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JURISPRUDENCIA
En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil veinte, constituida esta Cámara Federal de Apelaciones por su Presidente, Dra. Beatriz Estela Aranguren, y los Jueces de Cámara, Dres. Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gomez, a fin de tratar el expediente caratulado: “DALLEVES, JAVIER FEDERICO CONTRA A.N.SE.S. SOBRE REAJUSTE VARIOS”, Expte. N FPA 24964/2018/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Concepción del Uruguay, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:
I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes actora a fs. 68 y por la demandada a fs. 69 y vta., contra la sentencia de fs. 56/62.
Los recursos se conceden a fs. 70, ya en esta instancia, expresa agravios la accionante en fecha 03/07/2020 y la demandada lo hace el 16/07/2020, quedando los presentes en estado de resolver a fs. 74.
II- a) Que agravia a la parte actora el rechazo el ajuste de la movilidad. Sostiene que la sentencia hizo lugar al recalculo del haber inicial omitiendo ordenar el pago de las de diferencias que surjan del nuevo haber.
Plantea la inconstitucionalidad del Decreto 163/2020, por considerar que modifica el cálculo del índice de movilidad de la Ley 27426.
b) Que la demandada solicita la utilización del RIPTE como índice de reajuste de los haberes del actor, conforme lo disponen el decreto 807/2016, la ley 27260 y la resolución de ANSES 56/2018. Asimismo, cuestiona la aplicación al caso del fallo “Elliff”. Hace reserva del caso federal.
III- Que el actor, titular de un beneficio jubilatorio otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24241 en función de los aportes efectuados como autónomo, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.
La Sra. Juez de Primera Instancia, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda y dispuso el reajuste de los haberes conforme lo resuelto por la CSJN en la causa “Elliff”. Dejó a resguardo el derecho del actor de replantear la PBU. Rechazó el planteo de movilidad. Ordenó que se abone el nuevo haber y la retroactividades que surjan las que devengarán intereses conforme la tasa pasiva. Finalmente, impuso las costas por su orden y difirió la regulación de los honorarios.
Contra dicha decisión se alzan las apelantes.
IV- Que, en forma liminar debe recordarse que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.
Así, se ha dicho que “…carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia…” (“Fallos” 307:1094).
V- a) Que agravia al accionante que en la sentencia no se haya dispuesto el pago retroactivo de las sumas resultantes por las diferencias de movilidad, como consecuencia de la modificación de la base de cálculo.
Que conforme surge de la sentencia atacada, en esta se ha dispuesto el recálculo del haber previsional del actor y se ordenó a la ANSES que abone el nuevo haber y la retroactividad que surja de la liquidación a realizarse oportunamente.
Sobre este punto, cabe señalar que la orden de recalcular el haber previsional con el pago del respectivo retroactivo, abarca no sólo el retroactivo en torno a la redeterminación del haber inicial, sino también a su movilidad. En razón de ello, se rechaza este agravio.
b) Que, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Decreto Nº 163/20 corresponde señalar que es pauta hermenéutica que la decisión del órgano jurisdiccional acerca de la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la última ratio a la que corresponde acudir.
En este sentido, se ha sostenido que: “…Los actos emanados de los órganos de poder se presumen válidos y constitucionales, lo que en nada obsta al control de su constitucionalidad, pero no ha de llegarse a la declaración de inconstitucionalidad sin antes realizar una esforzada interpretación para compatibilizar la norma o el acto presuntamente contrarios a la constitución con las disposiciones de ésta, porque la declaración de inconstitucionalidad configura, según la Corte, una última “ratio” o un recurso extremo del orden jurídico, que ha de usarse con suma cautela” (Bidart Campos, Germán J., “La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1988, pág. 236).
También ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “…La declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como última ratio del orden jurídico…” (Cfr. Fallos 324:3347).
Que, sentado ello, cabe destacar que se encuentra en vigencia la ley 27.541 (BO 23.12.2019) que en su art. 1º, declaró la emergencia pública previsional, entre otras materias.
