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Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires
Ley 11653
Sancionada el 29 de junio de 1995
Promulgada el 21 de julio de 1995
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 16 de agosto de 1995
1. Los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tendrán a su cargo la administración de la justicia laboral, en un todo de acuerdo con las disposiciones de la presente y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. Los Tribunales del Trabajo conocerán:
a) En única instancia, en juicio oral y público, de las controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y trabajadores, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, en convenciones colectivas, laudos con eficacia de éstas, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo y de las causas vinculadas con un contrato de trabajo aunque se funden en normas del derecho común.
b) En las acciones de las asociaciones sindicales con personalidad gremial, con cobro de aportes, contribuciones y demás beneficios que resulten de convenciones colectivas de trabajo y en aquellas acciones respecto de las cuales el régimen de las asociaciones sindicales establezca la competencia local.
c) En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de éstos concedidos a los trabajadores en virtud o como accesorio de los contratos de trabajo.
d) En las demandas de tercerías en los juicios de competencia de la justicia laboral.
e) En grado de apelación de las resoluciones definitivas dictadas por la asociación sindical, que denieguen la solicitud de afiliación de los trabajadores o dispongan su expulsión, con arreglo a las normas legales que rijan la materia.
f) En grado de apelación, de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas provinciales del trabajo cuando las leyes pertinentes lo establezcan.
g) En la ejecución de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa del trabajo cuando las leyes así lo dispongan.
3. Cuando la demanda sea iniciada por el trabajador podrá entablarse indistintamente:
a) Ante el Tribunal del lugar del domicilio del demandado.
b) Ante el Tribunal del lugar de prestación del trabajo.
c) Ante el Tribunal del lugar de celebración del contrato de trabajo.
Si la demanda es deducida por el empleador deberá entablarse ante el Tribunal del lugar del domicilio del trabajador.
4. Salvo disposición expresa de Las leyes especiales en los supuestos de los incisos b), c), e) y g) del art. 2, las acciones deberán promoverse ante el Tribunal del domicilio del demandado.
5. En caso de muerte, quiebra o concurso del demandado, las acciones que sean de competencia de los Tribunales del Trabajo se iniciarán o continuarán en esta jurisdicción, a cuyo efecto deberá notificarse a los respectivos representantes legales.
6. El Tribunal ante el cual se hubiere promovido una demanda, deberá inhibirse de oficio si considerase no ser competente para conocer en el asunto por razón de la materia. Sin embargo una vez contestada la demanda o perdido el derecho de hacerlo sin objetarse la competencia, ésta quedará fijada definitivamente para el Tribunal y las partes.
7. Los jueces de los Tribunales del Trabajo no podrán ser recusados sin expresión de causa. Regirán en materia de excusación y recusación las causales establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial.
8. La presentación deberá deducirse ante el Tribunal del que forma parte el Juez o Jueces a recusar en la primera intervención que se efectúe.
Cuando la causal fuera sobreviniente o desconocida por la parte, podrá promoverse la recusación dentro del quinto día de saberla y bajo juramento de haber llegado recién a su conocimiento.
Esta facultad sólo podrá ejercerse antes del día de la vista de la causa.
9. En la recusación se observarán las reglas siguientes:
1 . En el escrito que se presente se denunciarán las causales de que Intente valerse, los testigos que hayan de declarar, cuyo número no podrá exceder de tres, acompañando los documentos necesarios y ofreciendo las demás pruebas que considere pertinentes.
La presentación será desechada si no se llenaren los requisitos expresados o si se propusiere fuera de término.
2. Deducida la misma se integrará el Tribunal con los jueces que sean necesarios hasta completar su totalidad y consentida que sea la integración se hará saber al miembro recusado, a fin de que manifieste si son o no ciertas las causales alegadas. Si las reconociere, el Tribunal lo tendrá por separado del juicio sin más trámite.
3. Si las negare y el Tribunal que conoce de aquélla encontrase suficientes las probanzas presentadas al deducirla, decidirá el incidente sin más trámite. En caso contrario, ordenará se practiquen las diligencias solicitadas por el recusante en el escrito inicial y designará audiencia dentro de los diez (10) días para que se reciban las pruebas, observándose lo dispuesto en el art. 44 y resolverá en el mismo acto.
4. El incidente suspende el procedimiento pero no el trámite para la contestación de la demanda.
10. Queda prohibida la intervención de abogados o procuradores cuyo presencia en el proceso pueda generar causales de recusación y excusación cuando dicha intervención comience después de consentida la actuación del Tribunal que conoce en el mismo.
11. Presentada la demanda, el procedimiento podrá ser impulsado por las partes, el Tribunal y el Ministerio Público.
12. El Tribunal deberá ordenar de oficio las medidas convenientes para el desarrollo el proceso. Asimismo, podrá disponer se realice cualquier diligencia que fuera necesaria para evitar la nulidad del procedimiento. Tiene también amplias facultades de investigación, pudiendo ordenar las medidas probatorias que estime pertinentes respetando los principales de congruencia, bilateralidad y defensa.
