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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Acusación calumniosa contra la administración del consorcio de propietarios
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios, por entender que la demandada había actuado con temeridad o ligereza culpable al acusar penalmente a la actora, causándole un daño.
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina a los 3 días del mes de octubre de 2017, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F”, para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.
Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. POSSE SAGUIER. GALMARINI ZANNONI.
A la cuestión propuesta el Dr.Posse Saguier dijo:
I.-Karina Marceca promovió la presente demanda por daños y perjuicios derivados de una acusación calumniosa que le habrían efectuado los emplazados Blanca Azucena Ventromile de Castiñeira, María Isabel Patricia Castiñeira y Castimar S.A.
Relató que en su carácter de administradora de consorcios, fue atacada por los demandados en 1994 y que los hechos tuvieron su punto máximo con la denuncia penal que le efectuaron por administración fraudulenta en el año 1999, que incluyó dos allanamientos por parte del juzgado interviniente y que concluyó con su sobreseimiento.
Sostuvo que pese al resultado de la mencionada causa penal, las agresiones hacia su persona continuaron y le generaron los daños que describió en el escrito de inicio.
El pronunciamiento de grado admitió las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por las dos primeras de las nombradas, con costas en el orden causado. A su vez, hizo lugar a la demanda contra Castimar S.A. y, en consecuencia, la condenó al pago de la cantidad de $ 33.000 con más intereses y accesorios.-
Apeló María Isabel Patricia Castiñeira y expresó agravios a fs.943. Castimar S.A. hizo lo propio con la presentación de fs.945/949. La actora expresó agravios a fs.952/957. Las contestaciones obran a fs.959/960, fs.961 y fs.963/965.
II.- Ante todo, debe señalarse que, dada la fecha de la denuncia de ocurrencia del hecho, tanto la responsabilidad como las consecuencias dañosas derivadas de ella deberán ser analizadas en orden a las previsiones contenidas en el anterior Código Civil (conf.art.7 del Código Civil y Comercial ley 26.994, esta Sala en autos caratulados: “Benitez Pamela Lura Noemí c/Arrieta Roberto Sergio y otros s/daños y perjuicios” sentencia del 15 de diciembre de 2015).
Por de pronto, cuadra recordar que el Código Civil establecía que para que se configure la acusación calumniosa contemplada en el art.1090 del Código Civil, deben reunirse los siguientes requisitos:1°) imputación de un delito de acción pública; 2°) acusación ante autoridad competente; 3°) falsedad del acto denunciado y 4°) conocimiento de la falsedad por parte del acusador, que en la especie actúa como dolo. Y, como bien lo sostuve en un precedente de esta Sala (conf.: causa libre nº 319.469 del 13/09/2001), el factor subjetivo de imputación no se limita al dolo como surgiría de la letra del precepto mencionado, sino que la falta de este último elemento no excluye que la acusación pueda ser culposa, en cuyo caso comprometería, en cuanto cuasidelito civil, la responsabilidad del acusador (conf.: Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil”, t. IV-A, nº 2390, pág. 107 y sgte., 4ª. ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012; íd. “Código Civil Anotado”, t. II-B, coment. Art. 1090, secc. Doct. Núm. 6, pág. 376; Colombo, L.A. “Responsabilidad Civil derivada de querella o denuncia calumniosa” en L.L. 58-987; Bustamante Alsina, J. “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág. 350, núm. 852; Borda, G.A. “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones- t. II, pág. 274, núm. 1354, La Ley, 2008; Kemelmajer de Carlucci, A. en A.C. Belluscio-E. Zannoni en “Código Civil y leyes complementarias”, vol. 5, coment. Art. 1090, pág. 255 y sgtes., núm. 6, apart. f;). En otras palabras, se ha extendido la responsabilidad civil a los supuestos de denuncia culposa “cuando el comportamiento negligente o imprudente del denunciante configura la culpa grave o lata”. De allí que se haya dicho también que la actividad de colaboración con los órganos judiciales o de policía en el descubrimiento o castigo de los delincuentes, no es argumento suficiente para quedar impune frente a acusaciones nacidas de imprudencia grave o ligereza inexcusable o temeridad” (conf.: Mosset Iturraspe, J. “Responsabilidad por daños”, t. 2-B, pág. 238, núm. 240, apart. c).
III.- De la causa penal -que en este acto tengo a la vista (expte. nº 37.312/1999)-, surge que fueron imputados Jorge Hugo Marceca S.R.L., Jorge Hugo Marceca y Karina Marceca por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y estafas reiteradas (arts. 45,55, 172 y 173, inc. 7º del Código penal). La denuncia fue realizada por el apoderado de la firma Castimar Sociedad Anónima Comercial Financiera y de Servicios.
