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JURISPRUDENCIANulidad de acto jurídico. Donación. Escritura de compraventa de inmuebles. Adultos mayores. Falta de discernimiento. Insania
Se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda por la nulidad de la donación de dólares estadounidenses y de una compraventa inmobiliaria efectuada por una persona de muy avanzada edad a favor de un sobrino, al concluirse que, si bien era cierto que la prueba idónea por sí para acreditar las características del estado de la causante era la pericial médica, ya sea examinando a la propia persona o sobre la base de la historia clínica de la misma, tales características no fueron probadas en la causa.
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados y otro c/ y otro s/ Nulidad de acto jurídico”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri, Liliana E. Abreut de Begher y Víctor Fernando Liberman.
A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:
I) Apelación y Agravios.
La sentencia de fs. 161/87 fue apelada por la parte demandada a fs. 188, quien expresó agravios a fs. 197/210, cuyo traslado fue respondido por los actores a fs. 212/5. Cuestionan que se haya tenido por probado que los demandados abusaron del deterioro del estado mental de la Sra. quien, a su entender, podía comprender perfectamente la finalidad de los actos realizados por ante escribana pública el 28 de enero del año 2015 y que constaron en la donación de ochenta mil dólares estadounidenses a favor de su sobrino -coactor – y la venta por escritura pública del inmueble de una propiedad sita en la calle Ángel Gallardo en la cual se constituyó un usufructo vitalicio a favor de la codemandada. Afirman que no se tuvo en cuenta el sobreseimiento del demandado en la causa penal iniciada por uno de los actores por defraudación a un menor o incapaz, sentencia que puso fin a la causa y no fue apelada por los interesados. Destaca que habiendo finalizado ese juicio, el mismo debe influir en la sentencia impugnada, en tanto no puede discutirse en este fuero la culpabilidad del codemandado ni mucho menos puede ponerse en tela de juicio que los actos jurídicos impugnados se llevaron a cabo conforme surge de sus propios textos. Agregan que es arbitrario que ahora se afirme que dichos actos son “sospechosos” porque el sobreseimiento en ningún momento dice que lo son. Seguido sostienen que se omitió valorar el juicio sucesorio de la Sra. B del que surge el importante acervo sucesorio, el que incluyen al menos 7 inmuebles más (muchos de ellos administrados por el codemandado R por orden de su tía y por los cuales rindió cuentas a los reclamantes), dos de los cuales fueron cedidos por la causante a los accionantes. Con esto refieren que no existió de ninguna manera desapoderamiento y tampoco es cierto que los accionantes se hayan quedado sin bienes.
Por otra parte cuestionan que la “a quo” haya mencionado que en la demanda se solicitó la nulidad del acto jurídico por el cual su tía le otorgara a R poder judicial y de administración cuando ello no surge del escrito inicial. También critican la interpretación que la sentenciante realiza del art. 474 del CCiv., en tanto sustituye la ausencia de demanda por incapacidad con lo actuado en la causa penal sobre defraudación. Por lo demás, se agravian de que la sentencia no repara en el hecho de que los actores nunca justificaron porqué no iniciaron en su oportunidad la demanda civil de incapacidad que exige el 474 del CC, respetándose las garantías constitucionales de la Sra. S. B. Por lo demás, sostienen que es arbitrario controvertir un acto celebrado por escritura pública. En definitiva, piden se revoque el fallo y se rechace la demanda entablada en todas sus partes con expresa imposición de costas a los vencidos.
II) Antecedentes.
