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JURISPRUDENCIAAccidente de tránsito. Responsabilidad de la concesionaria vial. Relación de consumo. Inversión de la carga de la prueba. Usuario damnificado
Se confirma la sentencia que condenó a la concesionaria vial por el accidente protagonizado por un automovilista cuando un cono de tránsito impactó contra su capot, al concluirse que la demandada no acreditó -por no aportar ni producir prueba al respecto- que la cosa reunía las características exigidas y que se habían tomado los recaudos para que este no saliera despedido o fuera movido del lugar. Es que la responsabilidad de la concesionaria tiene fundamento en la relación de consumo que existe entre aquella y el usuario damnificado.
En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los dieciocho días del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Dres. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA y DIEGO GABRIEL DEREWICKI tomaron en consideración para resolver en definitiva los autos caratulados: «O., R. A. C/ EMPRESA DE SERVICIOS VIALES CAMINOS DEL PARAN- (PEAJE) Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», Expte. Nº 10316/13-1-C, venidos en grado de apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 01 de esta Capital.-
Practicado oportunamente Sorteo para determinar el orden de votación (fs. 224), resultó el siguiente: Dra. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA y DIEGO GABRIEL DEREWICKI, como Jueces de Primer y Segundo Voto, respectivamente.-
I.- RELACIÓN DE LA CAUSA, LA DRA. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA, dijo: La efectuada por la Sra. Juez A-quo se ajusta a las constancias de la causa, por lo que en mérito a la brevedad a la misma me remito, dándola por reproducida en este acto. Por lo demás, la sentencia de fs. 177/193 decidió hacer lugar a la demanda interpuesta por Ricardo Aníbal Ortiz condenando a Caminos del Paraná S.A. a abonar al primero, en el término de diez días de quedar firme el fallo, la suma de $37.283, con más intereses. Impuso costas y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.-
Contra dicho decisorio se alza la demandada interponiendo y fundando recurso de apelación a fs. 202/207 vta., el que fue concedido a fs. 209, libremente y con efecto suspensivo. El mismo fue contestado por la accionante a fs. 212/215.-
Elevado el expediente, quedó radicado a fs. 221 ante esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de lo que se notificaran los interesados vía electrónica a fs. 222.-
A fs. 223 se dictó la pertinente providencia de Autos, por lo que practicado Sorteo a fs. 224, la presente causa ha quedado en estado de ser resuelta.-
II.- EL SR. JUEZ DIEGO GABRIEL DEREWICKI, dijo: Que presta conformidad a la relación de la causa efectuada por la Sra. Juez de Primer Voto.-
III.- SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente de sus integrantes plantea como cuestión a resolver la siguiente: ¿Debe ser revocada, modificada o confirmada la sentencia de fs. 177/193?.-
IV.- A LA éNICA CUESTIÓN PLANTEADA LA DRA. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA, dijo: 1.- Luego de hacer reserva del Caso Federal, se agravia la recurrente -Caminos del Paraná S.A.- de las siguientes cuestiones:
a) Que se haya calificado a la relación entre Caminos del Paraná S.A. y la actora como de consumo, sea contractual o extracontractual, y que se le haya imputado responsabilidad objetiva.-
Expresa que la sentenciante se refiere genéricamente a la existencia de una relación de consumo sin brindar razones suficientes, y sin referirse a qué entiende por consumidor o por usuario o cuál es el producto o servicio conforme ley 24.254. Hace consideraciones al respecto.-
Que esta posición doctrinaria va más allá de los límites fijados legalmente, convirtiendo a los concesionarios en una suerte de aseguradores de riesgos que no se hallan bajo su control.-
Que la responsabilidad no puede ser contractual, ya que entre la empresa y la actora no existió ningún contrato, sino sólo entre la concesionaria y el Estado. Que los daños sufridos por el usuario de una autopista se cobre o no peaje es extracontractual y debe existir un hecho ilícito.-
Seguidamente sintetiza la postura doctrinaria del Dr. Sarmiento Güemes afirmando que el único responsable de los daños causados fue el camión que chocó el cono que luego impactara sobre el auto, es decir no existió mal estado de la ruta.-
b) Agravia al recurrente que se haya interpretado en forma parcial el caso Ferreyra, ya que no hubo unanimidad en los votos de modo que este fallo no tiene valor casatorio sobre las cuestiones introducidas a conocimiento del tribunal.
Distinta era la situación anterior al dictado de ese fallo que era reiterativo y coincidente con los fallos, fulminando de arbitrariedad los que se apartaban injustificadamente de la doctrina sentada. Pero, este caso, es con votos divididos.-
Alude al caso Bianchi el que explicita, cita a Cassagne transcribiendo alguno de sus conceptos e insiste en que en la concepción de relación de consumo se postula una suerte de seguro obligatorio que obliga al concesionarios a indemnizar a la víctima de un accidente màs allá de lo que se puede prevenir o evitar, lo que resulta injusto.-
Que de la lectura del art. 42 C.P. o de los arts. 5º y 6º de la ley 24.240 no se infiere a qué titulo debe considerarse imputada la responsabilidad que resulte de un eventual acta dañoso. Que cualquiera sea el criterio con que se juzgue la naturaleza de la concesionaria con el actor, lo cierto es que no hay responsabilidad por el hecho de un tercero ajeno a ella o por los daños causados por la propia víctima.-
Entiende que hay una intolerable violación al principio de igualdad ante la ley cuando se aplican parámetros distintos para juzgar el caso. Que si el conductor conducía por una ruta sabe o debe saber la posible presencia de conos.
Que si el hecho era previsible e evitable para la demandada también lo era para el conductor del vehículo, ya que no se está exigiendo conocimientos técnicos específicos.-
c) Agravia al apelante que se interprete la prueba de forma parcial.
