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LEY 25765
DELITOS
Recompensas. Privación ilegal de la libertad calificada, secuestro extorsivo o su encubrimiento. Personas que brinden datos útiles para lograr la libertad de la víctima o la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en la ejecución de los delitos. Compensación dineraria. Régimen
sanc. 23/07/2003; promul. 07/08/2003; publ. 11/08/2003
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de ley:
Art. 1.– (*) Créase el Fondo Permanente de Recompensas en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que, sin haber intervenido en el delito, brinden datos útiles para lograr la libertad de la víctima o la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en la ejecución de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada (art. 142 bis del Código Penal) secuestro extorsivo (art. 170 del Código Penal), o en el encubrimiento de éstos (art. 277 del Código Penal).
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración nacional, la partida pertinente para el funcionamiento de dicho fondo.
(*) El art. 1 del decreto 225/2005 dispone: Establécese que el Fondo Permanente de Recompensas, creado por la ley n. 25765 , funcionará en jurisdicción del Ministerio del Interior, y será destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que, sin haber intervenido en el delito, brinden datos útiles para lograr la libertad de la víctima o la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en la ejecución de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada (art. 142 bis del Código Penal); secuestro extorsivo (art. 170 del Código Penal); sustracción de menores (art. 146 del Código Penal), violación (art. 119 y subsiguientes del Código Penal), robo a entidades bancarias, y en el encubrimiento de todos aquéllos (art. 277 del Código Penal).
El Poder Ejecutivo Nacional incluirá anualmente en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, la partida pertinente para el funcionamiento de dicho Fondo.
Art. 2.– (*) El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
(*) El art. 2 del decreto 225/2005 establece: El Ministerio del Interior, será la autoridad de aplicación de la citada ley.
Art. 3.– La autoridad de aplicación, por iniciativa propia o a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, hará el ofrecimiento de recompensas y tendrá a su cargo el pago de aquéllas.
El monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del caso y a las dificultades que existan para la obtención de la información que permita su esclarecimiento.
Art. 4.– El ofrecimiento de la recompensa deberá disponerse por resolución fundada, con indicación del número de la causa, carátula, fiscalía y juzgado intervinientes, una síntesis del hecho, el monto del dinero ofrecido, las condiciones de su entrega y los lugares de presentación.
La parte dispositiva de la resolución podrá ser publicada en los medios de comunicación escritos, radiales o televisivos, por el tiempo que determine la autoridad de aplicación.
Art. 5.– La identidad de la persona que suministre la información será mantenida en secreto durante el proceso judicial de que se trate y también después de finalizado. No obstante, podrá ser convocada como testigo a la audiencia de juicio oral cuando el Tribunal, de oficio o a petición de parte, por auto fundado, dispusiera que ello resulta imprescindible para la valoración de sus dichos en la sentencia.
Art. 6.– El pago de la recompensa será realizado previo informe del representante del Ministerio Público Fiscal sobre el mérito de la información aportada en cuanto al esclarecimiento del hecho y la condena penal de los responsables.
Art. 7.– Del pago de la recompensa se dejará constancia mediante acta, la cual deberá contener la información que fije la norma reglamentaria, asegurándose el mantenimiento de la reserva de la identidad del testigo.
Art. 8.– Los funcionarios o empleados públicos y el personal que pertenezca o haya pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del estado, no podrán ser beneficiarios del sistema de recompensas establecido en esta ley.
Art. 9.– Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Camaño – López Arias – Rollano – Estrada
