Se revoca la sentencia apelada y se cambia la doctrina legal hasta ahora vigente según la cual el pronunciamiento que acogía la pretensión de exclusión de la garantía sindical, en cuanto se limita a resolver acerca de la verosimilitud del planteo propuesto, no se extendía al mérito de la decisión a adoptar por el empleador, con lo que tal aspecto esencial de la cuestión debía dirimirse en un litigio posterior. En ese sentido, será el trámite sumarísimo único a sustanciarse ante el tribunal de trabajo competente donde deba darse el debate sobre los hechos alegados y probados que permita al juzgador definir la legitimidad de la pretensión de desafuero.
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