teléfono para su cumpleaños.
Respecto al caudal económico de la demandada denuncia que está jubilada y que cobra un ingreso mensual de $ 10.000.
Solicita el 40% de sus ingresos con un piso mínimo de $ 4000. Y asimismo solicita la incorporación de su hijo a la obra social provista por el empleador del accionado, que corresponde a una obra sindical, lo que no le acarrea ninguna erogación extra a la demandada.
Solicita la fijación de alimentos provisorios.
Ofrece prueba y funda en derecho su petición.
A fs. 70/71 se le da curso a la acción y se fijan las audiencias previstas por los arts. 636 y 637 del CPCC.
A fs. 73/74 luce el informe suministrado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Modernización del Poder Ejecutivo Nacional que da cuenta que la demandada H. S. P. es beneficiaria de una pensión no contributiva por invalidez N° 405 9454689 0 por la que percibe un haber líquido de $ 4333,13 cuatro mil trescientos treinta y tres con trece centavos. Acompaña copia del sistema RB00 correspondiente a los meses de agosto y septiembre haciendo saber que este último mes se aplicará un aumento del 15,56 %. Se descompone el importe de la siguiente manera: $ 3962,81; por haber mensual; $ 1103,00 por asignación familiar por hijo y $ 118,88 por incluir Salud programa Federal.
A fs. 77/78 se notifica de la acción entablada a la demandada.
A fs. 84 el Ministerio de Desarrollo Social Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales informa que la Sra. H. S. P. es titular de una pensión no contributiva por invalidez N°40 5 9454689 0, otorgada en el mes de abril de 2015 al amparo del art. 9 de la ley 13.478 Decreto Reglamentario N° 432/ 1997 por la que percibe un importe neto mensual de Pesos cuatro mil novecientos cuarenta y seis con noventa y tres $ 4946,93.
A fs. 90/91 contesta el Hospital de niños y acompaña la constancia del servicio de cardiología que da cuenta que el día 3 de mayo de 2015 se realizó una ecocargiograma solicitado por Eosinofilia severa cuyas conclusiones son: cardiopatía estructural, función sistólica y disatólica del VI conservadas (estudio normal).
A fs. 99/100 se presenta la Sra. H. S. P. con el patrocinio letrado del Defensor Oficial a cargo de la Defensoría N° 11 y acompaña certificado de discapacidad a fs. 94 por Artrosis no especificada Secuelas de traumatismo de tendón y músculo de miembro superior. Sostiene además que sufre un problema de columna -desplazamiento de vertebra y hernia de disco, lo que le impide que pueda trabajar y menciona que es beneficiaria de una pensión de $ 4946,93 suma que incluye la asignación por hijo atento a que tiene a su único cargo a su hija M. E. que tiene 17 años de edad.
Relata que es viuda, acompaña certificado de defunción y que no percibe pensión. En cuanto a la relación con la actora refiere que le resulta llamativo que no hubiere solicitado de su ayuda antes de iniciar cualquier tipo de reclamo. Que lamentablemente su hijo está sin trabajo hace changas de jardinería y le consta que le compra medicación, ropa y otras cosas para S. Que la casa donde vive es de material, sencilla y humilde y todos los gastos corren por su cuenta. Ofrece la prueba documental que acompaña y solicita se rechace la acción entablada en su contra.
A fs. 108 la actora desiste de la prueba pendiente de producción confesional y testimonial
A fs. 101 se celebra la audiencia prevista por el art. 637 del CPCC a la que comparecen ambas partes con sus respectivos letrados patrocinantes y no arriban a ningún acuerdo.
A fs. 112 se expide el Ministerio Pupilar e insiste en la producción de la prueba testimonial ofrecida en el escrito liminar a los fines de tener un acabado conocimiento respecto al caudal económico de la demandada en atención a haberse informado que es beneficiaria de una pensión por invalidez.
A fs. 113 se acumulan ambas acciones iniciadas y se fija la audiencia de vista de causa respectiva.
Un nuevo informe luce a fs. 119 respecto a la pensión que cobra la demandada la que asciende a $ 6631,10 discriminando idénticos ítems que los informados con anterioridad.
A fs. 122/123 obra un informe del ANSES que da cuenta que el Sr. G. J. E. es titular de un beneficio que se adjunta. En el adjunto acompañado se informan dos periodos en el año 2006 por el que se le ha pagado $ 996 y $ 1103.
A fs. 134 se fija nueva fecha para la celebración de la audiencia de vista de causa la que se celebra a fs. 149 donde la actora desiste de la prueba testimonial ofrecida en razón de no tener los testigos ofrecidos nada para agregar.
A partir de fs. 137 lucen las cédulas pertinentes a los demandados y testigos.