Dicha normativa en su art. 55, párrafo primero, dispuso la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días de la aplicación de la movilidad fijada en el art. 32 de la ley 24.241 -conforme modificaciones efectuadas por leyes 26.417 y 27.426- y dejó establecido el párrafo segundo, que durante ese lapso el Poder Ejecutivo Nacional “deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24.241, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
Por su parte, el párrafo tercero estableció que el PEN convocará una comisión para que en idéntico plazo “proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y distribución”.
Ahora bien, el referido art. 32 ahora suspendido, estableció la movilidad de las prestaciones en base a un 70% en las variaciones del Nivel General del índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que la misma ley establece en su anexo y que se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario, dejando aclarado que en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Que, corresponde señalar que el Decreto 163/20 (B.O. 19/02/2020) que se dictó en cumplimiento del mandato y los principios de la Ley N° 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” fijó un aumento por movilidad a los haberes previsionales superiores a la mínima del 2,3% más la suma fija de $1500.
Así en su art. 1° dispuso “Determínase que todas las prestaciones previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, a todos los destinatarios y destinatarias de las pensiones no contributivas y graciables que refieran a la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias y a la Pensión Honorífica del Veterano de Guerra, tendrán un incremento porcentual equivalente a DOS COMA TRES POR CIENTO (2,3 %) sobre el haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020, más un importe fijo de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500). En el caso de que existan co-partícipes en las pensiones por fallecimiento, el monto fijo a percibir se distribuirá de forma ponderada de acuerdo a la participación de cada copartícipe en el beneficio, conforme lo instituido en el artículo 98 de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias”.
Y en su art. 4 estableció “Dispónese que el haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222) y el haber máximo de las jubilaciones otorgadas y a otorgar según la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, serán actualizados a partir del 1° de marzo de 2020, con el incremento porcentual más el importe fijo establecido en el artículo 1° del presente decreto.”
Del análisis riguroso de las postulaciones de la recurrente no se observa un agravio serio, cierto y actual, sino que el mismo se presenta como hipotético y conjetural, dado que el derecho del actor que se deja a resguardo dependerá de que al tiempo de la liquidación se acrediten los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo, oportunidad en que la demandada podrá efectuar su descargo al respecto.
Que dicho ello, en virtud de que se carece en esta etapa de elementos suficientes que permitan establecer de manera fehaciente la merma que produciría en los haberes previsionales del actor la normativa impugnada, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 163/2020 y diferir para la etapa de liquidación el análisis de la movilidad
Por ello, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
VI- a) Que al abordar el recurso de apelación de la parte demandada, en primer término, corresponde rechazar el agravio por la aplicación del ISBIC como pauta de actualización para los jubilados bajo el régimen de la ley 24241, en tanto ello surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema en los autos: “Elliff Alberto c/ Anses” (Fallos 332:1914).
b) Que respecto al planteo referido a la sustitución del ISBIC por el RIPTE, con fundamento en la aplicación del índice de la ley 27260, cabe destacar que no consta en autos, ni fue alegado por ninguna de las partes, que el actor haya adherido al Programa de Reparación Histórica, ni suscripto el acuerdo transaccional que la ley 27260 reglamenta, por lo que deviene a todas luces improcedente aplicar el mecanismo de actualización previsto en el art. 5º de dicha ley -RIPTE-.
c) Que, en cuanto al pedido de aplicación del índice combinado (INGR y RIPTE) con fundamento en lo dispuesto por el decreto 807/2016, cabe señalar que dicho decreto, reglamentario de las leyes 24241, sus complementarias y modificatorias, establece en su art. 5 que el mentado índice se aplicará para la actualización de las remuneraciones que deban considerarse para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual en agosto/2016.
