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JURISPRUDENCIAColación. Simulación. Donación encubierta. Prescripción. Carga probatoria dinámica. Prueba testimonial
Se hace lugar a la acción de colación ante la prueba de la donación encubierta efectuada por una madre a favor de una hija -heredera forzosa- que no acreditó debidamente haber aportado ingresos necesarios y suficientes para pagar y adquirir el bien inmueble, debiendo computarse los valores dados en vida por el difunto al heredero en su hijuela.
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 21 días de Mayo de 2015, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos E. Ribera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia en el juicio: “D. G. A. C/ D. D. C. Y OTRO/A S/ACCIÓN DE COLACIÓN” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera resolviéndose plantear y votar la siguiente:
CUESTIÓN
¿Es justa la sentencia apelada?
VOTACIÓN
A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. LLOBERA, dijo:
I. La sentencia apelada
La sentencia desestimó la demanda de simulación interpuesta contra N. B. V., con costas a cargo del actor. Hace lugar a la demanda de colación, en cuyo mérito al momento de realizar la partición de los bienes relictos, deberá computarse la suma de $ …, equivalente al 50% del valor del inmueble donado por L. B. D. a favor de su hija D. C. D. y en caso de exceder su cuota, deberá efectuar el reintegro de la diferencia al aquí actor. Impuso las costas a la demandada (fs. 473/486).
II. La apelación
Las demandadas apelan el fallo (fs. 489). La codemandada N. B. V. expresa agravios (fs. 505/508); lo propio hace D. C. D. (fs. 509/513), los que fueron contestados por el reclamante (fs. 521/523).
El actor apela la sentencia (fs. 493), expresa agravios (fs. 514/517), el que fuera contestado mediante la presentación de fs. 519/520.
III. La deserción del recurso
Ambas partes al contestar los agravios, solicitan se declare desierto el recurso de su contraria, por cuanto entienden, no cumplen con los requisitos previstos por el art. 260 primer párrafo del CPCC.
Para resolver esta cuestión, es necesario tener presente que expresar agravios consiste en el ejercicio del control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del Juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que ocasiona (causas n° 68.165, 68.667, 101.100; entre otras).
El Tribunal de Alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (doc. arts. 246 y 260 del CPCC). Sin embargo, la facultad de declarar desierto un recurso por insuficiencia de la expresión de agravios, entiendo que debe ejercerse con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, arbitrariamente, se afecte el derecho de defensa del recurrente. Así lo ha decidido esta Sala en numerosos casos (causas n°99.866, 100.375, 100.883, entre muchos otros).
En el caso de autos, en mi parecer, ambas expresiones de agravios, se refieren en forma concreta a la sentencia y a las constancias de autos para apoyar su reclamo, razón por la cual, estimo debe tenérsele por cumplida la obligación del art. 260 del CPCC.
En razón de lo dicho, entiendo que corresponde proceder al análisis de los agravios vertidos por las partes.
IV. Los agravios
1. La simulación en la escritura de adquisición del inmueble
a) El planteo
El actor cuestiona el rechazo de la demanda con relación de N. V. y la imposición de costas a su cargo. Entiende que la sentenciadora hizo una consideración parcial, incorrecta y arbitraria de las probanzas, al entender que la demandada tenía capacidad económica para adquirir el 50% del inmueble. Analiza la declaración de los testigos ofrecidos por su contraria, afirmando que son tendenciosos y que no acreditan que la accionada tuviera ingresos o solvencia económica; señala que los testigos ofrecidos, fundamentalmente J. C. V., en su calidad de contador, acreditan los supuestos alegados por su parte.
Alega que no hay prueba que permita inferir que hasta la fecha de adquisición del inmueble, en el año 1985, V. tuviera capacidad económica y que ello se corrobora con lo informado por la AFIP. Sostiene que él es titular del 100% del inmueble.
La demandada por su parte dice que se encuentra probado que fue ella quien aportó la totalidad de los fondos para adquirir el inmueble y que L. B. D. no tenía capacidad económica para adquirir el otro 50%.
