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JURISPRUDENCIAPolicía Federal. Traspaso a la Ciudad de Buenos Aires. Acción de amparo. Improcedencia
Se confirma el rechazo de la acción de amparo deducida, dada la complejidad de la cuestión planteada, vinculada al traspaso de los agentes de la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires y la presunta afectación de derechos laborales.
Buenos Aires, 20 de febrero de 2018.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I- Que, contra la sentencia del 14 de diciembre de 2017, por la que el Sr. Juez de primera instancia decidió rechazar -con costas- la presente acción de amparo, interpuso recurso de apelación la parte actora (v. fs. 258/63).
La recurrente señala que el precedente al que se remitió en el dictamen fiscal presenta importantes diferencias respecto a los hechos y a la pretensión de autos. Aduce que en el pronunciamiento recurrido no se ha realizado un análisis de la ilegalidad manifiesta denunciada por su parte en el escrito de inicio, donde planteó que las normas contenidas en la ley 5688 colisionan con el art. 18 y concordantes de la ley 21.965, que dispone que ningún miembro de la Policía Federal puede ser apartado de la Institución sin previo sumario administrativo donde se determine una falta de tal entidad que amerite su Baja. Sostiene que esa cuestión surge de la mera lectura de ambas normativas y que no se requiere debate ni prueba alguna, porque es una cuestión de puro derecho. Afirma que la ley 5688 ha quebrantado los principios y garantías constitucionales previstos en los arts. 14 bis y 31 de la CN. Señala que la ley 21.965 se encuentra vigente y que, únicamente, el Congreso de la Nación puede derogarla o modificarla con el dictado de otra ley; así como que hasta que eso no suceda, cualquier Convenio, Acta o ley local que pretenda derogar de hecho sus previsiones resulta ilegal. Apunta que ha denunciado una ilegalidad manifiesta que no exige prueba ni debate, porque es una cuestión de puro derecho y de control constitucional. Considera que en la sentencia se omitió totalmente valorar el pormenorizado detalle que se realizó sobre los derechos afectados. Apunta que el nivel escalafonario no ha sido conservado, ya que todos los Federales transferidos han resultado degradados por su inclusión en el Escalafón General Único. Considera que no existe otro medio más idóneo que esta acción de amparo y que los temas en crisis no requieren de mayor prueba y debate. Refiere que la causa tampoco es análoga al precedente “Coronel” de esta Sala. Por último, cuestiona la imposición de las costas del proceso y solicita que se distribuyan en el orden causado (v. fs. 264/73).
A fs. 280/3 y fs. 285/93, obran los escritos de contestación de agravios que han sido presentados -respectivamente- por el Estado Nacional -Ministerio de Seguridad- y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
A fs. 296/8, el Sr. Fiscal General opina que corresponde confirmar la sentencia apelada.
II- Que, inicialmente, cabe recordar que -por regla- este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 291:390; 297:140; 301:970; Inc. en autos: “Farmacity c/ EN -Mº Salud s/ proceso de conocimiento”, del 27/3/14; “FRADECO SRL c/ EN- Mº Desarrollo Social y otro s/ proceso de conocimiento”, del 10/3/16, entre otros).
III- Que, sentado ello, corresponde poner de relieve que este Tribunal -en reiteradas oportunidades- ha señalado que la ley 16.986 no ha sido derogada expresamente por la reforma constitucional de 1994 y que, en tanto no se oponga a su letra y espíritu, subsiste la vigencia de los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo establecidos por aquélla.
En ese encuadre, su apertura requiere, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 1° de la ley 16.986 (conf. C.S., Fallos 319:2955; 321:1252; 327:2459; 330:2877; esta Sala, “Eloy Martín c/ EN- Mº Salud- SENAREHAB s/ amparo ley 16.986″, del 16/8/12, “FT Mensajería Empresarial SRL c/ EN- CNC- Resol 3903/11 y 604/11 s/ amparo ley 16.986″, del 26/3/13, entre otros).
Además de ello, es indispensable que se acredite -en debida forma y como uno de los requisitos inexcusables para su viabilidad- la inoperancia de las vías ordinarias existentes a fin de reparar el perjuicio invocado (C.S., Fallos: 274:13; 300:1231), o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio no susceptible de reparación ulterior (C.S., Fallos: 263:371; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452; La ley, 1976-D, 650, 33.836-S; 1976-C, 262; 301:801; 303:419 y 2056; 307:2419; esta Sala, “González Paula Alicia c/ EN- M° Defensa- EA s/ amparo ley 16.986”, del 13/10/10; “Ainstein Luis c/ UBA y otro s/ amparo ley 16.986”, del 13/3/12, entre otros).
Es que, en la acción de amparo, por principio, resultan descartadas aquellas situaciones opinables y que requieren un amplio marco de debate y prueba, o cuando los perjuicios que pueda ocasionar su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona el reconocimiento de sus derechos por los procedimientos ordinarios Ello es así, toda vez que esta acción no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes ni faculta a los jueces a sustituir los trámites y requisitos previamente instituidos (C.S., Fallos: 297:65; 300:688; 300:1033; 301:1061; 302:535; 305:223; 306:396; esta Sala, “Peña Gustavo Carlos c/ EN- SENASA (Exp S01:266911/11) s/ amparo ley 16.986”, del 8/10/13; “Laballeja, Alberto Lazaro y otros c/ EN- Mº Defensa- EMGA s/ amparo ley 16.986”, del 29/9/15, entre otros).