Transcurrido en la etapa de conocimiento el plaza de tres (3) meses en los juicios sumarísimos y de seis (6) en todos los demás casos sin que se hubiere instado el curse del proceso y siempre que no media un deber específico del Tribunal de efectuar determinados actos procesales, podrá Intimarse a las partes para que en el término de cinco (5) días produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se decretará la caducidad de la instancia.
13. Los escritos a que se refiere el art. 113 (t.o. Decreto 180/87) de la ley 5177 serán proveídos en la justicia laboral, sin perjuicio de Intimarse a los profesionales firmantes para que, dentro del tercer día, subsanen las omisiones o deficiencias bajo apercibimiento de aplicárseles un llamado de atención o las sanciones que correspondan contempladas en la ley Orgánica del Poder Judicial.
14. Las nulidades de procedimiento sólo se declararán a petición de parte siempre que se formule dentro del plazo de cinco (5) días de conocido el acto, salvo que fueran originadas por no habérsele dada audiencia, en cuyo caso el Tribunal podrá declararlas de oficio.
La parte que ha originado el vicio que motive la nulidad o que en forma expresa o tácita hubiere renunciado a diligencias o trámites instituídos en su propio interés, no podrá alegar la nulidad o impugnar la validez de los procedimientos.
15. El demandante podrá acumular todas las acciones que tenga contra una parte, siempre que sean de la competencia del mismo Tribunal, no sean excluyentes y puedan sustanciarse por los mismos trámites. En iguales condiciones se podrán acumular las acciones de varias partes contra una o más, si fueren conexas por el objeto o por el título. Sin embargo, se podrá ordenar la separación de los procesos si se considerase que la acumulación es inconveniente.
16. Las providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley, los días martes y viernes o el siguiente hábil, si alguno de ellos no lo fuere, sin necesidad de nota, certificado u otra diligencia.
Se notificarán personalmente o por cédula:
a) El traslado de la demanda, de la reconvención y de sus contestaciones.
b) La audiencia a que se refiere el art. 29.
c) La declaración de rebeldía.
d) La citación al acto previsto en el art. 25.
e) La providencia que declare la cuestión de puro derecho y los traslados a que se refiere el art. 32, último párrafo,
f) El auto de apertura y recepción de prueba, el de designación de la audiencia de vista de la causa, las cargos procesales que se impongan a las partes y, en su caso, los traslados para alegar por escrito.
g) El traslado de los informes y dictámenes periciales, de los autos que ordenen intimaciones y medidas para mejor proveer.
h) La sentencia definitiva, juntamente con la liquidación a que se refiere el art. 48.
i) La providencia de «autos» contemplada en el art. 57 inciso b).
j) La denegatoria de los recursos extraordinarios.
k) Las que hacen saber medidas cautelares, o su modificación o levantamiento.
l) Las resoluciones en los incidentes, las interlocutorias con carácter de definitivas y aquellas otras providencias que, en su caso, se indique expresamente.
Cuando así se lo disponga podrá notificarse por carta documento, por telegrama o por acta notVerdana.
Cuando la notificación de un traslado se efectuare mediante acta notVerdana, carta documento o telegrama, la parte podrá retirar las copias respectivas en el plazo no superior de cinco (5) días que se establezca, por si misma, por apoderado o por persona simplemente autorizada por escrito, dejándose constancia de ello en los autos, con indicación de la fecha de la entrega y la identidad personal de quien las recibe. El término del traslado comenzará a partir del vencimiento del plazo fijado para el retiro de las copias.
17. Todos los plazos se computarán por días hábiles y serán perentorios e improrrogables.
18. Aún antes de iniciada la acción y en cualquier estado del juicio y a petición de parte, el Tribunal podrá decretar medidas cautelares cuando, a su criterio y según el mérito que arrojen los autos, resulte procedente el resguardo del derecho invocado.
Del mismo modo podrá disponer que el empleador provea gratuitamente la asistencia médica y farmacéutica requerida por la víctima, en las condiciones establecidas por la ley nacional de aplicación.
19. El vencido en el juicio será condenado al pago de las costas, aunque no se hubieran pedido.
El Tribunal podrá eximirlo en todo o en parte cuando hallare mérito para ellos, expresando los motivos en que se funda.
En el caso de acumulación de acciones, las costas se impondrán en relación al éxito o fracaso de cada una de ellas.
20. En el proceso laboral la actuación estará exenta de toda tasa y gastos. Sin embargo, el condenado en costas, cuando no sea el trabajador, deberá pagar las tasas y gastos correspondientes. Si aquellas se declarasen por su orden, abonará los de su parte.
21. Los gastos que en razón de esta ley deba efectuar el Tribunal para la actuación procesal serán resarcidos por la parte a cuyo cargo se impongan las costas, aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el art. 22.
