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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 31 de julio de 2020.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. El Sr. Juez de la instancia anterior denegó la excarcelación a C. F. V. bajo cualquier tipo de caución, decisión que fue impugnada por su defensa.
En atención a lo ordenado, la parte recurrente presentó un memorial mediante el Sistema de Gestión Lex 100 por el que mantuvo los agravios expuestos en el recurso.
De tal modo, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.
II. Los jueces Ricardo Matías Pinto y Hernán Martín López dijeron:
a) Hemos sostenido anteriormente que el dictamen fiscal favorable no resulta vinculante para el Tribunal en este momento procesal. En efecto, la normativa del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) no prescribe ese carácter en relación a la opinión fiscal, sin perjuicio de que su postura pueda ser valorada en forma especial siempre que se encuentre debidamente fundada en los términos del artículo 69 del CPPN (ver, en este sentido, causa n° 26671/17, “Larrosa, C.”, rta. 24/5/17, c.n° 11847/18, “Jorge, F.”, rta. 20/03/18, y c.n° 52349/18 “Bastos Núñez, J.”, rta. 25/09/18, entre otras).
Por su parte, tal como sostuvimos en la causa nro. 80945/2019, “Berges”, resuelta el pasado 6 de diciembre, la puesta en vigencia de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal conforme ley 27.063 de acuerdo a la resolución 2/19 de la “Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal” del 13 de noviembre pasado, no ha modificado la cuestión.
En este aspecto, sostuvimos que en la exposición de motivos de la resolución citada se tuvo en cuenta al implementar los artículos de referencia que deben ser interpretados de forma tal de no modificar el sistema y pasos procesales de la ley 23.984, sin afectar los roles funcionales que tiene cada uno de los órganos en el proceso (conforme la propia exposición de motivos de la Comisión Bicameral).
En esa dirección, se destacó además que la Corte ha sostenido que para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769).
De esta manera, se tuvo en cuenta que a pesar de consagrar el Código Procesal Penal Federal según ley 27.063 un sistema acusatorio, el legislador, por intermedio de la delegación a la Comisión de Implementación de esa norma, ha resuelto disponer la aplicación de artículos que no abarcan otros de esa misma normativa que establecen que las medidas de coerción serán dispuestas a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante (confrontar artículos 209 y 220 y ss. del CPPF ley 27.063).
Las normas cuya implementación se dispuso (artículos 210, 221 y 222 del CPPF) deben entonces ser interpretadas como pautas de regulación específica para evaluar los riesgos procesales en el proceso y las medidas de coerción posibles a aplicar en forma concordante y armónica con los artículos del Código Procesal Penal de la Nación -según ley 23.984- que reglamentan la prisión preventiva (arts. 312), como los supuestos de excarcelación (arts. 316, 317 y 319).
Así, se sostuvo que de la interpretación literal de los artículos 210, 221 y 222 no se desprende la necesidad de que el acusador postule el dictado de la prisión preventiva, se trata más bien de una facultad que se le acuerda al Fiscal o la querella (artículos 210) que debe ser valorada, según las directrices trazadas por el legislador, respetando las funciones y roles de las partes y del juez en la ley 23.984.
A partir de ello se concluyó que, de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), el juez puede disponer de oficio la prisión preventiva (artículo 312), aunque con los recaudos que surgen de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal (ley 27.063).
En función de lo expuesto, mantenemos nuestra opinión en cuanto a que el dictamen fiscal no resulta vinculante para el Tribunal, más allá de que pueda ser especialmente considerado en atención al rol de la acusación en el proceso.
b) C. F. V. se encuentra procesado, con prisión preventiva, como autor del delito de abuso sexual simple.
La escala penal prevista para el delito que se le atribuye permite encuadrar su situación dentro de las dos hipótesis contempladas en el artículo 316, segundo párrafo, en función del 317, inciso 1° ambos del CPPN, en tanto el máximo no supera el tope de ocho años de prisión, y no resulta posible descartar que de recaer sentencia en este legajo, la pena sea dejada en suspenso.
En el marco de la medida contra cautelar postulada se analiza la situación de acuerdo a lo prescripto en los arts. 210, 221 y 222 del nuevo Código Procesal Penal Federal, normas cuya aplicación corresponde de acuerdo a lo resuelto por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal en la resolución 2/2019, de acuerdo a lo establecido en los arts. 7 de la ley 27.063, y 2 de la ley 27.150.
