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JURISPRUDENCIAAbuso sexual con acceso carnal. Absolución. In dubio pro reo. Nulidad de sentencia. Violencia de género
Se anula la absolución del encartado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal por el beneficio de la duda, ya que la posibilidad de una relación consentida entre autor y víctima -basadas en que fueron pareja y tienen una hija en común- no se condice con las constancias obrantes en la causa, principalmente las amenazas que el juez entendió probadas y el resultado del examen físico que da cuenta de las lesiones en el cuerpo de la denunciante.
En Mendoza, a los dieciocho días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N°13-04261369-4/1, caratulada “F. C/ R G O.F. P/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL EN CONCURSO REAL CON AMENAZAS SIMPLES P/ RECURSO EXT. DE CASACIÓN”.
De conformidad con lo determinado en audiencia de deliberación quedó establecido el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero, DR. JOSÉ V. VALERIO; segundo DR. MARIO D. ADARO y tercero DR. PEDRO J. LLORENTE.
El representante Ministerio Público Fiscal interpone recurso de casación (fs. 256/258 vta.) contra la sentencia N° 22 (f. 243) y sus fundamentos, mediante la cual se absolvió a O.F. R.G. del delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párrafo, Cód. Pen.), en la causa N° P-11.634/17 por el beneficio de la duda (art. 2 CPP Mendoza), y se condenó al nombrado a la pena de ocho meses de prisión en suspenso como autor penalmente responsable del delito de amenazas simples (arts. 149 bis, primer párrafo y 26 del Cód. Pen.).
De conformidad con lo establecido por el artículo 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
SEGUNDA: En su caso, ¿qué solución corresponde?
SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL DR. JOSÉ V. VALERIO DIJO:
I.- Sentencia Recurrida
La Octava Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, absolvió a O.F. R.G. del delito de abuso sexual con acceso carnal por aplicación del principio in dubio pro reo y lo condenó a la pena de ocho meses de prisión en suspenso como autor del delito de amenazas simples. Para decidir en tal sentido, el magistrado interviniente entendió que no se encontraba probada -con grado de certeza propio de una sentencia de condena- la existencia material del hecho atribuido al imputado (f. 247 vta.), en tanto la existencia de la relación sexual y las lesiones, que la representante del Ministerio Publico Fiscal entendió acreditadas por la prueba de histocompatibilidad y por el examen físico practicado a la víctima, son reconocidos por el imputado, pero fuera del contexto de agresión.
En el desarrollo de los fundamentos de la sentencia se explicita con mayor precisión la plataforma fáctica que se considera insuficientemente probada (conforme el requerimiento de citación a juicio de fs. 147 y vta.), esto es, que “siendo aproximadamente las 12.30 horas del día 08 de febrero de 2017, O.F. R.G. ingresa escalando una reja del domicilio ubicado en calle A…., quien sorprende a su ex pareja P. G. L. M. y tomó de la boca con la mano, le empezó a gritar: ‘porque me dejaste’, la tomó muy fuerte de los brazos y la tiró al piso, le sacó la ropa y la forzó a relaciones sexuales penetrándola por la vagina y mientras se resistía la víctima apretándola de sus muñecas, la soltó terminando de eyacular dentro del cuerpo de la víctima. Y el sindicado queriendo nuevamente mantener sexo y debido a la resistencia de la víctima la toma del cuello con una mano varias veces lesionándola hasta que toma parte de la prenda de la víctima e intenta ahorcarla, momento en el cual logra la víctima huir del mismo y se dirigió hasta el patio de la casa y antes de que el sindicado se retirara del domicilio manifestó a P. G. L. M.: ‘aunque me hayas dejado, te voy a matar a vos y al otro, yo no me voy a ensuciar las manos y otra persona lo puede hacer’ produciendo miedo en la víctima. Se recepciona informe del cuerpo Médico Forense donde informa la Dra. Yolanda Herrera que P. L. M. al momento presentaba: equimosis rojo violácea de 7 por 2 cm en cara lateral derecha del cuello, equimosis rojo violácea de 4 por 1 cm en cara lateral izquierda del cuello, equimosis lineal rojiza de 5 cm en base del cuello izquierda, equimosis rojiza de 1 por 5 cm en borde externo de antebrazo izquierdo cuyas lesiones provocan un tiempo probable de curación e inutilidad para el trabajo menor a un mes”.
