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JURISPRUDENCIAAlimentos. Ejecución de acuerdo. Ejecución de alimentos. Impugnación de la liquidación. Actualización de la cuota. Interés superior del niño
Se confirma la resolución que aprobó la liquidación practicada por la parte ejecutante, al juzgarse que la interpretación literal que pretendió ejercer el apelante resultaba contraria a la intención que las partes tuvieron en la mira al celebrar el convenio de alimentos. Es que sincronizar el aumento del monto de una cuota al índice que surja de un convenio colectivo de trabajo constituye una práctica habitual para evitar que su valor disminuya por el efecto inflacionario. Ahora bien, si el convenio de referencia establecía un porcentaje anual con un aumento en dos tramos, resultaba razonable que ese mecanismo se vuelque de forma inmediata a la cuota alimentaria. Máxima si el norte estuvo dado por el interés superior del niño, que era deber de los jueces preservar.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017.- SDB
Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones al Tribunal, a raíz del recurso de apelación interpuesto a f. 328, punto I, por la parte ejecutada. Objeta la resolución dictada a fs. 325/326vta., que aprueba en cuanto ha lugar por derecho la liquidación practicada por la parte ejecutante.
El memorial corre agregado a fs. 328/332vta. y su traslado ha sido contestado a fs. 334/342vta.
II. Habiéndose descripto las constancias relativas a los trámites del recurso interpuesto, nos abocaremos al tratamiento de la cuestión.
Sabido es que la expresión de agravios -o el memorial cuando el recurso fue concedido en relación (art. 246, párrafo 1º, Código Procesal)- es el acto procesal mediante el cual la parte recurrente fundamenta la apelación.
Allí debe refutar total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia, respecto a la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas o a la aplicación de las normas jurídicas (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T V, pág. 266, nº 599, Ed. Perrot, Bs.As, 1981).
Constituye un acto de impugnación, destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal de apelación. En la referida presentación el apelante debe examinar los fundamentos de la sentencia y concretar con precisión, los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama (De los Santos, en Arazi (Director), “Recursos Ordinarios y Extraordinarios”, pág. 200, Ed. Rubinzal -Culzoni, Santa Fe, 2005).
En tal sentido, el artículo 265 del Código Procesal impone al apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio equivocadas.
A tal fin es necesario que los motivos por los cuales se pretende obtener la revisión de la providencia apelada, se expresen al fundar el recurso. Se deben exponer detalladamente los errores, omisiones y demás deficiencias que el recurrente pudiera reprochar al pronunciamiento que impugna.
Así, el apelante corre con la carga procesal de refutar sólidamente las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión (CNCiv., Sala “E”, ED 117-575; CNCiv., Sala “B”, R. 336.751 del 29/11/01; R. 339.296 del 12/2/02, entre muchos otros).
III. A la luz de lo expuesto, se advierte que la presentación de fs. 328/332vta., lejos está de satisfacer tales requisitos legales.
El recurrente, en esencia, se limita a reiterar los argumentos y menciones en que sustentara su impugnación a la liquidación a fs. 279/286vta. Corresponde señalar que así como el magistrado debe fundamentar adecuadamente la sentencia, la parte apelante asume la carga de criticarla. No cumple con ese requisito cuando vuelve a mencionar, como acontece en la especie, alegaciones anteriores.
Se ha puesto de relieve que si el agravio constituye una reproducción de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el art. 265 del Código Procesal (Morello, “Códigos Procesales…”, T III, p. 357, año 1988 y jurisprudencia allí citada).
En lo demás expresado en el memorial, su contenido consiste en menciones genéricas o meras discrepancias con los criterios expresados por el a quo.
Esas actitudes no configuran, por sí solas, las objeciones razonadas que reclama la norma procesal más arriba indicada.