Se presentaron promoviendo demanda contra los, por nulidad de acto jurídico en relación a los celebrados el día 28 de enero de 2015 y mediante los cuales su abuela donó la suma de dólares estadounidenses ochenta mil (U$S 80.000) y realizó la escritura de venta del inmueble ubicado en la calle Ángel Gallardo Unidad Funcional N° 1 de esta Ciudad. Señalaron son nietos de quien contrajo matrimonio con y de esa unión nacieron 2 hijos, este último, padre de los actores (fallecido). Que partir del fallecimiento de su padre el demandado (sobrino de) y su pareja comenzaron a ganarse de a poco su confianza, para así, alejarla de sus nietos. Agregaron que obtuvieron favores como plazos fijos de dinero conjunto, donaciones de dinero en efectivo y otros regalos a más de que el mencionado administraba bienes de su abuela, recibiendo pagos por los arriendos de las propiedades. Refirieron que a raíz del distanciamiento con su abuela, quien le habría regalado dinero a su sobrino, se inició una causa por ante la Justicia en lo Criminal Instrucción contra por defraudación a un menor o incapaz que tramitó por ante el Juzgado Criminal de Instrucción N° 37. Comentan que allí se investigó la conducta del mencionado quién a fines de diciembre de 2014, con la excusa de que S (ya con 97 años de edad) se había caído en la calle y no se encontraba cuidada, la internó en el “Parque Rosal”, geriátrico con quien el demandado dijo tener una relación con los dueños. Así las cosas contaron que una vez internada se les hizo casi imposible ver a su abuela pues no le pasaban los llamados telefónicos y cuando concurrían a verla siempre estaban R o su pareja Irene que intercedían para que no pudieran sacarla del lugar con algún tipo de excusa. Así, expresaron que en el mes de enero de 2015 el demandado citó en el geriátrico a la Escribana para hacerle firmar a S un poder judicial y de administración, una donación de U$S 80.000 y la escritura de venta del inmueble de la calle Ángel Gallardo … Unidad Funcional N° … de CABA, habiéndole otorgado el usufructo del inmueble a su pareja.
Señalaron que en la causa penal se le realizaron dos pericias médicas psiquiátricas en el Cuerpo Médico Forense en las cuales se dictaminó que Sn, de 97 años de edad, no poseía aptitud para administrar sus bienes, no sólo cuando fue evaluada, sino también al momento de la firma de la escritura traslativa de dominio y demás documentos suscriptos con fecha 28 de enero de 2015. Por lo expuesto explican que dichos actos resultan nulos, en razón de haber sido otorgados por una persona que carecía de aptitud para administrar sus bienes y así piden su declaración.
Reconocieron la autenticidad de la documentación acompañada y señalaron que los originales se encuentran agregados a la causa penal N° 46.514/2015. Sostuvieron que los actores pretenden demostrar la causal de nulidad en sede civil, con el dictamen pericial del Cuerpo Médico Forense llevado a cabo en el marco de la causa penal, sin tener en cuenta los otros elementos de prueba que surgen de la causa que ellos mismos han promovido. Afirmaron S decidió libremente internarse en el geriátrico y que tal cuestión fue hablada con sus médicos del Hospital Italiano, en oportunidad que fue atendida como consecuencia de una caída sufrida el 23/12/2014. Agregaron que de la historia se desprende que los profesionales habían conversado con la mencionada sobre la necesidad de un acompañamiento permanente.
Por otro costal, refirieron que los actores no tienen prueba alguna que pueda conmover la validez de los instrumentos atacados, porque los mismos fueron suscriptos libremente por S y que no existió incapacidad en ese momento ni en ningún otro. Que el poder general de administración y judicial, la escritura de venta del inmueble de la calle Ángel Gallardo y la certificación de una donación de U$S 80.000 fueron firmados libremente y con plena capacidad.
Afirmaron que se trata de una demanda inadmisible y los actores tergiversaron los hechos, no se encontrándose acreditada en forma alguna la incapacidad aludida. Por último, sostuvieron que la demanda equivale a una impugnación posterior a la muerte de quién otorgó el acto y debe rechazarse porque, los actos entre vivos, no pueden ser objetados.
El “a quo” dispuso la citación en los términos del art. 89 del Cód. Procesal, como litisconsorte pasivo necesario de la Escribana quien compareció efectuando la negativa pormenorizada de rigor. Destacó la completa lucidez mental de S lo que le permitió comprender el alcance de sus actos, negando enfáticamente la falta de aptitud para administrar alegada por los actores. Destacó que la otorgante estaba lúcida y no evidenció ningún indicio que pudiera haberla llevado a no autorizar las escrituras y la certificación de firma y asimismo, señaló que de su propio puño y letra suscribió las mismas, ya que no se encontraba impedida para hacerlo. Pidió el rechazo de la demanda.
La citada en garantía Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. se presentó en razón del contrato de seguro de responsabilidad civil de escribanos con el Colegio de Escribanos de la Capital Federal instrumentado bajo póliza N° … adhiriendo a lo expuesto por su asegurada.
III) La sentencia.