De las constancias documentales de autos surge que la actora adquirió su beneficio previsional en fecha 07/04/2014 (ver fs. 5) por lo que resulta inaplicable el índice establecido en el decreto citado.
d) Que en relación a la aplicación del índice combinado (INGR y RIPTE) sobre la base de lo dispuesto por la Res. 56/18 de la ANSES, cabe tener presente que la ANSES no está habilitada para determinar, mediante una resolución interna y ante la ausencia de norma al respecto, la forma de actualizar las prestaciones con altas anteriores al 01/08/2016, excediéndose en las facultades legislativas acordadas al fijar el índice que corresponde aplicar para actualizar las remuneraciones de las prestaciones con altas anteriores a dicha fecha, lo que no se encuentra previsto legalmente.
e) Que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido similar en los autos “Blanco, Lucio Orlando c/ Anses s/ reajustes varios” Expte. Nº CSS 42272/2012/CS1-CA1, sentencia del 18/12/2018; y en “Abelendo, Roque Ramón Guadalupe c/Anses s/ordinario”, FPA 21001745/2010/CS1, sentencia del 26/12/2018.
Por todo ello, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
VII- Que se imponen las costas en esta instancia en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).
VIII- Que se regulan los honorarios habidos en esta instancia por la Dra. Nadia Vanina Telis en un 30% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, según lo previsto en el art. 30 de la ley 27423; sin regularse a los letrados de la parte demandada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 de la misma ley.
Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO: I- …; II- …; III- …; IV- …; V- Que se abordaran en primer lugar los agravios de la parte actora.
a) Que agravia al accionante que en la sentencia no se haya dispuesto el pago retroactivo de las sumas resultantes por las diferencias de movilidad, como consecuencia de la modificación de la base de cálculo.
Conforme surge de la sentencia atacada, se ha dispuesto el recalculo del haber previsional del actor y se ordenó a la ANSES que abone el nuevo haber y la retroactividad que surja de la liquidación a realizarse oportunamente.
Sobre este punto, cabe señalar que la orden de recalcular el haber previsional con el pago del respectivo retroactivo, abarca no solo el retroactivo en torno a la redeterminación del haber inicial, sino también a su movilidad, en razón de ello, se rechaza el agravio expresado al efecto.
b) Que, asimismo, cuestiona que la Sra. Juez de grado al dictar su sentencia, en relación a la movilidad, no tuvo en cuenta que ya se encontraba vigente el Dec. 163/2020 del PEN, cuya inconstitucionalidad se plantea, al modificar este el cálculo del índice de movilidad establecido por la Ley 27.426, en claro perjuicio a los derechos del actor.
En relación a este planteo, caber referir que la ley 27426 se encuentra suspendida en virtud de lo establecido en la ley 27541 (dictada el 21/12/2019), que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020.
También dispuso en su art. 55 la necesidad de suspender la movilidad jubilatoria de manera provisoria y por el plazo de 180 días, habilitando al Poder Ejecutivo para disponer por decreto los aumentos trimestrales con sujeción al lineamiento previsto en el inc. e) del art. 2, en orden a fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales y considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos.
En ese contexto, el PEN dictó en fecha 18/02/2020 el decreto 163/2020, cuya inconstitucionalidad plantea el actor, que estableció en su art. 1 que todas las prestaciones previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, tendrán un incremento porcentual equivalente a 2,3% sobre el haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020, más un importe fijo de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500).
El art. 4 sentó que el haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222) y el haber máximo de las jubilaciones otorgadas y a otorgar según la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, serán actualizados a partir del 1° de marzo de 2020, con el incremento porcentual más el importe fijo establecido en el artículo 1° del presente decreto.
Luego, en fecha 20/05/2020, el PEN dictó el Dec. 495/2020 que estipuló en su art. 1 que todas las prestaciones previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, tendrán un incremento equivalente a 6,12% sobre el haber devengado correspondiente al mensual mayo de 2020.
A su vez, el art. 4 dispuso que el haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222) y el haber máximo de las jubilaciones otorgadas y a otorgar según la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, serán actualizados a partir del 1º de junio de 2020, con un incremento porcentual equivalente al establecido en el artículo 1° del presente decreto.
