Se confirma la sentencia que rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado contra el decreto 936/2011, el cual dispone -con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República- la prohibición de avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio. Ello así, al advertirse que el mismo era una norma reglamentaria que guardaba un carácter instrumental para hacer efectivos los objetivos de las leyes 26364 y 26485; se conectaba con dos de los fines previstos, prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Asimismo, se recordó que las medidas de protección hacia la mujer cuentan con un marco constitucional explícito en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, en tanto reconoce que se trata de un colectivo vulnerable, y en la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que posee jerarquía constitucional.
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