A estos fines, respecto al riesgo de fuga se tiene en consideración (art. 221 de la ley 27.063):
a. En cuanto al arraigo, se valora que el nombrado se presentó en la Comisaría junto con familiares a efectos de ponerse a disposición de la justicia, tras haber tomado conocimiento de la denuncia efectuada en su contra. En esa oportunidad, el nombrado presentó su documento nacional de identidad y brindó su correcta identificación.
Además, su cuñado A. D. C., de ocupación Oficial Ayudante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue uno de los que lo acompañó a la sede policial y también se presentó con posterioridad, ocasión en la que suscribió un acta en la que confirmó el domicilio del imputado, en donde viviría desde hace seis años (fs. 17). Dicha información también fue ratificada por la pareja de V., con quien se mantuvo comunicación telefónica (v. actuaciones policiales complementarias).
Se tiene en cuenta que no surgen de sus condiciones personales circunstancias que permitan tener por acreditada facilidad alguna para abandonar el país o mantenerse oculto.
b. En cuanto a la naturaleza del hecho, en base a la reconstrucción de lo sucedido efectuada en el auto de procesamiento, se pondera que se le imputa al nombrado un hecho de entidad que ha causado repercusiones psíquicas en la víctima (cfr. peritaje psicológico incorporado al sistema lex 100).
En este sentido, se valora que además de lo que constituyó el abordaje sexual en sí -consistente en haberle tocado la cola a la víctima en la vía pública-, también existieron episodios anteriores en los que el nombrado la habría hostigado y que culminaron precisamente en el seguimiento de la damnificada por varias cuadras el día del hecho, tras lo cual el nombrado efectuó el tocamiento indebido. Que todo ello causó, conforme surge de la prueba, consecuencias indeseadas en la víctima que se extienden más allá del hecho en sí, en tanto se han visto reflejadas en sentimientos de temor a salir a la vía pública, imposibilidad de conciliar el sueño, o el padecimiento incluso de vómitos.
Más allá de esto, el Tribunal tampoco puede soslayar que esta resulta ser, conforme surge de las constancias de la causa, el primer contacto de V. con el sistema penal en calidad de acusado. El nombrado no registra antecedentes condenatorios ni causas en trámite.
Tales extremos constituyen un punto a favor al momento de valorar la existencia o no del riesgo procesal de fuga, en tanto que además, conforme se explicara precedentemente, la escala penal prevista para el delito de abuso sexual simple, sumada a la ausencia de antecedentes condenatorios, autorizaría a que, de recaer una sentencia condenatoria en estos actuados, la pena pueda ser dejada en suspenso (art. 26 del Código Penal).
c. En cuanto al comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión u otros anteriores, cabe indicar que, como se sostuvo, el nombrado fue quien se presentó en la Comisaría, más allá de que esto haya sido consecuencia de la agresión de vecinos quienes le recriminaban por el presunto ilícito que habría protagonizado.
Por otra parte, también se tiene en cuenta que se identificó correctamente, se encuentra debidamente anotado en el Registro Nacional de Reincidencia, y no registra ninguna rebeldía.
El análisis global de los extremos antes descriptos permite verificar la inexistencia de un peligro de fuga cuya entidad sólo pueda ser neutralizada a partir de su detención cautelar, de manera que corresponderá ahora ingresar en el análisis del otro supuesto que podría justificar eventualmente la adopción de la medida dispuesta por el a quo.
Así es que, en relación al peligro de entorpecimiento, se verifican ciertas pautas que se deben valorar a tenor del art. 222 del CPPF.
En este sentido, tres circunstancias permiten tener por acreditado, más allá de lo alegado por la defensa, la existencia del riesgo procesal en cuestión.
En primer lugar, se pondera que la víctima exteriorizó de manera clara su temor de sufrir consecuencias a raíz de la denuncia contra el nombrado.
