Se hace lugar a la demanda por despido discriminatorio interpuesta por el trabajador, en tanto su despido se produjo como consecuencia de su actividad sindical y política. Se ordena la reinstalación del actor en su puesto y el pago una indemnización por daño moral. El accionante logró incorporar indicios razonables respecto a que su actividad sindical fue el motivo real de su desvinculación, mientras que la empresa empleadora no incorporó ningún elemento justificante del supuesto mal desempeño laboral del actor.
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