Menciona y transcribe las declaraciones de los testigos.-
Impugna que la sentenciante exprese que no había señalización cuando los testigos no lo recuerdan. Que se parte de suposiciones.-
d y f) Critica que el a-quo sin certeza y sin pruebas considere que el cono no tenía las medidas de seguridad. Que los conos bien amarrados resisten las turbulencias que provocan los rodados, pero de las testimoniales surge que se ignora si el camión chocó o rozó el cono, por lo que en caso de dudas no se puede responsabilizarlo. Que no hay pruebas que establezcan que los conos no tenían las medidas de seguridad necesarias.-
g) Cuestiona el rubro daños al automotor ($34.283) cuando el auto no se peritó y con sólo observar fotos no se pueden probar los daños reales.-
También que se otorgara $3.000 por privación de uso cuando no hay fecha cierta de cuantos días el actor se vio imposibilitado de utilizar su vehículo.-
Dice que la mayor parte de las pruebas fueron impugnados por tratarse de copias simples. Que ello se aplica a las fotografías. Que las copias simples no constituyen indicios y carecen de valor probatorio si no se avalan con otras pruebas.-
Concluye que debió analizarse primero si el hecho ha o no ocurrido, como así también la forma y/o secuencia del mismo. Hace otras consideraciones.-
Finaliza con petitorio de estilo.-
2.- A fs. 212 y vta. el actor, ante la existencia de dos notificaciones realizadas a los apoderados de la empresa accionada (del 09/03/18 y la personal del Dr. Mariano Guerrieri del 12/03/18), considera que debe estarse a la primera, razón por la cual entiende que la apelación y fundamentación resulta extemporánea.-
Al respecto, cabe señalar que de conformidad con lo prescripto por el art. 268 del ritual, el recurso de apelación contra las sentencias definitivas dictadas en los procesos sumarios se interpondrá y fundará dentro de los quince (15) días hábiles de su notificación.-
Con lo cual, si se parte de la primer notificación (09/03/18) como expresa la recurrente, el mismo vencía el 04/04/18.-
Dicho ello, teniendo en cuenta que el recurso se interpuso y fundó el 28/03/18, resulta más que evidente que hasta esa fecha no había transcurrido el plazo previsto en la normativa citada, razón por la cual se desestima el planteo articulado.-
3.- Sentado lo anterior y tras analizar los agravios precedentemente sintetizados a la luz de las constancias de la causa, resulta procedente señalar que habiéndose iniciado y trabada la demanda con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial vigente, la cuestión a dilucidar ha quedado enmarcada bajo los postulados del viejo Código Civil.-
a.- Inicialmente habré de referirme a si con las constancias de autos se encuentra acreditada la existencia del hecho o no y su secuencia.-
En primer lugar acudo al acta por colisión Nº 12198 elaborada por el actor el 02/08/13 ante la Comisaría Cuarta Metropolitana. En la misma manifiesta que el 31/07/13 a las 14 hs. aproximadamente, circulaba por Ruta 16 cuando un rodado que iba en sentido contrario al suyo desplaza el cono que estaba en la ruta y lo colisiona produciendo daños en la parte delantera (ver documental reservada bajo sobre Nº 218/13 que por este acto tengo ante mí).-
Que en la Denuncia de Siniestros formulada por el actor ante la aseguradora San Cristóbal Seguros Generales el 01/08/13, declara que sufrió un siniestro en la Ruta 16 en las proximidades de la localidad de Puerto Tirol el 31/07/13, a las 2:00 hs. pm. aproximadamente, especificando que el vehículo que circulaba en sentido contrario era un camión, el cual por la velocidad que llevaba provoca que uno de los conos ubicado en el medio salga despedido e impacte su rodado en el paragolpe delantero, incrustándose debajo del motor (ver sobre Nº 218/13).-
Ahora bien, a fin de evaluar la verosimilitud de las declaraciones brindadas por el actor, han de ponderarse también las demás probanzas existentes en autos.-
En tal sentido, de los testimonios prestados en la causa surge que los mismos presenciaron el accidente de marras en similares términos a los narrados por el Sr. Ortiz.-
Así expresa el Sr. Julio Esteban Perezlindo que «andaba por la zona cercana a Tirol…estaba sobre la ruta 16, veo que viene un camión a alta velocidad y decido esperar que pase el camión, a la vez veo que en mano contraria viene un auto rojo, decido esperar…veo que en el medio de la ruta había puesto unos conos, y ahí veo que al cruzarse uno de los conos sale despedido…nose si el camión toca el cono eso ya no pude apreciar o si se levantó con el viento por la velocidad que lleva…y uno de los conos pega en el frente del auto rojo…el horario era después del mediodía, cerca de las dos de la tarde» (ver fs. 123/124). A su turno, el Sr. Alfredo Fabián Cabral, señala que si presenció el accidente, que «venía de Makallé…antes de llegar a la entrada de Tirol fue, me pasó un camión fuerte, me tuve que correr para la banquina…adelante veo a 100, 150 mts. veo que sale un objeto que pega a un auto que venía de frente, sigo derecho hasta que llego al lugar y veo que era un cono de los que estaban separando la ruta…el horario era entre las 2 y 2:30, a la siesta…rompió la parte de adelante» (ver fs. 129/130).-
Asimismo, obra reservada en sobre Nº 213/18 carta documento Nº … de fecha 19/09/13, recepcionada el 20/09/13, por la cual el actor intima a la demandada al pago de los daños sufridos por el accidente acaecido, relatando los hechos en iguales términos a los expuestos, por los que en honor a la brevedad me remito.-
Consecuentemente, analizado en tal contexto el material probatorio ut supra reseñado, considero que el mismo resulta suficiente para dar cuenta de la veracidad y efectiva ocurrencia del evento dañoso.-
Ello por cuanto, en la evaluación del material probatorio traído a conocimiento del juzgador, ha de partirse del principio de que las pruebas arrimadas para acreditar la ocurrencia o no del hecho que se reclama no pueden ser valoradas separadamente sino por el contrario, deben ser apreciadas íntegramente y relacionadas las unas con las otras.-
Al respecto se ha sostenido que: «La prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armónicamente sus distintos elementos… en razón de que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que las partes que las invoquen aprovechen lo que les es útil y desechen lo que le perjudique; ni fragmentar el todo integrado por la reunión de los elementos probatorios…deben ser valoradas en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 370 C.P.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad (CCCom. y Min.de San Juan, sala III, Martín, José Antonio c. Consorcio San Juan S.R.L. y otro, 08/08/08, La Ley Online: AR/JUR/9523/2008).-
Asimismo es dable advertir que la mera negativa y desconocimiento sobre si el hecho ocurrió o no, efectuada por el apelante resulta insuficiente para desacreditar, con sus dichos, lo decidido por la sentenciante, máxime si ello surge de las pruebas que analizadas en forma conjunta avalan y acreditan los hechos expuestos por el actor.-
En este sentido, se ha sostenido doctrinariamente que si bien el que afirma un hecho no reconocido por el demandado le corresponde la prueba respectiva, no lo es menos que quien opone un hecho distinto e incompatible tendiente a desvirtuar la aseveraciones del contrario asume la carga de demostrarlo.