En este sentido, relató a la psicóloga del Cuerpo Médico Forense que “siento miedo… creo que ahora está detenido y si le liberan y se va y me busca y me hace algo… Quería ir a comprar y estoy mirando por todos lados (llanto), miedo para salir con mi hija, a tomar un taxi y le pedí ayuda a mi vecina… tengo miedo… o que mande a alguien… en La Boca es peligroso, él se droga, fuma y tiene amigos o por ahí me quieren hacer algo… estuve con insomnio, de lo que me paso me costaba dormir, por eso me vine a lo de mi comadre, porque no me siento segura donde estoy, más con mi hija sola y ahora sí estoy todo el tiempo con la llave puesta, tengo miedo… me pasa bastante que alguien me habla y pienso en otra cosa, me siento dolida. Me siento que estoy sola con mi hija, y trato de no mostrar, más por ella…. El día que me pasó, dos días estuve con vómitos, como que tenía asco, vomité todo el día, me acordé de su cara sonriendo y se fue corriendo yo me quedé helada”.
Acreditada entonces tal circunstancia, que debe ser tenida en cuenta por el Tribunal frente a la necesidad de garantizar que la nombrada se encontrará en condiciones de declarar en un eventual juicio, también se desprende de las constancias un dato objetivo conexo con aquélla, cual es la de que el domicilio brindado por el imputado (…………, de esta ciudad) se encuentra ubicado a escasos metros del de la víctima (……….., de esta ciudad).
Finalmente, también se pondera que los involucrados no eran desconocidos. Por el contrario, D. S. S. R. D. detalló que desde hacía varios meses el imputado se dirigía a ella en la vía pública de manera inapropiada y conocía dónde vivía.
Todos estos elementos descriptos permiten entonces descartar el argumento de la defensa de que el peligro de entorpecimiento surge sólo a partir de una argumentación aparente del a quo.
Sin embargo, la acreditación de dicho peligro no conlleva ineludiblemente y de manera automática el dictado de la detención cautelar, en tanto que de existir otros medios menos lesivos, se debe recurrir a ellos (cfr. artículo 210, inciso “k”, a contrario sensu, del Código Procesal Penal Federal).
En ese marco normativo, resulta ineludible para el Tribunal valorar la cuestión relativa a la eventual desproporcionalidad que podría implicar el mantener el dictado de su prisión preventiva.
Sin perjuicio de ello, a la misma vez, y conforme surge del peritaje agregado a la causa, nos encontramos frente a una víctima que se encontraría en condiciones de vulnerabilidad, lo que impone la necesidad de que el Estado vele especialmente en estos casos por su seguridad y adopte las medidas necesarias para garantizar sus derechos (artículos 4 -inciso “b”-, 6 -inciso “b”- y 8 -inciso “b”- de la Ley 27.372; artículos 1 y cctes. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, conforme Acordada 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
De esta manera, al conjugar todas las circunstancias previamente analizadas, la Sala entiende que la única forma de conciliar los distintos intereses en juego resulta de momento el mantener su detención cautelar.
La medida de coerción debe ser confirmada por ser indispensable en tanto las alternativas previstas en los artículos 310, 320, 321 y 324 del Código Procesal Penal de la Nación y las descriptas en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, conforme ley 27.063, lucen insuficientes para evitar el peligro de entorpecimiento reseñado.
Cabe destacar que una caución juratoria, como ser la promesa del imputado, la obligación de someterse al cuidado de una persona, de presentarse ante la autoridad, la prohibición de salir del país y la retención de documentos de viaje, resultan todas ellas inidóneas a fin de garantizar la aplicación de la ley, al evaluar que dependen de la mera voluntad del procesado (art. 210 -inc. a, b, c, d y e-). Así, de acuerdo a las pautas reseñadas, el riesgo de que, de recuperar su libertad y frente a la cercanía de los domicilios de los involucrados, el imputado contacte a la víctima y la amedrente, de manera que se concreten los temores por ella manifestados, no puede ser neutralizado mediante una mera promesa de aquél.
Es que en el supuesto de autos, y atento lo dicho precedentemente, las circunstancias apuntadas permiten aventurar que V. no se someterá a las cargas que pudieran imponerse en el supuesto de recuperar su libertad.
Por otro lado, la vigilancia del encausado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física (art. 210, inc. i y j del CPPF), también luce inconducente al tener en consideración las circunstancias expuestas en el párrafo que antecede y en función de la intensidad del peligro reseñado.
En cuanto a la posibilidad de disponer del arresto domiciliario, deben diferenciarse dos alternativas.
Dicho planteo fue introducido en un primer momento por la defensa oficial, que ofreció como vivienda la residencia real de V. (………, de esta ciudad). Ese domicilio, tal como se sostuvo precedentemente, se encuentra localizado a escasos metros de donde reside la víctima, de manera que, frente al temor evidenciado por ésta y las restantes pautas consideradas, no resulta razonable conceder tal petición, en tanto no podría neutralizarse un eventual contacto que ponga en peligro esta investigación.
