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JURISPRUDENCIAAcción de amparo. Licencia de conducir. Renovación. Declaración de inconstitucionalidad. Control de razonabilidad
Se confirma la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del inciso 3) del artículo 10 del decreto reglamentario 532/2009 de la ley 13927, en cuanto exige al ciudadano bonaerense el pago de las deudas pendientes -originadas en condenas de multas por infracciones de tránsito- como condición para otorgarle la renovación de la licencia de conducir, a la luz del principio de razonabilidad y por la finalidad meramente recaudatoria que persigue la norma.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 05 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-4549-DO1“DEL CAMPO RICARDO c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL MADARIAGA s. AMPARO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El titular del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Dolores, luego de declarar la inconstitucionalidad del inc. 3 del art. 10 del Decreto Reglamentario N° 532/09 de la ley 13.927, hizo lugar a la acción de amparo promovida y, en consecuencia, ordenó a la Municipalidad de General Madariaga y a la Dirección de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, a que en el plazo de diez (10) días, de manera sincronizada, reanuden el trámite iniciado por el actor –de renovación de su licencia de conducir-, permitiendo su continuidad hasta su debida culminación obviando la deuda que registra a favor del Fisco.
Reguló los honorarios profesionales del letrado patrocinante del actor e impuso las costas a las vencidas [cfr. fs. 172/187].
II. Notificadas del mentado pronunciamiento el 27-08-2014 [cfr. cédulas obrantes a fs. 189/190 y 193/194] las accionadas articularon recurso de apelación fundado en su contra: el apoderado de la Municipalidad de Gral. Madariaga con fecha 01-09-2014 [v. fs. 195/197] y el apoderado de la Fiscalía de Estado provincial con fecha 02-09-2014 [v. fs. 198/201].
III. Por auto de fecha 03-09-2014 el a quo concedió los recursos intentados con efecto suspensivo y ordenó correr traslado de sus fundamentos a la parte actora por el término de tres (3) días [cfr. fs. 202].
IV. Mediante cédula diligenciada el 04-09-2014 [cfr. fs. 205] se notificó el actor del traslado conferido y mediante presentación de fecha 08-09-2014 procedió a evacuarlo.
V. El a quo a fs. 212 tuvo por contestado el traslado conferido y dispuso la elevación del expediente a este Tribunal.
VI. Recibidas las actuaciones en esta Cámara [cfr. fs. 212 vta.], suplida la omisión del a quo en torno a la concesión de los recursos de apelación deducidos a fs. 197 vta. punto III por la Fiscalía y fs. 200 vta. punto E) por el Municipio y puestos los autos al Acuerdo para resolver sobre la admisibilidad de los recursos y, en su caso, para sentencia [v. fs. 213] corresponde plantear las siguientes:
CUESTIONES
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Municipalidad Gral. Madariaga a fs. 195/197?
2. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Fisco Provincial a fs. 198/201?
3. ¿Son fundados los recursos intentados por ambas demandadas contra la regulación de honorarios practicada a favor del letrado patrocinante del actor?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Para decir como lo hiciera y quedara relatado en los “Antecedentes” (punto I), el a quo se expidió, primeramente, acerca de la legitimación pasiva del Municipio accionado.
Sostuvo, con cita de jurisprudencia de este Tribunal, que tanto la Provincia como el Municipio deben actuar en esta materia –o al menos deberían hacerlo- en un necesario marco de cooperación y colaboración, ya que su acción coordinada y conjunta es la que da vida y dota de operatividad al sistema instaurado para el otorgamiento de licencias de conducir. Así, concluyó que el Municipio no resulta un mero gestor como lo entiende su apoderado, sino que es un eslabón necesario con el que cuenta el Estado para dar curso a las peticiones de los ciudadanos que residen en el distrito, necesitados de licencias de conducir para su movilidad. Ponderó, en este sentido y para así decidir, lo informado por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial a fs. 61.
Posteriormente se abocó al análisis de la cuestión sometida a juzgamiento explayándose en respuesta a su pregunta respecto a si el Poder Ejecutivo Provincial, al reglamentar la Ley 13.927 y redactar el art. 10 inc. 3) del ANEXO II TITULO I SISTEMA PROVINCIAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, del Decreto Reglamentario N° 532/09, podía exigir al ciudadano bonaerense el pago de las deudas pendientes – originadas en condenas de multas por infracciones de tránsito- como condición para otorgarle la renovación de su licencia de conducir de modo que pueda circular libremente y trabajar [v. fs. 178 vta.].
