Tiempo estimado de lectura 22 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAColación. Cargas probatorias dinámicas. Donación. Donación con cargo
Se confirma la sentencia que rechazó la acción de colación interpuesta contra la cesionaria del heredero forzoso, al juzgarse que la mención a la calidad de gratuita incluida en la misma escritura de donación se vio desdibujada frente a los cargos impuestos en esta.
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de agosto de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Schcolnik, Andrés Eduardo c/ Landeta, Verónica s/ Colación” respecto de la sentencia de fs. 437/447, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – ROBERTO PARRILLI – MAURICIO LUIS MIZRAHI –
I.- La sentencia de fs. 437/447 rechazó la acción de colación interpuesta por Schcolnik Andrés Eduardo contra la cesionaria del heredero forzoso (Daniel Schcolnik), la demandada Verónica Landeta.
El cedente es hermano del actor e hijo del padre de ambos y causante Enrique Schcolnik.
II.- A fs. 494/500 expresa agravios la parte actora. Se agravia el apelante al considerar que en el decisorio recurrido el Sr. Magistrado de grado consideró que la donación que se pretende colacionar seria en un 100 % onerosa, incurriendo así en un arbitrariedad manifiesta, al haber omitido el análisis de la totalidad de las probanzas rendidas en autos.
Se queja al sostener que en el resolutorio recurrido el a quo no sólo confunde el número de escritura sino que desconoce por completo la verdadera naturaleza del acto jurídico que se dejó asentado en ella, omitiendo que fue celebrado voluntaria y libremente entre partes, reputándola como una donación a título oneroso cuando estos expresamente la habían incurrido a título gratuito.
En otro orden de ideas, se agravia al considerar que en la tasación judicial se determinó que el valor de los bienes situados en Uruguay ascendía a U$S 303.000. Destaca -asimismo- que el valor de una lancha resultaba ser de U$S 4250, a lo que debía sumarse el departamento de un ambiente y un automóvil marca Citröen, modelo Mehari; por lo que resultaría evidente que con ese patrimonio el donatario no estaba en condiciones de afrontar el pago de U$S 4.279.537,10 para levantar avales y fianzas otorgadas por su progenitor, lo que coadyuvaría a demostrar que el acto de la donación, cuyo resultado se pretende colacionar, fue celebrado a título gratuito.
Por otra parte, no comparte el criterio formulado por el a quo en el que sostuvo que: “…era la parte accionante quien debía acreditar que el costo de las garantías y avales que debía afrontar Daniel Schcolnik eran menores al valor de las acciones donadas, para de ese modo calcular las diferencias entre ambos y determinar que porcentaje de la donación era gratuito…”. Frente a ello, expresa que dicha afirmación carece de sentido, en la medida que a f. 139 vta. del expediente sucesorio consta la entrega de valores a Daniel Schcolnik para que los mismos fueran canjeados por la cancelación de las fianzas otorgadas, con lo que quedaría acreditado de esta manera elcarácter gratuito de la donación.
Se queja el apelante al considerar que el Sr. Magistrado de grado en su pronunciamiento no se ha ajustado a derecho por cuanto consideró que una buena relación entre donante y donatario, en el caso de autos padre e hijo, constituía un presupuesto necesario para que una donación efectuada a un heredero forzoso se considere como adelanto de herencia. Tampoco comparte la postura del a quo de que no ha logrado acreditar los pilares de su pretensión, esto es, el valor de las acciones donadas al momento de celebrarse el acto como tampoco del cargo que dicha donación imponía. A tal fin, sostiene que el valor de las mismas surge del cálculo efectuado en el escrito de inicio, el cual se realizó de conformidad con el informe brindado por la bolsa de Comercio.
En este sentido de ideas, y a los fines de justificar el título de la donación, aduce que a la luz de todas las probanzas rendidas en autos surge que el Sr. Daniel Schocolnik jamás utilizo su propio peculio para afrontar la cancelación de las fianzas otorgados por su padre.
