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JURISPRUDENCIALibertad sindical. Reinstalación del trabajador. Abuso ius variandi
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda por violación al principio de libertad sindical, habida cuenta de que el cambio de lugar de trabajo y horario efectuados al solo efecto de evitar que el actor desarrolle sus actividades gremiales resultan violatorias de la tutela sindical, por lo que debe reinstalarse al trabajador en su puesto anterior.
En la Ciudad de Buenos Aires, 14-4-15 para dictar sentencia en los autos caratulados “CASTILLO, MARCELO ALBERTO C/ REX ARGENTINA S.A. S/ JUICIO SUMARÍSIMO” se procede a votar en el siguiente orden:
El Dr. Álvaro E. Balestrini dijo:
I.- La sentencia de primera instancia viene apelada en cuanto al fondo por la parte demandada a tenor del recurso deducido a fs. 74, mereciendo la réplica de la contraria conforme constancias de fs. 86/88. Asimismo, la parte actora cuestiona la regulación de honorarios efectuada en favor de su representación y patrocinio letrado por entenderla exigua (v. fs. 92).
II.- En primer término me abocaré al tratamiento de la queja deducida por la parte demandada la cual, de prosperar mi voto, no tendrá recepción favorable.
Digo ello pues el recurso deducido arriba desierto a esta Alzada, dado que no reúne los requisitos de admisibilidad establecidos por los arts. 116 de la L.O. y 265 del C.P.C.C.N.
Repárese que la quejosa se limita a expresar su disconformidad con lo decidido y a afirmar, de modo dogmático, que la Dra. Temis no habría fundamentado adecuadamente su decisión de reinstalar al Sr. Castillo en su puesto, de acuerdo a las condiciones que gozaba con anterioridad a la modificación instrumentada por la patronal en relación con su horario y lugar de trabajo.
Por el contrario, luego de una detallada lectura de la sentencia de grado, se advierte que es la recurrente quien no se hace cargo de los fundamentos que, para así decidir, ha expuesto la judicante, a mi ver, con total acierto; y por ello el recurso luce irremediablemente ineficaz (art. 116 de la ley 18.345).
Nótese que la magistrada, luego de ponderar todas las circunstancias fácticas y procesales de la Litis, particularmente, aquellas vinculadas a la operatividad en el caso de lo dispuesto por el art. 356, inc. 1º del C.P.C.C.N., (extremo que se encuentra fuera de debate), tuvo por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos que se refieren en el inicio; entre los cuales destacó, especialmente, que el Sr. Castillo, operario de limpieza de la demandada, desarrolló una importante actividad gremial en las terminales “B” y “C” del Aeropuerto de Ezeiza hasta mayo de 2009, cuando la accionada dispuso su traslado a los hangares de Aerolíneas Argentinas, en otro horario laboral.
Sobre tales premisas, la Dra. Temis determinó que la modificación adoptada por la demandada implicó una transgresión a la libertad y a la democracia sindical, en tanto impidió su ejercicio regular que, en el caso, se concretaba a través de la actividad desplegada por el actor en su habitual lugar y horario de trabajo.
Concluyó que, de lo contrario, se produciría la negación de bienes jurídicos trascendentes que afectan no sólo al reclamante, sino a todo el colectivo laboral, por lo que dispuso su reinstalación en el puesto, de acuerdo a las condiciones laborales anteriores al cambio, con fundamento en los arts. 66 de la LCT; 3º, 4º, 43, 47 y 53, inc. “g” de la ley 23.551; 1º de la ley 23.592 y 43 de la CN.
Ningún aspecto de dicho razonamiento ha sido cuestionado por la apelante, ni aún de modo tangencial, por lo que -reitero- resulta claro que la presentación recursiva bajo análisis no cumplimenta el requisito de fundamentación previsto por el art. 116 de la L.O.
Análogas consideraciones le caben a las manifestaciones referidas a que la magistrada de grado no habría explicitado como se configuraría la aludida “… negación de bienes jurídicos trascendentes…” (v. fs. 74 vta.), toda vez que de los términos del decisorio se desprende que el cambio decidido por la accionada impide (o, al menos, dificulta en sumo grado) el ejercicio, por parte del actor, de su actividad gremial habitual, lo cual resulta evidente si se considera que pasaría a desempeñarse en otro lugar y en otro horario de trabajo.