Advirtió, a la luz del principio de razonabilidad, que la norma cuestionada no permite formular un distingo entre quienes resultan buenos conductores y quienes no lo son, toda vez que para el Estado da lo mismo que la persona que quiera renovar su licencia, haya cometido cincuenta (50) infracciones de tránsito o que haya cometido sola una (1), siempre y cuando cancele su deuda [v. fs. 179 vta.].
Afirmó que se tornaba evidente que la norma bajo trato ponía una traba en el sistema con claro fin recaudatorio, sin importar si la licencia se le renueva a quien pudo haber sido imprudente o negligente en la conducción, encerrando a todos los ciudadanos en un gran embudo que termina en una ventanilla donde el Estado coacciona para que se abonen las deudas, en lugar de ejercitar las acciones legales pertinentes mediante la vía del juicio de apremio [v. fs. 180 y vta.].
Expresó que el inc. 3 del art. 10 del decreto reglamentario de la ley 13.927 se encuentra lejos de ser una norma para que el ciudadano internalice las consecuencias negativas de su conducción imprudente, operando en sí mismo como una causa de ingresos fiscales declarando, finalmente, su inconstitucionalidad, con cita de los arts. 1, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 33, 75 inc. 2 de la Constitución Nacional y 5, 6 y 29 de la C.A.D.H. [v. fs. 186].
2. Al alzarse contra el mentado pronunciamiento el apoderado de la Municipalidad de Gral. Madariaga blandió sus agravios, dirigidos a cuestionar la legitimación pasiva endilgada a su representada.
Así, adujo que la Comuna carece de todo poder de decisión respecto del sistema que le permita al ciudadano concluir con el trámite de marras, que es supervisado, administrado y decidido por parte de la Pcia. de Buenos Aires que, en definitiva, es la acreedora de las multas que impiden la prosecución del trámite.
Por tal senda, manifestó que la Municipalidad solo gestiona un sistema administrado por la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Política y Seguridad Vial, careciendo el municipio de todo tipo de herramientas técnicas, jurídicas y operativas, por lo que la sentencia se torna -a su respecto- de cumplimiento imposible si no se intima primero a la Provincia a destrabar el trámite para su continuación ante el ente comunal.
Finalmente alegó que el inciso 3 del art. 10 del Decreto reglamentario N° 532/09 de la Ley 13.927 es una norma emanada de la provincia, por la cual, se exige el libre deuda de multas provinciales, aplicadas por los tribunales provinciales administrativos y bajo un sistema informático administrado por la provincia, por lo que consideró injusto que se la condene inclusive con las costas.
3. Ejerciendo su derecho a réplica, el actor señaló, principalmente, que el Municipio solo de agravia de la decisión del Juez de grado de tenerlo como parte demandada al no haber sido admitida la excepción de falta de legitimación pasiva que en su oportunidad planteara.
Manifestó que el recurso así intentado no resiste el menor análisis fáctico jurídico y solicitó su rechazo con costas.
II. El recurso articulado no supera el umbral de suficiencia exigido por el art. 260 del C.P.C.C., por lo que corresponderá declarar su deserción.
1. A poco que se profundiza en la lectura de la pieza recursiva, se advierte que las consideraciones vertidas por el apelante, que giran solo en torno a su falta de legitimación pasiva, no resultan sino solo una reiteración mecánica de lo argumentado al momento de contestar la demanda, dando cuenta con ello del despliegue de una defectuosa e incompleta técnica recursiva, que mal podría tenerse por respetuosa de las exigencias impuestas por el código ritual (art. 260 del C.P.C.C., en especial su párrafo segundo).
El simple cotejo de ambos escritos, prácticamente idénticos en lo que hace a sus respectivos contenidos, permite vislumbrar sin mayor esfuerzo la circunstancia apuntada. En síntesis, el apoderado de la Municipalidad no ha hecho más que reproducir las apreciaciones vertidas ante el sentenciante de grado -en lo que hace a la operatividad del sistema de multas provinciales de tránsito- con el fin de justificar su falta de legitimación.
Es evidente entonces que la apelante, lejos de cumplir con aquella carga que le impone el orden ritual a fin de componer una crítica suficiente hacia la sentencia impugnada, funda la parcela del recurso bajo examen en meras reiteraciones de planteos ya sometidos a consideración del a quo, desatendiendo a las razones por las cuales éste decidió finalmente desecharlos.
