Se declara la inconstitucionalidad del artículo 58 del laudo 17/75 y se rechaza -en consecuencia- el reclamo en concepto de diferencias salariales, en la medida en que, si bien dicha norma busca establecer condiciones dignas de trabajo para los dependientes de las empresas de prensa, no guarda proporcionalidad, en cuanto que su aplicación implica consecuencias más graves, como sería la imposibilidad de que el establecimiento pueda continuar funcionando; en suma, la preservación de la actividad. En otras palabras, la potencialidad productiva del establecimiento no guardaba proporcionalidad con la modalidad de cálculo de los salarios que fijaba el citado artículo, además de resultar confiscatorio en cuanto que aniquilaría la fuente de trabajo por ser los montos salariales tan excesivos.
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