Señala que el plazo de prescripción de la simulación es de dos años a partir del fallecimiento, por lo que teniendo en cuenta que el causante falleció el 29/8/2000, la acción de simulación se encuentra fatalmente prescripta.
b) El análisis
Conforme los argumentos expuestos, entiendo que en primer lugar se impone resolver acerca de la existencia de simulación del acto celebrado en la escritura pública N° … y si dicha acción se encuentra prescripta, ya que el objeto de la pretensión es colacionar, si correspondiere, lo transmitido por el causante L. B. D. a su hija D. C. D..
i.La prescripción
Cuando se acumulan las acciones de simulación y colación, el objeto principal del litigio es la obligación de colacionar, ya que la simulación es el medio a que debe acudir el heredero forzoso para acreditar que el causante efectuó una liberalidad, y la finalidad de la principal (colación), queda subordinada al éxito de la prueba del carácter simulado del acto que encubre la liberalidad (conf. SCBA, Ac. N° 45.659 del 16/6/1992, esta sala, causa n° 107.425); así, la finalidad de la acción principal queda subordinada al éxito de esta última, donde debe quedar demostrada la liberalidad que ha sido encubierta por el acto fingido (SCBA, Ac. N° 76.373 del 30/8/2000).
Más allá de lo resuelto por la sentenciadora en cuanto al plazo de prescripción aplicable, en mi parecer por resultar la acción de simulación accesoria a la de colación, corresponde aplicar el plazo mayor de diez años previsto en el artículo 4023 del Código Civil para las acciones personales en general y no el menor de dos años establecido en el segundo párrafo del artículo 4030, para la acción de simulación, cuyo plazo de prescripción nace a partir del conocimiento real, pleno y cabal, de la insinceridad del acto impugnado o del instante en que pudo razonablemente conocerla actuando diligentemente.
En este caso y conforme lo señalara la sentenciadora, tomó conocimiento del acto impugnado con la obtención del certificado de dominio expedido el 13/8/2010 (fs. 3/5), por lo que a la fecha del inicio de las presentes actuaciones (25/8/2010) la acción no se encuentra prescripta. Tampoco lo estaría si se tomara el plazo de prescripción más breve, previsto para la acción de simulación que es de dos años.
En virtud de ello, entiendo que el planteo de prescripción opuesto por los demandados deberá ser desestimado.
ii. La adquisición del inmueble y el porcentaje correspondiente
Surge de la escritura N° … que con fecha 5 de septiembre de 1986, L. B. D. de estado civil soltero y N. B. V. de estado civil soltera, adquirieron la finca ubicada en la calle V. G. N° … de la localidad de F., cuyos datos catastrales se identifica (fs. 168/171). Del certificado de dominio respectivo surge que cada uno de ellos adquirió el 50% (fs. 3/5).
El actor sostiene que en realidad la totalidad del bien le pertenecía, en tanto N. V. sostiene lo contrario. En principio la prueba de que el acto es simulado corresponde a quien lo alega (art. 375 del CPCC). Sin embargo, es de señalar que las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a decisión, principio éste que se encuentra en relación con la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal. Por el principio de la carga dinámica de la prueba, entiendo que pesa sobre ambas partes producirla en su favor (arts. 163 inc. 5 párr. 2, 354 inc. 1, 375 CPCC). Los demandados también deben aportar elementos conducentes a demostrar los hechos por ellos invocados, tratando de convencer de la honestidad y seriedad del acto, colaborando al esclarecimiento de la verdad, sin que ello signifique exonerar de aquella carga a quien corresponda (conf. Yañez Alvárez, César D., «Prueba por terceros en la simulación de actos jurídicos», en JA 8-1970,503; Acuña Anzorena, Arturo, «La carga de la prueba en materia de simulación», LL 73-514).