2. El ordenamiento procesal impone al apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del pronunciamiento que considere equivocadas (art. 260 del C.P.C.C. primer párrafo), no pudiendo suplir dicha exigencia con una mera remisión o reiteración de las presentaciones anteriores (art. 260 del C.P.C.C., segundo párrafo), habida cuenta que tal proceder es sancionado con la declaración de deserción de su embate (art. 261 del C.P.C.C.) y, consecuentemente, conlleva a que la resolución atacada adquiera firmeza para él. Es por tal razón que la inobservancia apuntada impide, en el sub iudice, el ejercicio de la jurisdicción revisora de este Tribunal ad quem.
En la misma línea, ha reconocido esta Alzada que una apelación padece de insuficiencia notoria si el recurrente se limita –como en la especie- a reiterar argumentos anteriores sin hacerse cargo de las razones vertidas en la sentencia y sin aportar nada nuevo en las pretensas críticas oportunamente argüidas (doct. causa A-554-MP0 “Trillo”, sent. de 30-XII-2008 y sus citas, confirmada por la S.C.B.A. causa A. 70.136, sent. del 21-IV-2010).
3. Finalmente, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso articulado por el apoderado de la Municipalidad de General Madariaga contra aquella parcela del pronunciamiento referida a la imposición de costas, toda vez que salta a la vista su falta de fundamentación. (conf. art. 17 de la ley 13.928 –t.o. según ley 14.192-) [cfr. doct. Esta Cámara causas A-2221-MP0 “Garzillo”, res del 10-XI-2010; A- 2881-MP0 “Almarza”, sent. 1-XI-2011; A-3008-MP0 “Flescia”, res. de 02-II-2012, A-3565-MP0 “Tosto”, res. de 16-X-2012, entre otras].
Así, mal no viene recordar que el Tribunal de Apelación es el juez final del recurso ordinario y, entre sus innegables facultades, está la de constatar, por ejemplo, si éste fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés del impugnante -entre otros aspectos-, pues se trata de cuestiones en las que está comprometido el orden público por referirse a la jurisdicción y competencia funcional de la Alzada, sin encontrarse ella obligada ni por la voluntad de las partes, ni por las resoluciones del juez de primer grado, por más que se encuentren consentidas (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 89.863 “Bunge”, sent. del 28-V-2008; doct. Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala I, in re “Prato”, res. del 16-07-96; doct. esta Cámara causas A-708-DO1 «Sociedad de Fomento Cariló», res. del 19-II-2009; A-1126-MP0 “Errecart”, res. de 14-X-2009; A-1404-MP0 “Asociación Vecinal de Fomento del Barrio Autódromo”, res. de 6-V-2010; A-1708-MP0 “Saliche”, res. de 15-IV-2010, A-2396- MP0 “Instituto Privado Luís Piedra Buena S.R.L.”, res. de 12- IV-2011, entre otras).
4. Habiendo –entonces- demostrado las razones por las que advierto la poquedad del memorial de agravios del apoderado de la Municipalidad de General Madariaga, me encuentro en condiciones de proponer al Acuerdo –sin caer en dogmatismo censurable (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa Ac. 93.019, sent. del 12-XII-2007)- la deserción del recurso de apelación incoado a fs. 195/197 (conf. arts. 260 y 261 del C.P.C.C. y doct. citada). Idéntica solución para el planteo relacionado con la imposición de las costas del proceso.
Voto a la primera cuestión planteada por la negativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la cuestión planteada por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Al blandir sus agravios contra el pronunciamiento de grado el apoderado de la parte codemandada Provincia de Buenos Aires, luego de señalar que la declaración de inconstitucionalidad decretada por el juez de grado resultaba -como mínimo- apresurada, expresó que el decreto reglamentario N° 532/09 de la Ley 13.927 «es una norma sancionada por la legislatura provincial, en ejercicio de su plena y propia potestad legislativa de dictar regímenes específicos para atender a circunstancias especiales» [sic] que no conculca, de manera alguna, derechos, principios ni garantías de índole constitucional.
Consideró que el planteo de inconstitucionalidad decretado en autos no cumple con los extremos básicos para ser tenido por tal, toda vez que se limita a manifestar que la norma traída a análisis viola el texto de la Constitución Nacional -por cuanto prohibirían los derechos de transitar libremente y trabajar-, sin considerar los valores jurídicos protegidos por la legislación.
Manifestó que no resultaba apropiado –como hace el a quo- circunscribir el análisis de la cuestión a lo meramente recaudatorio desconociendo el valor jurídico protegido, como lo es la Seguridad Vial, y que la disposición normativa pretende concientizar a los habitantes de la imperiosa necesidad de conducir un vehículo de manera responsable.
