Se revoca la sentencia apelada y se fija el monto de la cuota alimentaria en favor de la excónyuge en el 10% de lo que percibía su exesposo, al interpretarse que los alimentos pactados entre ellos tenían un fin asistencial, que no se había alterado la situación económica de la alimentada al tiempo de celebrar el acuerdo, pero sí la capacidad económica del alimentante, y que por aplicación del principio de buena fe el acuerdo cesaría cuando el accionado dejara de percibir haberes, pero no si cambiaban las condiciones de su contratación.
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