J. C. V. (fs. 89/90), era el contador de la empresa y fue ofrecido como testigo por el actor. Declaró que V. figuraba como directora de D. S.A. sólo para cumplir con el requisito jurídico y que no ejercía ninguna función.
Dijo que era ama de casa y que dependía económicamente de L. B. D. Que en el año 1985, fecha de adquisición del inmueble V., no realizaba ninguna actividad económica y que el inmueble fue adquirido por L. B. D. con la intención de cedérsela a su hija. Sus dichos se encuentran avalados por lo declarado por el testigo R. O. P. (fs. 91/92).
La AFIP informó respecto de N. B. V. que tiene como fecha de alta el 1/7/1993, es decir, casi siete años mas tarde de la adquisición del inmueble – 5/9/1986- (ver fs. 102/108).
Los testigos J. E. M. (fs. 212/213), E. V. S. (fs. 214/215), E. E. T. (fs. 216/217), P. R. B. (fs. 220/221), C. S. B. (fs. 263/264), todos ellos son clientes de la demandada desde hace muchos años. A. P. B. (fs. 218/219) y A. M. T. (fs. 265/266) son vecinos, en tanto R. O. B. (fs. 267/268) y E. A. (fs. 268/270) trabajan en la empresa. Todos ellos fueron ofrecidos por las demandadas. Con mayor o menor precisión son contestes en señalar que N. B. V. estaba al frente del negocio de la venta de materiales de hierros para la construcción, atendiendo no sólo al público en general, sino también a los proveedores y dando órdenes a los empleados. Coinciden en que se encontraba involucrada en la actividad comercial de la empresa, considerándola como la dueña del negocio.
Dichos testimonios han sido impugnados por el actor (fs. 229/231 y 273).
Las pruebas recolectadas, no me generan convicción de que el inmueble haya sido adquirido en su totalidad con fondos aportados en forma exclusiva por L. B. D. o por N. B. V., o que alguno de ellos careciera de la capacidad económica de adquirir la propiedad, la que por otro lado al momento ser adquirida ya contaba con una antigüedad respetable (40 años- ver expediente administrativo, fs. 126 y sgtes).
La contradicción de los testigos ofrecidos por ambas partes, en mi parecer afectan la veracidad de sus declaraciones. Cualquiera sea el número y la calidad de los testimonios, cuando haya entre los distintos declarantes contradicciones graves o que recaigan sobre el hecho principal, corresponde al juez determinar con una crítica severa de cada uno y del conjunto si debe descartarlos a todos o dar credibilidad a uno o varios. Ello de acuerdo con el resultado de la crítica minuciosa de todos, tanto en el aspecto subjetivo cuanto en el objetivo (causa n° 69.462 del 26.11.96 de la Sala IIª de este Tribunal). Si los testigos ofrecen distintas versiones, circunstancia que entiendo sucede en autos, no pueden menos que neutralizarse recíprocamente.
No encuentro elementos serios, convincentes y contundentes que permitan apartarme de las constancias de la escritura pública N° … que determina la adquisición en conjunto del inmueble, más allá de la objeción al estado civil de los adquirentes. En efecto L. B. D., al momento de la adquisición del inmueble (5/9/1986) no era de estado civil soltero, sino divorciado, conforme surge de fs. 10.
La seguridad de las transacciones impone que la apreciación de su existencia debe encararse con criterio restrictivo (SCBA, Ac. N° 33.064, 11 de diciembre de 1984, J. A. 1985-IV-73) y que en caso de duda debe prevalecer la vigencia del acto jurídico tal como ha sido formalizado. Sólo debe llegarse a la declaración de simulación cuando no se abriga la más mínima duda acerca de la irrealidad del negocio jurídico atacado (CNCiv. Sala C, mayo 16 de 1982, E.D 100-214 ; Sala F, agosto 27 de 1982, E.D 103-151; Sala B, abril 29 de 1977, E.D 74- 406; Sala A, septiembre 8 de 1975, E.D 66-274, entre otros muchos).