III.- A fs. 506/511 contesta la expresión de agravios la demandada vencedora. Comienza refutando la condición de pobreza de Daniel Schocolnik, alegando que si este carecía de recursos no tendría modo alguno de cancelar los avales.
Respecto al agravio vertido por el recurrente en cuanto a que no puede determinarse si el valor de las acciones es equivalente al cargo de las pretensiones, responde que las acciones de dicha sociedad no tenían ningún valor por lo que dicho argumento deviene abstracto.
Por otra parte, en atención al título gratuito alegado por el recurrente en sus agravios, contesta que dicha queja carece de fundamento suficiente, puesto que la misma no se encuentra debidamente probada. Manifiesta que el recurrente se ha limitado a criticar el carácter de la donación, sin aportar prueba alguna que justifique sus críticas. Misma respuesta otorga a la queja vertida por el incidentista alegando que la empresa no se hallaba en su mejor momento financiero.
Respecto al agravio aducido acerca de la imposibilidad de probar el valor de las acciones, se remite a su escrito de contestación de la demanda (fs. 34/37), en donde alega que obra agregada su explicación al modo a partir del cual se valúa una acción.
Concluye su contestación sosteniendo, como lo hizo a lo largo de todos los actuados, que la mentada escritura de donación no existió y que la que dio origen a toda esta controversia, es una escritura en sentido formal.
IV.- Pasaré a examinar los agravios expresados, en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. De modo previo al tratamiento de los agravios, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).
Es en este marco, pues, que ahondaré en el estudio de los recursos interpuestos.
V.- El actor en su escrito de inicio, agoró la dificultad probatoria en la que se hallaba. Sostuvo desde un comienzo (v. demanda punto IX, fs. 353/355) que “sin perjuicio de las pruebas directas que se aportan a esta demanda, teniéndose en cuenta que un incendio accidental destruyó toda la contabilidad de la compañía en Marzo de 1984, se ha debido recurrir a la prueba de presunciones, dado que a esta parte le resulta extremadamente dificultosa la obtención de pruebas acerca de lo ocurrido hace tantos años, sobre todo en relación a aspecto al cumplimiento de la condición resolutoria por el donatario de las acciones). En situaciones como ésta, es donde entra a jugar la llamada “Doctrina de la Carga Dinámica de la Prueba”.
Se conoce como «doctrina de las cargas probatorias dinámicas» la elaboración jurisprudencial y doctrinaria que da fundamento al apartamiento excepcional de las reglas de distribución de la carga probatoria, de modo que las consecuencias desfavorables de la falta de acreditación de hechos esenciales pesan sobre la parte que se encuentra en mejores condiciones de aportar la prueba y no lo hizo. Como resulta de la definición, la doctrina tiene incidencia en la denominada «carga objetiva» (3), vale decir, la operatividad de las reglas distributivas de la carga probatoria que, ante la ausencia de prueba, funcionan como parámetro decisorio o regla de juicio, indicándole al juzgador cómo decidir ante la ausencia de prueba de hechos esenciales. La circunstancia de adquirir relevancia en la etapa de valoración judicial de los medios de prueba conduce a sostener que el desplazamiento de la carga probatoria (o «carga dinámica») traslada no tanto el «onus probandi» sino más bien el «favor probationes» (4), pues tiene incidencia fundamental al apreciar el conjunto d Título: Las cargas probatorias dinámicas en el Código Civil y Comercial Autor: De los Santos, Mabel Alicia publicado en: LA LEY 21/12/2016, 21/12/2016, 1Cita Online: AR/DOC/3752/2016e la prueba y decidir sobre las consecuencias de las omisiones o deficiencias probatorias.
Para analizar la prueba, el magistrado que precediese, lo hizo conforme la letra de los arts. 364 y 377 del CPCCN que ponen en cabeza de quien alega un hecho (arts. 330 inc. 3 y 4 CPCCN) la carga de la misma (v. f. 441, últ. párr.).