IV- Que, en anteriores oportunidades, este Tribunal se ha pronunciado sobre la improcedencia de acciones de amparo análogas a la presente. Ello es así, en función de la complejidad de la cuestión planteada en autos, en lo relativo al traspaso de los agentes de la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires Circunstancia que impide -en el limitado ámbito de conocimiento propio de esta acción- sostener que se encuentre verificada la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad de carácter manifiesto que torne procedente la pretensión de autos.
En este sentido, corresponde poner de resalto que -como ha sido indicado en el dictamen del Sr. Fiscal General- si bien la parte actora ha señalado las lesiones que habría sufrido a raíz de la transferencia cuestionada, haciendo hincapié en derechos de índole laboral (tales como el cambio en el grado que ostentaban dentro de la jerarquía de la PFA, la estabilidad en el empleo público, la remuneración, la antigüedad y sus derechos previsionales, entre otros), lo cierto es que en la cláusula décimo primera del Convenio 1/16, se prevé que los “…agentes públicos transferidos conservan el nivel escalafonario, remuneración, antigüedad, derechos previsionales y de cobertura social que tuvieran al momento de la transferencia, o sus equivalentes, de acuerdo a la normativa vigente, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Nº 24.588…”. Asimismo, en sentido coincidente, en la cláusula transitoria décimo tercera de la ley local 5688, se establece que el “personal policial y civil de la Policía Federal Argentina transferido a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y sus derechohabientes mantienen los derechos y obligaciones previsionales establecidos en la Ley Nacional N° 21.965 y normas complementarias”.
De modo que, en tal contexto, no se ha logrado demostrar en el ámbito de esta vía judicial de conocimiento acotado que la normativa impugnada se encuentre viciada de ilegalidad o arbitrariedad de carácter manifiesto (en igual sentido, esta Sala, “Coronel, Sergio Alberto c/ PFA y otros s/ amparo ley 16.986”, del 28/3/17; “Alegre, Sergio Martín c/ EN- Mº Seguridad -PFA y otros s/ amparo ley 16.986”, del 14/9/17; “Martínez, Fernando y otros c/ EN- Mº Seguridad -PFA y otros s/ amparo ley 16.986”, del 5/12/17, entre otros).
Asimismo, en este punto, se impone recordar que quienes optan por la vía del amparo conocen las limitaciones inherentes a ella, pues saben que deben acreditar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, sin exceder las limitaciones propias de este tipo de proceso. Es que, el art. 43 de la Constitución Nacional mantiene el criterio de excluir la acción cuando por las circunstancias del caso concreto, se requiere de mayor debate y prueba, y por tanto no se da el requisito de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; extremos cuya demostración han sido calificados de imprescindibles para la procedencia de aquélla (conf. C.S., Fallos 330:2255; 330:1279; 330:4144).
Desde esta perspectiva, corresponde estar a la reiterada doctrina de la Corte Suprema de la Nación, según la cual, la acción de amparo es un remedio de excepción, inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba (Fallos: 319:2955; 321:1252 y 323:1825, entre otros). Pues, si bien -al d elimitar la acción prevista en la ley 16.986- se ha señalado que ella no es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, también se dijo que descarta aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal (Fallos: 307:178). Así, se aparta de dicha vía los casos que por sus circunstancias requieran mayor debate y prueba y, por tanto, sin que se configure la «arbitrariedad o ilegalidad manifiesta» en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración, como se dijo, es imprescindible para la procedencia de esa acción (C.S., Fallos: 306:788; 319:2955; 323:1825; 331:1403, del dictamen fiscal al que remitió el Alto Tribunal, entre otros).
V- Que, sin perjuicio de lo decidido en el Considerando que antecede, corresponde admitir el agravio vertido en relación con la imposición de las costas del proceso.
Ello es así, toda vez que en atención a la índole y particularidades de la cuestión en debate, se advierten motivos suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota establecido por el art. 68 del Código Procesal (en igual sentido, esta Sala, “Nespeca, Walter Ariel Enrique y otros c/ EN- Mº Seguridad -PFA y otros s/ amparo ley 16.986”, del 26/9/17; “Martínez, Fernando y otros c/ EN- Mº Seguridad -PFA y otros s/ amparo ley 16.986”, del 5/12/17).
Las costas de esta instancia también se imponen por su orden en atención a la índole y particularidades de la cuestión (conf. art. 68, ap. 2do. del C.P.C.C.).
Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (a fs. 296/8), se RESUELVE: admitir parcialmente el recurso de apelación de la parte actora, confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la presente acción de amparo y distribuir las costas -de ambas instancias- en el orden causado (conf. art. 68, ap. 2do. del C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvanse.
JORGE ESTEBAN ARGENTO
CARLOS MANUEL GRECCO
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
025154E