Para decidir en tal sentido, el magistrado interviniente valoró las declaraciones testimoniales de P. G. L., r.f.c.h., Alberto Ignacio López, e.p. y c.d.; el acta de denuncia; el examen físico de la víctima; el acta de secuestro; los exámenes psíquicos y físicos practicados al imputado, el informe de ADN, y toda la demás prueba válidamente incorporada al debate.
II.- Recurso de Casación
La Sra. Fiscal de la Octava Fiscalía de Cámara del Crimen interpone recurso extraordinario de casación contra la sentencia arriba individualizada, ello conforme el inciso 2 del art. 474 CPP Mendoza, esto es, por adolecer el razonamiento desplegado de vicios in procedendo.
La recurrente alega que se ha valorado erróneamente el testimonio de la víctima, lo que descalificaría la premisa mayor del a quo. Así, al resultar el testimonio brindado en el debate por la Sra. L. creíble, entonces no sería correcto poner en duda la plataforma fáctica plasmada en el requerimiento de citación a juicio.
Para apuntalar esta tesitura se rechazan las contradicciones que el magistrado interviniente aprecia en el relato de la presunta víctima, al mismo tiempo que se contrastan una a una las circunstancias objetivas periféricas que debilitarían la versión original del testimonio.
III.- Dictamen del Señor Procurador General
El Sr. Procurador General mantiene el recurso de casación interpuesto, remitiéndose a los argumentos vertidos a fs. 256/258 por la recurrente.
IV.- La solución
Adelantando las conclusiones que se desprenden de los argumentos que a continuación se formulan, entiendo que debe hacerse lugar al recurso casatorio impetrado. Doy razones.
El magistrado interviniente puso en tela de juicio que los hechos objeto del proceso hayan sido acreditados con el grado de convicción que requiere una sentencia condenatoria y, en consecuencia, aplicó el principio in dubio pro reo. Sin embargo, como explicaré en lo sucesivo, a esta conclusión no subyace un correcto análisis de las constancias de la causa, en particular, el testimonio de P. G. L..
El a quo construyó su silogismo desincriminante con base en una doble argumentación que lo condujo a afirmar que la principal prueba incorporada al proceso, el testimonio de la presunta víctima, no sería lo suficientemente creíble para alcanzar el grado de certeza exigido por esta instancia procesal. Por un lado, puso de relieve contradicciones internas entre lo manifestado en oportunidad de realizar la denuncia y lo declarado en el desarrollo del debate. Por otro lado, hizo referencia a corroboraciones periféricas objetivas surgidas de otras pruebas que no explicarían la discordancia, sino que, por el contrario, disminuirían aún más la credibilidad del testimonio (fs. 248/250 vta.).
No obstante, este doble camino argumentativo no se presenta como una operación intelectual que respete la lógica interpretativa de la sana crítica racional. Veamos:
a.- La errónea valoración del testimonio de la víctima
Por un lado, en relación con las denominadas contradicciones internas, entiendo que las mismas se explican con base en el contexto en el que se expresa la deponente, los particulares extremos del hecho denunciado y la perspectiva de género que ha de guiar al juzgador en casos de esta índole.
En relación con las tres contradicciones internas puestas de relieve por el a quo, entiendo que ninguna de ellas aparece como lo suficientemente grave para hacer decaer la credibilidad de la Sra. Lizarra. Más aún, si se tiene en cuenta lo traumático de la experiencia propia de las víctimas de delitos contra la integridad sexual. Por otra parte, ninguno de estos matices en el testimonio analizado pone en duda las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que tuvo lugar el hecho imputado. Todo esto es reconocido parcialmente en la sentencia -“ estas leves contradicciones no permiten descartar por sí mismas la veracidad de la declaración de la Sra. L. en la medida que no aparecen graves o centrales en relación con el hecho” (f. 248 vta.)- y, sin embargo, inmediatamente se intenta vincularla con otros elementos de prueba para dotarlas de mayor fuerza. Lo cual, como se demostrará a continuación, no es conseguido.