Al igual que el colega de la anterior instancia no comparto la premisa, que sostuvo el actor para la distribución en la carga de la prueba. La «doctrina de las cargas probatorias dinámicas», tiene como antecedente la diabólica probatio, uno de sus primeros antecedentes fue la causa “Antico” de esta cámara y su aplicación se circunscribió a un caso de donación y entre las partes intervinientes. Posteriormente se la intentó aplicar o extender a la mala praxis médica con mal hadada viabilidad tanto en la jurisprudencia como legislación. Hoy el CCyC, para el supuesto de responsabilidad civil, si bien mantiene la carga de la prueba en quien alega, recepciona la facultad judicial de distribuirla previo aviso del juez a las partes (arts. 1734 y 1735)
Aún en el mejor escenario para la parte actora llama a la reflexión la razonable defensa de la cesionaria de derechos hereditarios y demandada a colacionar (¿?) luego de haber desistido la primera del heredero forzoso y cedente (ver formulario de mediación de f. 50). A f. 152 vta. honrando el principio de congruencia (art. 34 inc. 4 CPCC) la demandada afirma “…el Sr. Andrés Schcolnik pretende a través de la doctrina de la prueba dinámica, invertir la carga probatoria que le cabe, librándose de su responsabilidad y sosteniendo absurdamente que me encuentro en mejores condiciones para producir la probanza respectiva. 1.- Claro está que no pertenezco a la familia Schcolnik. Por lo tanto, si el mismo Andrés que es el propio hijo de Enrique Schcolnik no conoce los acontecimientos que se dieron en el seno de su familia, menos aún lo puedo conocer yo que soy una extraña totalmente ajena” (y sigue). Su razonamiento tiene base constitucional (arts. 16 y18 CN) y en el nuevo CCYC (el art. 710 del Libro segundo, Título VIII, titulado «Procesos de familia”).
Y no es que la demandada haya asumido en autos una actividad no colaborativa con la producción de prueba de su parte: ofreció un sin número de medidas tendiente a demostrar sus argumentos (ver fs. 157/159) y hasta recurrió al libro con la biografía del causante para tener conocimiento de circunstancias que le eran totalmente ajenas y alegar en su defensa. Téngase en cuenta además, que la donación se efectúa el día 12 de noviembre de 1979 y la cesión onerosa de derechos hereditarios el 31/10/12 (ver f. 114 final) esto es 20 años después.
El actor no ha logrado con su actividad probatoria (arts. 364, 377, 384 y ccdtes. CPCCN) hacer exaudible su pretensión. Las simples alegaciones procesales no bastan para proporcionar al órgano jurisdiccional el instrumento que éste necesita para la emisión de un fallo, porque el juez tiene que contar con datos que sean o parezcan convincentes respecto de su exactitud y certeza, requiriéndose, consecuentemente, que las partes cumplan una actividad complementaria de la puramente alegatoria, dirigida a proporcionar el convencimiento, lo que se llama de la prueba, es decir, que los hechos controvertidos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, deben ser demostrados (conf. López Miró, Horacio G. «Probar o Sucumbir. Los tres grados de convencimiento judicial y la regla procesal del onus probandi» Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1998, pág. 49).
En su expresión de agravios, la actora apelante, tampoco logra enervar la razonable afirmación del colega de grado en cuanto a la onerosidad de la donación (ver f. 442, 1er. parr.)