Con posterioridad, el día 17/06/2020 el PEN emitió el Dec. 542/2020, que prorrogó hasta el 31 de diciembre del corriente año la suspensión establecida por el art. 55 de la ley 27.541 respecto de la aplicación de la movilidad dispuesta por el art. 32 de la ley previsional 24.241.
c) Que el actor postula que el Dec. 163/2020 es inconstitucional porque afecta de manera manifiesta el derecho a la seguridad social, fundamentalmente a sus principios: la integralidad de los haberes, su naturaleza alimentaria, su progresividad, parecen ser principios olvidados en los momentos en los que su aplicación deviene necesaria para el efectivo ejercicio de los derechos de los beneficiarios.
Alega que si se continuara con la movilidad otorgada por la ley 27.426, el aumento estimado sería del 11,56% en marzo del 2020, pero con la formula actual, 2,7 millones de jubilados y pensionados van a recibir un aumento inferior por el periodo julio-septiembre de 2019.
d) Que a los fines del tratamiento de este agravio, y si bien el actor sólo cuestiona el Dec. 163/2020, atento a que a la fecha de expresión de agravios aún no se había sancionado el Dec. 495/2020, por lo que corresponde efectuar un análisis conjunto de ambos toda vez que establecen pautas de movilidad que deben ser confrontadas con la última ley de movilidad fijada (27.426) conforme lo interesado por el actor y lo sostenido por la CSJN en la doctrina de Fallos 341:1124 y 266, donde sentó que si en el curso del proceso se dictan nuevas normas atinentes a la materia debatida, la decisión que se adopte deberá contemplarlas.
d) Que a los fines de analizar si las pautas de movilidad fijadas a través de ambos decretos afecta la garantía de movilidad previsional fijada por el art. 14 bis y el derecho de propiedad del art. 17, ambos de la CN, como así también los principios de progresividad y esfuerzo contributivo que aplican a esta materia, corresponde analizar los incrementos que allí se fijaron y compararlos con las pautas de movilidad suspendidas; debiendo remarcarse las dificultades que se presentan al efecto en virtud de la ausencia de datos oficiales y elementos suficientes que permitan determinar con exactitud estas últimas.
Así, el Dec. 163/2020, dispuso un aumento de 2,3% sobre el haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020, más un importe fijo de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) a partir del 01/03/2020; por su parte, el Dec. 495/2020 fijó un incremento de 6,12% sobre el haber devengado correspondiente al mensual mayo/2020 a partir del 01/06/2020.
Por su parte, la ley 27426 contemplaba un índice combinado integrado en un 70% por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Conforme fuentes informativas publicadas en internet, dicho índice combinado arrojaría un aumento del 23%, aproximadamente, para el período comprendido por los Decretos 163/2020 y 495/2020 (cfr. “Reforma Previsional 2019: Movilidad suspendida, jubilaciones en peligro por enésima vez y los beneficiarios de Regímenes Especiales, en alerta”, por Aníbal Paz para www.factor.com.ar; “Suspensión de la movilidad jubilatoria: todo lo que hay que saber”, por Bárbara Schargrodsky para www.conclusion.com.ar); “Jubilaciones. De cuánto habría sido el aumento total para 2020 con la fórmula de movilidad suspendida”, por Silvia Stang para www.lanacion.com.ar).
Al comparar dicho porcentaje con el 8,56% acumulado de movilidad instituido por decreto, la desventaja en que ha quedado el sector pasivo luce palmaria.
Asimismo, cabe advertir la ausencia de otros datos que permitan afirmar que los aumentos otorgados resultan suficientes para considerar que se ha cumplido razonablemente con las pretensiones de suficiencia de las prestaciones y de garantizar cierta estabilidad real en los beneficios previsionales frente a diferentes contextos macroeconómicos (cfr. considerandos de los decretos 163/2020 y del 542/2020).
Finalmente, cabe expresar que la prórroga de la suspensión de la movilidad jubilatoria dispuesta por el decreto 542/20 no luce compatible con el objetivo delineado por el legislador en la primera parte del art. 55 de la ley 27541 referido a la atención “en forma prioritaria y en el corto plazo de los sectores de más bajos ingresos”.