En efecto, el magistrado sentenciante puso de relieve que las discordancias en el relato de L. debían ponderarse teniendo en cuenta el examen psíquico practicado por el Cuerpo Médico Forense, según el cual, la denunciante podría acomodar el relato según sus intereses. Esto si bien es cierto, el a quo omitió considerar que el mismo informe refiere que no existen en L. indicadores de fabulación ni mitomanía, lo que interpreto como una contradicción en su razonamiento, al mismo tiempo que implica una valoración parcial de la prueba.
Por otro lado, algunos párrafos más adelante, considera que el examen psíquico practicado al imputado -el cual arroja que R. tiene una personalidad con rasgos de impulsividad y reacciones desajustadas ante situaciones de tensión emocional- es un indicio débil al contraponerse con el resto del plexo probatorio. Sin embargo, esta conclusión no se basa en las constancias de la causa y es inmotivada, pues no se brindan razones de por qué los resultados desfavorables de los exámenes psíquicos de autor y víctima son ponderados de distinta manera.
Frente a ello, tampoco puede compartirse el análisis postulado en relación con el modo en que la pareja de L. (F.) tomó conocimiento del hecho. El juez advierte una contradicción entre la versión de la víctima en sede policial -quien señaló que le contó a F. del ataque en cuanto R. se fue de la casa- y la versión brindada por F. durante el juicio -quien expresó que se enteró del abuso a la tarde cuando llegó al domicilio el personal de Policía científica-. Todo lo cual, según el magistrado interviniente, revelaría un acomodamiento de la declaración de L..
El a quo argumenta que “no es razonable pensar que un hecho de tanta trascendencia personal como es un abuso sexual no sea contado a la persona con quien más confianza se puede tener, como es una pareja íntima” (f. 248 vta.). Sin embargo, este argumento no es contundente en orden a lo que intenta demostrar, pues, en delitos que atentan contra la integridad de la persona, tal como lo es el que se investiga en estos autos, las reacciones de las víctimas pueden ser disímiles, jugando un papel relevante las emociones -tales como el pudor, la timidez o la vergüenza- así como cuestiones propias de la pareja -celos o desconfianzas-. Estas posibilidades no han sido consideradas en la sentencia analizada.
Por último, respecto a la actitud de L. al momento de la agresión sexual, el magistrado advirtió tanto una contradicción entre la declaración brindada en sede de instrucción y lo manifestado en juicio, así como una inconsistencia en el relato. En relación con lo primero, puso de relieve que en el juicio y ante una pregunta expresa de la defensa, negó haber gritado, mientras que, en la denuncia dijo que gritó y nadie la escuchó. Nuevamente, entiendo que esta no es una discordancia que debilite el testimonio de la víctima, tanto por ser relativa a aspectos secundarios del hecho, como por contradecir el resto del sentido de la prueba, tal como explicaré en el próximo punto.
En relación con lo anterior, el a quo señaló que “no es razonable pensar que ante un ataque sexual como el denunciado se pueda evitar gritar” (fs. 248 vta.). Ello si bien puede resultar cierto en un número apreciable de supuestos, esta apreciación de la actitud de la víctima al momento de los hechos no es necesaria en orden a la inexistencia del abuso. Recuérdese que L. sufrió amenazas, lesiones leves en el cuello, y su hija menor se encontraba durmiendo a pocos metros de ella. Estas circunstancias pueden haber influido en la reacción de Lizarra, sin embargo, la sentencia omite considerarlo.
Por último, en relación con el aspecto de la declaración de la víctima relativo al ardor que le habría provocado el abuso sexual en su vagina, el cual no se habría constatado ni se habría referido en el debate, entiendo que ello de modo alguno permite quitarle credibilidad a su testimonio. En tanto, el ardor como consecuencia de la penetración no consentida puede desaparecer rápidamente. Pero lo que es todavía más importante es que el relato de la víctima sí se condice con las lesiones comprobadas en su cuello.