Tal modificación, como bien señaló la Dra. Temis, no sólo lo perjudicaría a él, sino a todos sus compañeros, quienes perderían un referente gremial o una suerte de delegado “de hecho”, calificación que bien podría asignársele al actor de acuerdo a las actividades reseñadas en el inicio (v. fs. 5), las cuales se han tenido por reconocidas (arg. cfr. art. 356, inc. 1º del C.P.C.C.N).
En tal contexto, no cabe sino declarar desierto al recurso interpuesto y, consecuentemente, desestimarlo en su totalidad, lo que me lleva a confirmar el pronunciamiento recurrido en todas sus partes. Así lo voto (arg. cfr. art. 386 C.P.C.C.N.).
Sin perjuicio de lo expuesto, y a mayor abundamiento, he de destacar que la quejosa tampoco cuestiona lo apuntado por la sentenciante en relación con el incumplimiento de la medida de no innovar ordenada a fs. 15/17, oportunidad en que la empleadora fue emplazada a restituir al Sr. Castillo sus condiciones laborales anteriores durante la tramitación del presente proceso.
Al margen de las consecuencias procesales que pudiesen derivarse de tal reticiencia, lo cierto es que constituyó otra conducta de la empleadora tendiente a frustar la actividad gremial del reclamante y, por tanto, contraria al principio de libertad sindical.
Al respecto he sostenido en otros casos análogos que la plena vigencia de este principio requiere de garantías que aseguren su exigibilidad, máxime cuando el art. 47 de la ley 23.551 consagra el derecho a recabar el amparo ante un tribunal judicial a todo trabajador (sin efectuar distinciones) que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la misma ley, a fin de que aquél disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical (ver mi voto in re “Castro Erika Andrea c/ Casino Buenos Aires S.A. Compañía de Inversiones en Entretenimientos S.A. U.T.E. s/ Juicio Sumarísimo”, del registro de esta Sala IX, sentencia Nº 16.920 del 11 de abril de 2011).
En el particular caso de marras, la decisión de la recurrente de trasladar y modificar el horario de trabajo del trabajador, cuya actividad gremial en el establecimiento ha sido reconocida (arg. cfr. art. 356 inc. 1º del C.P.C.C.N.), constituyó una conducta tendiente a impedir o a obstaculizar actos del ejercicio de la libertad sindical, por lo cual no puedo más que compartir el criterio de la sentenciante de encuadrar el caso en el art. 47 de la ley 23.551.
Por lo demás, lo cierto es que la demandada ni siquiera ha esbozado la justificación de la modificación intentada, por lo que la medida tampoco cumple con la razonabilidad exigida por el art. 66 de la LCT y trasunta, por lo tanto, un ejercicio abusivo e inválido de la facultades legalmente conferidas al empleador.
Los argumentos expuestos, los cuales -reitero-, deben ser sumados a las sólidas conclusiones de la sentencia de primera instancia, las que comparto “in totum”, me llevan a proponer la confirmación de lo decidido y, consecuentemente, a la desestimación de los agravios bajo análisis.
III.- Por último, considero que la parte actora carece de interés recursivo para cuestionar por bajos los honorarios correspondientes a la letrada que la representó (Dra. Liliana Alejandra Alaniz). En efecto, de la lectura del escrito glosado a fs. 92 se desprende que la profesional firmante no se dirige a esta Cámara por su propio derecho sino por su “parte”, es decir, en nombre de su representada, quien, como tal, carece de interés para formular dicha pretensión, en la medida que la decisión que intenta cuestionar no le provoca agravio alguno.
IV.- En atención a la forma en que se resolvió el debate y la existencia de réplica, propongo imponer las costas de esta instancia a cargo de la demandada recurrente, quien resulta vencida (art. 68 del CPCCN), y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por sus actuaciones ante esta alzada, en el …% para cada una de ellas, que se calcularán sobre lo que les corresponda percibir a cada una por su actuación en la instancia anterior (arts. 38 de la L.O., y 14 ley arancelaria).
El Dr. Roberto C. Pompa dijo:
Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.
El Dr. Mario S. Fera no vota (art. 125 de la L.O.).
Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar los pronunciamientos de fs. 65/66 y fs. 91 en todo cuanto deciden y hubiesen sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la demandada vencida y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por su actuación ante esta alzada, en el …%, para cada uno de ellas de cuanto les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.
Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Roberto C. Pompa
Juez de Cámara
Álvaro E. Balestrini
Juez de Cámara
Ley 23551 – BO: 22/04/1988
https://www.erreius.com/Login?r=erreiusgestion&urlshp=/sitios/Erreius/Legislacion/1988/03/23/20110921115714770.docxhtml
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