Se condena al demandado a abonar a la actora una cuota alimentaria mensual equivalente al 10 % de los haberes que por todo concepto percibía como empleado, al considerarse que se trató de un matrimonio separado de hecho que mantuvo una vida en común entre 26 y 28 años, y llevaban entre 13 y 15 años de separados al tiempo de iniciar la acción. A tales fines, se aclaró que el alcance de los alimentos reclamados no era el que se derivaba del parentesco sino del matrimonio, mientras que el deber alimentario que surgía del vínculo conyugal resultaba más amplio y comprensivo que el derivado del parentesco. Además, se consideró que el accionado fue quien se desempeñó laboralmente fuera del hogar, durante el matrimonio y la separación de hecho, y continuó haciéndolo, y que la actora se habría desempeñado como ama de casa, por lo que cobraba una jubilación acorde a dicha condición, pero sus ingresos eran muy inferiores a la remuneración percibida por aquel.
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