El art. 960, en el que dispone que la simulación deberá declararse » …si mediaren circunstancias que hagan inequívoca su existencia”. Se trata de una una convicción judicial que va más allá de las pruebas, refiriéndose a todo el ámbito vivencial que rodea a una situación jurídica. Si bien la reforma acentúa la discrecionalidad judicial, la clave de la cuestión está dada por lo «inequívoco» de la convicción que pueda resultar la la prueba rendida en cada caso (arts. 960 del Cód. Civil y 163 inc. 5 del C.P.C.C.; Borda, Guillermo A., «Tratado de Derecho Civil – Parte General», T. II, pág. 532 y sgts.; Acuña Anzorena, Arturo, «El concepto de simulación y su relación con otras figuras afines» L.L. T.26, sección doctrina, pág. 13; S.C.B.A, – marzo 11 de 1980, Ac. N 25.744; CNCiv. Sala D, noviembre 5 de 1979, E.D 86-401; ídem Sala A, octubre 25 de 1974, E.D 62-151; entre otros muchos).
En virtud de lo expuesto, la prueba producida no me convence de que el acto sea simulado. En consecuencia con ello y en concordancia con lo señalado con la señora Jueza de primera instancia, corresponde analizar sólo si el 50% correspondiente al causante, L. B. D. es susceptible de colacionar.
2. La procedencia de la colación
a) El planteo
La codemandada N. B. V., niega que haya existido un acto de liberalidad de los padres. Dice que se encuentra probado que fue ella quien aportó la totalidad de los fondos para adquirir el inmueble y que L. B. D. no tenía capacidad económica para adquirir el otro 50%; afirma que D. C. D. con posterioridad y merced a su trabajo en la empresa pudo reintegrarle el precio abonado, lo cual terminó consagrando la aceptación de compra transcurridos diez años.
Afirma que al no existir donación, sino una compraventa, la colación debe ser desestimada.
b) El análisis
La colación es el instituto por el cual el heredero forzoso que concurra con coherederos de igual carácter, debe computar en la masa relicta el valor de las donaciones que hubiera recibido en vida del causante. El art. 3477 in fine del Cód. Civ. establece el objeto de la obligación de colacionar, que es el de reunir a la masa hereditaria los valores dados en vida por el difunto.
Son colacionables las donaciones del causante a su heredero forzoso (art. 1789 Cód. Civil). Deviene necesario distinguir entre las donaciones ostensibles, las no ostensibles, las disimuladas, las presumidas disimuladas por la ley y las donaciones nulas (Llambías, J. J. y Méndez Costa, María Josefa; “Código Civil Anotado, Doctrina-Jurisprudencia”, t. V-B, págs. 215 y sgts., ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992). De la enumeración que precede resulta de interés a los fines de la causa la donación disimulada o actos simulados (Bueres-Higthon, “Cód. Civil y normas complementarias”, t. 6, pág. 521, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001), pues en los hechos tenemos una operación celebrada en favor de uno de los herederos forzosos, por lo que se trata de establecer si es una donación que se encubre bajo la apariencia de un acto oneroso que habilite la acción pretendida.
De la escritura N° … de fecha 5/9/1986 (fs. 168/171 y 365/366) surge que L. B. D. y N. B. V., adquirieron la finca ubicada en V. G. N° … de la localidad de F..
Dejaron constancia en el acto, que actuaron como gestores de negocios y que compraron el inmueble para su hija menor de edad, D. C. D., quien oportunamente la aceptará.
Mediante la escritura n° … de fecha 12/6/1995, D. C. D. aceptó la compra. Estas constancias se desprenden, asimismo, del certificado de dominio adjunto (fs. 3/5)
La figura de la gestión de negocios no se sustenta en el mandato ni en ninguna otra relación jurídica contractual, pues ésta requiere del concurso de voluntades de ambas partes (“Compagnucci de Caso, Rubén H., en “La gestión de negocios y el principio de “no injerencia”, LL, 1998-E-867), cuando precisamente es de la esencia de la gestión de negocios la ausencia de encargo de parte del dueño del negocio como así también de un deber legal de obrar en tal sentido. No debe existir un pacto previo, toda vez que es incompatible con la gestión en ese negocio en los términos del art. 2288 del Código Civil.