IV. En virtud de lo expuesto, correspondería declarar desierto el recurso interpuesto. Sin perjuicio de lo cual, analizada la cuestión a la luz de un criterio amplio como modo de garantizar adecuadamente, -en la mayor medida posible-, la doble instancia consagrada como norma general por el ordenamiento procesal, las quejas habrán de tener respuesta.
De manera preliminar, diremos que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todos sus razonamientos, ni a refutarlos uno por uno.
Posee amplia libertad para examinar los hechos y las distintas cuestiones planteadas. Puede asignarles el valor que les corresponda o que realmente tengan en tanto se consideren decisivos para fundar la resolución y prescindir de los que no sirvan a la justa solución de la litis. Tal como reiteradamente se ha sostenido, los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (cf. arg. Art. 386 del Código Procesal; CNCivil, Sala D, RED 20-B-1040; id. Sala F, L Nro. 397.642, “Poblet Ana Matilde c/ Nitti Leonardo Héctor s/daños y perjuicios”, 21-9-04).
En consecuencia sólo se analizarán las argumentaciones que sean conducentes (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi – Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», T° I, pág. 825; Fenocchieto – Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág. 620).
V. Sentado ello diremos que corresponde tener en cuenta que la faz ejecutoria de alimentos reconoce un procedimiento específico previsto por el art. 648 del Código Procesal. Del mismo deriva que dejan de ser trámites indispensables la liquidación o la citación de venta. Ese diseño responde a la necesidad de ganar celeridad, pero en lo demás son aplicables las normas contempladas por el art. 502 y ss.de la ley del rito, ello sin perjuicio de que el ejecutante opte por la vía típica de ejecución de sentencia.
A partir de ese punto de partida, trataremos los agravios expresados por el recurrente pero con el límite indicado en el punto anterior.
En primer lugar aquel objeta la interpretación que el Sr. Magistrado ha efectuado de la cláusula tercera del convenio obrante a fs. 4/6.
Al respecto diremos que la interpretación literal que pretende ejercer el apelante, resulta contraria a la intención que las partes tuvieron en la mira al celebrar el convenio de referencia. Adviértase que sincronizar el aumento del monto de una cuota al índice que surja de un convenio colectivo de trabajo, es una práctica habitual. Ello para evitar que el valor de esa cuota disminuya por el efecto inflacionario.
Ahora bien, si el convenio de referencia establece un porcentaje anual con un aumento en dos tramos, resulta razonable que ese mecanismo se vuelque de forma inmediata a la cuota alimentaria. No habrá que perder de vista que, en la especie, el norte a tener en cuenta para la decisión, estará dado por el interés superior del niño, que es deber de los jueces preservar (art. 706, inc. c, Código Civil y Comercial de la Nación).
VI. Luego el recurrente se agravia porque se ha rechazado el pedido de compensación. La Sala ha de compartir la decisión de primera instancia desde que reiteradamente se ha resuelto que los gastos efectuados por el alimentante a favor de sus hijos, deben ser considerados como simples liberalidades, sin que quepa apartarse del principio contenido en el art. 539 del código citado y reiterado en el art. 930, inc. a) del mismo cuerpo legal. Ese mismo criterio ha sido aplicado durante la vigencia del código de fondo ya derogado (cf. esta sala, R. 419.333, “Centurión María Julia c/Berretta Gabrielo Oscar s/ejecución de alimentos”, 19-5-2005, id. Sala F, CNCiv., “B.de M., M.M. c/M.,R.F., 26-8-80).
Por ello, la resolución también en ese aspecto será confirmada.
VII. Las costas de Alzada, se impondrán a la parte apelante, pues resulta sustancialmente vencida (arts. 68 y 69, C.P.C.C.).
Por los fundamentos expresados, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución recurrida. Con costas al apelante vencido. Regístrese y publíquese (Ac. 23/14, CSJN). Previa notificación de la presente por Secretaría, devuélvase al Juzgado de origen.
Fecha de firma: 29/11/2017
Firmado por: DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Alimentos y litisexpensas. Arts. 638 a 651
023113E
