Se hace lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y se revoca la resolución que había concedido la suspensión del juicio a prueba del imputado, puesto que el artículo 76 bis del Código Penal veda la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba cuando en el hecho pesquisado intervinieron funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
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