La sentenciante admitió la demanda impetrada y en consecuencia declaró la nulidad de los actos jurídicos celebrados con fecha 28/1/2015, es decir, la donación de dólares estadounidenses ochenta mil y la compraventa inmobiliaria instrumentada en la escritura pública número 28 respecto del inmueble de la calle Ángel Gallardo Unidad Funcional Nº … de CABA Matrícula FR:7-582/1 pasada por ante la Escribana, Matrícula Nº y que otorgara la Sra. S a favor del demandado.
Concluyó la “a quo” que existió un vicio de la voluntad del sujeto actuante -S – encuadrándose el caso dentro de lo previsto por el art. 1045 del CCiv. en los casos en que el acto ejecutado fue sin discernimiento ni comprensión jurídica de su alcance y por ello corresponde la anulación del acto para volver las cosas al estado anterior. Impuso las costas a la parte demandada vencida con excepción de las correspondientes a la participación en el proceso de la escribana actuante y su compañía aseguradora las que deberán ser soportadas en el orden causado.
Finalmente ordenó comunicar por oficio al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad del Inmueble para que se tome nota de la nulidad declarada.
IV) La solución.
En primer lugar debo señalar que conforme ha sido sostenido reiteradamente, no me encuentro obligada a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).
Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).
Entrando al análisis de los agravios vertidos por los demandados destaco que basaron su quejas cuestionando la nulidad de los actos por la supuesta falta de discernimiento de S al momento de otorgar la donación y la venta de un inmueble el 28/1/2015 instrumentado por escritura pública en tanto, como argumento central, sostienen que los actores no iniciarion oportunamente el juicio de insania de su abuela, limitándose a denunciar penalmente al coactor por defraudación de un incapaz, causa que finalizó con el sobreseimiento del imputado.
En este orden de ideas diré que por tratarse el reclamo de autos de una impugnación posterior a la muerte de quien otorgó el acto que constituye el objeto de aquélla (recordemos que S falleció el día 05/08/2016, v. fs. 480 de la CP), debemos subsumir legalmente el caso en el art. 474 de Código Civil vigente al momento de los hechos, el cual reza (sin el agregado de la reforma del año 1968): “Después que la persona haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad, a no ser que ésta resulte de los mismos actos, o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad”. La ley 17.711 le agregó como segundo párrafo lo siguiente: “Esta disposición no rige si se demostrare la mala fe de quien contrató con el fallecido”.
El nuevo Código Civ. y Com de la Nación trae una disposición similar en su art. 46.
Es decir, no es factible la impugnación póstuma de los actos jurídicos atribuidos a un presunto demente, salvo que con anterioridad se haya iniciado el juicio de insania con respecto al mismo, o que el estado de enfermedad se refleje en las estipulaciones del propio acto, quedando una tercera excepción que es el caso de mala fe de quien contratare con el fallecido (conf. Bueres Alberto – Highton Elena I., “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Tomo 1B, pag. 905)
Así las cosas, analizaré las tres excepciones configuradas en la norma.
a) En primer lugar, la incapacidad alegada por la recurrente no resulta de los actos celebrados. Basta con leer los instrumentos impugnados.
A mayor abundamiento obsérvese la declaración que efectuara la Escribana interviniente (v.fs. 160 de la causa penal Nº 46514/2015) de la que surge que se apersonó en el geriátrico donde se encontraba internada la causante, habló con ella para ver como estaba, destacando que se encontró con una mujer muy lúcida, que le contó de sus hijos y de sus viajes, que se trataba de una señora muy culta y muy viajada. Luego la Sra. B firmó un poder general de administración y judicial a favor de R y una escritura de venta, además la escribana certificó la firma de la señora por una donación. Dijo que le explicó las condiciones y los alcances que implicaban la firma de los documentos, los que la Sra. S. entendió y consintió perfectamente, comprendiendo el tenor de los actos que suscribía.
Como es sabido el artículo 993 del Código Civil prevé expresamente que el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia.
Como se ve, la fecha del acto, la autenticidad de las firmas asentadas y la observancia de las formalidades cuyo cumplimiento hace constar el documento, pasados ante la oficial pública o realizados por ella, comprometen directamente la fe de la funcionaria y tienen una fuerza de convicción que sólo es posible desvirtuar por la llamada querella de falsedad, lo que en el caso no fue efectuado por los accionante.
b) En segundo término, tampoco se interpuso demanda de incapacidad.