A fs. 151 se llaman autos para dictar sentencia
CONSIDERANDO:
I.- Conforme lo normado por el art. 658 del Código Civil y Comercial ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiun años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.
Los derechos-deberes que se derivan de la responsabilidad parental están en cabeza de ambos progenitores, que ostentan su titularidad y/o ejercicio. Así, padre y madre tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, y sobre ellos recae la obligación alimentaria, y se responde, con esta igualdad, a las normas internacionales (conf. art. 27 CDN; KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída, HERRERA, Marisa y LLOVERAS, Nora, Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, T. IV, p. 156).
El deber de asistir a las necesidades del hijo no nace del parentesco, sino del deber de crianza y educación que pesa sobre ambos padres, con independencia que uno de ellos ejerza el cuidado personal, siendo este último valorado como aporte para su manutención.
La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas del obligado y necesidades del alimentado. (art. 659 del Código Civil y Comercial).
Asimismo indica el art. 660 del Código Civil y Comercial que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.
Las cuotas de alimentos deben entonces fijarse teniendo en cuenta el caudal y condición social del alimentante obligado a prestarlas, las necesidades del alimentado, y su edad.
Los padres tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo menor, y para ello deben realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios, efectuando trabajos productivos, sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (CC0003 SM 68115 D-122/14 S 16/09/2014 Juez GALLEGO (SD) Carátula: G. ,L. B. C/ V. ,C. S/ ALIMENTOS) Magistrados Votantes: Gallego-Sanchez Pons Tribunal Origen: CC0003SM).
Quien ha tenido un hijo asume la responsabilidad de proveer a sus necesidades, pues en ello se encuentra el interés no sólo del descendiente, sino de la sociedad, de tal manera que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo debiendo realizar todos los esfuerzos necesarios a tal fin, sin poder excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de ingresos suficientes -cuando ello no se deba a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables- pues en el campo de su responsabilidad paterna está el dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulte razonable, a tareas remuneradas para poder completar la cuota; hasta tiene el deber de reemplazar el trabajo escasamente remunerado por otro que signifique un mejor ingreso, aunque ello implique también un mayor esfuerzo. (CC0100 SN 11640 S 16/10/2014).
La Corte Suprema de la Nación puntualizó que la prestación alimentaria tiene raíz constitucional (C.S.J.N., sent. del 16/05/2000, LA LEY 2001-B, 638), por lo que adquiere especial relevancia el análisis de los tratados internacionales que dan sustento al derecho alimentario conjuntamente con las normas de fondo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 25 le da calidad de derecho fundamental del hombre al derecho de alimentos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art. 11 prescribe el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidos la alimentación, el vestido y la vivienda (SCBA, causa 101.337 del 12/11/2008).
De manera especial, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el art. 27 que los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, indicando que corresponde de manera primordial a los padres u otras personas encargadas del niño la responsabilidad de proporcionar -dentro de sus posibilidades y medios económicos- las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del menor. Para ello consigna que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de las personas que tengan responsabilidad financiera respecto del mismo (SCBA, causa 101.337 citada, y causas SI-6549-2012 del 16/06/2014 rsi. 220/2014 y 9.199 rsi. 387 del 03/10/2014 de esta misma Sala IIª).
II.- En relación a la obligación alimentaria de los abuelos, regulada en el art. 668 del nuevo Código se establece que: “los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso; además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado”.
De tal suerte, el nuevo diseño acoge una innovación procesal que ya venía siendo debatida, esto es, la posibilidad de demandar simultáneamente al obligado principal (los progenitores) junto a los ascendientes, siempre que se acredite verosímilmente la dificultad de los primeros para cumplir con la obligación a su cargo. Se trata, por cierto, de una flexibilización desde el aspecto procesal, para una más rápida satisfacción del derecho de fondo vulnerado, solución que mejor consulta a los preceptos de la Convención sobre Derechos del Niño (cfr. arts. 3° y 27°).
Esta norma constituye uno de los supuestos más claros donde se observa la interrelación entre el Derecho de fondo y el Derecho de forma o Procesal, es decir, en cómo los aspectos procesales deben estar en consonancia con las cuestiones de fondo.
Sin embargo, lo dicho no importa que la obligación de los abuelos haya perdido en el nuevo Código su subsidiariedad. “La obligación alimentaria de los abuelos es subsidiaria: se puede reclamar directamente contra los abuelos , con el requisito de acreditar verosímilmente las dificultades o inconvenientes de percibir los alimentos del principal o principales obligados, que son los progenitores. Es decir, la subsidiariedad legal no supone -correlativamente- una sucesividad procesal” (cfr. Kemelmajer Aída, Herrrera Marisa, Lloveras Nora, Tratado de Derecho de Familia, según el Cód.Civ.yCom. de 2014, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, Tomos III y IV).