Es decir que tratándose de hechos extintivos o impeditivos opuestos como defensa por el demandado es este quien debe probarlos (Morello y otros, «Códigos Procesales» T. V, Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1973, p. 116), lo que a todas luces no aconteció en la causa, toda vez que la accionada no produjo prueba alguna tendiente a desvirtuar lo expuesto y probado por el actor.-
Considerando lo anterior, y advirtiendo que el demandado se limitó a negar la existencia del hecho al contestar la demanda y reputar al apelar que el a- quo no analizó si el hecho ocurrió o no, todo ello sin adjuntar las propias pruebas susceptibles de enervar los dichos de la contraria y excepcionar su responsabilidad, estimo que los agravios analizados en este acápite deben ser desestimados.-
Corolario de ello, se encuentra acreditado que el 31 de julio de 2.013, en la Ruta Nacional Nº 16, Km. 102,5 -cercanías a la localidad de Puerto Tirol-, tramo concesionado a la demandada Caminos del Paraná, en oportunidad en que conducía el actor su vehículo marca Ford Fiesta, dominio …, un cono de señalización que se encontraba en el medio de la misma sale despedido e impacta el rodado del Sr. Ricardo Aníbal Ortiz.-
b.- Zanjado ello, habré de referirme respecto a la relación habida entre el actor y el concesionario que según el apelante se califica equivocadamente como «de consumo».-
En relación a dicha queja he de puntualizar que este Tribunal tiene dicho, en casos similares al presente -en coincidencia con el criterio expuesto por el aquo- que el vínculo existente entre el concesionario de las rutas y los usuarios debe calificarse como una relación de consumo, con jerarquía constitucional (art. 42, Const. Nac.) y legal (ley nº 24.240 y modif).-
Tal criterio ha sido expuesto y sostenido reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), en las causas F.1116.XXXIX «Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/VICOV S.A. s/ daños y perjuicios» – originario de este Tribunal- (CSJN-Fallos: 329:646) y C.745.XXXVII «Caja de Seguros S.A. c/Caminos del Atlántico S.A.C.V. s/ daños y perjuicios» (Fallos: 329:695), ambos del 21 de marzo de 2.006, votos del juez Lorenzetti; B.1021.XL.
«Basualdo, Argentino René c/ Empresa Virgen de Itatí C.O.V.S.A. (VICOV S.A.) y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ daños y perjuicios», voto del juez Lorenzetti, del 28 de marzo de 2.006 (Fallos: 329:879), y en la causa originaria B.606.XXIV «Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Provincia de Buenos Aires y Camino del Atlántico y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios», del 7 de noviembre de 2.006, voto de la mayoría (Fallos: 329:4944) (Conf. Sents. Nº 142/17 y 40/18, esta Sala, entre otras).-
Desarrollando la tesitura adelantada, cuadra puntualizar que el derecho del consumidor en el cual se enmarca la relación en trato se desarrolla a partir de un dato normativo calificante: el acto de consumo y el acto dañoso. Por lo tanto, el elemento activante del principio protectorio no es el acto de contratar (acto jurídico bilateral) sino el acto de consumir (hecho jurídico) (Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores: 2ª edición actualizada – Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2.009, p. 85 y 98). Y, siendo el elemento activante el acto de consumir -y no el de contratar- la calidad de consumidor se adquiere aún sin haber contratado.-
En tal contexto, si bien es cierto que la finalidad pública del servicio que prestan las concesionarias de rutas admite una regulación intervencionista por parte de Estado, también es cierto que la misma debe estar guiada y armonizada por principios constitucionales. Los principios que deben guiar el orden público en esta materia son: a) el incremento de la competencia en el mercado, b) la eficacia del servicio, c) la interpretación restrictiva de los privilegios concedidos al oferente, d) el reparto de riesgos limitado por los derechos constitucionales de acceso al servicio esencial. El sistema regulatorio, entonces, no es ni privado ni público. La base es la Constitución Nacional, y luego la ley que regula el servicio específico, la que es limitada por los derechos constitucionales del usuario y complementada por la ley Nº 24.240 (Lorenzetti, Ricardo Luis, ob. cit., p. 571/572).-
La ley Nº 24.240 -aún antes de la reforma de la ley Nº 26.361- establecía un concepto objetivo del consumidor, el cual comprende al consumidor jurídico, que es quien contrata y al consumidor material, o sea el que utiliza o disfruta de bienes o servicio, es decir que dicha noción comprende al consumidor contractual y al usuario eventual del bien de consumo, esto es al destinatario final.-
Consecuentemente, es válido concluir que el usuario de una ruta concesionada -como es el caso del actor- es un consumidor o usuario en cuanto beneficiario de la prestación del servicio público, y como tal sujeto activo de la relación de consumo.-
Esta interpretación, además, tiene consenso en un sector importante de la dogmática jurídica (Galdós, Jorge M., Responsabilidad civil de los concesionarios viales y relación de consumo, Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, Sebastián Picasso-Roberto A. Vázquez Ferreyra, 1ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2.009, p. 886/887, entre otros).-
De la misma manera, desde la perspectiva del sujeto pasivo de la relación de consumo, cabe afirmar que el concesionario vial es proveedor.-
Al respecto la Ley Nº 24.240 establece, en su art. 2º, que proveedor: «Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley (…)».-
En el caso, el concesionario vial demandado, es una persona jurídica que presta un servicio público. Y si bien éste no es uno de los servicios previstos expresamente en los arts. 25 y ss de la ley Nº 24.240, tal conclusión se impone por la fuerza expansiva centrífuga de la ley de defensa del consumidor y las restantes normas administrativas que aluden, sin hesitación, a los usuarios de los servicios públicos reglándose un sistema de protección (v.gr. arts. 9 y Dec. Nº 1994/93, Resolución de Secretaría de Obra y Servicios Públicos Nº 11/90; Galdós, Jorge M., Peajes y animales sueltos ¿Clausura de un debate? LA LEY 2000-E, 494).-
En la línea que vengo desarrollando corresponde aclarar que el concesionario vial en su relación con el Estado concedente está -efectivamente- alcanzado por normas de derecho público y administrativo. Ahora bien, también es cierto que el vínculo con el usuario vial se emplaza en la prestación del servicio vial y por ende en la relación de consumo (Galdós, Jorge M., ob. cit., p. 890), quedando alcanzado en este aspecto por el régimen del consumidor, tal como correctamente determinara el aquo en el fallo cuestionado.-
En oportunidad de referirme a este problema de concurrencia de fuentes normativas he sostenido que el mismo se supera mediante una interpretación sistemática en la que se debe dar primacía a la tutela del consumidor.-