Concluyó que la inconstitucionalidad dictada, resulta contrapuesta a los principios inspiradores de la ley, tendientes a castigar patrimonialmente a los infractores de las normas de tránsito; que la sanción patrimonial es la única alternativa para tratar de modificar el actuar del infractor y que, no obstante existir otras vías previstas a los fines de obtener el cobro de las multas, nada impide que la provincia elabore mecanismos que permitan hacerlas efectivas.
2. El actor al ensayar su réplica contra el memorial de agravios del apoderado fiscal, expresó que el Estado provincial cuenta con la herramienta legal para el cobro de los créditos fiscales, pero elije esperar que los ciudadanos deban renovar su licencia de conducir para, en ese momento, coaccionarlos al pago de las multas. Por ello, solicitó se confirme la sentencia de grado y se rechace el recurso de apelación en su totalidad con expresa imposición de costas.
II. El recurso no es de recibo.
1. Comenzaré por señalar que contrariamente a lo manifestado por el apoderado fiscal, la declaración de inconstitucionalidad no deviene apresurada, toda vez que el a quo se expidió sobre tal planteo en oportunidad del dictado de la sentencia que pone fin al proceso en la instancia de grado.
El apelante sustenta la constitucionalidad de la norma en cuestión –inc. 3 del art. 10 del Anexo II del Decreto 532/09 reglamentario de la ley 13.927- basado principalmente en que resulta la única alternativa eficaz tendiente a tutelar el valor seguridad vial, aludiendo que el juez obvió tener el mentado valor en mira propugnando, en consecuencia, la validez de la normativa y solicitando el rechazo de la acción intentada.
2. Me permitiré disentir con el apelante.
Es que no se puede dejar de advertir que bajo la aparente supremacía del valor “seguridad vial”, es posible reconocer en la normativa bajo análisis -tal como lo afirmara el juez de la instancia- la presencia de una finalidad netamente recaudatoria que, por ello, la torna irrazonable, a la luz de la clara disposición del art. 28 de la Constitución Nacional.
El requisito de contenido patrimonial impuesto por la norma reglamentaria que defiende el apelante –cancelación de las multas por infracciones como paso previo a la renovación de la licencia-, no guarda adecuada relación con el valor seguridad vial que enarbola, en la medida que ambas cuestiones transitan por andariveles paralelos entre los que no resulta posible reconocer punto de conexión alguno, luciendo evidente y verificable la desproporción entre los medios empleados por la norma -exigibilidad del pago de las multas registradas al momento de renovar la licencia de conducir- con relación a los fines perseguidos por el legislador -preservar la seguridad vial-. Es que el cumplimiento con el pago de las multas por las infracciones cometidas por quien ha obrado con imprudencia en la conducción de un vehículo, no lo torna por sí solo en un juicioso o hábil conductor y, mucho menos, garantiza un incremento en la seguridad vial.
Por otra parte, no es posible pasar por alto que el Estado cuenta con los mecanismos legales necesarios para exigir, perseguir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito –tal como lo afirma el amparista- mediante la promoción de las acciones judiciales enderezadas a tal finalidad que, respetando la garantía del debido proceso, le permiten en forma rápida y expedita –v.gr. el juicio de apremio- procurar el cobro de las acreencias originadas en las faltas a las normas de tránsito.
Tampoco encuentra justificativo lo esgrimido por el apelante, en cuanto a que la sanción patrimonial es la única alternativa para tratar de modificar el actuar del infractor; en este sentido, fácil se advierte que el Estado, más allá de sus facultades, se encuentra compelido a implementar mecanismos aptos –v.gr. informativos, educativos, incentivos, entre otros- para mitigar el flagelo que significa –y aquí comparto la preocupación de la recurrente- la altísima siniestralidad que es dable verificar en los caminos del país. Empero, ello no lo releva de su obligación de adoptar medios conducentes y razonables –dentro de la propia lógica constitucional- que mejor servirían a asegurar la prevención de la accidentalidad y garantizar la seguridad de las personas que interactúan en la cadena vehicular.