El mismo razonamiento debe aplicarse a la ausencia de lesiones constatadas en el cuerpo del imputado, indicio, según el magistrado interviniente, de que no existió agresión ni tampoco defensa. Sin embargo, en la sentencia se omite valorar que la reacción de la víctima consistió en golpear al autor con el talón del pie en la espalda mientras se encontraba encima de ella y que, esta actividad no necesariamente debió provocarle una lesión a R..
b.- Errónea valoración del resto del plexo probatorio
La credibilidad de la versión de la víctima es puesta en duda por el a quo, en segundo lugar, tomando como referencia otros elementos de prueba, los cuales como explicaré ahora, entiendo tampoco han sido correctamente valorados.
Las principales pruebas de cargo que obran en el expediente son el informe de ADN y las lesiones en el cuerpo de la víctima. En relación con lo primero, el magistrado sentenciante entiende que la posibilidad de una relación consentida entre autor y víctima -basadas en que fueron pareja y tienen una hija en común- explicaría la presencia del perfil genético de R. en la ropa y el cuerpo de Lizarra. Sin embargo, esta versión de los hechos no se condice con las constancias obrantes en la causa, principalmente, las amenazas que el juez entendió probadas y el resultado del examen físico que da cuenta de las lesiones en el cuerpo de la denunciante.
En relación con las lesiones, se comprobó que al momento del examen L. presentaba equimosis rojo violácea de 7 cm por 2 cm en cara lateral derecha del cuello, equimosis rojo violácea de 4 cm por 1 cm en cara lateral izquierda del cuello, equimosis lineal rojiza de 5 cm en base del cuello, izquierda, equimosis rojiza de e1 por 5 cm en borde externo de antebrazo izquierdo, todo cuya curación se estimó tomaría un tiempo probable menor a un mes.
Frente a este extremo del hecho, el imputado reconoció ser el autor, pero explicando que fueron posteriores a la relación sexual consentida y con motivo del inicio de las discusiones que se generaron entre ambos. Sin embargo, no existen pruebas que permitan afirmar que esta versión de los hechos es algo más que un intento por liberarse de la responsabilidad. Lo cual tampoco ha sido debidamente considerado en la sentencia analizada.
A su vez, entiendo que tampoco ha sido correctamente valorada la conducta de la hija de R. y L. (al momento del hecho), así como la forma en la que encontró la habitación F. (momentos después del hecho). En efecto, por un lado, la situación de debilidad en la que se encontraba L. podría explicar que haya evitado gritar para no despertar a su hija. Por otro lado, la existencia de ropa en el suelo, junto con un acolchado y una frazada, no dan cuenta necesariamente de la existencia de una relación consentida. En suma, estos elementos de convicción no poseen la suficiente fuerza para afirmar la existencia de una duda razonable que conduzca a la absolución.
Por último, tampoco se despeja correctamente en la sentencia puesta en tela de juicio el tramo del testimonio de F. cuando expresó que al llegar al lugar de los hechos encontró a su pareja, P. L., llorando, advirtiendo la presencia de moretones en el cuello, elemento que resulta un indicio de la veracidad de la existencia del abuso sexual y que no fue valorado adecuadamente por el a quo.
c.- La condena por amenazas simples
La última contradicción de la sentencia analizada se pone de relieve en su tramo final, en el que se hace lugar a la acusación de amenazas simples y se condena a R. a la pena de 8 meses de prisión de ejecución condicional. El magistrado expresó al respecto que “la impresión personal que percibí de la Sra. L. fue buena y, en términos generales -salvo las inconsistencias antes detalladas en relación con el abuso sexual- mantuvo de manera coherente su exposición original y aun cuando esas manifestaciones fueron consideradas insuficientes para fundar ese extremo de la acusación, debido a la duda que se genera por las circunstancias objetivas periféricas ut- supra detalladas, estimo que en este tramo de los hechos, aparecen como verídicos, sobre todo si los unimos a la declaración del imputado” (f. 251).