Bien dice el Sr. Juez de la instancia anterior que la mención a la calidad de “gratuita” incluida en la misma escritura de donación se ve desdibujada frente a los cargos impuestos en la misma. Cita para su fundamento la propia letra de la escritura “Esta donación queda sujeta a la condición resolutoria de la cancelación o sustitución de toda obligación que por garantías o avales hubiera otorgado el donante a favor de terceros en virtud de operaciones realizadas por la firma “Schcolnik S.A.I.C” sea como obligado directo o por endosos o descuentos por operaciones crediticias de cualquier naturaleza” (ver f. 441 vta. últ. párr.) Para intentar enervar la letra de lo transcripto, y resaltado por el juez anterior, el actor previno en tal sentido, diciendo en su demanda en la narración de la demanda (art. 330 incs. 3 y 4 CPCC) “…investigaciones realizadas el cumplimiento de esta obligación por el donatario no le insumió ningún costo o el costo fue mínimo frente a la entidad de lo donado” (f. 108 vta.) Esto fue fulminado en forma deletérea e incontestable por el razonamiento de la sentencia en cuanto a que lo afirmado “aparece huérfano de todo respaldo probatorio” (f. 444)
A ello añado reforzando la sentencia atacada, que resulta contradictorio con los propios dichos del actor, manifestar que se encuentra en imposibilidad probatoria y recurre a una distribución subjetiva de la carga de la prueba pero respecto de ciertos actos que no hacen a su postura, los puede comprobar “realizando investigaciones” que no aclara cuales fueron ni menciona siquiera sus resultados puntuales, para afirmar al viento que la donación no fue onerosa. Incumple así su deber de colaboración y búsqueda de la verdad y se pone una vez más, en contradicción con sus propios actos, no probando lo que afirma.
VI.- Luego del análisis de la prueba que realiza en sr. Juez anterior, no cabe más que concluir con el “que la parte actora no ha dado cumplimiento con su deber de acreditar fehacientemente los pilares de su pretensión, esto es: el valor de las acciones donadas al momento de celebrarse el acto, con el cargo que dicha donación imponía. Y en ese contexto, corresponde entender que era equiparables, lo que hace a la donación onerosa en un ciento por ciento y en consecuencia no factible de colaciona” (f. 446) Esta conclusión no ha logrado siquiera ser rozada en el expresión de agravios de la apelante (arts. 265, 271, 384 y ccdtes. CPCCN)
Sumo a lo expuesto que si la donación hubiese sido una liberalidad propiamente dicha, carecía de sentido alguno insistir machaconamente en la escritura con el cargo de sustituir “toda obligación” “como obligado directo o por endosos o descuentos o por operaciones crediticias de cualquier naturaleza” previendo “la reversión” de la donación por la falta de cumplimiento (art. 163 inc.5 CPCCN).
Tampoco coincido con el razonamiento que hace el actor a f.116 para proceder al cómputo de la colación pretendida. Dice a f. 116 “Teniéndose en cuenta que hoy la sociedad ha desaparecido, la cosa donada ha perdido íntegramente su valor por caso fortuito o fuerza mayor y las acciones fueron vendidas a un tercero por el donatario cuando la firma seguía cotizado en plaza, para fijar su valor actual, no hay más remedio que retrotraerse al momento en que las mismas fueran donadas, que era la solución dada en la redacción original del art. 3602 del Código Civil en su antigua redacción”
Esta Sala en un caso de similar casuística al presente ha dicho: Para determinar la aplicación temporal de la ley respecto al conflicto de marras, considerando que el art. 7 del CCC reproduce sustancialmente el art. 3 del ordenamiento velezano, cabe citar a Zannoni refiriéndose a una cuestión sustancialmente análoga a la presente. El autor, criticando la doctrina que propiciaba que la nueva ley podía aplicarse en tanto subsistiera la indivisión hereditaria, concluyó que la transmisión de la herencia se produce con el fallecimiento del causante y el derecho aplicable a esa transmisión – consumación jurídica- no puede ser otro que el vigente a ese momento (Zannoni, Eduardo A., Derecho de las sucesiones, T° I, Astrea, 1982, p. 645).
