Se condena a un imputado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor del delito de amenazas y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género contra su expareja, y se dispone la conformación de un cuerpo con especialistas en violencia contra la mujer para el tratamiento del mismo. En los fundamentos del fallo se ratifica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba para este tipo de delitos.
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