22. Los trabajadores o sus derecho-habientes gozarán del beneficio de gratuidad. La expedición de testimonios, certificados, legalizaciones o informes en cualquier oficina pública será gratuita.
En ningún caso les será exigida caución real o personal para el pago de costas, gastos u honorarios o para la responsabilidad por medidas cautelares. Sólo darán caución juratoria de pagar si mejorasen de fortuna.
23. Los trabajadores desde los dieciocho (18) años y sus derechohabientes podrán estar en juicio y hacerse representar por mandatario, abogado o procurador, mediante simple carta-poder autenticada la firma por escribano, funcionario judicial letrado habilitado o secretario o su reemplazante de los Tribunales del Trabajo.
Los menores adultos que no hayan cumplido aquella edad también podrán estar en juicio y otorgar mandato en la forma indicada precedentemente, previa autorización e intervención promiscua del Ministerio Público.
24. En casos urgentes podrá admitirse la intervención en juicio sin los instrumentos que acrediten la personería. Si éstos, cualquiera fuere la fecha de su otorgamiento, no fuesen presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de diez (10) días contados desde su invocación, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados.
25. Una vez iniciada la demanda se podrá intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento.
En tal caso, y sin que se altere el curso del proceso, las partes serán citadas a comparecer, asistidas por abogado, o por apoderado letrado con facultades suficientes, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de multa de tres (3) a diez (10) jus, la que será aplicada a las partes. La notificación se practicará con transcripción de este párrafo.
De arribarse a la conciliación total o parcial, dentro de los cinco (5) días siguientes el Tribunal se pronunciará homologando o no el acuerdo y podrá eximir a las partes, si éstas lo soliciaren, del pago de las tasas y gastos fiscales de la causa.
Salvo disposición en contrario de las normas aplicables al caso, en cualquier estado del proceso las partes también podrán conciliar el juicio mediante presentación escrita del acuerdo para su homologación rigiendo a al efecto lo dispuesto en el párrafo anterior.
La homologación producirá los efectos de cosa juzgada.
En caso de no conciliarse, se podrá proponer a las partes que la discusión se simplifique por eliminación de aquellas cuestiones y pruebas que carezcan de importancia para la sentencia definitiva.
26. La demanda se interpondrá por escrito y contendrá:
a) Nombre, domicilio real, edad, nacionalidad, estado civil y profesión, oficio u ocupación del actor.
b) Nombre y domicilio del demandado.
c) La designación precisa de cada uno de los conceptos que se impetren.
d) Los hechos en que se funde cada uno de los reclamos expresados claramente.
e) El derecho en que se sustentan las acciones deducidas expuesto suscintamente.
f) La liquidación de los rubros que correspondiere.
g) La mención de los medios de prueba que la parte intente hacer valer para demostrar sus afirmaciones. Asimismo, presentará los documentos que obraren en su poder y si no los tuviere los individualizará indicando su contenido, la persona en cuyo poder se hallare, o el lugar, archivo u oficina donde se encuentren.
h) La petición en términos claros y positivos.
27. Si la demanda tuviese algún defecto u omisión, se deberá ordenar sean salvados dentro del tercer día y con la prevención de que, en caso de incumplimiento, se dispondrá su archivo.
Asimismo, si de la demanda no resultase claramente la competencia del Tribunal, se pedirá al actor las aclaraciones necesarias, con igual plaza y apercibimiento.
Cuando la acción se promueva o continúe por los causahabientes, se adjudicarán los certificados que acrediten la defunción y el parentesco invocado y si fuere además necesario testimonio de la declaratoria de herederos. En tal caso, de no agregarse, podrá disponerse que se acompañe dicho instrumento.
28. Presentada la demanda y previo cumplimiento, si correspondiere, de lo dispuesto en el art. 27, el Presidente del Tribunal correrá traslado al demandado, a quien citará y emplazará para que comparezca y la conteste dentro del plazo de diez (10) días, el que será ampliado en razón de la distancia en un día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción no menor de cien (100) bajo apercibimiento de tener aquella por contestada si no hiciere y declararlo rebelde en su caso.
29. La contestación de la demanda deberá contener, en lo aplicable, los requisitos de los arts. 26 y 34.
El demandado deberá articular todas las defensas que tuviere, incluso las excepciones y prescripción, y ofrecer además toda la prueba de que intente valerse. En esa oportunidad, también podrá deducir reconvención siempre que ésta sea conexa con la acción principal. Las pruebas respectivas se ofrecerá en forma separada para cada uno de tales supuestos.
De dicho escrito se dará traslado al actor, quien dentro del quinto día, podrá ampliar su prueba exclusivamente con respecto a los nuevos hechos introducidos por el demandado.
En el plazo de cinco (5) días deberá contestar las excepciones y prescripción opuestas y en el de diez (10) la reconvención que se hubiere deducido, ofreciendo las pruebas en la forma establecida en el párrafo segundo. De la contestación de la reconvención se dará traslado por cinco (5) días a los mismos fines que los previstos para la contestación de la demanda. Cumplido lo previamente dispuesto o vencidos los plazos referidos, el Presidente del Tribunal, en el caso de haberse opuesto excepciones, fijará audiencia para dentro de quince días (15) a fin de que se reciba la prueba correspondiente.