Dicha interpretación es concordante con la redacción del art. 2403 del nuevo código cuando señala el efecto declarativo, y no constitutivo, de la partición (análogo al derogado art. 3503 del Cód. Civil); aspecto que guarda toda lógica con el momento en que se genera la apertura y transmisión hereditaria que es la muerte del causante, hecho a partir del cual se constituye el estado de indivisión que, en buena parte, motiva este pleito.
Colacionar es poner o agrupar ciertas donaciones al relictum a fin de formar la masa a dividir. Ello implica computar los valores entregados en vida por el causante al heredero legitimario que concurre a la sucesión, adjudicándoseles como ya recibidos en carácter de anticipo de herencia.
La colación implica que el valor de lo donado se compute en la masa sin modificación del dominio de los bienes particulares y esa alternativa se verifica con anterioridad a la partición. De ahí que lo que se colaciona sea el valor de la cosa donada por el causante. La ley 17.711, cuando modificó el art. 3477 del Código Civil, estableció que los valores debían computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, existan o no en poder del heredero. De tal forma se dejó de lado el criterio que establecía que debía tomarse el valor intrínseco al tiempo de la donación para medirlo al tiempo de la partición, por lo que debe considerarse el valor intrínseco al tiempo de la muerte del donante -argumento concordante con la redacción del art. 3602 luego de la reforma de la ley 17.711- (ver, entre otros, Zannoni, Eduardo A., Derecho de las sucesiones, T° I, Astrea, 1982, p. 735; Maffía, Jorge O., Tratado de las Sucesiones, Abeledo Perrot, T° I, Buenos Aires, abril, 2010, p. 606/607; Pérez Lasala, José Luis, Acciones Judiciales en el Derecho Sucesorio, Rubinzal Culzoni, p. 235/236; Goyena Copello, Héctor R., Tratado de las Sucesiones, T° II, La Ley, 2007, p. 530).Como se advierte, el punto de partida que propondré al acuerdo es distinto que sostiene la pretensión a estudio, la valuación de las donaciones debe hacerse al día de la muerte del causante, tal como lo fija el art. 3477 del Código Civil, sin que quepa en la especie efectuar una valoración histórica de la empresa a los años 1993 y 1995, en base a los bienes que en aquel tiempo la componían, muebles o inmuebles, al valor de la marca y, en definitiva, a su valor como unidad en el mercado de que se trata.” (esta sala expte 5.248/02 J.18 Neuhaus c/ Neuhaus s/ colación rto.oct./2016).
VII. Por último no puede dejar de señalar la falta de legitimación pasiva de la cesionaria de derecho hereditario del heredero forzoso, no habiéndoselo demandado a éste último, mal grado de la resolución de la instancia firme que rechazara dicha defensa (ver fs. 176/180) La letra del art. 3478 es clara: la colación es debida por el coheredero a su coheredero. La cesionaria no es heredera. Resulta pues improponible la pretensión de la actora en los términos en que lo fue. Máxime teniendo en cuenta que las acciones que según su dichos se donaron gratuitamente, fueron vendidas “a un tercero por el donatario cuando la firma seguía cotizando en plaza” antes de la muerte del causante, ergo mal puede haber sido tenidas en cuenta en la cesión onerosa de derechos hereditarios acaecida.
Siguiendo entonces los dichos del actor apelante el Sr. Daniel Schcolnik “no pudo transmitirle (a la cesionaria demandada) más de lo que realmente tenía” (f. 110 vta.) en consecuencia aun en su planteo resulta legalmente imposible e improponible a la jurisdicción obligar a la demandada a colacionar lo que jamás recibió y a la fecha de la cesión onerosa de derechos hereditarios ni siquiera existía por lo que mal pudo formar parte de su objeto (arts. 499, 888, 953 CC y 3 CCyC). Una sentencia que exauda la pretensión de colacionar lo no recibido, no pasaría el teste de razonabilidad constitucional (art. 16,18 y 18 CN).
VIII.- Por lo hasta aquí expuesto es que propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia en crisis, en todo cuanto fuera materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen a la parte actora vencida (art. 68 CPCCN). Así lo voto.
