Se prorroga por un año el plazo de prisión preventiva al acusado por la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en el país. Se destaca que el imputado se desempeñaba como secretario judicial y luego como fiscal federal, y fue acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la acción penal y encubrimiento. La prórroga de la medida cautelar se decide sobre la base de la existencia de riesgos procesales nacientes de la particular gravedad de los delitos imputados al encartado.
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