Se desestima la apelación interpuesta contra la resolución que aplicó una multa a la demandada por falsedad en el domicilio denunciado en la declaración jurada de actualización de datos prevista en la Resolución General (IGJ) 1/2010, dado que no surge coincidencia entre la sede social allí denunciada y la que se encontraba registrada en la Inspección General de Justicia, lo que atenta contra la seguridad jurídica y los derechos de todos aquellos que se vinculan con la sociedad.
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