Se ordena la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo, el pago de los salarios caídos y el resarcimiento del daño moral, atento a que se interpretó que la decisión rupturista de la empresa fue motivaba por la actividad sindical del actor. Se destacó la aplicación de la teoría de las cargas de la prueba, como también la recepción de los precedentes de la Corte que habilitan la aplicación de la ley 23592 al derecho laboral.
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