Al contestar las partes los traslados dispuestos en los párrafos anteriores deberán reconocer o negar la autenticidad de los documentos acompañados que se les atribuyen, como así también la recepción de las cartas, cartas documentos y telegramas a ellos dirigidos y cuyas copias se adjudiquen, bajo apercibimiento de que se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso.
30. Cuando exista un seguro en virtud de una ley que autorice sustituir la responsabilidad patronal, la intervención del asegurador en el juicio se regirá por las normas legales específicas en la materia.
31. Las únicas excepciones admisibles como previas son:
a) Incompetencia.
b) Falta de capacidad de las partes o de personería en sus representantes.
c) Litispendencia.
d) Cosa juzgada.
Si se opusiere la prescripción y pudiere resolverse como de puro derecho, así se procederá con arreglo a lo dispuesto en el art. 32. En caso contrario, la prueba se producirá junta con la de las restantes cuestiones de fondo y se resolverá en la sentencia definitiva.
32. Contestados los traslados previstos en el art. 29 o vencidos los plazas para hacerlo y siempre que hubiesen sido resueltas las excepciones opuestas y la cuestión no fuere de puro derecho el Presidente del Tribunal, dentro del plazo de diez (10) días, proveerá lo que corresponda respecto de las pruebas ofrecidas las que, salvo aquellas que se reciban en la vista de la causa, deberán producirse en el plazo de sesenta (60) días sin perjuicio de lo establecido en el art. 41. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o supérfluas o meramente dilatorias.
La audiencia, en la que se recibirá la prueba de confesión, de testigos, y en su caso, a los peritos citados, se designará en el mismo auto observando las reglas generales indicadas en el art. 43, salvo cuando la cantidad, índole o complejidad de la prueba induzca a fijarla posteriormente en la oportunidad prevista en el artículo citado.
Si no se hubiese ofrecido prueba oral o por cualquier otro motivo no fuera necesario recibir la misma, una vez producida la ordenada o vencido el plaza para hacerlo, el Presidente del Tribunal dentro de los diez (10) días, concederá traslado a las partes para que en el plazo de cinco (5) días informen por escrito sobre el mérito de la prueba. Presentados los alegatos o vencido el término para hacerlo, sin más trámite se dictará veredicto y sentencia en los plazas establecidos en el art. 44, incisos d) y e).
Si la cuestión fuere de puro derecho, en la oportunidad y plazas previstos en el primer párrafo, el Tribunal así lo declarará y en el mismo acto conferirá traslado a las partes para que dentro de los cinco (5) días informen por escrito. Presentados los informes o vencido el término para hacerlo, sin más trámite dictará sentencia dentro del plazo de veinte (20) días.
33. Las pruebas que deban practicarse fuera del lugar donde tiene su asiento el Tribunal podrán delegarse, salvo fundada y expresa oposición de parte, que será resuelta sin recurso.
Cuando existiere prueba que haya de producirse fuera de la Provincia, los plazas señalados en los arts. 29 y 32 podrán ampliarse hasta noventa (90) días como máximo, atendiendo a las distancias y a la facilidad de las comunicaciones.
34. Cuando se solicite la absolución de posiciones será indispensable, para su admisión, acompañar el pliego respectivo. Caso contrario se la tendrá por no ofrecida.
Quien deba absolverlas será citado en su domicilio real, por cédula, por telegrama, carta documento, o acta notVerdana con anticipación no menor de dos (2) días hábiles, bajo apercibimiento de poder tenerlo por confeso si no compareciere sin justa causa.
Las personas de existencia ideal podrán elegir a la persona física que las represente, cuya declaración confesional obligará a la parte proponente. A tales fines, al promover o contestar la demanda deberán Indicar quién absolverá posiciones en su nombre y el domicilio, dentro del asiento del Tribunal, donde será citada. También podrán proponer un absolvente sustituto para el caso de muerte, incapacidad o ausencia debidamente justificadas del designado en primer lugar.
El reemplazo, se podrá efectuar hasta el día de la audiencia y la concurrencia del absolvente sustituto estará a cargo de la parte que lo propuso cuando se produzca después de proveída tal prueba. En este caso, su incomparecencia implicará tenerlo por confeso atendiendo a las circunstancias de la causa.
Quedará a cargo de la parte que indica la persona que absolverá posiciones la obligación de que sus respuestas puedan efectuarse con eficaz conocimiento de los hechos, bajo apercibimiento de poder tenerla por confesa.
35. Cada parte sólo podrá ofrecer hasta cinco (5) testigos, salvo que por la naturaleza de la causa o por el número de actores o de cuestiones de hecho sometidas a decisión del Tribunal, se admitirá una cantidad mayor.