Teniendo presente el art. 668 del CCC se afirma que “no es lo mismo ser padre que ser abuelo. Porque la obligación de los abuelos opera ante el incumplimiento o imposibilidad del progenitor. Frente a la tensión existente entre los derechos de niños, niñas o adolescentes y los de los abuelos -que podría tratarse de otro sector vulnerable como, el de los adultos mayores-, se opta por una postura equilibrada, que evita el exceso de requisitos formales que provoquen la insatisfacción de las necesidades vitales de los niños, acorde a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño”. (Marisa Herrera – Gustavo Caramelo – Sebastián Picasso (dirs.) CCCN, t. II, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación, Infojus, p. 517, cit en Juzgado de Familia de Paso de los Libres “G., C. G. c. M. W. D. s/ alimentos • 26/10/2016” Cita Online: AR/JUR/73252/2016).
En este sentido se ha sostenido que la obligación de los abuelos respecto de sus nietos es de carácter subsidiaria. Por consiguiente, la madre de la menor debe justificar que su padre -principal obligado- está imposibilitado de cumplir con su deber o no cumple, y, además, la insuficiencia de sus propios recursos o la imposibilidad de procurárselos; de lo contrario, se dijo, el reclamo contra los abuelos no puede prosperar (doc. arts. 265, 367, 370 y cc. del Cód. Civil; conf. CNCiv., Sala A, 01/07/1991, en DJ 16/10/1991; ídem Sala B, en ED, 77-728; ídem Sala C, en LA LEY 1983-D-612; causas 53.804 r.i. 739/90; 55.444 r.i. 688/91; 58.280 r.i. 748/92; 60.064 r.i. 470/93; 83.078 r.i. 18/2000 ex Sala IIª).
Sentado lo expuesto he de señalar que las relaciones familiares exigen ser protegidas tanto como sus integrantes, tutelándose la integridad de los vínculos familiares, los que no pueden quedar a merced de la pobreza o de la falta de recursos, por lo cual el Estado debe permanentemente implementar políticas básicas que permitan superar las carencias y la realidad económica, cultural o política. Las tutelas especiales no son más que singulares asistencias para lograr la efectiva materialización de los DD. HH. de aquellas personas que, por su vulnerabilidad o necesidad, requieren estos “sostenes” legislativos o administrativos (Lloveras, N -Salomón, M “El derecho de Familia desde la Constitución” p. 127, Bs. As. 2009, Ed. Universidad).
En el derecho de familia por encontrarse afectados derechos personalísimos, esenciales de la persona, debe tenerse especial cuidado al momento de reglamentar categorías o distinciones ya que la mínima desviación discrecional podría derivar en una discriminación inaceptable y arbitraria. (Lloveras, N -Salomon, M “El derecho de Familia desde la Constitución” p. 135, Bs. As. 2009 Ed. Universidad).
En este sentido no podemos dejar de tener en cuenta que la codemandada (abuela del niño) es una Sra. de 56 años, viuda, no percibe pensión, sufre de una discapacidad que le imposibilita trabajar, tiene a una hija menor de edad a su cargo y cobra solo una pensión que le suministra el Estado por invalidez de $ 6631,10 en los que se encuentra incluido la asignación familiar por hijo.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 tiene por objetivo promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad donde incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las debe reforzarse la protección de los derechos.
A la luz de lo normado por los Artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial en que indica que los casos deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, e interpretarse teniendo en cuenta no solo su finalidad y sus palabras sino las leyes análogas y las disposiciones que surgen de los tratados sobre los derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento.
El Cód. Civil y Comercial incorpora un sistema de fuentes de manera integral, complejo denominado en los Fundamentos del Anteproyecto, como un «diálogo de fuentes». Toma con especial consideración los tratados de derechos humanos y derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad, receptando la constitucionalización del derecho privado y estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado.
La reforma con ese «diálogo de fuentes» alude a una interpretación de la norma (para buscar su sentido y valor, para obtener su expresión precisa y eficaz en el tratamiento de las relaciones jurídicas) vinculada con la Constitución, tratados internacionales, leyes, usos, prácticas y costumbres.
Todo debe ser interpretado de modo coherente e integral con el ordenamiento vigente, debiendo las decisiones judiciales estar razonablemente fundadas. La transversalidad del enfoque de derechos humanos implica resignificar, organizar, mejorar los procesos de manera que la perspectiva de igualdad y no discriminación sea incorporada en todas las políticas, estrategias, acciones e intervenciones. (Yuba, Gabriela «Transversalidad de derechos humanos en el Código Civil y Comercial. Construcción de un nuevo paradigma», Publicado en: SJA 13/12/2017, 5 • JA 2017-IV , 1417).