En su denuncia el apoderado de la entidad indicó que en su carácter de propietario de 24 unidades funcionales del consorcio en avenida Santa fe N° … de esta Ciudad. Agregó que la administración del consorcio fue ejercida por Jorge Hugo Marceca hasta el año 1992 cuando por resolución asamblearia del 20 de agosto de ese año se decidió que la administración quedara a cargo de Jorge Hugo Marceca S.R.L.
Concretamente fundó la denuncia penal en los siguientes hechos: a) que la sociedad Jorge Hugo Marceca S.R.L. se hizo cargo de la administración de forma irregular; b) que no se realizaron asambleas ordinarias ni extraordinarias desde el año 1992, ni se rindió cuentas documentadas de su gestión y tampoco se exhibieron los libros contables ni la documentación que respaldara los gastos realizados; c) que las liquidaciones de expensas presentaban errores contables, previsiones no devueltas, rubros indescifrables pasados como gastos, conceptos de rubros insólitos, etc; d) que no se confeccionaron balances por los ejercicios desde 1992 a 1998, y pese a ello se liquidaron gastos por la confección de balances; e) que se pagó para que se hiciera el cambio de cableado telefónico interno del edificio y se constató que dichos trabajos no se realizaron; f) que figuran realizados pagos en nombre del consorcio de sumas exorbitantes y manifiestamente excesivas con respecto a los precios de plaza por trabajos de plomería, reparación de ascensores, impermeabilización de muros medianeros, pintura, etc; g) Antecedentes penales, deudas.
La denuncia fue ratificada en forma personal por el apoderado de la empresa a fs.11/12.
A fs.21 se dispuso el secuestro de la documentación relativa a los gastos de la sociedad Castimar, libros contables de la empresa, liquidaciones mensuales, recibos de pago, balances del año 1992 al 1998 que se encontrarían en poder de Jorge Hugo Marceca S.R.L. y/o Jorge Hugo Marceca y/o Karina Marceca. Dicha medida fue efectivizada según acta obrante a fs.30/31.
Karina Marceca se presentó a estar a derecho a fs.44/52 ejerciendo las facultades conferidas por los arts.73 y 279 del C.P.P. (declaración espontánea), que la amplió personalmente conforme se desprende del acta de fs.71/76.
A fs.86 se designó – por intermedio del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – un experto para que se expida sobre los puntos de pericia allí detallados. El dictamen fue presentado a fs.105/107.
Recabada que fuera la documentación pertinente, oída la parte imputada y realizada la pericia contable, y dictamen del Sr.Fiscal en lo Criminal obrante a fs.109/110, el tribunal dictó sentencia a fs.112/113.
Por de pronto, es de hacer notar que el dictamen fiscal no sólo descartó la posibilidad de que hubiese existido el desfalco atribuido a la administración, sino también que todos los gastos reales computados como egresos en los asientos contables tienen su correspondiente comprobante respaldatorio ordenadamente archivado. A su vez, el pronunciamiento penal fue claro y preciso al destacar que, conforme el resultado del dictamen pericial en esas actuaciones, era dable concluir que no se había acreditado la existencia de desvío de fondos en beneficio de la administración o de un tercero, y que todas las erogaciones, ingresos y egresos se encontraban debidamente documentados con elementos que respaldaban la gestión.
En suma, el señor juez penal destacó que, de la documentación analizada, no se advertía que el consorcio hubiese sido perjudicado por maniobra alguna.
Por otra parte, en el aludido pronunciamiento se puso en evidencia que el problema del consorcio tiene que ver con la disconformidad de la administración, por lo cual correspondía que, en su caso, se debían utilizar los medios que el estatuto prevé a los efectos de lograr la remoción y nombramiento de otro administrador que se adecue a sus exigencias.
En relación a la irregularidad relativa a la manera en que se hizo cargo la administración Jorge Hugo Marceca S.R.L. en el año 1992, resaltó el juzgador que ese aspecto era un tema ajeno a la justicia del crimen, pues desde el momento mismo en que se tomó conocimiento de tal anomalía y si además había disconformidad, el consorcio era quien debía prever la facultad de autoconvocarse a los fines que considerasen pertinente.
Por último, se puso en evidencia que resulta común desde hace un tiempo utilizar al fuero penal para dilucidar cuestiones que netamente competen al ámbito privado, y que de ningún modo corresponde ampliar el ámbito jurisdiccional a los fines de simplificar y apresurar las pretensiones ajenas al ámbito específico de la justicia represiva.
IV.- Como se ve, y aun cuando no se me escapa que no toda denuncia de delitos es apta para generar responsabilidad civil, considero que los antecedentes reseñados de las actuaciones penales, son suficientemente demostrativos y elocuentes de que, en este supuesto, la demandada formuló la denuncia con temeridad o ligereza culpable. Es que, precisamente, la accionada atribuyó una serie de irregularidades e imputaciones con relación a la administración que las conclusiones de la pericia contable descartan, a tal punto que el Fiscal de la causa señala que ese estudio técnico acredita que no ha existido materialmente administración infiel alguna, así como también que los hechos que se presentan como constitutivos de posibles hipótesis delictivas no se han comprobado de ninguna manera (véase fs. 110 de la causa penal).
