En el marco de una acción de amparo, se confirma el fallo que declaró la inconstitucionalidad de los decretos leyes 22/2000 y 167/2001, y de toda normativa que se oponga a la ley 4917/1995, al disponer que la liquidación de la jubilación del amparista se adecue a lo normado por la ley previsional, sin la reforma introducida por los citados decretos, incluyendo los rubros no remunerativos, por lo que deben restituirse las sumas indebidamente retenidas desde la interposición de la demanda.
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