Sin embargo, el a quo no explicó suficientemente por qué motivo decidió creerle a la víctima en relación con la existencia de las amenazas y no en relación con la existencia del abuso sexual; al mismo tiempo que volvió a tomar por cierta las declaraciones del imputado, sin argumentar cuáles elementos de prueba corroboran sus manifestaciones o, al menos, la erigían como versión alternativa verosímil frente a la versión propuesta por la acusación.
En este orden de ideas, también el sentenciante omitió integrar a su razonamiento el contexto de género, pues en relación con él advierte que la existe una diferencia física entre ambos y el hecho específico que L. esté a cargo de una niña menor, la coloca en una situación de debilidad o inferioridad frente a R. y así, vulnerable para esa superioridad (fs. 251 vta.). Sin embargo, las implicancias de estas consideraciones en la imputación por el delito de amenazas, son omitidas en lo relativo al delito de abuso sexual. Pues es razonable pensar que este ejercicio de poder por el género también jugara un papel importante para explicar aquellas contradicciones -el silencio hacia su pareja o la ausencia de gritos -que el a quo consideró centrales y así dotar de credibilidad a su testimonio.
A su vez, entiendo que la sentencia atenta contra principios fundamentales de la lógica y la coherencia en lo que respecta a la impresión personal que tuvo el juez sentenciante sobre la Sra. L. al momento de prestar declaración testimonial en el juicio. Mientras que, en lo que respecta a la imputación por amenazas afirma que fue buena, en la imputación por abuso sexual expresa que sus manifestaciones “podrían tener explicación en la necesidad de la víctima de adecuar su relato a sus intereses personales, aspecto de su personalidad que fuera destacado por el examen psíquico de fs. 53” (fs. 269).
En relación con esto último, el magistrado omitió valorar el resultado del examen psíquico practicado a R. en el que se informa que acomoda su discurso según su conveniencia (supra). Nuevamente, se decidió descreerle a la víctima y sustentar su duda en los resultados de los exámenes psíquicos y creerle al imputado, olvidando mencionar que sus dichos tampoco se encuentran avalados por los estudios psicológicos incorporados a la causa. Y todo ello, sin expresar motivos adicionales.
Lo anterior pone de manifiesto la existencia de vicios en la fundamentación de la sentencia impugnada, derivados de la inobservancia de lo dispuesto por el art. 416 inc. 4° del C.P.P. Ley 6730, circunstancias que acarrean la declaración de nulidad del fallo aludido.
Al respecto, nuestro máximo tribunal ha sostenido que «la regla de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la aplica en la fundamentación de la sentencia. Puede decirse que en este caso, la sentencia carece de fundamento y, por ende, esta es una grosera violación a la regla que debe ser valorada indefectiblemente tanto por el tribunal de casación como por esta Corte. Cuando no puede reconocerse en la sentencia la aplicación del método histórico en la forma en que lo condicionan la Constitución y la ley procesal, corresponde entender que la sentencia no tiene fundamento. En el fondo, hay un acto arbitrario de poder» (CSJN fallos: 328:3399).
Por las razones precedentemente expuestas, entiendo que el recurso de casación interpuesto por la Fiscal de Cámara de la Excma. Octava Cámara del Crimen debe ser acogido en esta instancia y, en consecuencia, debe anularse la sentencia recurrida y reenviar la causa al subrogante legal a fin de que se desarrolle un nuevo juicio.
ASÍ VOTO.
Sobre la misma cuéstión, el Dr. PEDRO J. LLORENTE adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.
SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL DR. MARIO D. ADARO DIJO:
Comparto los fundamentos por los cuales el voto preopinante considera que corresponde hacer lugar al recurso impetrado por el Ministerio Público Fiscal. No obstante, estimo oportuno realizar algunas consideraciones en torno a la valoración de los elementos de prueba en función de la perspectiva de género, principalmente, en lo que respecta a su vinculación con el principio in dubio pro reo.
