Se desestiman -por inadmisibles- los recursos extraordinarios interpuestos contra la decisión que revocó la sentencia que había rechazado el planteo del Estado Nacional dirigido a que un adulto mayor devolviera las sumas percibidas en virtud de una medida cautelar levantada con posterioridad, consistente en suspender los efectos del decreto 471/2002 y pagar los servicios de los bonos de consolidación pertenecientes a la actora en su moneda de origen, en razón de que provenían de una indemnización percibida en los términos de la ley 24411. Sin embargo, se aclaró que debían tenerse en cuenta su edad y su enfermedad para el diferimiento del pago de los servicios de deuda pública.
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