Ello por cuanto, ante la concurrencia de normas regulatorias de la actividad de servicios públicos y la de protección de los consumidores que gozan de diferente jerarquía ha de prevalecer la aplicación de la Constitución Nacional, pues como señalara anteriormente la actividad regulatoria por parte de Estado del servicio público de que se trate, debe estar guiada por principios constitucionales.-
En la misma dirección, el ar. 3º de la Ley Nº 24.240 establece como regla de interpretación que en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor, más aun cuando hay principios vinculados a la relación de consumo.-
Esto último no significa que se soslaye la aplicación de la ley administrativa, sino que existen garantías del usuario y consumidor que encuentran tutela constitucional en virtud de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional -47 y 20 de la Constitución de la Provincia del Chaco-. Hay un núcleo duro o contenido básico de derechos previstos como desarrollo del principio protectorio que se derivan de dichas normas constitucionales y que fundamenta el derecho del consumidor.-
En el presente caso existe un derecho subjetivo a proteger que se encuentra relacionado a la seguridad, entendida ésta como un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de las personas. La incorporación de este vocablo en el art. 42 de la Constitución, es una decisión valorativa que obliga a la sociedad toda a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos (CS, Fallos 329:646).-
Conforme lo anterior, no pueden tener asidero las manifestaciones de la empresa concesionaria demandada, a través de las cuales propicia la tesis según la cual la relación usuario-concesionario es alcanzada por el derecho administrativo, quedando sus obligaciones limitadas a las que asumió en el contrato de concesión y a las que surgen de la reglamentación administrativa por medio del cual el Estado le concedió la ejecución y explotación del corredor vial objeto de concesión.-
Contrariamente a lo sostenido por el apelante, la responsabilidad a ella endilgada no importa una imposición jurisprudencial recalcitrante construida sobre el principio de que alguien debe responder y ese alguien ha de ser el concesionario. En el caso, como en cualquier ámbito que tenga lugar la responsabilidad civil, los presupuestos para que la misma resulte procedente requiere la acción y/o omisión antijurídica relacionada causalmente con consecuencias perjudiciales que sean atribuidas subjetiva y/u objetivamente a una persona.-
Así, para que la responsabilidad del concesionario demandado resulte procedente han de encontrarse acreditados: a) daño; b) la existencia de una acción u omisión antijurídica -en el caso incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de consumo-; c) relación de causalidad entre el acto u hecho antijurídico y su consecuencia dañosa y d) un factor de atribución de responsabilidad que le sirve de justificación ético-jurídica, ya sea subjetivo u objetivo.-
Entrando al análisis de los mencionados requisitos, cabe sostener que la reclamación de daños exige la previa prueba de su existencia, o lo que es lo mismo, ha de probarse que se causaron realmente los daños, siendo precisa la determinación de la existencia y prueba de los mismos (Audiencia Provincial de Terragona, Secc. 2ª, 21/10/91, Sr. Fuembuena Ferrández, La Llei 1992-1-691, 336- R; Cit. extraída de Responsabilidad civil por accidentes de automotores, Marcelo J. López Mesa, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2.005, p. 32/33).-
Respecto del daño sufrido por el actor tengo ante mí Factura Nº … de fecha 30/08/13, emitida por Taller de Mecánica Integral y de Auxilio Mecánico, dirigida al actor por el importe de $150 en concepto «traslado vehicular Ford Fiesta Max …» (reconocida por el otorgante a fs. 142/143 vta.); presupuesto reconocido a fs. 149/151 vta., expedido por «Servicio del Automotor» el 27/08/13, en dos comprobantes, por la suma total de $34.133 de contado, por reparación y repuestos necesarios para el rodado del actor y presupuesto de Merco Rep -concesionaria oficial de repuestos y servicios Ford- por el importe de $37.110, en concepto de repuestos y mano de obra para el rodado Ford Fiesta Max 1.6, patente …, que fuera debidamente reconocido a fs. 144/145 vta. (ver documental reservada en sobre Nº 218/13).-
De la denuncia de siniestro formulada por el Sr. Ortiz el 1/08/13 ante su compañía de seguro San Cristóbal Seguros Generales se desprende que el rodado asegurado presenta 100% de daño en paragolpe delantero y 100% dañado el capot (ver sobre Nº 218/13 que por este acto tengo ante mí).-
Asimismo, obran reservadas fotografías (reconocidas por quien las tomó a fs. 138/141 vta.) del rodado siniestrado que son contestes con los daños mencionados en los presupuestos citados y con lo descripto en el Acta por Colisión de fecha 02/08/13, elaborado por el actor ante la Comisaría Cuarta Metropolitana.-
De lo expuesto se sigue que el actor tuvo daños en el rodado, encontrándose probado el primero de los mencionados presupuestos.-
De esta manera, cabe razonablemente presumirse que los daños verificados han derivado de una conducta contraria al derecho (antijuricidad), pues las producción de tal perjuicio importan una violación del deber de conducirse de manera tal que no se provoque daño a los demás (alterum non laedere), principio éste que constituye el primer presupuesto que hay que respetar en una sociedad civilizada. Esto no significa confundir el daño con antijuricidad pues el que lo produjo siempre tendrá la posibilidad de acreditar una causal de justificación o que el daño se ha producido en el ejercicio regular de un derecho propio o en el cumplimiento de una obligación legal (Aída Kemelmajer de Carlucci, Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Dir. Belluscio A., Ed. Astrea, ed. 1.994, t. 5, p. 6). En consecuencia, corresponde continuar con la verificación de los restantes presupuestos.-
A fin de demostrar la concurrencia de los mismos cuadra remarcar que la relación jurídica entre el usuario y el concesionario vial tiene un objeto, el servicio público vial, es decir, una obligación de hacer, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos (art. 5 inc. m, Ley Nº 24.449). Asimismo, entre los deberes colaterales a su cargo se encuentra el deber de seguridad (conf. art. 5, Ley 24.240), que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas conforme las normas generales que vienen a integrar las normas especiales cuando no contienen disposiciones específicas en este sentido (CS, Fallos 329:646).-
A partir de ello, y considerando que en el presente caso el siniestro vial fue motivado por la presencia de un cono de señalización que se encontraba en la ruta concesionada (RN 16, Km. 102,5) y que sale despedido e impacta al rodado del actor, cabe señalar que éste constituye un obstáculo o situación anormal que compromete la seguridad e intensidad de la circulación (conf. art. 23, ley Nº 24.449).-
En este segmento entiendo necesario puntualizar que lo que se pretende no es que el concesionario asegure una «indemnidad absoluta» o que se convierta en una suerte de «asegurador de riesgos» que no se hallan bajo su control, como se queja en su memorial.-