Vale rememorar aquí que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, de manera que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico a la que solo cabe acudir cuando no existe otro medio de salvaguardar un derecho o garantía amparado por la Constitución (conf. C.S.J.N. Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 316:188, 1718 y 2624; 319:3148; 321:441 y 1888; 322:842 y 919; 324:920, entre otros). No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación supo recordar que la invalidación de una norma por los tribunales puede decretarse únicamente (i) si la repugnancia con la cláusula constitucional es clara, manifiesta e indudable (causa A.959 XLII “Álvarez Moser”, sent. del 04-IX- 2007, por remisión al Dictamen de la Procuración General), (ii) luego de un acabado examen del precepto (C.S.J.N. Fallos 328:4542 y 330:2981, por remisión en ambos casos a sendos Dictámenes de la Procuración General), para lo cual los magistrados: (iii) deberán agotar todas las interpretaciones posibles antes de declarar la inconstitucionalidad (C.S.J.N. Fallos 328:1491), (iv) autoimponiéndose la mayor mesura en tal faena (C.S.J.N. Fallos 327:5723) y evitando examinar la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos 327:5614; 328:1416; 328:91; 329:385; 329:4032 –por remisión al Dictamen de la Procuración General), salvo irrazonabilidad o iniquidad (Fallos 328:566) (esta Cámara causas G-1232-BB1 “Fernández”, sent. del 27-VIII-2009; A-1270-MP0 “Urbanizaciones Los Altos SA”, sent. del 03-VI-2010 –del voto de la mayoría-).
Con ello en vista, el examen de la validez de la norma cuestionada a la luz de la limitación impuesta por el art. 28 de la Constitución Nacional pone de manifiesto que los medios establecidos en la ley no se adecuan a los fines perseguidos por el legislador, resultando ésta manifiestamente irracional por lo que se impone declarar su inconstitucionalidad.
III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo desestimar el recurso de apelación incoado por el apoderado de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de grado en lo que resultó materia de agravio. Las costas de alzada deberían imponerse a la demandada vencida (19 de la ley 13.928, texto según ley 14.192).
A la segunda cuestión planteada voto, en consecuencia, por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
Adhiero al voto del colega ponente, permitiéndome agregar algunos argumentos adicionales en pos de desestimar el recurso de apelación tratado.
I. Liminarmente habré de reprochar el superficial relato del agraviado cuando considera al inciso 3° del art. 10 del Decreto N° 532/09 como «una norma sancionada por la Legislatura Provincial, en ejercicio de su plena y propia potestad legislativa».
Salta a la vista que el precepto tachado de inconstitucional por el juez de grado es un acto administrativo de alcance general emitido por el Gobernador Provincial y que, por ser reglamentario de una ley provincial, se encuentra sujeto a la jurisprudencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia Nacional y por el Máximo Tribunal Provincial en cuanto a su permitido alcance.
Así, el órgano dotado de potestad reglamentaria se encuentra habilitado para establecer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que respeten el espíritu de la norma, sirvan razonablemente a su finalidad, no rebasen el ámbito en que la interpretación es opinable y posible la solución entre varias alternativas (v. Fallos: 308:1897; 313:433, 327:5002 -por remisión al Dictamen de la Procuración General; 330:2255, entre otros). Tales límites jurídicos previstos para la actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo están emparentados con el principio de razonabilidad con que debe ejercerse tal facultad de la Administración, principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (C.S.J.N. Fallos 323:620 y sus citas).
Aunque en los reglamentos de ejecución el órgano emisor se halla obligado por el contenido de la ley reglamentada [cfr. S.C.B.A. causa I. 2162 «Fernández», sent. de 23-XII- 2003, del voto del doctor Soria], los órganos ejecutivos, en ejercicio de su potestad reglamentaria, se hallan habilitados para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de una manera expresa, se ajustan al sentido normativo (el «espíritu» suele decirse) de la norma reglamentada, pues lo inalterable, lo inmutable es el fin de la ley u ordenanza, esto es su ratio iuris [cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 58.244 «Nazar Anchorena», sent. de 27-II- 2008]. Y como todo Estado organizado los derechos individuales están limitados en beneficio del bien común «conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio», dicha restricción se concreta a través del llamado «poder de policía» que es, en resumen, la facultad de reglamentar dentro de las respectivas atribuciones por los Poderes Legislativo y Ejecutivo [cfr. doct. S.C.B.A. causa I.2254 «Seara», sent. de 11-III-2009].
Es a través del mentado prisma de análisis que corresponde en la especie juzgar la constitucionalidad del inciso 3° del art. 10 del Decreto N° 532/09 y, a tenor de los fundamentos que porta el fallo apelado, el juez de grado ha actuado adecuadamente en los contornos de su jurisdicción.