Además, tal como lo destacara el señor juez penal al dictar el sobreseimiento, si la demandada se hallaba disconforme con la administración del edificio, debió formular los planteos correspondientes dentro del ámbito específico de la comunidad consorcial, utilizando para ello el reglamento de copropietarios y la ley de Propiedad Horizontal, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una empresa que es titular de 24 unidades funcionales del edificio en cuestión.
Por lo expuesto, juzgo que en el caso, aun cuando no surja suficientemente acreditado que la denunciante hubiese actuado con dolo, hay elementos demostrativos de que sí lo hizo al menos con temeridad o ligereza culpable, tal como se dijo anteriormente y, por ende, causando daño en las legítimas afecciones de la aquí actora, que a tenor de la norma general del art. 1109 del Código Civil, es susceptible de reparación. Consecuentemente, habré de propiciar la confirmación de la sentencia en este aspecto.
V.- La actora se queja porque el juzgador desestimó el resarcimiento por incapacidad física reclamado.
El dictamen pericial obrante a fs.649/652 da cuenta de que si bien la actora presenta un hipotiroidismo posterior a los eventos que determinaron la iniciación de este entuerto, concluye que no es posible asegurar que tuviera su origen en el estrés padecido.
En referencia a las críticas expuestas sobre la tarea pericial, sabido es que la impugnación de la misma debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se fundó el dictamen. El Juez solo puede apartarse del asesoramiento pericial cuando contenga deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho o por fallas lógicas del desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación. En el caso las observaciones realizadas por la parte actora no aparecen avaladas por otras probanzas de mayor rigor científico que desmerezcan la labor pericial. (cfr. Palacio, “Derecho procesal Civil” T° IV, pag, 720).-
Por lo demás, el peritaje aparece sustentado en los conocimientos y experiencia profesional del experto, quién en su contestación de fs.669 no dejó lugar a dudas respecto de los fundamentos que avalan sus deducciones, siendo ello así y a la luz de lo estipulado en los arts. 386 y 477 del Código Procesal no cabe más que aceptar dichas conclusiones.
De allí que, pese al esfuerzo argumental de la apelante, lo cierto es que no se ha logrado acreditar que la afección que padece la accionante tuviese vinculación -ni siquiera concausalmente- con la denuncia formulada en su contra. Por tanto, habré de propiciar el rechazo de esta partida, tal como lo hiciera el sentenciante.
Por ende, deberán desestimarse los agravios de la actora y, en consecuencia, confirmar este aspecto del fallo.
VI.- El pronunciamiento de grado consideró que correspondía ponderar el daño psíquico al cuantificar el daño moral. La actora cuestiona el criterio sostenido por el juzgador por entender que el daño psíquico tiene autonomía y debe fijarse independientemente del daño moral. Por su parte, la demandada sostiene que este resarcimiento no tiene relación causal con el hecho en cuestión.
En la especie, el experto sostuvo en el dictamen ya mencionado en el apartado anterior, que los sucesos que dieron origen a las presentes actuaciones han tenido la suficiente capacidad de provocar un estado de perturbación emocional. Agregó que se trató de un trauma que es un suceso externo, sorpresivo y violento, que en determinado momento actúa en la vida de una persona y que esta no es capaz de responder de modo adaptivo pudiendo provocar efectos patógenos duraderos en la psiquis. Sostuvo el facultativo que, en el caso, el estado actual de la damnificada guarda nexo de causalidad con los hechos que dieron lugar al conflicto. Concluyó que la actora presenta un cuadro reactivo postraumático con vivencias de ansiedad y fobias leves.
Y, si bien estimo un grado de incapacidad del 5%, lo cierto es que en ningún momento sostuvo que dichas secuelas fueran de carácter permanente. Por el contrario, al recomendar la realización de un tratamiento psicológico sostuvo que éste le ayudaría a resolver el cuadro padecido. En tal situación, ninguna duda cabe que no está acreditado en autos que las secuelas psíquicas padecidas revistan carácter permanente, sino meramente transitorias y, por tanto, no corresponde la fijación de una suma por tal concepto. Ello, sin perjuicio de que se valore dichos perjuicios al cuantificar el daño moral.
De allí que habré de propiciar la confirmación de este aspecto de la sentencia.
VII.- El juzgador estableció en concepto de daño moral la cantidad de $ 25.000. Mientras la actora se queja por considerar exiguo su monto, la demandada lo hace reclamando su rechazo.
