En el marco de una denuncia sobre violencia de género, se rechaza la aplicación de la suspensión de juicio a prueba a favor del imputado, habida cuenta la oposición expresa de la víctima para su procedencia. En virtud de ello, el tribunal interpretó que la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquel estadio procesal -debate oral- la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle.
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