II.1. En su fallo invalidatorio del precepto analizado a partir de la ponderación en torno a la razonabilidad del precepto reglamentario, el a quo ha puesto en crisis no solo el supuesto apego a la finalidad legal de la norma reglamentaria sino también la solución adoptada por el Gobernador como la única posible.
El sentenciante de grado ha juzgado irrazonable exigir, para la renovación de la licencia de conducir, el requisito de no tener deudas en favor de la Provincia por infracciones de tránsito, apuntalando su argumentar en:
a. el principio constitucional pro homine por el cual, ante diversas vías legales a las que el Estado pueda echar mano en una situación de resolución de conflicto, debe optar por la que acuerde mayores derechos al ciudadano. Desde tal perspectiva, para hacerse de las sumas debidas por el administrado en concepto de multas de tránsito firmes y consentidas, el a quo entiende que es el juicio de apremio el medio más adecuado para ello y no la obstaculización del trámite de renovación de la licencia de conducir, con lo que sacrifica los derechos constitucionales de transitar libremente y trabajar;
b. el rechazo a la falsa premisa de que con el reseñado requisito se obtiene una mayor concientización a la hora de conducir y, consecuentemente, una elevada seguridad vial. Resaltó que el precepto en modo alguno permite diferenciar entre conductores medios o malos ni tampoco fija parámetros para trazar tal diferencia, ya que cancelada la deuda por los infractores, la licencia le podrá ser emitida por igual a quien violó la normativa de tránsito una vez y a quien lo haya hecho en múltiples oportunidades. De allí, el sentenciante extrae una clara finalidad recaudatoria que en nada vela por el acometimiento del fin de la ley reglamentada, sino que persigue encorsetar al administrado cada vez que deba concurrir a renovar su licencia, aun cuando resulta apto para conducir.
2. La Provincia de Buenos Aires, en su escrito de fs. 198/201 ha cuestionado el fallo de grado desde dos andariveles. De un lado, en los apartados II.B. y II.C. del memorial de agravios, el apoderado estatal ha recitado los recaudos jurisprudencial y doctrinariamente acuñados en torno a la declaración de inconstitucionalidad, mas sin tan siquiera señalar cuál ha sido el yerro del juez de grado – tomando en cuenta aquellos recaudos- al tachar de inconstitucionalidad del inciso 3° del art. 10 del Decreto 532/09. Su crítica en dicha parcela luce patentemente insuficiente [art. 260 del C.P.C.C., aplicable por conducto del art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192] por cuanto lejos de patentizar un agravio, se limita a discurrir en términos generales, descuidando contrarrestar fundadamente las razones volcadas en el pronunciamiento apelado.
Es exclusivamente en el apartado II.D. en el que el representante estatal intenta poner en crisis aquel juicio del inferior por el que encuentra al precepto analizado desajustado respecto de la finalidad perseguida por el Régimen de Tránsito provincial reglamentado. Empero, el cuestionamiento deja aún más al desnudo la irrazonabilidad que le imputa el juez de grado al recaudo que se discute en este pleito.
Observo que el apoderado fiscal, luego de resaltar que lo perseguido con la norma es proteger el valor jurídico «seguridad vial», ilustra a este Tribunal sobre el flagelo anual de muertos, heridos y pérdidas económicas con motivo de accidentes de tránsito ocurridos en el país. También presto atención a su afirmación sobre la necesidad de sancionar leyes estrictas y rigurosas dirigidas a disminuir la cantidad de accidentes que se registran diariamente, preceptos entre los que incluye al inciso 3 del art. 10 del Decreto 532/09 que se presenta en el tránsito a nivel nacional. Menos aún descuido su advertencia sobre que el actor ha cometido 21 infracciones de tránsito. Y finalmente no paso por alto su afirmación sobre que la sanción patrimonial resulta ser la única alternativa para tratar de modificar el accionar del infractor, por lo que solo cabría permitir el no pago de las multas adeudadas a aquel que demuestre la imposibilidad económica de hacer frente a tal erogación. Es sobre dichos cimientos donde apuntala su petición de revocación del fallo de grado, los que -a mi juicio, como expondré seguidamente- dejan incólume el juicio practicado por el inferior en cuanto a la irrazonabilidad de la norma declarada inconstitucional.
