Se confirma la resolución que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el actor, obligando a la obra social demandada a cubrir el 100% del tratamiento farmacológico solicitado, habida cuenta de que se acreditó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora a raíz del cuadro delicado de salud del amparista (síndrome de mielodisplasia). Se destaca que la sola invocación de la falta de autorización de un medicamento por parte del ANMAT no resulta suficiente para rechazar su utilización cuando lo prescribe un médico especialista.
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