La jurisprudencia se ha expedido en el sentido que de no reunirse el requisito de su declaración judicial, es impropio decir de una persona que es “incapaz”. Confusión habitual en la que incurre el propio codificador en los arts. 1045 y 474 del Cód. Civil, donde la palabra “incapacidad” debe ser entendida como sinónimo de “incapacidad natural” (conf. Llorens, Luis R. , La falta o disminución del discernimiento ¿constituye una incapacidad?, LA LEY 14/09/2007, 1; citando a NERI, Argentino I., “Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial”, Volumen 3, p. 385, Desalma, Buenos Aires, 1970; y CIFUENTES, S. – RIVAS MOLINA, A. y TISCORNIA, B., “Juicio de Insania y otros procesos sobre la capacidad”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, N° 69, p. 50).
En nuestro derecho y con relación a actos o negocios jurídicos, existen sujetos capaces y sujetos incapaces (o, entre ambos, inhabilitados). Los primeros -como sería el caso de autos donde no existe una declaración judicial al respecto- pueden o no tener discernimiento en el momento del otorgamiento del acto, esto último, tanto porque padecen algún trastorno o porque por cualquier otra razón se encuentren imposibilitados de comprenderlo; tanto en forma total como parcial, tanto en forma permanente como transitoria.
En el caso de autos, los reclamantes refieren que su abuela no comprendía el alcance de sus actos, o que tenía ausencia de discernimiento o de razón. Ello, manifestaron los actores, dada su avanzada edad y en virtud de las pericias que en vida se le realizaran a la causante en el marco de la causa penal sobre defraudación a un incapaz por uno de ellos iniciada.
Si bien la primera cuestión podría generar algún tipo de presunción acerca de la existencia de una disminución en las facultades mentales de la abuela que a la fecha de los actos contaba con 97 años, de ninguna manera basta por sí sola para tener por probado que ésta carecía de discernimiento al momento de otorgar los actos cuestionados.
Es decir debe encontrarse apoyada en otros elementos probatorios con suficiente entidad como para lograr convencer al juzgador que la abuela de los actores realizó un negocio que no obedecía a su voluntad.
Y en el caso, disiento con la solución a la que arribara la “a quo”. Si bien es cierto que la prueba idónea por sí para acreditar las características del estado de la Sra. B era la pericial médica, ya sea examinando a la propia persona o sobre la base de la historia clínica de la misma, adelanto que no considero que tales características fueran probadas en la causa.
De las constancias de la causa penal que tengo a la vista, caratuladas “R s/ Defraudación a un menor o incapaz” Expte. Nº 46514/2015, surgen las pericias efectuadas a la causante mientras estuvo internada en el geriátrico “Parque Rosal”.
La Dra. Ana María Arias, facultativa del Cuerpo Médico Forense sostuvo en relación al estado de salud mental de la mencionada que B carece de aptitud para administrar sus bienes por poseer el juicio debilitado, aunque dice que posee autonomía básica para las situaciones comunes y cotidianas de la vida.
Sobre esto también declaró el encargado del geriátrico donde residía la señora quien afirmó que los que se encargaban de todo lo que no estaba a cargo del geriátrico y del arancel del mismo eran su sobrino y la esposa Irene, quienes si bien no recuerda la asiduidad, la visitaban (v.fs.355/7).
La Dra. Arias presentó un segundo informe a fs. 317/22 en el que afirmó que B posee un cuadro involutivo con descenso de su capacidad judicativo que implica limitación de su autonomía psíquica, bajo la forma clínica de deterioro cognitivo moderado.
Aseguró que con todas las constancias que tiene a su alcance y los exámenes realizados le es posible inferir que la nombrada al mes de Enero de 2015 también poseía su juicio debilitado lo cual le impedía tener aptitud para administrar sus bienes.
A fs. 344/5 Arias reiteró su opinión y a fs. 454/6 la Dra. Arias y el Dr. Mamone, ambos pertenecientes al CMF en junta médica presentaron dictamen en el que soslayaron que “…el deterioro cognitivo que S. B padeciera en enero de 2015 le habría impedido tener plena capacidad para dirigir sus acciones y comprender los alcances jurídicos de suscribir documentos a favor de tercero…” y aclararon que en esa fecha “…dicho cuadro involutivo con descenso de su capacidad judicativa que implica limitación de su autonomía psíquica, podría no haber sido evidente o fácilmente advertida por otras personas, ya que la causante poseía autonomía básica para situaciones comunes y cotidianas de la vida”.