No puede desconocerse que en tanto el concesionario presta un servicio en el contexto de su actividad económica empresarial con la finalidad de obtener beneficios, ello trae aparejada la asunción de una serie de obligaciones y un determinado riesgo empresarial. Así, como contraprestación a los beneficios que la concesionaria percibe a través del contrato de concesión, existe en forma innegable y opuesta a las afirmaciones de la recurrente, un deber de seguridad debido (art. 5 ley Nº 24.240) en la circulación por las vías habilitadas (rutas, autopistas, etc.) como el bien más valioso relacionado con la vida de las personas que acceden a ese servicio.-
Al respecto se expidió el ex ministro Zafaroni sosteniendo «Que, en consonancia con el riesgo asumido y la actuación que le es propia, cabe atribuirle la responsabilidad directa y personal por las consecuencias derivadas del cumplimiento del contrato celebrado con el usuario…en la medida en que como contrapartida le asiste el derecho a los beneficios económicos derivados de aquella explotación» (del Considerando 17º del voto del Dr. E. Raul Zafaroni in re «Ferreyra V. D. y Ferreyra R. c/ VICOV SA s/ Daños y Perjuicios»).-
En la realidad de los hechos, cuando los automovilistas ingresan a vías privatizadas, lo hacen con una confianza legítima en que el tránsito por las mismas es seguro y de que ninguna situación imprevista se puede presentar en la circulación, como por ejemplo, un cono que sorpresivamente impacta al rodado.-
En relación a tal confianza se expidió largamente el Dr. Lorenzetti en el fallo supra aludido, subrayando que «el ciudadano común que accede a una ruta concesionada tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad» en tanto «las pruebas que realiza el consumidor para verificar la seriedad y seguridad son mínimas» pero, «en cambio, el prestador del servicio debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que en el caso exige un comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte» (Considerando 4º).-
En el fallo «Ferreyra» aludido supra, el actual presidente de la Corte concluyó que la invocación de una costumbre que llevaría a entender que el concesionario de la ruta sólo se ocupa del mantenimiento de su uso y goce, sin brindar servicios complementarios relativos a la seguridad, es contraria a esa expectativa legítima, así como violatoria del claro mandato de seguridad mencionado (art. 42 CN), lo que arroja por tierra las manifestaciones de la recurrente en torno al limitado ámbito de su responsabilidad.-
Tales argumentos tornan asimismo inviable la queja relativa a la supuesta violación del principio de igualdad de las partes, siendo inatendible la afirmación de que si el actor conducía en una ruta, sabe o debe saber de la posible presencia de conos y que siendo ello previsible y evitable para la demandada, también lo era para el conductor del automóvil.-
No puede desconocer la demandada -en tanto resulta una contingencia reiterada que se verifica en el marco de la actividad que explota- que la presencia de conos en el recorrido vial, ya sea por mantenimiento o para delimitar las manos de circulación, es un riesgo concreto y real y en tanto tal es el proveedor del servicio quien en mejor posición se encuentra para recolectar información sobre su circulación, en el caso, para asegurarse de que los conos que se encuentran en las vías de circulación tenga las condiciones adecuadas de seguridad (tamaño, peso, etc.) para evitar que salga despedido. Más aún, un prestador racional y razonable no puede ignorar tales datos.-
Por su parte, el usuario está en una posición desventajosa para obtener esos datos, lo que sólo podría hacer a un altísimo costo. Es claro, entonces, que la carga de autoinformación y el deber de transmitirla al usuario de modo oportuno y eficaz, pesa sobre el prestador del servicio (CS, Fallos 329:646).-
Precisamente por ello, la omisión o falta la diligencia en la prevención de accidentes por utilizar elementos que no reúnen las condiciones adecuadas compromete su responsabilidad frente a los daños sufridos por el accionante, pues aquélla constituye una conducta negligente y antijurídica, que afecta el deber de seguridad que pesa sobre la empresa demandada, y por consecuencia, la legítima expectativa del usuario de una ruta concesionada respecto a que el concesionario se ha ocupado razonablemente de su seguridad durante el tránsito por dicha ruta.-
En este sentido la CS sostuvo que el funcionamiento regular, el respaldo de las marcas y del Estado es lo que genera una apariencia jurídica que simplifica su funcionamiento y lo hacen posible. Las pruebas que realiza el consumidor para verificar la seriedad y seguridad son mínimas porque confía en la apariencia creada y respaldada por el derecho. El fortalecimiento de la apariencia jurídica y de la confianza son esenciales para estos sistemas, que no podrían subsistir tanto si se negara protección jurídica a las marcas, como si se exigiera que el consumidor se comportara como un contratante experto que exigiera pruebas e información antes de usar el servicio. En consecuencia, no puede imputarse error culpable o aceptación de riesgos a quien utiliza un servicio como los descriptos (Fallos 329:646).-
A mayor abundamiento cuadra agregar que en supuestos como el de marras, para producir su exoneración el concesionario estaría compelido a acreditar que los hechos en cuestión no resultan imputables a su falta de previsión o control, conforme las objetivas posibilidades de precaución que le son propias, por se quien en mejores condiciones está de conocer los riesgos.-
Así, por aplicación del principio de confianza al que se hiciera referencia más arriba, que forma parte de los principios propios y exclusivos del llamado derecho vial (y que deriva del concepto de buena fe del art. 1198 CC) se invierte la carga de la prueba, y es el concesionario demandado quien debe probar que, en el caso concreto, adoptó y agotó todas las diligencias necesarias en cuanto a mantenimiento y seguridad de la vía que se trata (teoría de agotamiento de la diligencia), pero igualmente se produjo el accidente (responsabilidad cuasi objetiva o culpa objetivada) (Responsabilidad Civil de los concesionarios viales y la ley de defensa del consumidor: nueva doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires; Martín Diego Pirota; La Ley online: AR/DOC/4220/2009).-
Considerando el particular evento dañoso acaecido -no resultando inverosímil la posibilidad de controlar los elementos de seguridad que utiliza la demandada en la ruta- la atribución de responsabilidad en el caso, deviene incuestionable.-
Resulta válido recordar aquí que el art. 902 del CC anterior prescribía: «Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos». Asimismo, el art. 5°de la ley 24.240 establece «las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios (art. 5to); su incumplimiento, en caso de producirse un daño, genera la obligación de repararlo (art. 40).-
