Se confirma la sentencia que rechazó la acción de desalojo, al concluirse que del plexo probatorio quedaba evidenciado que la demandada ocupaba el inmueble, que no existía ningún vínculo contractual con la accionante, que no reconocía la titularidad dominial plena de la actora, que la ocupación la efectuaba animus domini invocando la propiedad de una parte proporcional del inmueble y que su grado de ocupación era de público conocimiento quedando acreditada prima facie la posesión.
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