Se deniega la concesión del beneficio de la suspensión de juicio a prueba respecto del imputado apelante, dado que el artículo 76 bis del Código Penal veda esa posibilidad cuando en el hecho pesquisado hayan intervenido funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, pues dicha prohibición rige para todos aquellos que ejerzan la función pública y en razón de dicho ejercicio cometan un delito, incluyendo también a quienes sin ser funcionarios públicos participen en un delito en el que haya intervenido alguna persona que ostente esa categorización, pero que dicha situación funcional permitió o facilitó la comisión del delito.
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