Ahora bien, el nuevo letrado defensor de V., en el memorial presentado de manera electrónica, sostuvo que éste “podría vivir en la casa de su Madre sito en la calle ……… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de evitar cualquier tipo de contacto con la denunciante”, extremo que, en el contexto analizado, podría tener cierta viabilidad.
Sin embargo, surgen varios interrogantes que deben ser evacuados previo a poder abordar este nuevo planteo.
En primer lugar, el propio defensor alegó que en dicha vivienda sólo podría residir durante “un plazo de 30 días”, sin explicitar motivos de esto ni alternativas a adoptar una vez culminado dicho plazo. Corresponde destacar que por lo dicho anteriormente, debe descartarse la posibilidad de que el nombrado pueda cumplir dicha medida en el domicilio real. Por lo expuesto, resulta evidente la necesidad de que previo a adoptar la medida propuesta, la parte debe encargarse de ofrecer al Tribunal las condiciones que hagan viable dicha petición; concretamente, el lugar donde continuará el arresto domiciliario una vez transcurrido el plazo en cuestión.
Además de esto, cabe también hacer referencia a que el nuevo domicilio introducido en el memorial no se ha constatado ni se ha realizado un informe ambiental, medidas que tendrá que ordenar el Sr. Juez de grado. En dicha oportunidad, también se deberán practicar las diligencias que permitan esclarecer si resulta posible allí -o en el domicilio que la defensa aporte para cumplir con la medida cautelar- la implantación del sistema de control del cumplimiento a partir de una pulsera electrónica.
Así las cosas, la prisión preventiva se presenta de momento y hasta tanto se evacúen los interrogantes antes descriptos, como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley al caso por cuanto las alternativas no son suficientes para asegurar que V. no entorpecerá la investigación. Es que, tal como se sostuvo anteriormente a partir del informe psicológico obrante en autos, nos encontramos frente a un caso en el cual la víctima, atento a su estado de vulnerabilidad y temores exteriorizados, debe ser protegida y, al menos de momento, ninguna alternativa a la prisión preventiva puede lograr dicho cometido.
Tampoco resulta posible perder de vista que el tiempo en detención en el presente proceso es de tan sólo 16 días, verificándose que la instrucción es sencilla, ya se ha materializado la prueba fundamental para esta etapa, y se estima que en breve la causa se encontrará en condiciones de elevarse a tribunal oral, de manera que la eventual realización del juicio no se pronostica como lejana.
Por todo lo dicho, votamos por confirmar la decisión del Sr. Juez, con los alcances que surgen de los considerandos que preceden.
El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo:
En casos análogos al aquí analizado, en los que el Ministerio Público no se ha opuesto a la concesión de la excarcelación, he sostenido que “teniendo en cuenta el desinterés de la parte acusadora en adoptar cualquier medida restrictiva de la libertad, superado el control de legalidad, no se advierte razón alguna para convalidar el auto en crisis frente a la ausencia de contradictorio entre ambas partes” (ver CCC, Sala VI, las causas nro. 20.499 “González, E. J.”, del 28/04/2016 y de la Sala V “Diozquiez, N. E.” del 3/02/2014 entre otras).
Por otro lado, teniendo en cuenta el análisis efectuado por mis colegas relativo a los peligros subyacentes en el caso, estimo apropiada la imposición de una caución de tipo real de cinco mil pesos ($5.000), en función de sus condiciones personales, además de la restante obligación peticionada de manera expresa por el fiscal de instrucción, consistente en la prohibición de acercamiento de C. F. V. respecto de D. S. S. R. D. mientras se sustancie el presente proceso.
Así voto.
En mérito a lo que surge del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR el auto que denegó la excarcelación a C. F. V., en todo cuanto fue materia de recurso.
Notifíquese a las partes, hágase saber al juzgado mediante DEO, encomiéndesele se notifique a la víctima, y remítase mediante el sistema de gestión Lex-100.
Ricardo Matías Pinto
Rodolfo Pociello Argerich
-en disidencia-
Hernán Martín López
Ante mí:
Mónica de la Bandera
G., J. A. s/abuso sexual – excarcelación – Cám. Nac. Crim. y Correc. – Sala V – 19/06/2020 – Cita digital IUSJU001322F
001812F