A fs. 313/6 se realizó otro informe, en este caso neurológico, también por profesional del Cuerpo Médico Forense donde se dejó asentado que se observó deterioro cognitivo moderado de la examinada.
El informe efectuado por el consultor técnico de parte que obra agregado a fs. 335/7 en disidencia con lo informado por el Cuerpo Médico Forense. El Dr. Enrique De Rosa concluye que no existe ningún elemento firme y científicamente comprobable que le permita afirmar que S. no estuvo en condiciones de realizar los actos libremente.
Lo cierto es que la pericia efectuada por los galenos del Cuerpo Médico Forense se efectuó casi un año y medio después de las firmas de los documentos cuestionados por lo que no hay certeza absoluta sobre la capacidad de la Sra. B en esa fecha.
Por lo demás, todos los testigos que declararon en sede penal dieron cuenta de que la Sra. S estaba en muy buen estado de salud teniendo en cuenta la edad que tenía (v.fs. 134/50, 160, 184, 355/7).
Destaco que la misma causante admitió frente a la entrevista que mantuviera con la Dra. Arias que R (demandado) era quien la ayudaba, que le vendió su casa porque le dijo que se la guardaba por si ella quería regresar a la salida del geriátrico, que le dio su palabra lo que manifestó que le bastaba por ser su familia mientras que con respecto a la nuera (madre de los aquí accionantes) no tuvo términos agradables, dando cuenta de que “…se quedó con departamentos que no le pertenecían…” (v.fs. 226/9).
He de acentuar además que la Sra. fue internada por recomendación de sus médicos y no por decisión unilateral del sobrino, como presuntamente sugieren los actores, tal y como surge de las constancias de la historia clínica que luce agregada en la causa penal a fs. 33/40.
Así, tal y como surge del fallo penal (v. fs. 424 vta.) entiendo que con las declaraciones testimoniales recabadas, lo señalado por la escribana interviniente, lo manifestado por la propia B y demás prueba referenciada, la capacidad de discernimiento de la otorgante al momento de celebrar los actos cuestionados no pueden ser controvertidos. Máxime cuando, como lo señalé más arriba, reitero tampoco tales actos celebrados ante una actuaria fueron redargüidos de falsedad.
Subrayo en especial, la sentencia mencionada cuando refiere que “…de los testimonios brindados a lo largo de la presente investigación y la documentación recabada se desprende que la nombrada B no evidenciaba al momento de suscribir el poder que le otorgó a R una incapacidad tal como para no comprender sus actos, sino que el mismo fue llevado a cabo con la presencia de una escribana que la encontró lúcida y con conocimiento de las implicancias que ocasionaban dichos actos… Tales circunstancias me llevan a concluir que mal pudo R influenciar a la Sra. B con el objeto de defraudar sus intereses, cuando ésta actuaba libremente teniendo la capacidad suficiente para decidir al manejo de sus bienes…” (sic fs.461/72).-
En definitiva, las pruebas arrimadas no alcanzan para tener por probada la falta de discernimiento y comprensión de los actos por parte de la Sra. S. como tampoco se acreditó que hubiera habido un aprovechamiento de una parte sobre otra, es decir la mala fe de quien contrató con la fallecida en los términos del art. 474 citado.
La imposibilidad de impugnar por causa de incapacidad aquellos actos entre vivos que han sido celebrados por una persona que ha fallecido (art. 474, Cód. Civil) halla su razón de ser en la inseguridad que importaría su admisión, en tanto no sería posible indagar la verdadera situación de salud del causante al momento de otorgamiento (CApel. CC Concordia, Sala III, febrero 15, 1996. L. A. F. y otro c. P. O. A.), LL Litoral, 1997614) lo que en el caso entiendo no se logró con las pericias efectuadas oportunamente en sede penal.
La “ratio legis” del art. 474 del Cód. Civil consiste en evitar la nulidad de actos con fundamento en pruebas inseguras, cuando ya no es posible la investigación médica de la lucidez del presunto demente.