Como derecho fundamental de todo acusado en el marco de un proceso penal, el principio in dubio pro reo tiene un doble fundamento, por un lado, material -desde el ámbito del Derecho penal sustancial- y, por el otro, formal -desde la óptica del Derecho procesal penal-. En cuanto al primero de aquellos ámbitos el principio in dubio pro reo, en tanto reflejo del principio de culpabilidad por el hecho que limita el poder del Estado de intervención punitiva, asegura un espacio adecuado de libertad a todos sus habitantes. Esto implica que un ciudadano sólo puede ser responsabilizado penalmente cuando se encuentra acreditada su responsabilidad y en la medida de ésta; lo contrario implicaría una inadmisible instrumentalización de las personas para el cumplimiento de fines estatales.
Ahora bien, desde una perspectiva procesal, el principio in dubio pro reo es el resultado de una doble derivación proveniente de las garantías de presunción de inocencia y de nulla poena sine lege -vertiente del principio de legalidad-. Cuando no hay certeza sobre el supuesto de hecho previsto por la ley, la inocencia del encausado permanece intangible y sólo procede su absolución. Un enfoque normativista del principio de la presunción de inocencia se nutre de contenido al ser considerado en razón de la existencia misma del proceso cuya función reside en fundamentar o motivar la obligatoriedad de la decisión adoptada.
En consecuencia, la inocencia del imputado significa que el resultado del proceso se encuentra abierto hasta que se dicta una sentencia condenatoria. De este modo, la función inmediata de la presunción de inocencia es la protección del proceso mismo, así como todas sus derivaciones. En otras palabras, la presunción de inocencia hace posible el proceso en tanto conduce a demostrar que el imputado no es inocente. Si las cosas fueran distintas, el proceso podría convertirse en un mero ritual.
No debe perderse de vista, por su parte, que el principio in dubio pro reo es una derivación lógica de la garantía nulla poena sine lege que impone no subsumir en la ley hechos dudosos toda vez que no es posible sostener que han sido contemplados por una ley que debe ser taxativa. Así, en razón del principio de legalidad será condenado sólo aquél que haya matado, abusado sexualmente, privado de la libertad y no aquél que quizás hubiese llevado adelante un comportamiento jurídicamente desaprobado que se realizara en alguno de aquellos resultados.
Así, es posible afirmar que el principio in dubio pro reo no opera en el momento de la valoración de la prueba, sino en el de la toma de decisión sobre la confirmación o destrucción del estado de inocencia del acusado, lo cual sólo puede suceder una vez que se ha valorado los elementos de prueba que obran en la causa y, a pesar de ello, no encuentra razonable condenar. Una posición que sostenga que el in dubio pro reo resulta una regla de valoración debería asumir que cualquier proceso probatorio siempre conduciría a la absolución y no parece razonable sostener tal decisión.
En suma, si después de haber observado y escuchado todas pruebas durante el juicio, el tribunal estima que el acusado es probablemente culpable, pero, pese a ello, entiende que algunos de los elementos del caso de la causa que sustentan la acusación no son del todo convincentes entonces está obligado, en función del beneficio de la duda del acusado, a absolverlo. Ahora, si bien es cierto que el principio in dubio pro reo opera en el momento en el que el magistrado debe decidir en relación con un caso concreto, no es menos cierto que su correcta aplicación presupone una actividad de valoración de la prueba que incorpore las particularidades propias de los casos de violencia de género, si se pretende derivar -en un segundo momento- conclusiones lógicamente controlables para determinar si ha de absolverse o condenarse.
Con base en lo dicho hasta aquí, me interesa agregar que el principio in dubio pro reo, en tanto garantía del imputado en el plano procesal, presenta una cara externa y una interna. Esto es, dos dimensiones que operan de manera articulada, pero cuya configuración específica puede variar en el caso concreto. La cara externa hace referencia al umbral de prueba que ha de alcanzarse cuantitativamente para destruir el estado de inocencia del que goza el ciudadano y orientar la decisión judicial hacia la atribución de responsabilidad jurídico-penal. Dicho en lenguaje coloquial, la cara externa o cuantitativa del principio in dubio pro reo hace referencia a “cuanta prueba se necesita para condenar”.