Más allá del enfoque jurídico alegado, lo cierto es que, las demandadas sostienen que D. C. D., merced a su trabajo en la empresa, pudo reintegrarle el precio abonado a su madre, lo cual terminó consagrando la aceptación de compra transcurridos diez años. Al tratarse de una heredera forzosa del causante, entiendo que resulta trascendente acreditar dicho extremos a los fines de descartar una donación, de estricta naturaleza gratuita. Recordemos que sólo las donaciones hechas a herederos forzosos están sujetas a colación.
Al momento de suscribir la escritura de adquisición del inmueble D. C. D. contaba con 14 años de edad. De los propios dichos de la demandada N. el dinero fue aportado por ella, el cual luego le fue reintegrado. De la escritura de aceptación nada se dice de dichos fondos, limitándose a aceptar la compra, cuando ya había cumplido la mayoría de edad (fs. 172/173).
El testigo J. C. V., contador de la empresa D. S.A., por conocimiento directo con las partes, sostuvo que la casa fue adquirida por L. B. D. con la intención de obsequiársela a su hija, cuando fuera mayor de edad (resp. 5 de fs. 89/90)
Concuerdo con la sentenciadora en que, aun cuando pueda aceptarse por los dichos de los testigos, que D. C. D. realizaba trabajos en los negocios de la empresa familiar, no se acompañó ninguna pauta que permita inferir los ingresos necesarios y suficientes para adquirir dicho inmueble y mucho menos su pago. El informe de la Afip (fs. 102/108), refiere actividad comercial de la citada codemandada, recién a partir del 2/1/1997, es decir pasados once años de adquirido el inmueble.
No habiendo la demandada D. C. D. aportado elemento alguno que permita inferir los hechos por ella alegados, en mi parecer, y dadas las circunstancias apuntadas en autos, concluyo que la transacción realizada por L. B. D. en favor de su hija, se trató de una donación encubierta, por lo que debe colacionarse el 50% del valor de dicho inmueble que es la parte proporcional que al causante le correspondía.
3. El valor colacionable
a) El planteo
La codemandada D. C. D. expresa agravios en forma similar a N. B. V.. Aduna a sus argumentos un cuestionamiento del valor colacionable ya que sostiene que ascenderá a $ …, tomando en consideración que los herederos forzosos del causante son D. C. D. y G. A. D..
b) El análisis
La sentenciadora luego de analizar las constancias de autos y en especial los dictámenes periciales efectuados por arquitecto (fs. 373/403) y tasador (fs. 407/427), dispuso que el valor del inmueble al momento de la apertura de la sucesión de L. B. D. era de $ …, precio que incluye las reformas y ampliaciones realizadas en el año 1997, no así las efectuadas con posterioridad al fallecimiento del causante.
En función de ello dispuso que se colacione el valor de lo donado a D. C. D. correspondiente al 50% del inmueble perteneciente a su padre, es decir la sumas de $ …
El planteo de D. C. D. de considerar sólo el 50% de lo establecido por la sentenciadora, debido a su calidad de heredera forzosa, junto con el actor, es a toda luces improcedentes, toda vez que lo que se debe computar son los valores dados en vida por el difunto al heredero en su hijuela y compensar en la partición.
El art. 3477 in fine del C. Civ. establece que su objeto es el de reunir a la masa hereditaria los valores dados en vida por el difunto. No tiene carácter real ni efecto reipersecutorio respecto de la cosa donada pues constituye una deuda de valor del donatario, a computarse en la masa e imputarse a su hijuela (Gregorini Clusellas, E. L. “La colación y las liberalidades colacionables”, LL 1993-D-876).
En virtud de ello, entiendo que corresponde desestimar los agravios de la recurrente.
