Se confirma la resolución que elevó el monto de la contracautela fijada a resultas de la definición de una operación inmobiliaria, bajo el entendimiento de que, si la actora solicitó una medida cautelar, debe asumir el costo de los hipotéticos daños que ello pudiera ocasionar, siendo ese el sentido de la contracautela y no el accionar posterior del sujeto pasivo de ella, toda vez que una posición contraria desnaturalizaría la finalidad de dicho instituto.
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