La hermenéutica de las normas citadas aplicadas al caso de marras me permiten concluir que en situaciones como la presente lo que se requiere de la obligada es, ni más ni menos, una conducta previsora y diligente que le permita evitar los riesgos -controlando los elementos de seguridad que coloca- y los obstáculos en los caminos a su cargo, actuación que debe siempre ser evaluada conforme criterios de razonabilidad y equitatividad.-
No se trata, como equivocadamente asevera la apelante, de endilgarle el cumplimiento de una obligación de resultado tendiente a asegurar que bajo cualquier circunstancia el usuario de la ruta llegue sano y salvo a destino, sino de exigirle el despliegue de una actividad suficiente destinada a evitar y remover todos los obstáculos que previsiblemente habrían implicado un riesgo en la circulación vial, siempre considerados conforme el curso normal y ordinario de los acontecimientos.-
En esta línea de pensamiento, se ha señalado «Que no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado, de manera que el usuario no sufra daño alguno. El régimen de causalidad aplicable (arts. 901 a 906 CC) toma en cuenta las consecuencias normales y ordinarias previsibles, eximiendo al responsable de aquellas que son inevitables o no previsibles. La previsibilidad exigible variará de acuerdo con la regla del art. 902 CCiv. de un caso a otro, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación, siendo notorio que no puede ser igual el tratamiento que puede requerirse al concesionario vial de una autopista urbana, que al concesionario de una ruta interurbana, ni idéntica a la del concesionario de una carretera en zona rural, que la del concesionario de una ruta en zona desértica. Como consecuencia de ello, incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas (Del Considerando 7º del voto del Dr. Lorenzetti in re «Ferreyra).-
De esta manera, a criterio de la suscripta, queda establecido cómo la conducta negligente de la accionada se conecta adecuada y causalmente con las consecuencias dañosas invocadas y probadas por el accionante, determinando así la responsabilidad atribuida a su parte por el sentenciante de grado y echando por tierra sus quejas destinadas a excepcionarla.-
Finalmente debe desestimarse también la exclusión de responsabilidad alegada merced del supuesto accionar de la víctima o de un tercero por el que no se debe responder.-
Respecto al primero, no resulta atendible lo alegado en punto a que la responsabilidad de la demandada pueda resultar menguada por la conducta de la víctima, pues si consideramos que el cono se encontraba en el medio de la calzada, delimitando las vías de circulación, la circunstancia de que en forma sorpresiva y repentina salga disparado e impacte al rodado en cuestión, constituye una circunstancia imprevisible para el accionante. Además, no se han acreditado por el accionado elementos de prueba de los que resulte la violación de alguna normativa del tránsito por parte del conductor del Ford Fiesta, que haya omitido adoptar las diligencias exigibles conforme la circunstancias de tiempo y lugar en que tuvo lugar el siniestro, como tampoco ha acreditado que el elemento de seguridad -cono- colocado en la ruta reunía las condiciones adecuadas de seguridad.-
Del «Manual de Señalización Vial Transitoria para Rutas y Caminos Concesionados» del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) (aprobado por Res. Nº 165/2001) surge que «Las barreras y otros elementos tales como conos, cilindros, tambores, y delineadores, destinados a canalizar el tránsito tienen como función la de advertir y alertar a los conductores acerca de los peligros causados por actividades de construcción dentro de la calzada o cerca de ella con el objeto de dirigirlo a través de la zona de peligro…Estos elementos deberán poseer características tales que no ocasionen daños serios a los vehículos que lleguen a impactarlos…constituyen un sistema de control de tránsito utilizado durante las operaciones de construcción o mantenimiento de la autopista. Estos elementos deberán estar precedidos por señales de prevención que sean adecuadas en tamaño, número y localización» (punto I.7.1).-
En cuanto al diseño del cono, «deberán tener un mínimo de 0,50 metros de alto, con la base más ancha. Pueden fabricarse de diversos materiales que permitan soportar el impacto de un vehículo sin que se dañen o dañen a estos últimos. Se podrán emplear otros elementos cilíndricos de mayor tamaño en la autopista o en las colectoras principales, sobre todo en el área de actividades.
Serán de color naranja y bandas reflectivas blancas y se mantendrán limpios para lograr una visibilidad máxima…» (punto I.7.3).-
Asimismo, en el punto I.7.10 se determina que «Cuando se emplean los conos como elementos para canalizar el tránsito, deben tomarse ciertas precauciones, a los efectos de que los mismos no sean desplazados de su lugar de emplazamiento por la acción de la turbulencia producida por los vehículos que pasan cerca de ellos».-
Para ello, el manual de señalización vial dispone, como medida de prevención debido a que los mismos son livianos, que «podrá incorporarse para una mayor estabilidad un collar conteniendo arena» (punto 4.3.1).-
En este segmento destaco que de los testimonios rendidos en la causa, transcriptos en la sentencia atacada, se desprende que por el carril contrario al del Ford Fiesta circulaba un camión a alta velocidad, que en el medio de la calzada, sobre las líneas blancas, habían unos conos colocados y al cruzarse los rodados, uno de ellos sale despedido e impacta al Ford Fiesta del actor, en la zona frontal (capot). Que no pueden precisar si ello se debió a que el camión impactó un cono o a si el mismo salió despedido porque se levantó con el viento por la velocidad que llevaba. Agregan que desconocen porque se encontraban los conos en la calzada (Sres. Julio Esteban Perezlindo y Alfredo Fabián Cabral, ver fs. 123/124 y 129/130, respectivamente).-
Conforme lo expuesto, se concluye que la demandada no acreditó, por no aportar ni producir prueba al respecto, que el cono colocado en la ruta reunía las características exigidas y que se habían tomado los recaudos para que el mismo no saliera despedido o fuera movido del lugar, conforme lo descripto en el manual citado.-
De igual modo, también debe desestimarse el planteo de la accionada acerca de la exclusión de responsabilidad propia en razón de que la misma debe ser endilgada en forma exclusiva al camión que circulaba por el carril contrario.-
Es que, más allá de que no está comprobado en autos la culpa del tercero -conductor del camión-, cabe señalar que la responsabilidad de otra persona no excluye la de otro por una causa distinta. En el caso, la responsabilidad de la concesionaria tiene fundamento en la relación de consumo que existe entre aquélla y el usuario damnificado. Esta causa es distinta de la responsabilidad por el hecho de las cosas a que se refiere el referido art. 1113 CC, que resultaría aplicable para el conductor del camión, siendo el hecho determinante a los fines de delimitar la obligación de responder la acción de la víctima.-