3. Por fuera de no haber esbozado ninguna crítica en torno a que el juicio de apremio es el camino más adecuado para el Estado para hacerse del pago de las sumas debidas por el infractor en concepto de multas firmes y consentidas -lo que deja en falsete todo el intento recursivo formulado-, no es menos cierto que el apelante sigue sin responder un interrogante sustancial plasmado por el juez de grado, a saber: si lo que se persigue es alcanzar un estándar de seguridad vial que mitigue y/o erradique aquellas consecuencias del flagelo de los accidentes de tránsito, ¿cuál sería la justificación de un precepto que -al fijar el recaudo del pago previo [libre deuda] de las multas firmes y consentidas- habilita a un infractor consuetudinario como el aquí actor a obtener renovación de su licencia de conducir cuando acomete la cancelación administrativa de lo debido? La respuesta no es muy difícil de formular: el Gobernador ha perseguido recaudar anticipadamente en sede administrativa las sumas fijadas en concepto de multas, por cuanto el infractor volverá a encontrarse habilitado plenamente para conducir oblando las penalidades que ya le fueron impuestas, resultado que igualmente se obtiene por el camino más razonable fijado por el juez de grado, esto es, renovar la licencia al conductor apto aunque presente deudas por infracciones de tránsito, mas ejecutarlo por vía del apremio con todas las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal, sendero que -para más- ha sido de expresa preferencia del legislador provincial -cfr. art. 35 bis ley 13.927, t.o. ley 14.393- para hacerse de las condenas sancionatorias fijadas por violaciones al régimen de tránsito.
En suma, aunque recalcitrantemente violador de normas de tránsito, el titular de una licencia podría acceder a su renovación si -presente los demás requisitos- también cancela aquellos montos adeudados en concepto de sanciones por sus conductas de circulación reprobadas. Así, muy lejos está de alcanzarse con el precepto invalidado aquellos estándares de seguridad vial que el apoderado estatal alega como perseguidos por la norma declarada irrazonable. Solo a título de ejemplo podría citarse el art. 19 de la Ley 24.449 como una norma que, claramente, resulta adecuada a la finalidad perseguida por la legislación de tránsito.
Y si bien a tenor del art. 11 inc. 3° de la ley 13.927 la Administración provincial debe fomentar todo tipo de medidas relacionadas con la prevención de accidentes en las carreteras y vías públicas, no resultara del todo ajustada a la referida finalidad perseguida la denegatoria de renovación de licencia de conducir si, a partir de una fundada ponderación de los antecedentes de cada caso, no se logra advertir con claridad cómo las medidas adoptadas poseen aptitud para evitar accidentes de tránsito y/o mitigar los riesgos sobre la integridad de las personas [cfr. arg. doct. esta Cámara causa A-3532-BB0 «Parraquini», sent. de 21-XI- 2013]. Por fuera de esos universos, otros condicionantes que presenten una vinculación más indirecta o hasta remota con la seguridad vial, lucirán opinables y con mayor riesgo de ser invalidados por apartarse del espíritu y alcance de la norma legal reglamentada [cfr. doct. esta Cámara causa A-3767-BB0 «Vayra», sent. de 13-III-2014]. Lo analizado en la presente causa cuadra en estos últimos supuestos.
Finalmente, no puedo dejar de ponderar que con el recaudo del inciso 3 del art. 10 del Decreto 532/09 podría llegar a exigirse la cancelación administrativa de multas que estuvieran alcanzadas por la prescripción de los arts. 88 y 89 de la Ley 24.449, t.o. Ley 26.363, circunstancia que difícilmente se presentaría en el ámbito del apremio, proceso en el cual el infractor ejecutado podría alegar como defensa la prescripción de la sanción [art. 6 inciso d) decreto ley 9122/78]. No por nada el legislador provincial adoptó -como se viera supra- tal rito jurisdiccional para hacerse del pago de las sanciones pecuniarias impuestas en el marco del régimen de tránsito.
III. Con todo, sea por los argumentos del colega ponente, sea por la insuficiencia que porta el recurso, o por la falta de cuestionamiento atendible al principal interrogante que se formulara el juez de grado sobre la razonabilidad del inciso 3° del art. 10 del Decreto 532/09, el pronunciamiento de grado debe mantenerse, con el consecuente rechazo de la apelación articulada.
Voto a la cuestión planteada también por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. Ambas accionadas, por medio de sus respectivos apoderados, cuestionaron por elevado el monto de los honorarios profesionales regulados a favor del Dr. Daniel Alberto Blanco, en su carácter de patrocinante del amparista.
El apoderado de la Pcia. de Buenos Aires, independientemente de lo previsto por el art. 57 de la ley 8904/77, esbozó sus fundamentos.
Así, sostuvo que el quantum de los honorarios regulados en cabeza del letrado patrocinante del amparista superaba ampliamente el monto de 20 jus establecido por el art. 49 del Decreto ley 8904/77 y que tampoco se ajustaba a la tarea desarrollada en autos.