Cualquiera sea el número admitido, también se podrá proponer subsidiariamente hasta tres (3) testigos para reemplazar a quienes no pudieran declarar por las causas previstas en el art. 34, sustitución que podrá efectuarse hasta el día de la audiencia.
Podrá ser testigo toda persona que haya cumplido catorce (14) años de edad.
Si al proponer la prueba el trabajador solicitare que los testigos sean examinados directamente por el Tribunal de la causa, siempre que tuvieran su domicilio en la Provincia, el Estado abonará los gastos de traslado con cargo de reembolso al mejorar de fortuna. Cuando igual solicitud sea formulada por el empleador, éste se hará cargo de los gastos de traslado.
36. Toda persona citada como testigo está obligada a comparecer ante el Tribunal, teniendo derecho cuando preste servicios en relación de dependencia a faltar a sus tareas, debiendo computarse a los fines remuneratorios como efectivamente trabajado el tiempo que le insuma el cumplimiento de la citación, a cuyo fin por Secretaría se le otorgará la constancia correspondiente.
El testigo que no concurriere sin excusar su ausencia con justa causa, podrá ser conducido por la fuerza pública y mantenido en arresto hasta tomársele declaración, sometiéndosele luego a la justicia penal si correspondiere. Sin perjuicio de ello, podrá aplicársele una multa cuyo monto será fijado entre 1 a 4 jus. En la notificación respectiva se transcribirá este párrafo.
La citación se hará por cédula, por telegrama, por carta documento o por acta notVerdana con anticipación de dos (2) días hábiles, como mínima, al de la audiencia, salvo los testigos de reemplazo cuya concurrencia será a cargo de la parte que los ofreció cuando la situación se produzca después de proveída tal prueba. En este caso, su incomparecencia implicará tener a la parte por desistida de su declaración.
37. Los peritos serán nombrados de oficio. Su número según la índole del asunto, puede a juicio del Presidente del Tribunal variar de uno (1) a tres (3) por cada cuestión técnica sometida a decisión judicial practicándosele la diligencia en la forma especificada en el art. 469 del Código Procesal Civil y Comercial. La designación se hará por sorteo entre los profesionales matriculados e inscriptos en una lista que se formará en cada jurisdicción de los Tribunales del Trabajo, debiendo agotarse el sorteo de dicha lista para que el desinsaculado pueda ser sorteado nuevamente.
Las pericias médicas podrán practicarse por el sistema previsto anteriormente o mediante perito único que será designado por sorteo, entre los médicos laboristas de la nómina oficial del Poder Judicial.
Cuando en la lista oficial del lugar al que corresponde el Tribunal del Trabajo no exista el cargo de médico laborista, la designación se efectuará por sorteo entre los especialistas de esa rama de la oficina existente en el lugar más próximo.
En el caso de recusación, excusación, vacancia, remoción o cualquier otro impedimento de los médicos laboristas oficiales mencionados en el segundo párrafo, una vez agotada la nómina, serán reemplazados en la forma establecida en el párrafo anterior.
El Presidente del Tribunal podrá, asimismo, disponer que las pericias se realicen por técnicos forenses o de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. En estos casos se determinará la suma que deba abonarse por esos servicios con arreglo a las disposiciones que al efecto dicte la Suprema Corte.
Se fijara a los peritos, al proveer la prueba ofrecida, un plazo no mayor de veinte (20) días para la presentación de sus informes y dictámenes con la antelación necesaria a la vista de la causa cuando hubiera sido designada para que antes de dicha audiencia se cumpla con todos los traslados que se preveen a continuación.
Del informe o dictamen pericial se dará traslado a las partes por cinco (5) días, salvo que su complejidad o extension justificare un plazo mayor, bajo apercibimiento de perder el derecho a pedir explicaciones o impugnar el informe o dictamen presentado, sin perjuicio de los dispuestos en los arts. 44 inciso b) y 45.
Del pedido de explicaciones y/o impugnaciones formulado por las partes, se dará traslado a los peritos para que lo contesten en el plazo de cinco (5) días o antes de la vista de la causa o en la misma audiencia, si se hubiese designado, atendiendo las circunstancias del caso.
Cuando se lo estimare necesario, podrá disponerse que se practique otra pericia, se perfeccione o se amplíe la anterior, según el sistema de designación que se considere pertinente.
Los informes o dictámenes deberán presentarse con tantas copias como partes intervengan.
38. Cuando los peritos no se expidieren en término o citados para dar explicaciones o evacuar impugnaciones no comparecieren sin justa causa, de oficio se dejará sin efecto su designación, dándoles por perdido el derecho a devengar honorarios si correspondiese y excluyéndolos de la lista. En el caso de peritos de la nómina oficial del Poder Judicial se comunicará a la Suprema Corte de Justicia a sus efectos.
La designado de los peritos se notificará con transcripción de este artículo.