En efecto, no es sino el actor quien constituye en forma originaria la relación procesal, no pudiendo obligarse a quien ha direccionado una acción contra un demandado determinado, a admitir en su estrategia procesal, personas ajenas a su voluntad, con la posibilidad de ver obstaculizada la rápida satisfacción de sus créditos por discusiones laterales como la inserción de más testigos, pericias -y sus consecuentes revisiones por las partes-, producción de prueba supérflua o en extraña jurisdicción -entre otros posibles mecanismos dilatorios.-
Este criterio se fundamenta en el llamado principio de congruencia instaurado legislativamente por los arts. 48 inc. 4°y 179 inc. 6°del Cód. Procesal que impide fallar más allá de lo pedido. En doctrina procesal los autores coinciden en la preeminencia de la voluntad del actor para elegir a la persona a quien ha de demandar, y no se advierte por qué ha de condenarse a quien no ha sido demandado (CNCiv., sala A, Fassio de Obeid, Leda G. c. Larcade, Ernesto M. 11/04/94, La Ley Online: AR/JUR/2316/1994). En el sub lite, el actor ha optado por demandar a Empresa de Servicios Viales Caminos del Paraná (peaje).-
Asimismo se resalta que el evento dañoso acaecido no constituye en manera alguna un evento imprevisible e importaba, -a su cargo- el deber de adoptar medidas concretas frente a riesgos reales de modo preventivo.-
No puede pensarse que un cono colocado en el medio de la ruta que luego sale despedido y generó el acaecimiento del siniestro sea un «hecho fortuito» ni imposible de prever, cuando no se tomaron las medidas necesarias de seguridad para evitar que el mismo, ante las turbulencias que provocan los vehículos que pasan cerca de ellos o ante un impacto, saliera despedido. Con lo cual, a falta del adecuado ejercicio del deber de previsión -el que en definitiva generó las condiciones para la ocurrencia del accidente- determina, a criterio de la suscripta, la responsabilidad de la concesionaria merced del deber de garantía y seguridad desarrollado más arriba.-
En virtud de los antecedentes referidos, propicio la confirmación del fallo en crisis en el aspecto analizado.-
4.- Entrando al tratamiento de los rubros y montos impugnados, señalo antes y tal se hiciera en otras oportunidades, siguiendo fallos del Superior Tribunal de Justicia local, que siendo que la fijación del quantum indemnizatorio se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, no procede admitir la queja si la misma no logra demostrar la irrazonabilidad del monto fijado (Conf. Sent. Nº 31 del 16/03/92 del S.T.J., cit. por esta Sala en Sent. Nº 87/17, entre otras).-
Corresponde ahora analizar los rubros indemnizatorios condenados, los que fueran impugnados por la demandada.-
A.- REPARACIÓN DEL AUTOMOTOR: el a-quo otorgó por el presente rubro la suma de $34.283, de conformidad a las facultades otorgadas por el art. 181 del ritual, siendo motivo de agravio de la demandada por considerar que no hay pruebas reales del daño ya que el mismo no se peritó.-
Inicialmente debo señalar que en autos no se realizó prueba pericial mecánica ni accidentológica por lo que sólo tengo ante mí las fotografías acompañadas, factura original de Taller de Mecánica Integral y de Auxilio Mecánico, presupuestos originales de Servicio del Automotor y de MercoRep, acta por colisión Nº 12198, denuncia de siniestro ante San Cristóbal Seguros Generales y los testimonios rendidos en la causa (ver sobre Nº 218/13, que por este acto tengo ante mí). Que si bien dichas documentales (presupuestos, facturas y fotografías) fueron impugnadas por la contraria al contestar la demanda (ver fs. 45 vta./46) y al apelar por entender que se otorgó valor a fotocopias simples, contrariamente a lo alegado por la recurrente, las mismas son originales y se encuentran debidamente reconocidas por sus emisores a fs. 141 vta., 143 vta., 145 vta. y 151 vta.-
Ahora bien, critica la recurrente que con solo observar las fotos no se puede llegar a conclusiones concretas.-
Al respecto y en resguardo del principio de congruencia, entiendo relevante puntualizar que de los presupuestos mencionados surge un detalle de las reparaciones, repuestos y mano de obra que corresponde llevar a cabo en el Ford Fiesta, dominio …, los que ascienden a la suma total de de $34.133 (servicio del Automotor) y a $37.110 (Merco Rep).-
Que el detalle de ambos presupuestos es coincidente y comprende reparación de frente: radiador, soporte de radiador, líquido refrigerante, electroventilador, resistor, condensador A/A, carga gas A/A, parrilla izquierda, reten selector, protector de selector, llanta, soporte inferior caja, litro aceite caja, paragolpe delantero, parrilla central completa, logo parrilla, pintura paragolpe.-
A su vez, es conteste con las fotografías tomadas, los testimonios brindados que hacen referencia a que el daño fue en el capot, zona motor (ver fs. 123/124), lo informado en el acta por colisión (partes dañadas: paragolpe rotura, radiador) y en la denuncia de siniestros (100% daño capot y paragolpe delantero).-
Siguiendo el análisis del presente item, en virtud del aludido principio, tengo por acreditado los daños en el rodado y por lo tanto, probado los mismos, por lo que el responsable debe resarcir al damnificado, abstracción hecha de si los trabajos de reparación han sido o no efectuados.-
Así se ha dicho que acreditada la existencia de averías en el rodado del damnificado, resulta irrelevante la circunstancia de que el mismo haya efectivizado o no el pago de los arreglos, o aun sus reparaciones, ya que de un modo u otro, él constituye la expresión monetaria del daño que se pretende reparar y que habrá o había de posibilitar que el damnificado se encuentre en el estado que hubiera mantenido de no producirse el evento (jurisprudencia citada en Moisset de Espanés-Sánchez, ob. cit., T. I, p. 453 y Sent. Nº 29/18, esta Sala). Que el hecho de que las reparaciones no se hayan practicado o que no se acredite que se abonaron, no es óbice a su resarcimiento (CNEsp. Civ.y Com., Sala 2ª, 18/3/85, LL, 1986-E- 704; ídem, Sala 6ª 11/5/84, RepED, 20-A-119; Conf. Moisset de Espanés-Sánchez, ob. cit., T. II, 1993, p. 319).-
Es dable mencionar que a los fines de su cuantificación, la sentenciante tuvo en cuenta el presupuesto de menor valor (Servicio del Automotor) al que adicionó el gasto realizado por traslado vehicular (factura del Taller de Mecánica Integral y de Auxilio Mecánico), lo que estimo acertado.-
Consecuentemente, en razón de lo antedicho, y teniendo en cuenta que la queja no logra demostrar que el a-quo haya decidido en contra de las reglas de la lógica, propicio la confirmación del item en trato.-
B.- PRIVACIÓN DE USO: el a-quo otorgó por este concepto la suma de $3.000, lo que fue motivo de agravio de la demandada por entender que no se puede saber cuantos días «no hubiera podido utilizar su auto el actor» (sic).-
