Se confirma la decisión que desestimó la medida de no innovar peticionada en relación con el inmueble donde se encuentra asentado el edificio y, más específicamente, una abstención para los demandados de realizar cualquier tipo de obra en partes comunes y privativas, como así también modificaciones en el destino de las unidades funcionales, al juzgarse que no había elementos suficientes para acceder a la pretensión cautelar ensayada. Asimismo, resultaba decisivo que el actor requiriera la intervención del gobierno local, que derivó en una clausura administrativa. Es decir, no se trataba solo de que ambas medidas evidentemente pudieran superponerse, sino también de que esa decisión permitía morigerar notablemente la existencia de un peligro en la demora.
Prohibicion de innovar medidas cautelares unidad funcional consorcio de propietarios clausura administrativa
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