Se confirma la sentencia que rechazó la acción de daños y perjuicios interpuesta por los herederos de quien fuera titular de una unidad funcional rematada por un consorcio de propietarios, al concluirse que las irregularidades advertidas judicialmente en el juicio ejecutivo por expensas y que motivaron la declaración de nulidad de la intimación de pago a quien había fallecido hacía más de una década no justificaba por sí la acreditación de los presupuestos de la responsabilidad civil ya que aquel proceso tenía una finalidad muy distinta de aquella que daba sustento al presente.
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