Se hace lugar a la acción entablada contra el empleador de una abogada y se condena a este último a abonarle las indemnizaciones legales debidas por irregularidades registrales más el daño moral sufrido, en tanto se tuvo por probado que la disolución del vínculo había operado en circunstancias en las que la trabajadora se encontraba en especial situación de vulnerabilidad debido a su estado de salud, por haber sufrido abuso sexual por parte de un cliente mientras trabajaba para la demandada. Es que si bien el criterio generalizado es que la indemnización tarifada prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo cubre todos los daños derivados del despido arbitrario, no podía soslayarse que en este caso puntual el demandado demostró una conducta de indiferencia frente a la denuncia de un hecho grave de violencia, a sabiendas de que la actora no contaba con obra social ni aseguradora de riesgos del trabajo, y por tanto esa situación de desconsideración hacia la persona de la trabajadora dentro de su ámbito laboral y familiar debía ser reparada.
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