Debe remarcarse que el mandato conferido por el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo estaba acotado a la fijación de la movilidad jubilatoria durante el plazo de 180 días de suspensión legalmente dispuesto, y que en modo alguno lo autorizó a prorrogar por idéntico plazo dicha suspensión.
En virtud de todo lo expresado, a los fines de la movilidad reclamada por el actor, el monto que arroje la aplicación de las formulas contenidas en los decretos que el PEN dicte en el marco de la ley de emergencia, no podrán ser inferiores a los que se le hubiesen otorgado al actor de aplicarse las pautas de movilidad contenidas en la ley 27426, lo que podrá recién constatarse en forma fehaciente en la etapa de liquidación.
En razón de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020 en la medida en que los incrementos allí establecidos resulten inferiores a los que hubiese correspondido de aplicar las pautas de movilidad de la ley 27426.
Asimismo, se declara la inconstitucionalidad del decreto 542/20 y se dispone que, vencidos los 180 días de suspensión legal del art. 32 de la ley 27426, éste retoma su vigencia a los fines del cálculo de la movilidad jubilatoria del actor.
VI- …; VII- …; VIII- Que se regulan honorarios habidos a la letrada del actor, Dra. Nadia Vanina Telis, en un 32% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, según lo previsto en el art. 30 de la ley 27423; sin regularse a los letrados de la parte demandada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 de la misma ley.
Voto a esta primera cuestión por la negativa.
EL Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.
A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:
Se rechazan los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la parte demandada, y en consecuencia, se confirma la sentencia dictada.
Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).
Se regulan los honorarios habidos en esta instancia por la Dra. Nadia Vanina Telis en un …% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, según lo previsto en el art. 30 de la ley 27423; sin regularse a los letrados de la parte demandada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 de la misma ley.
Se tiene presente la reserva del caso federal. Así voto.
A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:
Se rechaza el recurso de apelación de la parte demandada.
Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020 en la medida en que los incrementos allí establecidos resulten inferiores a los que hubiese correspondido de aplicar las pautas de movilidad de la ley 27426.
Se declara la inconstitucionalidad del decreto 542/20 y se dispone que, vencidos los 180 días de suspensión legal del art. 32 de la ley 27426, éste retoma su vigencia a los fines del cálculo de la movilidad jubilatoria del actor.
Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).
Se regulan los honorarios habidos en esta instancia por la Dra. Nadia Vanina Telis en un …% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, según lo previsto en el art. 30 de la ley 27423; sin regularse a los letrados de la parte demandada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 de la misma ley.
Se tiene presente la reserva del caso federal. Así voto.
EL Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, adhiere al voto precedente.
No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Señores Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.
MATEO JOSE BUSANICHE
BEATRIZ ESTELA ARANGUREN
CINTIA GRACIELA GOMEZ
EN DISIDENCIA PARCIAL
SENTENCIA
Y VISTO:
Paraná, 20 de noviembre de 2020.
El resultado del Acuerdo que antecede;
SE RESUELVE:
Rechazar el recurso de apelación de la parte demandada.
Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020 en la medida en que los incrementos allí establecidos resulten inferiores a los que hubiese correspondido de aplicar las pautas de movilidad de la ley 27426.
Declarar la inconstitucionalidad del decreto 542/20 y se dispone que, vencidos los 180 días de suspensión legal del art. 32 de la ley 27426, éste retoma su vigencia a los fines del cálculo de la movilidad jubilatoria del actor.
Imponer las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).
Regular los honorarios habidos en esta instancia por la Dra. Nadia Vanina Telis en un …% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, según lo previsto en el art. 30 de la ley 27423; sin regularse a los letrados de la parte demandada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 de la misma ley.
Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.
MATEO JOSE BUSANICHE
BEATRIZ ESTELA ARANGUREN
CINTIA GRACIELA GOMEZ
EN DISIDENCIA PARCIAL
Caliva, Roberto Daniel c/ANSeS s/reajustes varios – Cám. Fed. Salta – 13/07/2020 – Cita digital IUSJU001016F
003164F