Por otro lado, la cara interna o cualitativa se refiere al valor que ha de otorgársele a cada uno de los elementos probatorios sobre los que se erige el silogismo condenatorio. Aquí se trata de precisar “cuánto valor debe atribuírsele a cada prueba” según el bi en jurídico protegido y su específico modo de ataque. Por ejemplo, la declaración de la víctima no puede ser ponderada con los mismos criterios ni atribuírsele el mismo peso en un delito contra la propiedad que en un delito contra la integridad sexual.
Lógicamente, de lo anterior se deriva que el umbral de prueba que posibilita al juzgador destruir el estado de inocencia del que goza el ciudadano (cara externa) puede integrarse, en el caso concreto, de distinto modo (cara interna). Con esto, me refiero a que, en algunos casos, por ejemplo, al tribunal de juicio puede bastarle con valorar en contra del acusado una única prueba con la suficiente fuerza para atribuir responsabilidad penal. Y, a la inversa, en otros casos podrá suceder que el sentido de una única prueba no alcance para generar el estado de certeza requerido para el dictado de una sentencia condenatoria, pero que, puesta en relación con otros elementos probatorios, satisfaga el estándar necesario para hacer decaer el estado de inocencia.
Distinguidos estos dos aspectos del principio analizado, advierto que en la sentencia puesta en crisis no se realiza una adecuada aplicación del principio in dubio pro reo. Ello en tanto, la inyección de contenido que lo nutre en su aspecto interno se ha llevado adelante sin realizar una correcta materialización de la perspectiva de género en la valoración de los elementos de convicción reunidos en la causa.
En los casos de agresiones contra la integridad sexual, debido a las particularidades propias de estos ataques -que, como es sabido, suelen ser llevados a cabo frente a víctimas desprotegidas o en la intimidad- el relato de quien ha sido violentado/a en su libertad sexual debe ser cuidadosamente analizado y ha de atribuírsele un lugar privilegiado en la construcción de la premisa fáctica que integra el razonamiento del juez.
En la sentencia puesta en tela de juicio, el a quo efectúa consideraciones sobre diversos elementos probatorios sin haber tenido en cuenta – o al menos de forma plena- el paradigma de género. Ello se advierte en la valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima, así como de la existencia de lesiones y material genético del imputado en el cuerpo de la víctima. Igualmente, entiendo que este déficit de la valoración de la prueba repercute en el lugar central en el que se ubican las contradicciones que se aprecian entre la versión brindada por la víctima en sede policial y, con posterioridad, al momento de declarar durante el debate. Extremos que han sido correctamente advertidos por mi distinguido colega de sala en el voto que me antecede.
Dicho de otra forma, se advierte que el a quo valoró los distintos elementos de juicio y, en especial el testimonio brindado por la víctima, con prescindencia de una mirada integral de la problemática (cara interna), incumpliendo de esta manera, con los criterios interpretativos que establece la Ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), que expresamente conmina a los operadores judiciales a que ponderen, en orden a acreditar que el hecho tuvo lugar en un contexto de violencia de género, todas las presunciones que se construyan a través de indicios graves, precisos y concordantes ( art. 31).
En pos de tal objetivo, y a fin de cumplir con los compromisos internacionales asumidos en la materia, entiendo oportuno destacar, tal como exprese in re “Galdeano Reyes” (CUIJ N°13-04202269-6/1), que “[…] no puedo dejar de soslayar que analizamos una problemática compleja que afecta un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad que, por distintas circunstancias o factores, se ven privadas del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Los problemas derivados de esta especial situación de vulnerabilidad, así, exceden un abordaje meramente jurídico en tanto se trata de una problemática compleja que atraviesa y debe ser atendida, comprendida y abordada desde conocimientos interdisciplinarios. Por ello, el administrador de justicia al valorar elementos probatorios -particularmente pero no excluyentemente en la esfera penal- debe ponderar los patrones socioculturales y estereotipos sobre los que se construye esta problemática, a fin de tener una verdadera comprensión del fenómeno de violencia de género y, de esta manera, poder lograr desde el Derecho aportar soluciones que contribuyan a atacar el flagelo de la violencia y trabajar en pos de la igualdad de género”.
