Se confirma la sentencia que rechazó la acción de amparo incoada contra el Ministerio de Modernización y el Ministerio de Justicia, que solicitaba se declare la ilegitimidad de los sitios web en los que se puede compulsar la declaración jurada patrimonial integral del amparista en su carácter de funcionario público, pues los perjuicios que denuncia en su intimidad, la seguridad persona y de su familia son meramente hipotéticos y conjeturales, donde no es posible comprobar la vía de hecho que denuncia configurada en los términos de la ley 19549.
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