Los Dres . Parrilli y Mizrahi , por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto:
CLAUDIO RAMOS FEIJOO
ROBERTO PARRILLI
MAURICIO LUIS MIZRAHI
Es fiel del Acuerdo.-
Buenos Aires, … agosto de 2017.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen a la parte actora por resultar vencida.
Tiene resuelto esta Sala que, en los casos en que ha sido rechazada la demanda (conf. sentencia de fs. 437/447, confirmada por este Tribunal), la base regulatoria se halla configurada por el monto reclamado en el escrito de inicio con más sus intereses (conf. Plenario “Multiflex S.A. c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2257 s/ sumario” del 30/9/75, E.D. 64-250; id., C.N.Civ., esta Sala, RN° 18.557/00 del 20.09.10; id., HN° 38.971/08 del 22.06.11; id., HN° 62.872/08 del 05.07.11, entre otros).
Sin embargo, en orden a la falta de agravio respecto de la integración de los intereses en la base regulatoria, habrá de tomarse el quantum reclamado en el escrito de inicio (conf. C.N.Civ., esta Sala, HN° 29.360/06 del 10.08.11; id., HN° 8.320/07 del 14.09.11; id., LHN° 40.323/06 del 15.09.11; id., LHN° 30.951/07 del 30.11.11; id., LHN° 64.733/04 del 30.12.11; id., LHN° 116.771/03 del 09.03.12, entre otros).
En consecuencia, teniendo en cuenta el interés económico comprometido; labor desarrollada, apreciada por su naturaleza, importancia, extensión, eficacia y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar los trabajos desarrollados por la experta se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N.° 11.051/93, in re: “Hernández c/ Jaramal s/ daños y perjuicios” , del 17/12/97; id., H.N.° 44.972/99, in re: “Alvarez c/ Sayago s/ daños y perjuicios”, del 20/3/02; id., H.N.° 363.134 in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ daños y perjuicios”, del 23/6/04; id., H.N.° 5810/05, in re: “Morandini c/ TUM S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/12/07; id., H.N.° 42.689/05, in re: “Godoy c/ Kañevsky s/ ordinario”, del 6/3/08; id., H.N.° 87.303/04, in re: “Barrios Escobar c/ Transportes s/ daños y perjuicios”, del 24/9/08; id. H.N.° 40.649/02, in re: “Mazzeo c/ Romero s/ daños y perjuicios”, del 9/6/10; id. H.N.° 108.802/04, del 21/2/11, entre otros), así como la incidencia que la misma ha tenido en el resultado del pleito; recursos de apelación interpuestos por bajos a fs. 448/454, 458 y 481 y por altos a fs. 456 y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 10, 33, 37, 38 y cc. de la ley de arancel N° 21.839, con las modificaciones introducidas en lo pertinente por la ley 24.432, art. 478 del Código Procesal y Decreto 2536/2015, modificatorio del decreto 1467/2011, reglamentario de la ley 26.589, se modifican los honorarios regulados a fs. 447 vta. y 455, fijando los correspondientes al letrado apoderado de la parte actora, Dr. J.I.F, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000) de los cuales PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000) corresponden a la incidencia de fs. 176/180 y PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000) a la incidencia de fs. 397; los de la letrada en causa propia, Dra. V.L., en PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000) y los del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. R.R., en PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000) y los de la perito contadora G.G., en PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($ 162.000) y se confirman los honorarios regulados a la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. D.A.S.; los del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. J.G.P. y los de la mediadora Dra. P.S.
Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000) los honorarios de la letrada en causa propia, Dra. V.L. y en PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000) los correspondientes al letrado apoderado de la parte actora, Dr. J.I.F. (conf. arts. 14, 49 y cc. de la ley de arancel) los que deberán abonarse en el plazo de diez días.
Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.
Fecha de firma: 03/08/2017
Firmado por: DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA
022962E
