Se confirma -en lo principal- la suspensión cautelar de las decisiones sociales adoptadas en asamblea extraordinaria de La Corte SA, en especial de aumentar el capital social, al revelarse que prácticamente todas las cuestiones debatidas se vinculaban a aspectos societarios, económicos y financieros de lo que se conocía como “Grupo Indalo” y a los supuestos controlantes de este (Cristóbal López y Fabián De Sousa), y que existía una notoria controversia entre los socios, frente a la situación de insolvencia económica de uno de ellos que veía licuada su participación. Sin embargo, se aclaró que la contracautela no podía recaer sobre las acciones de la sociedad actora (salvo que mediase un levantamiento de los embargos sobre ellas trabados hasta ese momento), que debía ser objeto de cuantificación y recaer sobre bienes susceptibles de representar una verdadera garantía.
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