Por ello, para abonar la seriedad de la pretensión de nulidad de un acto jurídico, se exige que la demanda de incapacidad haya sido promovida con anterioridad al acto cuestionado (CApel. CC Concordia, Sala III, febrero 15, 1996. L. A. F. y otro c. P. O. A.), LL Litoral, 1997614).
Por otra parte el art. 1.045 del CCiv. reza “…Son anulables los actos jurídicos, cuando sus agentes obraren con una incapacidad accidental, como si por cualquiera causa se hallasen privados de su razón, o cuando no fuere conocida su incapacidad impuesta por la ley al tiempo de firmarse el acto, o cuando la prohibición del objeto del acto no fuese conocida por la necesidad de alguna investigación de hecho, o cuando tuviesen el vicio de error, violencia, fraude o simulación; y si dependiesen para su validez de la forma instrumental, y fuesen anulables los respectivos instrumentos”, lo que tampoco logró ser comprobado en esta litis.
Se ha dicho que la anulabilidad del acto estará sujeta a la prueba de la carencia de discernimiento al momento de celebrar el acto (cfr. Arg. Kemelmajer de Carlucci, “La demencia como base de las nulidades en el código civil”, en “Revista de Derecho Privado y Comunitario”, ed. Rubibzal-Colzoni, t. 8, págs. 32-33, 37, 60), lo que como señalé más arriba no se evidenció.
c) En ultimo lugar, resta analizar si se encuentra acreditada la mala fe de quien contrató con el fallecido, circunstancia que fue desestimada en sede penal (v.fs. 461/472) donde se dispuso su sobreseimiento haciendo mérito de que la propia B relató que su sobrino era el único que la visitaba, la sacaba a pasear y se ocupaba de ella (fs. 226/9), por lo que “…tampoco resulta descabellado suponer que la voluntad de aquella fuera favorecer al imputado con una donación y posterior venta de un inmueble, el cual se efectuó con parte de recursos del propio acusado” (sic).
Es de presumir que, si recibía de su sobrino los cuidados y la atención que ella necesitaba conforme la causante lo reconociera y surgen de las declaraciones testimoniales referidas, que hubiese querido compensarlo de alguna manera, tal como lo hizo, máxime teniendo en consideración que no dispuso de todo su patrimonio a favor del demandado, por el contrario, de sus propios dichos y de los autos sucesorios se evidencia que sus herederos recibieran una parte sustancial de sus bienes.
Así no se configuró ninguna conducta sospechosa que implique mala fe en los términos establecidos en la norma en análisis, dando aquí por reproducido lo que se expusiera anteriormente que, de haber existido alguna mengua en las actitudes de la Sra. S, dicha circunstancia era inadvertida por quienes la frecuentaban a la fecha de la firma de los actos impugnados.
Concluyo entonces que lo expuesto resulta suficiente para admitir las quejas vertidas por la parte demandada, revocar la sentencia recurrida y rechazar la demanda impetrada en todas sus partes, con costas de ambas instancias a los actores vencidos (art. 68 del CPCCN).
Conclusión:
Por todo ello y si mis distinguidos colegas compartieran mi opinión propicio al Acuerdo: 1) Admitir las quejas vertidas por la parte demandada, revocar la sentencia recurrida y rechazar la demanda impetrada en todas sus partes, con costas de ambas instancias a los actores vencidos (art. 68 del CPCCN); 2) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto sean fijados en primera instancia.-
Así mi voto.-
Los señores jueces de Cámara doctores Liliana E. Abreut de Begher y Víctor Fernando Liberman, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto. PATRICIA BARBIERI- LILIANA E. ABREUT DE BEGHER -VÍCTOR FERNANDO LIBERMAN -.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019.
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:1) Admitir las quejas vertidas por la parte demandada, revocar la sentencia recurrida y rechazar la demanda impetrada en todas sus partes, con costas de ambas instancias a los actores vencidos; 2) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto sean fijados en primera instancia.-
Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Notifíquese por Secretaría y devuélvase.-
Patricia Barbieri
Liliana E. Abreut de Begher
Víctor Fernando Liberman
B. C. O. c/F. M. A. y otro s/nulidad de acto jurídico – Cám. Nac. Civ. – Sala E – 26/11/2013
041553E
