Se confirma -en lo principal- la resolución que designó a un interventor en grado de coadministrador, al tenerse prima facie por demostrado el desvío injustificado de fondos a favor de sociedades controladas, participadas y vinculadas, la ocultación de documentación y el retaceo de información sobre negocios sociales, de modo que la cuestionada designación resultó necesaria. Asimismo, se eleva la contracautela y se coloca a cargo de la parte actora el pago provisional de los honorarios del coadministrador, al juzgarse que mientras el pleito no haya concluido y no exista condena en costas, los mismos deben ser soportados por el peticionario de la medida.
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