En lo tocante a los agravios de esta última, considero que no es dudoso sostener que la injustificada denuncia penal que formulara, ha lesionado las afecciones legítimas de la actora, poniendo en entredicho el bien jurídico de su honor, tanto desde el punto de vista subjetivo, como desde el objetivo de su reputación, debiendo enfrentar un estado de sospecha en su honorabilidad como persona de bien, al atribuírsele los delitos de administración fraudulenta y estafa reiterada sin que la denunciante contara con elementos que justificasen la promoción de la causal penal en la cual fue sobreseída.
En función de ello, ninguna duda cabe acerca de la procedencia del resarcimiento en examen, por lo que habré de desestimar los agravios de la demandada en este punto.
En lo que hace a su monto, sabido es que su fijación resulta de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del juzgador.
En la especie, ponderando la entidad de la denuncia y que ésta, sin duda, produjo una perturbación a sus afecciones íntimas, así como también alteró su faz psíquica, soy de opinión que debe elevarse este resarcimiento a la suma de $ 50.000 (art. 165 del Código Procesal).
VIII.- La actora se agravia de que el juzgador haya desestimado el rubro “pérdida de chance”.
En términos generales la “chance” comprende aquellos supuestos en los cuales el sujeto afectado podría obtener un provecho, una ganancia o un beneficio, o evitar una pérdida, que fue impedido por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se producirá o no, pero que, evidentemente, cercena una expectativa, o sea, una probabilidad de una ventaja patrimonial (cfr. Cazeaux, “Daño actual … daño futuro”, en “Temas de Responsabilidad” en honor al Dr. Augusto Morello, pag. 10).-
El reclamo de la actora se funda en una supuesta pérdida de ganancias que habría tenido su origen en los hechos que aquí se ventilan.
Como bien lo ha destacado el juzgador, la reclamante no ha aportado ninguna prueba eficaz que permita siquiera apreciar en qué medida se habría visto privada de obtener un beneficio económico a raíz del suceso de autos. A esos fines, resulta insuficiente que se pretendan acreditar las pérdidas económicas con la prueba testimonial cuando, en rigor, es evidente dicha merma, en su caso, debió demostrarse a través de la prueba documental pertinente.
En función de ello, habré de proponer el rechazo de los agravios y, por ende, la confirmación de la sentencia en este aspecto.
IX.- La co-demandada María Isabel Patricia Castiñeira se agravia de que el juzgador haya impuesto las costas por su orden en relación a la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva que fuera admitida.
Sin embargo, en su memorial la apelante se limita a señalar que la decisión en este punto resultaría arbitraria sin siquiera intentar desvirtuar los argumentos que formulara el juzgador para imponer las costas de la manera en que lo hizo.
En rigor, el memorial en cuestión no reúne los requisitos mínimos exigidos por el art. 265 del Código Procesal ya que, sabido es, que debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas. En ese sentido, es insuficiente que la queja invoque la arbitrariedad, si a la vez no se cuestiona el fundamento dado por el juzgador. De allí que corresponde declarar desierto el recurso en este aspecto en los términos del art. 266 del cuerpo legal antes mencionado.
X.- Por último, en lo tocante al agravio de la demandada Castimar S.A. relativo a la imposición de costas, esta Sala ya ha tenido oportunidad de señalar que las mismas participan del carácter resarcitorio de la acción por daños y perjuicios y, por tanto, deben ser soportadas por la accionada, aun cuando prospere sólo en parte (conf.: causa libre n° 315.219 del 10-10-01, entre otras). Por lo demás, tampoco se justifica la invocación de pluspetición que argumenta la apelante, ya que, como es sabido, la norma contenida en el art. 72 del Código Procesal, para que el actor pueda ser condenado en costas, exige que la emplazada haya admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia, cosa que no ha ocurrido en la especie.
Por todo lo expresado, si mi voto fuese compartido, propongo que se confirme la sentencia en lo principal que decide y se la modifique sólo en cuanto al daño moral que se eleva a la cantidad de $ 50.000. Costas de Alzada a la demandada que resulta ser sustancialmente vencida.
Por razones análogas a las aducidas por el Dr.Posse Saguier, los Dres. GALMARINI Y ZANNONI votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.- .-FERNANDO POSSE SAGUIER. JOSE LUIS GALMARINI. EDUARDO A.ZANNONI. Es copia fiel de su original que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala “F” de la Excma.Cámara Civil.-
Bue nos Aires, octubre de 2017.-
AUTOS Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia en lo principal que decide y se la modifica sólo en cuanto al daño moral que se eleva a la cantidad de $ 50.000. Costas de Alzada a la demandada que resulta ser sustancialmente vencida. Los honorarios serán fijados una vez establecidos los de primera instancia.
Notifíquese. Devuélvase.-
Fernando Posse Saguier
José Luis Galmarini
Eduardo A. Zannoni
022348E
