Se decreta la inconstitucionalidad de los decretos ley 22/00 y 167/01 y de las resoluciones 2314/04, 932/06, 946/06 y 607/05 emitidas por el Instituto de Previsión Social, disponiéndose que la liquidación de la pensión del amparista se adecúe a lo normado por la ley 4917, sin las reformas introducidas por los citados decretos leyes.
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