4. La propuesta al Acuerdo
De conformidad con todo lo analizado, lo dispuesto por los arts. 955, 956, 958, 960, 1789, 2289, 3476, 3477, 3483, 4023, 4030 y concordantes del Cód. Civil y arts. 375, 384, 456, 474 del CPCC, propongo al Acuerdo confirmar lo decidido en la instancia de origen.
IV. Las costas de primera instancia
a) El planteo
Las demandadas sostienen que la sentenciadora dejó circunscripto el objeto de la pretensión sólo al inmueble ubicado en la localidad de F., desestimándola respecto de los bienes denunciados en S. B. No obstante la oposición expresa al contestar la demanda, impuso las costas a las accionadas.
b) El análisis
Al demandar el actor senaló que el acervo hereditario que se pretende colacionar se compone de dos bienes : a) el situado en la calle V. G. N° … de la localidad de F., Partido de V. López, cuya nomenclatura catastral denuncia; b) un departamento en propiedad horizontal sito en la localidad de S. B., Partido de la Costa, del cual se comprometió a aportar mayores precisiones a la brevedad, siendo el propósito interrumpir la prescripción de las acción (ver fs. 7 y 7 vta.).
Al contestar demanda, las accionadas expresamente peticionaron que se rechace la pretensión respecto de este último inmueble porque entienden, carece de precisión e individualización (ver punto 3 de fs. 38vta.).
La sentenciadora concluyó que no habiendo individualizado el demandante el objeto de su pretensión resulta improcedente su tratamiento, quedando circunscripto el litigio al restante inmueble ubicado en la localidad de F., Partido de V. López.
En materia de condena en costas resultan aplicables las disposiciones de los arts. 68 y 69 del CPCC, que establecen un principio rector en la materia, según el cual debe soportarlas quien resulta vencido, es decir, por aquél respecto del cual se dicta un pronunciamiento adverso (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, T° III, pág. 366 y ss), principio que sólo debe ceder cuando la condena a una de las partes resulte inequitativa (conf. S.C.B.A. Ac. N° 21.072 del 11/9/79; esta Sala causas n° 100.643, 74.967, 63.887, entre muchas otras).
En el caso en examen, no encuentro mérito para apartarse del principio general de la derrota, debiendo los acccionados soportar las costas, ya que mas allá de lo adverso de algunas cuestiones, resulto vencedor en lo sustancial de la demanda y en resto de las cuestiones litigiosas.
Se ha remarcado que cuando la pretensión del actor no prospera íntegramente, sino sólo en forma parcial, su contraria no pierde su carácter de sustancialmente vencida y por tanto, obligado a cargar con las costas (esta Sala 1°, causa 87.639, 89.500; CNCiv., sala C, 17/6/80, E.D. 89-410 y Rep. E.D. 14-264, nro. 58; ídem. sala E, 09/11/83, LL 1984-B-145, JA 1984-II-48; CNFed.CAdm., sala I, 17/03/87, LL-E-319; CNCom., sala C, 30/09/91, DJ 1992-I-439).
c) La propuesta al Acuerdo
De conformidad con lo analizado y lo dispuesto por el arts. 68 y 69 del CPCC, propongo al Acuerdo desestimar lo planteado por las demandadas.
V. Las costas de la Alzada
Atento la solución esbozada, propongo que las costas de Alzada se impongan a las demandadas vencidas (art. 68 del CPCC).
Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos, el Dr. Ribera votó también por la AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
SENTENCIA
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada (fs. 473/486), en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Las costas de esta Alzada se imponen a las demandadas.
Se difiere la regulación de los honorarios para su oportunidad legal (art. 31 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Carlos Enrique Ribera
Juez
Hugo O.H. Llobera
Juez
Miguel L. Alvarez
Secretario
Concilio, Juan José y otro/a c/De Francesco, Juan Carlos s/simulación – Cám. Civ. y Com. Pergamino – 07/06/2013
001268E