39. Cuando en virtud de una norma legal aplicable exista obligación de llevar libros, registros o planillas especiales de índole laboral y a requerimiento judicial no se los exhiba o resulte que no reúne las existencias legales reglamentarias, incumbirá al empleador la prueba contraria si el trabajador o sus derecho-habientes presentaren declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en los mismos.
En los casos en que se controvierta el monto o el cobro de remuneraciones en dinero en en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá al empleador.
40. Cuando se ofrezcan como prueba expedientes administrativos o judiciales en trámite, deberán individualizarse las piezas o circunstancias que interesen; en su caso, se requerirá testimonio o copia autenticada de dichos elementos probatorios. Cuando se trate de expedientes administrativos o judiciales terminados y agregados a otro juicio, podrá procederse de la misma manera o requerirse la remisión de los mismos.
Si se ofreciere como prueba un documento agregado a un expediente en trámite, se pedirá el envío de dicho expediente exclusivamente por el plazo necesario para cumplimentar la prueba o copia autenticada del instrumento.
En el primer caso, antes de devolverse el expediente se dejará copia del documento en la causa.
Cuando la actuación que se ofrezca como prueba se refiera a una cuestión de carácter prejudicial se deberá aguardar su terminación.
Cuando los convenios colectivos de trabajo fueran debidamente individualizados por las partes no será necesario diligenciar prueba alguna para acreditarlos. A tal fin obrarán en poder de cada Tribunal ejemplares de los mismos cuyas copias autenticadas se agregarán a los autos. En caso de no tenerlos, el Tribunal deberá requerirlos a la autoridad que corresponda a tales efectos.
41. Las pruebas a que se refiere el art. 40 y los informes que se soliciten a las oficinas públicas y entidades privadas deberán hallarse diligenciados en el plazo señalado en el art. 32 o con anterioridad a la finalización de la vista de la causa, bajo apercibimiento de la pérdida de dicha prueba de la demora le fuera imputable a la parte proponente.
42. Cuando se considere necesario el reconocimiento de lugares, cosas o circunstancias relacionadas con la causa, los jueces del Tribunal podrán trasladarse a tal fin o encomendar la diligencia a alguno de sus miembros o secretario.
Si el lugar fuere distante del asiento del Tribunal la medida podrá ser deferida a la autoridad judicial más próxima.
Del reconocimiento realizado se librará acta circunstanciada que se incorporará a la causa.
43. Cuando se hubiere diferido la fijación de la vista de la causa, una vez producida la prueba ordenada o vencido el plaza para hacerlo según lo dispuesto en el art. 32, el Presidente del Tribunal, dentro de los diez (10) días determinará la fecha en que deberá realizarse la audiencia.
Para su designación se utilizarán todos los días hábiles de la semana cuando la cantidad de causas lo exija.
Cuando media suspensión total o parcial de la vista de la causa, la fijación de la nueva audiencia en el primer caso o de su continuación en el segundo, deberá efectuarse para dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días salvo que lo impida la índole de la prueba a producirse, en cuyo caso se designará a la brevedad posible. Si a la misma no concurrieran las partes será a cargo de cualquiera de ellas peticionar la fijación de la fecha de audiencia.
A las partes les asiste el derecho de solicitar la designación de las audiencias para la fecha más próxima posible que indicarán según las constancias que surjan del libro de Audiencias a que se refiere el art. 59, el que estará a disposición de aquellas.
La decisión que admita tal petición será dictada por el Presidente y la que la deniegue requerirá resolución fundada del Tribunal.
44. El día y hora fijada para la vista de la causa deberá declararse abierto el acto cualesquiera sean las partes y personas citadas que hubieran concurrido, quienes no estarán obligadas a aguardar más de media hora siempre que el Tribunal no esté en audiencia, en tal caso podrán retirarse después de dejar constancia de su oportuna presencia si vencido dicho plaza de espera el acto no ha dada aún comienzo. A la parte que no concurra se le podrá aplicar la multa prevista en el art. 25.
Durante la vista de la causa se observarán las siguientes reglas:
a) Se dará lectura a las actuaciones de prueba producidas antes de la audiencia, si alguna de las partes lo pidiere.
b) A continuación el Tribunal recibirá directamente las otras pruebas. las partes, los testigos y los peritos, en su caso, serán interrogados libremente por el Tribunal, sin perjuicio de las preguntas que puedan proponer las partes.
c) Luego se concederá la palabra al representante del Ministerio Público si tuviere intervención y a las partes, por su orden, para que se expidan sobre el mérito de las pruebas. Cada parte dispondrá de treinta (30) minutos para su alegato.
Ese tiempo podrá ser ampliado por el Tribunal, los jueces votarán veredicto y sentencia en el orden que establezca el sorteo que se practicará al efecto.
d) El veredicto se dictará en el acto o dentro del plazo de cinco (5) días pronunciándose sobre los hechos apreciando en conciencia la prueba rendida.
e) La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días de la fecha del veredicto.
Para fijar las cantidades que se adeuden, podrá prescindirse de lo reclamado por las partes.
f) El veredicto, la sentencia y las resoluciones del Tribunal serán pronunciadas por sus tres miembros por mayoría de votos bajo pena de nulidad.
