Se dirime el conflicto negativo suscitado en un amparo colectivo de salud y se dispone la competencia del fuero criminal y correccional federal para entender en la pretensión de una asociación de autorización o permiso para autocultivar plantas de cannabis con fines terapéuticos en los hogares particulares de cada uno de los socios a los que representaba -cuyas patologías, dolencias y discapacidades explicó en el escrito de inicio-, invocando su derecho constitucional a la salud. Ello así, luego de ponderar los hechos relatados, el objeto de la pretensión incoada y el derecho invocado como sustento de aquella, así como la naturaleza de las relaciones jurídicas involucradas y la posibilidad de que pudiera lesionarse algún bien jurídico sujeto a tutela penal.
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