Se modifica la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los decretos ley 22/2000 y 167/2001 disponiéndose que la liquidación de la jubilación de la amparista se adecue a lo normado por la ley 3295, y se ordena que las sumas indebidamente retenidas sean devueltas desde el hecho generador del beneficio.
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