45. Las partes tendrán intervención en la audiencia a los efectos del contralor de la prueba y podrán hacer, con permiso del Presidente del Tribunal, todas las observaciones que consideren pertinentes.
Asimismo podrá limitar dicha facultad cuando las interrupciones sean manifiestamente improcedentes o con propósitos de obstrucción o contrarias a los fines del proceso.
46. El Secretario levantará acta de lo sustancial de la audiencia, consignando el nombre de los comparecientes, de los testigos y de los peritos y de las circunstancias personales. En igual forma se procederá respecto de las demás pruebas.
Siempre que el Tribunal lo juzgue pertinente, de oficio o a pedido de parte, podrá hacerse constar alguna circunstancia especial vinculada con la causa.
47. El veredicto se dictará por escrito con indicación del lugar y fecha. Deberá consignar en forma separada cada una de las cuestiones que el Tribunal considere pertinente plantear y contener decisión expresa sobre los hechos que se hubiesen tenido por acreditados o no, según el caso, con indicación individualizada de los elementos de juicio meritados.
La sentencia se dictará por escrito y contendrá la indicación del lugar y fecha, el nombre de las partes y el de sus representantes, en su caso, la cuestión litigiosa en términos claros, los fundamentos del fallo y la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas, salvo lo dispuesto en el art. 44 inciso e) in fine.
48. Dictada la sentencia el Secretario del Tribunal practicará la liquidación de capital, intereses y costas, notificando a las partes en la forma ordenada en el art. 16, bajo apercibimiento de tenerla por consentida si dentro del quinto día no se formularen observaciones cuyo trámite no interrumpirá el plaza para deducir los recursos correspondientes.
49. Pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia o el pronunciamiento que haga sus veces, el Tribunal a instancia de parte decretará embargo sobre bienes del deudor y le citará para que dentro del plazo de cinco (5) días oponga excepción de pago documentado posterior a la fecha de la sentencia definitiva, si la tuviere bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Si la prueba documental del pago no surgiere de la causa o no se agregare en el mismo acto en que se oponga la excepción, ésta deberá ser desestimada sin más trámite. En el caso contrario, previo traslado por tres (3) días al ejecutante, el Tribunal resolverá sumariamente.
Si se declarase procedente la excepción opuesta, se rechazará la ejecución levantando el embargo y en el caso de desestimarse aquélla, se mandará llevar adelante la ejecución y se procederá en lo sucesivo en la forma prevista para el cumplimiento de la sentencia de remate con arreglo a lo dispuesto en el Libro III, Título II, Capítulo III del Código Procesal Civil y Comercial.
50. Si el empleador, en cualquier estado del juicio, reconociere adeudar al trabajador algún crédito liquido y exigible que tuviere por origen la relación laboral, a petición de parte se formará incidente por separado y en él se tramitará la ejecución de ese crédito por el procedimiento establecido en el artículo anterior. Del mismo modo se procederá, a petición de parte, cuando hubiere quedado firme la condena al page de alguna suma de dinero, aunque se hubiere interpuesto, respecto de otros rubros de la sentencia, alguno de los recursos extraordinarios autorizados. En estos casos, la parte interesada deberá pedir, para encabezar el incidente de ejecución, copia autenticada o testimonio con certificación de que el rubro que se pretende ejecutar no está comprendido en el recurso interpuesto y de que la sentencia ha quedado firme respecto de él. Si hubiere alguna duda acerca de estos extremos, el Tribunal denegará la formación del incidente.
51. Cuando en instrumento público se reconociere por el empleador créditos líquidos, exigibles y provenientes de una relación laboral en favor de algún trabajador, éste tendrá acción ejecutiva para demandar su cobra ante el Tribunal que corresponda.
Si se tratare de documentos que por si solos no traigan aparejada ejecución podrá prepararse la vía ejecutiva aplicando, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 523 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
52. Esta acción se regirá por las disposiciones que regulan el juicio ejecutivo en el Código Procesal Civil y Comercial (Capítulos II y III del Título II, Libro III) en lo que resulte aplicable. Solo se admitirán como excepciones las siguientes:
1. Incompetencia.
2. Falta de capacidad de las partes o de personería de sus representantes.
3. Litispendencia.
4. Prescripción.
5. Pago total o parcial acreditado mediante documento que deberá acompañarse al oponente la excepción, bajo apercibimiento de ser rechazada sin más trámite.
6. Conciliación o transacción homologadas.
7. Cosa juzgada.
53. La ejecución de las resoluciones administrativas dictadas por la autoridad del trabajo de acuerdo con la legislación de aplicación será tramitada con arreglo al siguiente procedimiento:
1. Incumplida la resolución administrativa podrá ejecutarse ante el Tribunal del Trabajo que corresponda, debiendo solicitarse a la autoridad del trabajo la remisión del expediente en el que ha sido dictada.