II. Los recursos son de recibo.
1. A los fines de efectuar la tarea revisora que compete a esta Alzada, corresponde señalar en torno a la regulación de honorarios en este excepcional proceso, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en Fallos 329:4447- ha restado contenido patrimonial a la acción de amparo cuando lo que por ella se persigue es la cesación del menoscabo o violación de un derecho constitucional. En tal sentido, ha dejado librada la remuneración de la asistencia letrada, a la prudente evaluación por los jueces de pautas diversas a los potenciales y favorables efectos económicos que para los accionantes se deriven del acogimiento del amparo (cfr. doct. esta Cámara causas A-366-AZ0 “Suárez”, res. del 08-V-2008; A-1596-DO0 “Rigby”, res. del 30-XII-2009; A-1602-DO0 “Ruas de Macchi”, res. del 13-IV-2010; A-1752-NE0 “Willemen S.A.”, sent. del 23-VI-2011; A-2664-AZ0 “Alfaro”, res. del 13-IX-2011; A-2708-MP0 “Pitman”, res. del 13-III-2012; entre otras).
2. Bajo tal directriz, el análisis debe efectuarse teniendo en cuenta las pautas regulatorias que el art. 49 del Dec. ley 8904/77 prevé para este tipo de procesos, conjugándolas con los parámetros brindados por los arts. 14 – carácter en que actúa el abogado- y 16 –motivo del pleito, desarrollo del proceso, resultado obtenido, complejidad de la cuestión planteada, entre otras- del mismo cuerpo legal.
A partir de tales parámetros, teniendo en consideración la labor desplegada por el letrado patrocinante de la parte actora, el desarrollo del proceso y el resultado obtenido, cabe entender que la regulación de honorarios fijada en la suma de pesos … ($ …) representativos de … jus atacada por alta, luce desajustada a derecho, razón por la cual corresponde su reducción a la suma de pesos … ($ …) equivalentes a … jus [cfr. Acuerdo S.C.B.A. Nº 3704 del 14-V-2014] con más los correspondientes aportes previsionales de ley e I.V.A. si correspondiere.
III. Si lo expuesto es compartido he de proponer al Acuerdo acoger los recursos de apelación interpuestos por las accionadas en tal sentido y, en consecuencia, reducir los honorarios regulados al Dr. Daniel Alberto Blanco, patrocinante del amparista, por la labor realizada en el presente, a … (…) jus, equivalente a la suma de PESOS … ($ …) [cfr. Acuerdo S.C.B.A. Nº 3704 del 14-V-2014], con más los correspondientes aportes previsionales de ley (arts. 1, 10, 14, 15, 16, 49, 54, 57 y cctes. del Dec. ley 8904/77; arts. 12 inciso “a” y 16 de la ley 6716) e I.V.A. si correspondiere.
A la tercera cuestión planteada voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
SENTENCIA
1. Declarar desierto el recurso de apelación deducido por la codemandada Municipalidad de General Madariaga a fs. 195/198 [art. 25 ley 13.928 –t.o. ley 14.192- y arts. 260 y ccs. C.P.C.C.].
2. Desestimar el recurso de apelación incoado por el apoderado de la Pcia. de Buenos Aires a fs. 198/201 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de grado de fs. 172/187 en cuanto -por ser materia de agravio- declaró la inconstitucionalidad del inc. 3 del art. 10 del Decreto Reglamentario N° 532/09 de la ley 13.927.
3. Las costas de esta Alzada se imponen las apelantes en su objetiva condición de vencidas [arts. 19 y 25 ley 13.928 –t.o. ley 14.192- 68 y ccs. C.P.C.C.].
4. Acoger los recursos deducidos por ambas demandadas contra la regulación de honorarios efectuada por el juez de grado a favor del Dr. Daniel Alberto Blanco –patrocinante del actor- y, en consecuencia, reducirlos a … (…) jus, equivalente a la suma de PESOS … ($ …,=) [cfr. Acuerdo S.C.B.A. Nº 3704 del 14-V-2014], con más los correspondientes aportes previsionales de ley (arts. 1, 10, 14, 15, 16, 49, 54, 57 y cctes. del Dec. Ley 8904/77; arts. 12 inciso “a” y 16 de la ley 6716) e I.V.A. si correspondiere.
5. Estese a la regulación por trabajos profesionales ante la alzada que por separado se efectúa.
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Ley 13927 – BO: 30/12/2008
000262E