Supone ese enfoque de derechos humanos que se considere un «plus», una actuación reforzada para aquellos grupos vulnerables (mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores).
En efecto los jueces debemos decidir las situaciones que se nos presentan con criterio de realidad, analizando cada caso concreto, por ello aquí no solamente debemos sopesar las necesidades del alimentado sino las verdaderas posibilidades de los obligados por alimentos.
En el caso que nos ocupa nos enfrentamos ante una situación compleja por la situación de vulnerabilidad en que se hallan todos los miembros de la familia que resumidamente se describe de la siguiente manera:
La madre del niño, es empleada doméstica vive con su familia, se dedica en forma exclusiva al cuidado de su hijo y recibe por parte del estado una ayuda escolar y la asignación familiar por hijo, de acuerdo a lo ordenado por la suscripta en la primera providencia beneficio que otorga el ANSES en los términos del art. 6 de la ley 24714. Reclama en representación de su niño de 10 años de edad la fijación de una cuota alimentaria al padre de éste y a la abuela paterna.
El padre está desocupado y se mantiene haciendo changas pero no tiene un sueldo fijo.
La abuela paterna, es viuda, tiene una discapacidad física cobra una pensión por invalidez de $ 6.631, tiene a su exclusivo cargo a una hija menor de edad, y es el único ingreso que percibe.
Sentado lo expuesto he de remarcar que no se desconoce el valor económico del cuidado personal que ejerce la progenitora, ni tampoco las necesidades del niño pero tal como se ha indicado, son los padres los principales obligados de cubrir las necesidades de los hijos que engendran.
Los magros ingresos que cobra la abuela paterna, quien padece de una discapacidad física que se ve impedida de trabajar, es viuda, y además, tiene a su exclusivo cargo a su hija también es menor de edad, no pueden ser afectados, a criterio de la Suscripta para solventar las necesidades del niño, puesto que los mismos resultan de por si insuficientes para asumir las necesidades propias y las de su prole.
Tanto la actora como el demandado son personas jóvenes que no parecen tener enfermedades ni impedimentos para redoblar sus esfuerzos en procura de producir las mejores condiciones económicas para la atención de su hijo. Por lo que se los insta en tal sentido, en especial al padre, debido al esfuerzo que la madre viene realizando tanto en lo económico como en el cuidado en forma exclusiva de su hijo.
Por ello haré lugar al reclamo de alimentos iniciado respecto al Sr. G. J. E., y sin embargo lo rechazaré respecto a la abuela paterna en atención a contar con un ingreso que escasamente le permite cubrir las necesidades de la propia subsistencia y las de su hija menor de edad a su cargo.
Por todo lo expuesto RESUELVO:
Hacer lugar a la demanda de alimentos incoada por la Sra. F. I. O. en representación de su hijo menor de edad S. G. E. contra el Sr. E. G. J. y fijar en concepto de cuota alimentaria la suma de Pesos tres mil que deberá éste último abonar a la actora del 1 al 10 de cada mes a través de un deposito que realizará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tigre en la cuenta que a tal efecto deberá abrir la actora.
Instar asimismo al demandado a que redoble sus esfuerzos en el empleo de tareas remuneradas que permitan obtener los ingresos suficientes para dar cumplimiento con la cuota que aquí se ordena. (arts. 1,2,658, 659, y 660 del Código Civil y Comercial, Convención de los Derechos del niño art. 27, La Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11).
2) Respecto de los alimentos atrasados, es decir los devengados a partir del 15 de septiembre de 2015 fíjense doce cuotas consecutivas hasta cubrir la suma que resulta de la liquidación que deberá realizar la actora a tal fin (art. 642 del CPCC y 548 del CCyC).
3) Desestimar por los argumentos vertidos el reclamo formulado respecto de la codemandada H. S. P. (arts.1,2, 668 y cc del Código Civil y Comercial, Convención de los Derechos de las personas con discapacidad).
4) Imponer las costas al codemandado vencido Sr. E.
5) Regular los honorarios de la letrada interviniente Dra. V. S. C. T xx F xx xx Cuit xx teniendo en cuenta : El monto de la cuota; el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada; la responsabilidad, el resultado obtenido; las actuaciones esenciales establecidas para el desarrollo del proceso y las actuaciones de mero trámite, la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate; la posición económica y social de las partes; el tiempo empleado en la solución del litigio en 12 doce JUS con más los aportes de ley e IVA en caso de corresponder (arts. 9, 6, 28, 39, 54 y cc, ley 14967).
FIRMA: Dra. Sandra F. Veloso -Jueza-
LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS ABUELOS EN EL MARCO DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – Guglielmino, Adriana del C
028035E