2. Se observarán las reglas establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial para la ejecución de sentencias, con las siguientes modificaciones. Además de las excepciones que allí se autorizan; podrán oponerse:
a) Incompetencia del Tribunal y de la autoridad administrativa, fundada en la ausencia de presupuestos que legitimen su actuación.
b) Falta de capacidad de las partes o personería de sus representantes.
c) Cosa juzgada.
d) Litispendencia.
3. La prueba de las excepciones se hará por medio de documentos que se adjuntarán al deducirlas o por confesión judicial, con exclusión de otro medio probatorio. Cuando no se pudiera acompañar testimonio y otras constancias oficiales así se manifestara solicitándose el envío de las actuaciones dentro de una plazo que fijara el Tribunal.
54. Las resoluciones interlocutorias dictadas por el Presidente o por el Tribunal son recurribles por vía de revocatorias, dentro del tercer día de notificadas, para ante el Tribunal, que podrá resolver sin sustanciación alguna.
55. Contra las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales, solo podrán interponerse los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la Provincia. El de inaplicabilidad de ley sólo será concedido cuando el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda, respecto de cada actor, la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial, salvo que el fallo recurrido contraríe la doctrina de la Suprema Corte de Justicia a la fecha en que se dictó aquel.
La limitación en razón del valor tampoco regirá cuando la sentencia condene al desalojo de la vivienda del trabajador, se pronuncie acerca de cuestiones de valor indeterminado o insusceptible de apreciación pecunaria y en los casos de «litisconsorcio» cuando, siendo formalmente procedentes los recursos interpuestos por uno, al menos, de los actores o demandados versen sobre similares puntos litigiosos.
56. En el caso de sentencias condenatoria, los recursos se concederán únicamente previo deposito de capital, intereses y costas con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente.
El depósito no será exigible en los casos de quiebra o concurso civil del demandado declarados judicialmente.
El Tribunal podrá autorizar, a pedido de parte, que se sustituya la cantidad en dinero que correspondiere depositar, por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la Provincia que quedarán en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del mencionado Tribunal, a las resultas del juicio.
57. Cuando se trate de resoluciones de la autoridad administrativa del trabajo provincial, el procedimiento para ante los Tribunales del Trabajo, con arreglo a lo previsto en el art. 2 inciso f) de la presente Ley, se ajustará a las siguientes reglas:
a) Apelada la resolución administrativa se remitirán las actuaciones al Tribunal que corresponda.
b) Dentro de los diez (10) días de recibidos los antecedentes, el Tribunal dictara la providencia de «autos» que será notificada a los interesados y a la autoridad administrativa de trabajo. Dentro del plazo de tres (3) días, la autoridad administrativa en el caso de aplicación de sanciones o la parte contraria a la recurrente en los restantes, podrán presentar un memorial relativo al recurso interpuesto.
c) El Tribunal fallará dentro de los quince (15) días de vencido el término contemplado en el inciso b) in fine.
58. Los Tribunales deberán informar trimestralmente al Procurador de la Suprema Corte de Justicia el estado de las causas, con los datos indicados en la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyendo las especificaciones que la Suprema Corte prescriba. Además, será obligatorio informar al concluir el año judicial el número de vistas de las causas y demás audiencias a las que concurrió cada Juez y aquellas en que ha debido ser reemplazado y por quien, señalándose los motivos de las ausencias.
59. Los Tribunales llevarán un libro rubricado y foliado en el que el Secretario asentará la fecha en que cada Juez ha recibido y devuelto los autos con motivo de la emisión de su voto y el día en que fueron dictados el veredicto y la sentencia. Las constancias de dicho libro se reflejarán en los respectivos expedientes mediante certificación sucinta del actuario.
También llevarán rubricado y foliado un Libro de Audiencias en el que se consignarán las designadas, cualesquiera sea su índole, las suspendidas total o parcialmente y sus motivos, por orden cronológico y con indicación de objeto, fecha y hora.
60. Los importes fijados por la prestación de servicios de los peritos oficiales, técnicos forenses o de la administración pública, los correspondientes a los gastos a que se refiere el art. 21 y los de las multas previstas en esta Ley, ingresarán a una cuenta bancaria especial; el destino de esos fondos, será determinado por la Suprema Corte de Justicia. La ejecución, en su caso, estará a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal que corresponda, con sujeción al procedimiento del art. 49.
61. A partir de la vigencia de la presente ley los juicios en trámite se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento en ella establecido, en cuanto fuere posible, disponiéndose lo necesario según el estado de la causa.
62. Deróganse los decretos leyes 7718/71 y sus modificatorias y 8879/77; las leyes 8080, 11121 y 11260 y toda otra norma legal que se oponga a la presente.
63. Las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires se aplicarán supletoriamente en cuando concuerden con el sistema de la presente ley.
64. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se cumpla dicho plazo, serán de aplicación las normas del decreto ley 7718/71 y sus modificatorias.
65. De forma.