Sostuve también en el citado precedente, que como primer orden de dificultad advertía que las normas procesales que regulan la adquisición, producción y valoración de la prueba son neutrales al género; es decir, no establecen lineamientos específicos en orden al tratamiento de este fenómeno. Además, si bien nuestro ordenamiento procesal adopta el sistema de la libre convicción y la sana crítica racional como método para la valoración de la prueba, no garantiza que los operadores judiciales guíen sus decisiones exentos de las concepciones socioculturales que favorecen el trato discriminatorio de este sector en situación de vulnerabilidad.
De este modo, se advierte claramente cómo estas dificultades hicieron mella en el caso de marras y definieron la manera que tomó su decisión el tribunal de sentencia. En este sentido, entiendo oportuno reiterar algunos conceptos relativos a la construcción de estereotipos de víctimas y agresores en los delitos de abuso sexual, los que desarrolle en el precedente “González Pringles”.
Destaqué en tal oportunidad, en relación a las víctimas mujeres, que cualquier contradicción en su relato o la ausencia de pruebas que evidencien una oposición expresa por parte de la mujer abusada, son elementos que pueden incidir en la forma que se investiga y juzga los delitos contra la integridad sexual. De la misma manera, estos estereotipos en la construcción del consentimiento de la víctima, constituyen la principal defensa en este tipo de hechos.
De igual modo, y en cuanto a los prototipos de varones abusadores, señalé como uno de los principales mitos, la creencia que sólo los desconocidos cometen este tipo de ilícitos, derivándose de ello que la excepcional comisión de este tipo de delitos por un conocido genera menos daño que si fuera cometido por extraños (en esta línea consúltese “González”, CUIJ: 13-03895410-9/1).
Expresamente referí en el citado precedente que “[…] a través de su anclaje en el inconsciente colectivo, se crean y validan mitos sobre los perfiles de los varones abusadores y de las mujeres víctimas que, gravemente, impactan en decisiones judiciales, incluso en algunas ocasiones sin perjuicio de las pruebas que pudieran existir en autos”
En conclusión, y vinculado con las consecuencias que la adopción de la perspectiva de género acarrea tanto en el plano formal como en el material a la luz del principio in dubio pro reo, entiendo que, la categorización de un caso como de violencia de género no implica de manera alguna disminuir el estándar probatorio en tanto umbral de certeza necesario para alcanzar una sentencia condenatoria (aspecto externo), pero sí repercute en el peso y el lugar que se le atribuye a los elementos de prueba e indicios que integran el razonamiento judicial (aspecto interno), en tanto actividad hermenéutica que precede a su específica operación como garantía del imputado.
ASÍ VOTO.
SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. JOSÉ V. VALERIO DIJO:
De conformidad a lo votado en la cuestión anterior, corresponde anular el debate efectuado, la sentencia N° 22 y sus fundamentos, debiendo remitirse las actuaciones al Juzgado Penal Colegiado correspondiente a fin de que la OGAP determine el juez que habrá de intervenir en la realización del nuevo debate.
ASÍ VOTO.
Sobre la misma cuéstión, los Dres. MARIO D. ADARO Y PEDRO J. LLORENTE adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.
Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta.
SENTENCIA
Atento al mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Segunda de esta Suprema Corte de Justicia de Mendoza, fallando en forma definitiva se
RESUELVE:
1.- Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 256/258 vta. por la Octava Fiscalía de Cámara en lo Criminal y, en consecuencia, anular el debate, la sentencia N° 22 dictada por la Octava Cámara del Crimen y sus fundamentos.
2.- Remitir las actuaciones al Juzgado Penal Colegiado correspondiente a fin de que la OGAP determine el juez que habrá de intervenir en la realización del nuevo debate.
Regístrese. Notifíquese.
DR. JOSÉ V. VALERIO
Ministro
DR. MARIO D. ADARO
Ministro
DR. PEDRO J. LLORENTE
Ministro
036629E