Inicialmente es dable señalar que este Tribunal tiene dicho que: «La mera privación de uso de un automóvil, comporta daño indemnizable, más aún por la forma en que se desenvuelven las actividades de la vida diaria, en que el uso del rodado llega a constituir para su propietario y/o usuario un accesorio indispensable, pues combina sus obligaciones sobre la base de esa propiedad y su determinación queda librada al prudente arbitrio judicial (art. 165 del Código Procesal, hoy art. 181) (CNEsp. Civ. y Com., Sala I, 18/10/94; por Moisset de Espanés-Sánchez, ob. cit., T. I, p. 402).-
Deviene necesario señalar que el presente item constituye un daño indemnizable, ya sea que el usuario utiliza el vehículo para trabajar o que simplemente lo emplea para distraerse o viajar con su familia. Jurisprudencial- mente se ha declarado que la privación de uso está referida a la compensación por la pérdida de la posibilidad de usar el vehículo para las propias actividades, junto con la familia y para esparcimiento (C2ªCCom. de La Plata, sala III, 28-8-90, «Macarrón, Felipe Esteban c/Dillon, Oscar MArcelo», Juba7, sum. B350578). La diferencia entre estas dos situaciones no estará en la resarcibilidad del daño, sino en la extensión del mismo, que será mucho más reducida en el caso de uso para simple esparcimiento, que respecto de la utilización con propósitos laborales (Conf. Marcelo J. López Mesa, Responsabilidad Civil por Accidente de Automotores, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2.005, p. 658).-
Se ha resuelto también que en la determinación de la medida exacta del daño deben considerarse las modalidades laborales de su usuario, el emplazamiento de su lugar de trabajo y de domicilio y las circunstancias que reflejan la intensidad de su uso. De esta forma, cuando se carece de tales datos, esta indemnización debe establecerse suponiendo un uso standard (CNCiv., sala D, 6-9- 99, «D`Adamo, Marcelo J. c/Gianini, Juan C. y otro», L.L. 2000-C, jurisp. agrup., caso 15.088) (idem p. 658/659), como ocurre en el sub lite, toda vez que el actor no acreditó fehacientemente el trabajo que desempeñaba a la época del hecho y mucho menos que el rodado era afectado al mismo.-
En cuanto a la cuantificación del item en trato, unánimemente se sostiene que se debe resarcir en estos casos por razón del impedimento de goce de su rodado que le genera el hecho dañoso; del mismo modo se dice que la reparación correspondiente a este rubro, se encuentra representada por las erogaciones requeridas para acudir a medios de transporte sustitutivos (Cit. ABELEDO-PERROT online Nº: AP/JUR/ 2259/2012).-
Por lo demás, y como lo señala la jurisprudencia, a fin de cuantificar el perjuicio sufrido debe computarse el ahorro que implica para el damnificado no efectuar, durante aquel lapso, los gastos que necesariamente requiere el uso y conservación del vehículo (conf. Moisset de Espanés- Sánchez, ob. y t. cit., p. 401).-
Este tribunal tiene resuelto que, a los fines de indemnizar este rubro, debe computarse no sólo el tiempo en que efectivamente se encuentra el rodado en el taller, sino también aquél necesario para la elección del mismo (Conf. Sent. Nº 143 bis/16, entre otras, esta Sala). En el caso particular de autos -en virtud de las pruebas arrimadas- la sentenciante estimó que el actor se vio imposibilitado de disponer de su rodado por un período de 20 días, calculando un costo diario de $150, en traslados a sus actividades personales y laborales.-
Siguiendo el análisis del item en trato, corresponde tener en cuenta que las máximas de experiencia indican que en el caso de utilizarse remises para el traslado, los mismos se realizan -según estima este Tribunal- a razón de aproximadamente, seis viajes diarios (ida y vuelta, mañana, tarde y noche).-
En el caso particular de autos, atento la queja del recurrente, y teniendo en cuenta la magnitud de los daños constatados en el rodado (capot, radiador, etc.) y lo que normalmente determina esta Sala IV para supuestos como el presente, estimo que el actor se vio imposibilitado de disponer de su rodado por un período de 30 días (7 días de búsqueda de taller y 23 de reparación).-
Consecuentemente, acudiendo a esas pautas objetivas y partiendo de un promedio de $18 a la fecha del accidente, multiplicando por los 30 días, se arriba a guarismos superiores a los condenados por el a-quo, motivo por el cual, y en virtud del principio que veda la reformatio in pejus, propicio la confirmación del item en trato.-
5.- Corolario de lo expuesto, de compartirse el sentido de mi voto, propongo la confirmación de la sentencia en crisis.-
Las costas en la Alzada, en virtud del principio objetivo de la derrota, se impone a la demandada vencida (art. 83 del C.P.C.C.).-
A los fines regulatorios se toma en cuenta el capital de condena – $37.283- en adecuado nexo con los arts. 3, 5 (…%), 6 (…%), 7 (…%) y 11 (…%) de la L.A. vigente con más los intereses liquidados -al solo efecto de la regulación-, ascendiendo la base de cálculo al 02/12/18 a $91.929,88.-
Consecuentemente, propicio fijarlos como siguen: Dr. Andrés De León (MP …) en $4.412,50, como patrocinante, y Dr. Mariano Guerrieri (MP …) en $3.530 y $1.412, como patrocinante y apoderado, respectivamente. ASÍ VOTO.-
V.- A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DIEGO GABRIEL DEREWICKI, dijo: Que en atención a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por la Sra. Juez preopinante al analizar la cuestión sometida a consideración de este Tribunal y compartiendo la conclusión a que arriba, adhiere al voto precedente y emite el suyo en idéntico sentido. ASÍ VOTO.-
Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo, dado y firmado por ante mí, Secretaria, que doy fe.-
Diego Gabriel Derewicki
Juez-Sala Cuarta
Cámara de Apel. Civ. y Com.
Dra. Marta Inés Alonso de Martina
Juez-Sala Cuarta
Cámara de Apel. Civ. y Com
Dra. Teresa Liliana Blanco
Secretaria Provisoria -Sala IV
Cám de Apel. Civ. y Com.
SENTENCIA: Nº 207 .-
Resistencia, 18 de Diciembre de 2018.-
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
RESUELVE:
I.- CONFIRMAR la sentencia dictada a fs. 177/193 en todo cuanto fuera materia de recurso.-
II.- IMPONER las costas en esta instancia a la demandada vencida, REGULANDO los honorarios de los profesionales intervinientes, como sigue: Dr. Andrés De León (MP …) en la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($4.412,50), como patrocinante, y Dr. Mariano Guerrieri (MP …) en las sumas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA ($3.530) y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE ($1.412), como patrocinante y apoderado, respectivamente. Todo con más IVA e intereses si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley.-
III.-NOTIFIQUESE, regístrese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.-
Diego Gabriel Derewicki
Juez-Sala Cuarta
Cámara de Apel. Civ. y Com.
Dra. Marta Inés Alonso de Martina
Juez-Sala Cuarta
Cámara de Apel. Civ. y Com
DIA DE NOTIFICACIONES 01 de febrero de 2019
Dra. Teresa Liliana Blanco
Secretaria Provisoria -Sala IV
Cám de Apel. Civ. y Com.
González, José Luis y otros c/Poveda, Ernesto Esteban y otro s/daños y perjuicio s – Cám. 1ª Civ. y Com. San Nicolás – 05/03/2013
035311E
